30 mar 2010

La responsabilidad de Ratzinger

La responsabilidad de Ratzinger/Hans Küng, catedrático emérito de Teología Ecuménica en la Universidad de Tubinga (Alemania) y presidente de Global Ethic. Traducción de Ana Berenique
Publicado en EL PAÍS, 30/03/10;
Tras la Audiencia Papal del arzobispo Robert Zollitsch se hablaba de una “gran consternación” y de “profunda conmoción” por parte del Papa debido a los numerosos casos de abusos. Zollistch, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, pidió perdón a las víctimas y nombró, una vez más, las medidas tomadas y por tomar. Pero ni él ni el Papa han contestado a las preguntas fundamentales que de ningún modo pueden ser pospuestas. Según la última encuesta del Emnid (Instituto Alemán de Investigación de Opiniones) sólo el 10% de los participantes cree que la Iglesia está haciendo lo suficiente para superar esta situación; pero el 86% de los alemanes reprocha a quienes dirigen la Iglesia falta de disposición al esclarecimiento. La negación obispal de cualquier relación entre la ley del celibato y el abuso de menores ha de confirmarles en sus críticas.
Pregunta 1. ¿Por qué sigue el Papa, enfrentado a la historia, definiendo el supuesto “sagrado” celibato como un “preciado regalo” y pasando por alto el mensaje bíblico que permite explícitamente a todos los cargos el matrimonio? El celibato no es “sagrado”, ni siquiera “dichoso”, sino más bien “desdichado” por excluir a innumerables buenos candidatos al sacerdocio y haber expulsado de sus cargos a multitud de sacerdotes por su disposición a casarse. La ley del celibato no es una verdad de fe, sino una ley eclesiástica del siglo XI que debió ser abolida tras las protestas de los reformadores en el siglo XVI.
Una respuesta seria hubiera exigido que el Papa al menos prometiera la revisión de esta ley, tan ansiada por una absoluta gran mayoría del clero y el pueblo. También el presidente del Comité Central de Católicos Alemanes, Alois Glück, y el obispo auxiliar de Hamburgo Jaschke exigen un comportamiento menos crispado frente a la sexualidad y una igualdad entre sacerdotes célibes y casados.
Pregunta 2. ¿Realmente opinan, tal y como repitió el arzobispo Zollitsch, “todos los expertos” que el abuso de menores por parte de clérigos y la ley del celibato no tienen nada que ver? ¡Quién puede acaso conocer la opinión de “todos los expertos”! Innumerables son, sin embargo, las declaraciones de psicoterapeutas y psicoanalistas que sí ven una relación: la ley del celibato obliga a los sacerdotes a abstenerse de cualquier actividad sexual; pero sus impulsos prevalecen, virulentos, con el riesgo de que sean apartados y compensados en una zona tabú.
Una respuesta seria exige que se tome en serio la correlación entre el abuso y el celibato, en lugar de negarla. Así en sus estudios de 25 años de duración -Knowledge of sexual activity and abuse within the clerical system of the Roman Catholic Church, 2004- el psicoterapeuta Richard Sipe deja clarolo siguiente: el estilo de vida célibe, sobre todo el que conlleva este tipo de socialización (a menudo internado, después seminario sacerdotal) puede alimentar una inclinación pedófila. Sipe constata una inhibición del desarrollo psicosexual que se manifiesta más a menudo en célibes que en el resto de la población media. Pero a menudo los déficits en el desarrollo psicológico y las inclinaciones sexuales se hacen conscientes después de la ordenación.
