Seguridad y derechos humanos

Palabras del Procurador Eduardo Medina Mora, durante su intervención en la Inauguración del Foro “Seguridad y Derechos Humanos: Base para el Progreso de México y Colombia”, que se realizó en el ITESM Campus Ciudad de México. México DF., a 1/10/2007;

Muchísimas gracias, muy buenos días a todos.
Doctor Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la República de Colombia, sea usted en verdad muy bienvenido a México es un privilegio para nosotros el tenerle aquí.
Doctor Mario Iguarán Arana, colega y amigo, Fiscal General de la Nación, en Colombia.
Ingeniero Juan Manuel Durán, Rector de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey, muchas gracias, ingeniero por su hospitalidad y le felicito por tener la iniciativa junto con la embajada de Colombia, de realizar este foro que ciertamente resulta de la mayor pertinencia.
Querido amigo Luis Camilo Osorio Embajador de la hermana República de Colombia en México y además antiguo Fiscal General de la Nación.
Doctor Frank Peral Alto Consejero para la Reintegración de la Presidencia de Colombia.
Señor licenciado Jerónimo Gutiérrez, Subsecretario para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Doctor José Julio Gaviria, Consejero Presidencial de la República de Colombia y doctor Eduardo Pizarro, Presidente de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
Nos honra de verdad mucho de tener su presencia aquí en México donde se les aprecia mucho. Ciertamente que para nosotros la experiencia colombiana es un referente obligado en este esfuerzo de lucha contra la Delincuencia Organizada para la reconstrucción de las capacidades del Estado, precisamente para dar a los mexicanos, bajo un concepto de seguridad democrática, como ha desarrollado el presidente Uribe, el derecho a vivir en paz y en tranquilidad de nuevo en sus comunidades.
Y es por esto que yo celebro mucho la realización de este foro y el encuentro de destacados especialistas colombianos y mexicanos para discutir temas que son de la mayor relevancia, como la seguridad democrática, la protección de los Derechos Humanos, la política de paz y la justicia como pilares fundamentales en la lucha contra la criminalidad, especialmente la criminalidad organizada trasnacional.
No cabe duda que las aportaciones de los participantes de este foro, serán de enorme valía y utilidad, toda vez que la reflexión y el intercambio de opiniones es vital para buscar soluciones a nuestros retos y necesidades particularmente en materia de seguridad y de justicia.
La cooperación y el apoyo entre los países en materia de seguridad no es nueva. Es y ha sido añeja, es permanente y recientemente ha registrado un impulso especial tras el interés que en este tema han compartido los presidentes Uribe y Calderón.
En el encuentro que sostuvieron el pasado 10 de abril, nuestros presidentes acordaron reactivar los mecanismos de cooperación en materia política y de seguridad.
En este marco participan activamente la Comisión Binacional México Colombia, el Grupo de Alto Nivel de Seguridad y Justicia, así como el Comité México-Colombia de Cooperación contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
Las visitas periódicas de funcionarios de ambos países; el importante número de acuerdos e instrumentos jurídicos bilaterales y multilaterales que nos unen y los grupos de trabajo bilaterales para el intercambio de información y conocimiento entre nuestras naciones, evidencian la hermandad que nos une y el interés compartido por atender los requerimientos de seguridad en nuestros territorios que nos demandan los ciudadanos con toda razón.
Recoger pues, la experiencia Colombia en su difícil lucha contra el es una oportunidad para aprender de una Nación que está dando una gran batalla por la paz y por la justicia en democracia y con respeto a los derechos humanos.
Estamos conscientes que el mundo de hoy presenta grandes desafíos derivados de los cambios de las últimas décadas, que demandan la cooperación y el apoyo entre países amigos.
En materia de seguridad la coyuntura actual es marcadamente distinta a la que enfrentábamos hace apenas pocos años.
La apertura en la vida política y económica, junto con el desarrollo de tecnologías innovadoras ha modificado el concepto de barreras y fronteras nacionales. Ya lo decía el señor vicepresidente, estos son problemas de naturaleza trasnacional.
