La Cámara de Representantes de EE UU aprobó ayer la reautorización, con algunos cambios, de 16 cláusulas de la denominada Ley Patriota (Patriotic Act).
La Ley Patriota fue aprobada por el Congreso casí por unanimidad (una abstención y un voto en contra), al calor de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001: La ley limitó las libertades civiles y autorizó a la policía a grabar conversaciones telefónicas, realizar detenciones preventivas y compartir informaciones de inteligencia sin supervisión de los tribunales. Obviamente para los grupos de derechos civiles y sobretodo latinos fue un paso atrás en la lucha por la protección de los derechos civiles e individuales.
Incluso en septiembre del 2004 un juez federal - Victor Marrero- declaró anticonstitucional el capítulo que permite al FBI pedir información confidencial a proveedores de Internet y empresas sobre sus clientes
Con las reformas 14 cláusulas de esa ley se hacen permanentes y dos -sobre obtención de records (grabaciones o registros) y la intercepción de comunicaciones-, se extienden por 10 años.
Los republicanos obtuvieron una victoria -257 contra 171- la cual fue factible gracias a los ataques recientes terroristas en Londres.
Londres dio argumentos a los legisladores republicanos para demostrar la importancia de otorgar mayores poderes al gobierno de EE UU para investigar a personas, empresas o grupos sospechosos de tener vínculos con organizaciones terroristas.
El secretario de Justicia, Alberto Gonzales, dijo: “tras una mesurada deliberación y debate público, la Cámara..., ha provisto una vez más a los valientes hombres y mujeres de las agencias de seguridad policíacas con herramientas críticas en sus esfuerzos para combatir el terrorismo y proteger a los estadounidenses”.
Por otro lado, el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, aprobó su versión de la reautorización de las 16 cláusulas de la ley, 14 de ellas de forma permanente y las dos más controversiales -obtención de grabaciones y la intercepción de comunicaciones- por otros cuatro años, hasta diciembre de 2009.
La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, integrante del Comité, dijo que hubo enmiendas que otorgan un “balance cuidadoso” a la ley para impedir el abuso de poder de parte de las autoridades. Por ejemplo, para la obtención de records personales o de empresas, un juez debe determinar que hay razones de seguridad nacional que lo ameritan.
Pero los demócratas, varios republicanos, así como grupos liberales y algunos conservadores consideran que partes de la ley atentan contra las libertades individuales y han sido mal empleadas.
La controversia surge de dos secciones de la ley que tienen que ver con ampliar los poderes de vigilancia, intercepción de comunicaciones y obtención de emplazamientos para tener acceso a documentos personales que van desde historiales médicos a recibos de bibliotecas, librerías o historiales de impuestos.
En la versión de la Cámara Baja, se harán permanentes 14 de las 16 cláusulas, y las dos consideradas más controversiales (la de acceso a documentos personales y la de intercepción de comunicaciones se limitaría a un sólo teléfono sin identificar al sospechoso) expirarán en 10 años.
La Cámara Baja consideró una veintena de enmiendas y aprobó varias para aminorar el impacto de la ley. Por ejemplo, una de las enmiendas aprobadas, requiere que el director del FBI apruebe los permisos para revisar los records de bibliotecas o librerías.
Pese a las críticas, los republicanos, encabezados por el presidente Bush, aseguran que la ley ha sido efectiva y ha resultado en la presentación de cargos contra más de 400 personas y más de la mitad han sido convictas.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirma que según un estudio de la Universidad de Syracuse, la inmensa mayoría de eso 400 individuos citados por el presidente Bush no fueron acusados de terrorismo sino de delitos menores.
Y Italia no se queda atrás.
Por otro lado, y también como consecuencia de los atentados de Londres, el gobierno italiano aprobó éste viernes hoy un paquete de medidas antiterroristas.
El paquete de 19 puntos prevé una expulsión rápida de extranjeros sospechosos, un control severo de llamadas telefónicas e Internet, así como mayores competencias a la Policía durante las redadas, además a partir de hoy se prohibirá completamente la venta de detonadores y para la tenencia ilegal de explosivos se prevén castigos severos.
Incluso para la identificación de sospechosos se permitirá que la Policía pueda obtener mediante la fuerza muestras de saliva o pelo para llevar a cabo análisis de ADN.
Y es que tras los atentados de Londres, Italia está considerado un posible objetivo terrorista.
Italia tiene desplegados a 3 mil soldados en Irak y según una decisión del Parlamento tomada este jueves se quedarán por lo menos hasta finales de año.
Pero la legislación modelo será la británica.
El Gobierno británico dio a conocer esta semana los detalles de las nuevas medidas antiterroristas que todo apunta serán aprobadas en octubre próximo.
Entre los nuevos delitos se incluye las referencias indirectas al terrorismo, sean hechas en público o privado; la incitación al terrorismo y la preparación personal o entrenamiento para cometer actos terroristas.Además de la "apología"del terror, el hecho de calificar de "mártires" a quienes ponen bombas, e incluso bajar de Internet las instrucciones para fabricar explosivos.
El gobierno pretende asimismo prohibir la entrada en el país a los Imanes -líderes religiosos- que sean calificados como "no deseables" por los EE UU o los socios de la Unión Europea.