Pregunta 3. ¿No deberían los obispos, en lugar de pedir sólo perdón a las víctimas, admitir por fin de una vez su propia culpa? Durante décadas han convertido la cuestión del celibato en un tabú y los casos de abuso se han encubierto con silencio absoluto y traslados. A los obispos parecía importarles más la protección de sus sacerdotes que la de los niños. Pero existe una diferencia entre los casos individuales de abuso en colegios fuera de la Iglesia católica y los sistémicos y por ello, a menudo, se acumulan casos en la Iglesia católica romana, donde sigue imperando una moral sexual rigurosamente tensa que culmina en la ley del celibato.
Una respuesta seria hubiera exigido que el presidente de la conferencia episcopal declarara motu propio, en vez de esperar a que la ministra de Justicia diera un ultimátum de 24 horas a la autoridad eclesiástica, para que en un futuro la jerarquía eclesiástica no siguiera tratando los delitos penales al margen de la justicia estatal. ¿O habrá que pagar primero millones en indemnizaciones para que esta jerarquía entre en razón? En el año 2006 la Iglesia católica de Estados Unidos pagó la suma de 1.300 millones de dólares; en Irlanda en 2009 el Gobierno acordó con las órdenes religiosas la creación de un fondo de indemnización de unos ruinosos 2.100 millones de euros. ¡Estas cantidades reflejan un alto porcentaje estadístico de delincuentes célibes respecto a la totalidad de delincuentes sexuales!
Pregunta 4. ¿No debería sobre todo el Papa Benedicto XVI asumir su responsabilidad en lugar de quejarse de una campaña contra su persona? Nunca nadie perteneciente a la Iglesia tuvo tantos casos de abuso sobre su escritorio como él. Como recordatorio:
- Ocho años como catedrático de Teología en Regensburgo: debido a su estrecho vínculo con el director de la orquesta de la catedral, su hermano Georg, estaba perfectamente informado sobre los sucesos en el Regensburger Domspatzen (el coro de la catedral de Regensburgo). No se trata en estos momentos de las, lamentablemente, habituales bofetadas de aquella época, sino posiblemente de delitos sexuales.
- Cinco años como arzobispo de Múnich: acaban de conocerse nuevos abusos por parte de un sacerdote y delincuente sexual trasladado durante el obispado de Ratzinger. Su leal vicario general de entonces, mi compañero de estudios Gerhard Gruber, asumió toda la responsabilidad, pero no consiguió apenas exonerar al arzobispo, también administrativamente responsable.
- Veinticuatro años como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: es aquí donde bajo absoluto secreto (Secretum pontificium) todos los delitos sexuales de clérigos fueron y son registrados e investigados. En su carta del 18 de mayo del 2001 sobre los “graves delitos” dirigida a todos los obispos, Ratzinger volvió a ligar los casos de abuso al secreto papal cuya vulneración se pena con el castigo eclesiástico.
- Cinco años como Papa sin hacer nada respecto a esta siniestra práctica.
Una respuesta seria reclamaría que el hombre que desde hace décadas tiene la responsabilidad del encubrimiento mundial, justamente Joseph Ratzinger, pronunciara su propio mea culpa. Tal y como lo exigió el 14 de marzo de 2010 el obispo de Limburgo Tebartz-van Elst en un discurso por radio a todos los creyentes: “Porque una indignante injusticia no puede ser encubierta ni aceptada necesitamos una inversión que dé lugar a la verdad. Inversión y penitencia tienen su comienzo en el pronunciamiento de la culpa, el ejercicio y la apreciación del arrepentimiento, la asunción de la responsabilidad y la oportunidad de un nuevo comienzo”.