Las organizaciones delictivas aprovechan estos beneficios y aunado a un mayor flujo internacional de bienes, servicios y capitales, se procuran recursos humanos y financieros para realizar sus actividades ilícitas, ahora desde una perspectiva de mayor complejidad.
De este modo, el nuevo reto a la seguridad del Estado se presenta como crimen organizado en todas sus facetas, crecimiento del comercio y consumo interno de drogas, tráfico y trato de personas, tráfico de armas, tráfico de efectivo obtenido ilícitamente.
En el ámbito del narcotráfico, México ha dejado de ser, como nos veíamos hace apenas pocos años, un territorio de tránsito en la transportación de droga desde centro y Sudamérica, hacia el mercado más importante del mundo, con el que tenemos una vecindad muy extensa, que son los Estados Unidos. Nos hemos convertido en un mercado también de consumo con preocupantes potencialidades y tendencias de crecimiento.
Más aún, hemos identificado una tendencia al pago en especie al interior de la cadena de valor de traficantes mexicanos; ya sea con la droga misma o con armamento, que utilizan las organizaciones delictivas para repeler la acción persecutora del Estado o bien, para defenderse de las disputas que sostienen con organizaciones rivales.
Lo anterior es uno de los motivos por los que hemos visto un aumento en el consumo de drogas en México, independientemente de otros factores que afectan el mercado del narcotráfico actual, como son: una menor demanda de cocaína en los Estados Unidos y un incremento en el consumo de drogas sintéticas en ese país, lo que produce una disminución en los volúmenes y en los precios de la cocaína en los Estados Unidos, en relación con el promedio en Europa, donde ha aumentado significativamente el consumo de estos estupefacientes.
En México, en suma, nuestro país está bajo un cruce de amenazas serias a nuestra seguridad; pero al mismo tiempo vivimos un momento de enorme oportunidad para unir esfuerzos entre el gobierno y la sociedad civil que permitan alcanzar mejores niveles de seguridad, de certidumbre, que nos permitan recuperar para los ciudadanos, para nuestras comunidades y nuestras familias el derecho a vivir en paz, el derecho a vivir en tranquilidad.
Así, la primera gran batalla de la seguridad en México está en el campo de la prevención. Debemos dejar atrás la inercia que percibe la falta de seguridad como un tema cuya solución sólo es exclusiva o únicamente punitiva y, abrir paso a una cultura de participación y fortalecimiento diario de los valores de la legalidad.
Por largo tiempo, la apuesta fundamental en esta materia ha sido incrementar las sanciones penales y el número de policías. Sin embargo, este tipo de planes no han resultado exitosos principalmente por el creciente número de conductas delictivas en relación con la capacidad de disuasión de la pena y corrección del Estado.
Las policías son un elemento indispensable para dar a los ciudadanos un nivel mínimo de certidumbre, pero las comunidades seguras, las hacemos precisamente los ciudadanos.
Asumimos pues, en este contexto, la seguridad como una preocupación compartida mediante una acción integral del Estado y la sociedad civil en el diseño de programas que atiendan la responsabilidad del Estado con eficiencia, agilidad y transparencia en cuatro ejes fundamentales:
1. La prevención y persecución del delito.
2. La administración de justicia.
3. La rehabilitación y readaptación social del delincuente.
4. La prevención social en relación con la criminalidad.
Sabemos que para ganar la batalla contra la delincuencia necesitamos reformar el sistema de procuración e impartición de justicia, a fin de incrementar sus niveles de eficiencia y eficacia; sin embargo, aunque la tarea es exclusiva del Estado, sin una sociedad participativa, responsable y sobre todo respetuosa de la ley, cualquier esfuerzo de él será insuficiente.