La Ley Patriota fue aprobada por el Congreso casí por unanimidad (una abstención y un voto en contra), al calor de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001: La ley limitó las libertades civiles y autorizó a la policía a grabar conversaciones telefónicas, realizar detenciones preventivas y compartir informaciones de inteligencia sin supervisión de los tribunales. Obviamente para los grupos de derechos civiles y sobretodo latinos fue un paso atrás en la lucha por la protección de los derechos civiles e individuales.
Incluso en septiembre del 2004 un juez federal - Victor Marrero- declaró anticonstitucional el capítulo que permite al FBI pedir información confidencial a proveedores de Internet y empresas sobre sus clientes
Con las reformas 14 cláusulas de esa ley se hacen permanentes y dos -sobre obtención de records (grabaciones o registros) y la intercepción de comunicaciones-, se extienden por 10 años.
Los republicanos obtuvieron una victoria -257 contra 171- la cual fue factible gracias a los ataques recientes terroristas en Londres.
Londres dio argumentos a los legisladores republicanos para demostrar la importancia de otorgar mayores poderes al gobierno de EE UU para investigar a personas, empresas o grupos sospechosos de tener vínculos con organizaciones terroristas.
El secretario de Justicia, Alberto Gonzales, dijo: “tras una mesurada deliberación y debate público, la Cámara..., ha provisto una vez más a los valientes hombres y mujeres de las agencias de seguridad policíacas con herramientas críticas en sus esfuerzos para combatir el terrorismo y proteger a los estadounidenses”.
Por otro lado, el Comité de Asuntos Judiciales del Senado, aprobó su versión de la reautorización de las 16 cláusulas de la ley, 14 de ellas de forma permanente y las dos más controversiales -obtención de grabaciones y la intercepción de comunicaciones- por otros cuatro años, hasta diciembre de 2009.
La senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, integrante del Comité, dijo que hubo enmiendas que otorgan un “balance cuidadoso” a la ley para impedir el abuso de poder de parte de las autoridades. Por ejemplo, para la obtención de records personales o de empresas, un juez debe determinar que hay razones de seguridad nacional que lo ameritan.
Pero los demócratas, varios republicanos, así como grupos liberales y algunos conservadores consideran que partes de la ley atentan contra las libertades individuales y han sido mal empleadas.
La controversia surge de dos secciones de la ley que tienen que ver con ampliar los poderes de vigilancia, intercepción de comunicaciones y obtención de emplazamientos para tener acceso a documentos personales que van desde historiales médicos a recibos de bibliotecas, librerías o historiales de impuestos.
En la versión de la Cámara Baja, se harán permanentes 14 de las 16 cláusulas, y las dos consideradas más controversiales (la de acceso a documentos personales y la de intercepción de comunicaciones se limitaría a un sólo teléfono sin identificar al sospechoso) expirarán en 10 años.
La Cámara Baja consideró una veintena de enmiendas y aprobó varias para aminorar el impacto de la ley. Por ejemplo, una de las enmiendas aprobadas, requiere que el director del FBI apruebe los permisos para revisar los records de bibliotecas o librerías.
Pese a las críticas, los republicanos, encabezados por el presidente Bush, aseguran que la ley ha sido efectiva y ha resultado en la presentación de cargos contra más de 400 personas y más de la mitad han sido convictas.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) afirma que según un estudio de la Universidad de Syracuse, la inmensa mayoría de eso 400 individuos citados por el presidente Bush no fueron acusados de terrorismo sino de delitos menores.
Y Italia no se queda atrás.
Por otro lado, y también como consecuencia de los atentados de Londres, el gobierno italiano aprobó éste viernes hoy un paquete de medidas antiterroristas.
El paquete de 19 puntos prevé una expulsión rápida de extranjeros sospechosos, un control severo de llamadas telefónicas e Internet, así como mayores competencias a la Policía durante las redadas, además a partir de hoy se prohibirá completamente la venta de detonadores y para la tenencia ilegal de explosivos se prevén castigos severos.
Incluso para la identificación de sospechosos se permitirá que la Policía pueda obtener mediante la fuerza muestras de saliva o pelo para llevar a cabo análisis de ADN.
Y es que tras los atentados de Londres, Italia está considerado un posible objetivo terrorista.
Italia tiene desplegados a 3 mil soldados en Irak y según una decisión del Parlamento tomada este jueves se quedarán por lo menos hasta finales de año.
Pero la legislación modelo será la británica.
El Gobierno británico dio a conocer esta semana los detalles de las nuevas medidas antiterroristas que todo apunta serán aprobadas en octubre próximo.
Entre los nuevos delitos se incluye las referencias indirectas al terrorismo, sean hechas en público o privado; la incitación al terrorismo y la preparación personal o entrenamiento para cometer actos terroristas.Además de la "apología"del terror, el hecho de calificar de "mártires" a quienes ponen bombas, e incluso bajar de Internet las instrucciones para fabricar explosivos.
El gobierno pretende asimismo prohibir la entrada en el país a los Imanes -líderes religiosos- que sean calificados como "no deseables" por los EE UU o los socios de la Unión Europea.
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