Pablo Emilio Moncayo

"No saben cuán asombroso es volver a ver civilización", dijo el sargento Pablo Emilio Moncayo  a los medios de comunicación en sus primeras palabras tras su liberación.
Moncayo, de 32 años, uno de los dos secuestrados que llevaba más tiempo en poder de las FARC, volvió a ser un hombre libre tras pasar 12 años y tres meses en cautiverio
El mal tiempo en la zona -a primera hora se produjo un aguacero típico de esa región amazónica- estuvo a punto de frustrar el operativo y retrasó el regreso a Florencia, capital del departamento de Caquetá. Minutos antes de las seis de la tarde (una de la madrugada en la España peninsular) aterrizó el helicóptero de la Fuerza Aérea de Brasil con emblemas de la Cruz Roja Internacional; Moncayo descendió del aparato vestido con uniforme militar y en la pista se fundió en un abrazo con su familia.
Buena parte del país acompañó con lágrimas la escena del padre, la madre y las cuatro hermanas de Moncayo esperando el regreso, y el posterior reencuentro con el joven, que nada más llegar retiró a su progenitor las cadenas que llevó en su cuello y en sus manos durante todos los años de su cautiverio. En sus primeras declaraciones tras su liberación, el soldado afirmó que había soportado todas las penurias de sus 12 años de secuestro por "el amor a mi pueblo colombiano", y dijo sentir "orgullo" por vestir su uniforme de militar del Ejército colombiano. También se refirió a sus compañeros secuestrados Libio José Martínez y Carlos Duarte, que le pidieron que enviara un mensaje en su nombre para que se logre su pronta liberación, ya que sus vidas "corren peligro".
Moncayo mostró su agradecimiento a sus familiares, a los líderes políticos que colaboraron en el proceso de su liberación y a los periodistas que colaboraron para que los menajes de los familiares les llegaran a los secuestrados. Mencionó, entre otros, "a la incansable Piedad Córdoba", al presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y al presidente de Brasil, Luiz Inázio Lula da Silva, aunque en ningún momento mencionó al presidente de Colombia, Álvaro Uribe.
Preguntado sobre las FARC, Moncayo se mostró esquivo. "Lo que yo diga sobre las FARC en nada va a cambiar la historia de Colombia", afirmó, añadiendo que la guerrilla es una "realidad" en Colombia que no se puede ignorar "pese a que algunos se empeñen en hacerlo".
Entrega retransmitida
La transmisión por la cadena de televisión venezolana Telesur de imágenes y fotografías del momento de la entrega en la selva generó malestar. "El Gobierno rechaza que Telesur se preste para hacer propaganda a un grupo terrorista y secuestrador", dice el comunicado leído por el comisionado de paz, Frank Pearl.
La senadora Piedad Córdoba, gestora del movimiento Colombianos por la Paz, y el obispo Leonardo Gómez Serna, miembros de la misión humanitaria, aseguraron que ellos no se dieron cuenta de la presencia de cámaras en el lugar.
Hace casi un año las FARC anunciaron su intención de entregarlo. Pero una cadena de autorizaciones y desautorizaciones por parte del Gobierno -el Ejecutivo exigía la entrega de todos los secuestrados y negaba la mediación de Córdoba- dilataron el proceso. "Nos lo quieren entregar y no lo queremos recibir; juegan con nuestro dolor", lamentó muchas veces María Estela, la madre, profesora de Filosofía.
Largo cautiverio
Pablo Emilio Moncayo cayó en poder de las FARC en la madrugada del 21 de diciembre de 1997. La guerrilla atacó con bombas camufladas en tarros de leche en polvo un puesto militar en el cerro de Patascoy.
Se lo llevaron cuando era cabo del Ejército, tenía 19 años y cara de adolescente asustado. Moncayo regresa ahora convertido en sargento y con cara de hombre curtido; así lo vieron sus padres en el último vídeo que llegó, en septiembre pasado, como prueba de vida. Ayer lo esperaba una familia a la que se han sumado una hermana, Valentina, de cinco años, y dos sobrinos.
"Mi hijo me quitará las cadenas", repetía estos días el padre, Gustavo Moncayo. Abandonó hace tres años sus clases de geografía en Sandoná para dedicarse a caminar por el mundo, con las manos encadenadas, mientras exigía la libertad de su único hijo varón. "El caminante por la paz", como lo llaman los colombianos, recorrió 14 países.
Gustavo es consciente de que su hijo será otro distinto del Negro -como lo llama cariñosamente- que le robó durante tanto tiempo la guerrilla.
El sargento, dejó entrever que analiza si sigue o no en el Ejército, dijo sin embargo que lo que vivió en estos 12 años de cautiverio lo soportó "por amor al uniforme". "En todo este tiempo he conservado mi uniforme, he soportado por amor a la institución -dijo el sargento,
Tras doce años de espera, Pablo Emilio Moncayo se abrazó, en libertad, con su familia. A esta hora, se dirige a los medios.
A las 5:35 de la tarde la aeronave carreteó y se abrio la puerta. Al bajar, Moncayo le hizo a su padre, quien corría a gran velocidad, una señal de 'tómalo con calma'.
Luego se fundieron en un enorme abrazo. La hermanita, a quien el sargento no conocía, y el resto de la familia, le dieron claveles blancos.
La familia, padre, madre e hijo, caminaron tomados de la mano por la pista del aeropuerto de Florencia. Gustavo y Pablo Emilio levantaron los brazos en señal de victoria.
"El Comité Internacional de la Cruz Roja expresa su gran satisfacción que ambas misiones humanitarias se hayan podido llevar a cabo con éxito gracias a los esfuerzos conjuntos del Gobierno y la Fuerzas Pública de Colombia, del Gobierno de Brasil, de los miembros de la comisión de Colombianos y Colombinas por la Paz, de la Iglesia Católica, así como de las Farc-Ep", dijo Adolfo Beteta, vocero del CICR.
Por su parte, el presidente Álvaro Uribe Vélez se mostró alegre con el regreso del sargento Moncayo, le dio la bienvenida y agregó que "Colombia recibe con los brazos abiertos a quienes regresan del cautiverio y rechaza con la mayor firmeza a los secuestradores"

Hacia la refundación de la iglesia católica

Nuncio urge refundación de la Iglesia católica

Nota de Xóchitl Álvarez
El Universal on line, Guanajuato, Gto. Martes 30 de marzo de 2010
Evita dar detalles sobre el futuro de la congregación de los Legionarios del Cristo, por el comportamiento pederasta de su fundador, Marcial Maciel
El representante de Papa en México, Christopher Pierre, consideró necesaria la refundación en la Iglesia católica, a consecuencia de los escándalos protagonizados por sacerdotes que han incurrido en actos malos.
Evitó dar detalles sobre el futuro de la congregación de los Legionarios del Cristo por el comportamiento pederasta de su fundador, Marcial Maciel.
"La Iglesia está haciendo algo, entonces dejen el curso de esta acción, no me toca a mi anticipar lo que se va hacer, la Iglesia lo toma muy seriamente, entonces dejemos que ocurra esto", dijo el nuncio apostólico en una gira pastoral de dos día por la entidad.
"Si hay errores, yo pienso que hay que actuar, yo pienso que se debe de hacer algo, debe ser refundar, es una palabra que significa dar nuevas fundaciones a nuestras personas y a nuestras instituciones, en ese sentido hay que hacer una nueva refundación", puntualizó.
El nuncio asistió este día a la celebración religiosa por los 450 años del Cristo Negro en Salamanca y antes observó el avance de la construcción del seminario diocesano de Irapuato.
Christopher Pierre dijo que los escándalos de sacerdotes que cometen actos malos de cualquier naturaleza hacen mal a la Iglesia católica.
"Hay errores, son muy graves hay que condenarlos cuando son condenables, pero pienso que hay que ver toda la fuerza de la Iglesia, que haya personas que han escandalizado a sus hermanos sí, eso sí, eso puede tener consecuencia y hay que pagar también".
Dijo que como Iglesia y como pueblo de Dios deben responder a esos retos, "yo no digo que sea fácil". De frente a eso se debe reaccionar con justicia y también con misericordia.
En conferencia de prensa, destacó que la Iglesia tiene un patrimonio en la riqueza de la fe de muchísimas personas, sacerdotes, religiosos y laicos que siguen viviendo con honestidad, con transparencia.
"A partir de eso tenemos recursos para reaccionar, lo que queremos es continuar ofreciendo al mundo los valores del evangelio que para nosotros son cosas preciosas, no podemos decir que vamos abandonar todo porque hay problemas muy graves", expresó.
El emisario del Papa agregó que la fuerza de la Iglesia está en el testimonio de las personas y hay muchísimos sacerdotes, religiosos y laicos que creen en Dios, que quieren vivir su fe con mucha coherencia y que hacen obras de servicio de la sociedad, para los niños, en las cárceles, de ayuda a personas que han caído en la drogadicción, en las escuelas y de atención a los pobres.
elc /fml
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Revelan que Vaticano traza defensa legal


Tres hombres que dicen haber sido abusados por sacerdotes interpusieron la demanda en 2004, acusando al Vaticano de negligencia
AP
REforma on line, El Vaticano (30 marzo 2010).- Acosado más que nunca por los escándalos de abusos sexuales por parte de religiosos, El Vaticano está preparando la defensa legal con que la Iglesia católica espera proteger al Papa Benedicto XVI de una demanda en Kentucky que busca su destitución.
En documentos judiciales obtenidos por AP, los abogados del Vaticano trazan una estrategia triple, a presentar formalmente en las próximas semanas, para que se desestime la demanda antes de que Benedicto pueda ser interrogado o se ordene la presentación de documentos secretos.
Los abogados proponen argumentar que el Pontífice tiene inmunidad como Jefe de Estado, que los Obispos estadounidenses que supervisaban a los religiosos abusivos no eran empleados del Vaticano, y que un documento de 1962 no es la prueba decisiva de un encubrimiento, según revela la documentación.
Tres hombres que dicen haber sido abusados por sacerdotes interpusieron la demanda contra la Santa Sede en 2004, acusando al Vaticano de negligencia por no haber alertado a la Policía o al público sobre los sacerdotes que vejaron a menores en Kentucky.
El anticipo de la defensa legal, suministrado por una persona allegada al caso, fue presentado el mes pasado en un tribunal de Louisville. Los dignatarios del Vaticano se negaron a comentarlo.
El caso es significativo por ser el primero de varios en Estados Unidos que llega a una etapa en la que se determinará si el reclamo de las víctimas ante la Santa Sede es válido.
Los casos anteriores que intentaban implicar al Vaticano fallaron o están pendientes de concluir y se encuentran en etapas más preliminares.

Pena de muerte

Pena de muerte: menos y más solos/Pep Parés, presidente de Amnistía Internacional Catalunya
Publicado en EL PERIÓDICO, 30/03/10;
Delara Darabi, iraní de 22 años, fue declarada culpable de asesinato y robo en un juicio sin garantías durante el que mantuvo siempre su inocencia. Fue ejecutada en la horca el Primero de Mayo del 2009, por unos hechos ocurridos cuando tenía 17 años. Junto con Delara, un total de 714 personas fueron ejecutadas a lo largo del 2009 en todo el mundo (sin contar a China), según los datos que Amnistía Internacional hace públicos hoy en el informe sobre condenas y ejecuciones en todo el mundo.
A pesar de ello, los países que ejecutaron a alguien el pasado año son cada vez menos y están más marginados. Son 18, una auténtica excepción entre una mayoría que ya no aplica la pena de muerte (139 países), o bien que ya la ha eliminado totalmente de su legislación (95). Puede afirmarse sin lugar a dudas que el proceso hacia la abolición universal de la pena de muerte está hoy un poco más claro. Las cifras nos muestran que menos países que nunca llevan a cabo ejecuciones (seis menos que en el 2008) y que asistimos a nuevas muestras hacia la erradicación de la pena máxima. Podemos hablar sin rodeos de una tendencia: en los últimos 10 años, un total de 23 países han eliminado este castigo irreversible de su legislación, sea cual sea el crimen.
La lista de la pena de muerte la encabezan este año países como Irán, Irak, Arabia Saudí y Estados Unidos, y nos referimos a 714 personas porque no contamos a los supuestos miles de casos de China, especialmente preocupantes. Por primera vez, Amnistía Internacional ha decidido no publicar cifras ni ningún tipo de estimación de las ejecuciones ni de las condenas a muerte en China en su informe. La pena de muerte se sigue aplicando en el país asiático bajo un muro de secretismo (como en Corea del Norte, Vietnam o Mongolia), algo que consideramos inaceptable. Si la pena capital es, como afirman esos países, un acto de Estado legítimo, ¿por qué lo esconden? ¿Cuál es el motivo real para que su aplicación se oculte a la opinión pública y al escrutinio internacional?
Por ello, este año, desafiamos y emplazamos a las autoridades chinas a que faciliten estadísticas públicas que demuestren su afirmación de que están reduciendo la aplicación de esta violación extrema del derecho a la vida, cruel, arbitraria y degradante. La ausencia de datos estadísticos oficiales públicamente accesibles sobre la pena de muerte solo favorece cálculos y estimaciones que, en gran medida, distorsionan la cifra real de ejecuciones y condenas.
La información sobre el número de ejecuciones en China tiene carácter de secreto de Estado y quien la revele puede ser acusado penalmente. Es así como se consolida una especie de apagón informativo que favorece que el mundo desconozca realmente de cuántos casos estamos hablando. Es muy probable que el año pasado las ejecuciones en China llegasen a miles y que, en consecuencia, la mayoría de casos en el mundo tuviesen lugar en ese país. Las autoridades chinas, si bien afirman tener como objetivo reducir su uso, siguen utilizando las ejecuciones para demostrar que las actividades consideradas perjudiciales para la estabilidad social serán tratadas con mano dura.
Otra tendencia preocupante es que la pena de muerte se utilizase en el 2009 para transmitir o reforzar determinados mensajes políticos, para silenciar y reprimir la disidencia interna o para promover determinadas agendas políticas en países como Irán o Sudán. Así, por ejemplo, en Irán y en un corto periodo de dos meses, el que transcurrió entre las elecciones presidenciales de junio del 2009 y la toma de posesión de Mahmud Ahmadineyad para un segundo mandato, se dio un aumento drástico de las ejecuciones. Hasta 112 personas fueron ejecutadas en solo ocho semanas. Muchas de ellas habían sido condenadas en un juicio sin garantías y en algunos casos bajo la acusación de «enemistad con Dios». También Irán integra, con Arabia Saudí, el dueto de países que ejecutaron a personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años, una clara violación del derecho internacional.
Pero en la otra cara de la moneda están las buenas noticias que nos llevan a afirmar que avanzamos hacia un mundo sin pena de muerte. En el 2009, en Europa no se produjo ninguna ejecución por primera vez desde que Amnistía Internacional empezó a contabilizarlas. En el continente americano, solo EEUU aplicó la pena máxima. En África, dos países, Burundi y Togo, la abolieron, y tan solo Botsuana y Sudán ejecutaron a alguien. Países que tradicionalmente han aparecido en la lista en puestos destacados, como Afganistán o Pakistán, no registraron ninguna ejecución en el 2009. Todos los países del Magreb mantuvieron la moratoria que aplican desde hace tiempo. Son pequeños pasos, pero muy destacables. A finales del 2010, la Asamblea General de la ONU estudiará una tercera resolución sobre el uso de la pena de muerte. Será una nueva oportunidad para que la comunidad internacional exprese su rechazo a las ejecuciones y trate de lograr que esta práctica desaparezca y pase definitivamente a la historia

Blindan a jueces y magistrados penales

Blinda Judicatura a jueces antinarco
Alistan protección a sedes de juzgados. Esperan para mayo sistema de seguridad para edificios en DF, Tepic y Ciudad Juárez
Nota de Víctor Fuentes
Reforma, 30 marzo 2010.- El Poder Judicial de la Federación prepara un sistema de seguridad integral para proteger siete edificios donde laboran jueces y magistrados que llevan procesos en contra de la delincuencia organizada.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) convocó el 18 de marzo a una licitación pública para blindar las sedes de los juzgados de procesos penales en los tres reclusorios del Distrito Federal y un edificio de Avenida Revolución donde despachan nueve tribunales colegiados en materia penal que son la máxima instancia en estos juicios, además de que ahí se ubica la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia.
El sistema también será instalado en las dos sedes de la justicia federal en Ciudad Juárez y Chihuahua, donde si bien no hay penales de alta seguridad, se registran los mayores índices de violencia relacionada con el narcotráfico de todo el País, y en los dos juzgados que atienden el Centro Federal de Readaptación Social Noroeste en Tepic, Nayarit.
Un total de 72 jueces de distrito y magistrados de circuito que resuelven procesos penales laboran en esos inmuebles.
Los sistemas constan de seis componentes: circuito cerrado de televisión, control de acceso vehicular, control de acceso peatonal, registro de visitantes, sistema de control de rondas de vigilancia y dispositivos adicionales.
Todos los ingresos de personal serán controlados con tarjetas digitales de proximidad; los visitantes serán fotografiados, tendrán que pasar por torniquetes electrónicos y quedará almacenado en el sistema quién es su anfitrión; se instalarán barreras vehiculares, y entre los siete edificios, serán colocadas un total de 303 cámaras.
Cada edificio contará con un cuarto de control y monitoreo. El fallo de la licitación será anunciado en mayo y el ganador tendrá cuatro meses para instalar todos los sistemas.
El año pasado, el CJF instaló los primeros seis sistemas de este tipo en sus sedes en Monterrey, Reynosa y Piedras Negras, donde se atienden asuntos de varias materias, no sólo penales, además de dos edificios de tribunales administrativos en el Distrito Federal.
Los siete juzgados de control que dictaminan órdenes de cateo, arraigo e intervención de comunicaciones privadas solicitadas por la Procuraduría General de la República, ubicados en el edificio de Insurgentes Sur 1888, son los únicos totalmente inaccesibles al público.
Los gastos en seguridad para los 261 inmuebles administrados por el CJF cada vez son mayores. Mil 587 elementos adscritos a 40 empresas privadas y policías locales vigilan estas instalaciones.
En Ciudad Juárez, la Dirección General de Seguridad Pública cobró 6.5 millones de pesos el año pasado, mientras que en el Distrito Federal, la empresa española Eulen y la Policía Bancaria e Industrial recibieron más de 31 millones de pesos.
También en 2009, el CJF solicitó a los 31 gobiernos estatales y 62 municipales realizar "rondines de sobrevigilancia" adicionales en inmediaciones de los juzgados.
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Muestran temor
(30 marzo 2010).- En febrero pasado, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, titular del Sexto Tribunal Unitario en Materia Penal del DF, señaló que los jueces y magistrados federales temen ser asesinados por el crimen organizado.
"Entre nosotros existe temor de que pronto se empiece a matar a jueces y magistrados. Incuestionablemente ya ha habido magistrados muertos en Mazatlán, que las investigaciones nunca terminaron; también un juez federal en Toluca fue muerto y (el acusado) absuelto de su homicidio", dijo al participar en un seminario en la UNAM.
Los casos a los que hacía referencia son los de Benito Andrade y Jesús Alberto Ayala, magistrados ejecutados el 11 de noviembre de 2001 en Mazatlán, y el de René Hilario Nieto, juez federal asesinado el 17 de agosto de 2006 en Toluca.
Se ponen estrictos
Los sistemas de seguridad para sedes de tribunales constarán de:
· Circuito cerrado de televisión.
· Control de acceso vehicular.
· Control de acceso peatonal.
· Registro de visitantes.
· Sistema de control de rondas de vigilancia.
· Dispositivos adicionales.
· Los ingresos de personal serán controlados con tarjetas digitales.
· Los visitantes serán fotografiados y pasarán por torniquetes electrónicos.
· Se instalarán barreras vehiculares.
· Serán colocadas un total de 303 cámaras.

La diplomacia vuela bajo/Enrique Krauze

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