Cuando la autoridad trabaja de forma coordinada en sus tres instancias (federal, estatal y municipal), cuando trabaja también de manera corresponsable entre los tres poderes; el poder legislativo, que hace las leyes, el poder Ejecutivo que las aplica, y el poder Judicial que administra precisamente la justicia es sólo así como se genera una creciente efectividad en las acciones y, la sociedad no sólo reconoce la presencia y fortaleza del Estado como elemento fundamental para combatir al crimen, sino que se involucra motu proprio en la recuperación de los espacios perdidos a la delincuencia.
La estrategia de rescate y seguridad integral se plantea, cuando menos en dos planos independientes: uno de cambio estructural y otro propiamente operacional.
El cambio estructural, jurídico y de ajuste institucional, pretende articular y eficientar las atribuciones, capacidades, despliegues y recursos de todo el Estado Mexicano en el combate a la delincuencia.
Para ello, el señor Presidente de la República, Felipe Calderón, ha propuesto una reforma constitucional y ajuste al marco normativo en materia de seguridad y de justicia, a fin de reconfigurar la estructura jurídico-institucional, de acuerdo a los nuevos parámetros que nos imponen la realidad actual y los fenómenos delincuenciales.
El proyecto de reforma que presentó el Ejecutivo en esta materia, se ha enriquecido con otras iniciativas y se discute actualmente en el seno del Congreso de la Unión.
Los ejes más importantes de esta discusión, que responsablemente conduce el Congreso de la Unión, tiene obviamente una decisión integral y comprensiva.
Se trata de mejorar las capacidades que el Estado Mexicano tiene para combatir a la delincuencia y para transitar al sistema más transparente, más eficaces de impartición de justicia.
Se discute, por ejemplo, las modalidades y tiempos para la instrumentación gradual de un sistema oral y acusatorio dejando atrás el sistema inquisitorio que hoy nos rige.
También, paralelamente el del establecimiento de mecanismos y herramientas específicos para un combate efectivo de la Delincuencia Organizada tomando en consideración la importancia que el combate a este fenómeno tiene en la construcción de un esquema de seguridad democrática, como es al que todos aspiramos.
Destacadamente establece la adopción de mecanismos y esquemas de solución alternativa de controversia que permitirán despresurizar también nuestro sistema de procuración de justicia y de administración de justicia.
La creación de un Cuerpo de Policía Federal que integre esfuerzo, integración y sistema y de una respuesta integral a los problemas de seguridad pública y persecución del delito en el ámbito Federal y que además establezca mecanismos eficaces de coordinación con todas las fuerzas policiales que a nivel estatal y municipal existen en nuestro país.
Así, se propone también la reforma al artículo 73 de nuestra Constitución, dando al Congreso Federal la competencia para legislar sobre un Sistema Nacional de Desarrollo Policial, que garantice la capacidad policial a nivel local mediante un modelo común de procedimientos sistemáticos de operación, y requisitos homogéneos de ingreso, permanencia y ascenso de todas las policías del país, sean estas federales, estatales o municipales.
Esto permitirá el despliegue racional de los recursos, el mantenimiento de la disciplina y la generación de un espíritu de cuerpo y el sentido de pertenencia en todas las policías del país.
Se incorporan también figuras que hemos aprendido en otras latitudes, particularmente en Colombia, como la extinción de dominio que permite extraer de las organizaciones de crimen organizado y las personas que les sirven como testaferros el producto o el instrumento del delito en un procedimiento expedito, distinto del procedimiento criminal y que se puede seguir a ellos en la comisión de las ofensas a la sociedad que están garantizadas como delitos del orden federal.
Por su parte, en el plano operacional la reforma propone, obviamente, una estrategia integral de recuperación territorial y de disminución de la violencia, como base para obtener la confianza ciudadana y regenerar el espacio físico, temporal y social para que los ciudadanos podamos sentirnos orgullosos de nuestras comunidades y ocupar nuestras geografías.
Este programa ha iniciado ya en diversas entidades del país con el nombre de: “Limpiemos México”.
El plan articula acciones de manera integral en distintas esferas, como son: el ámbito político, el policial, el social-urbano, el educativo, el de salud pública, de comunicación social y de participación ciudadana.
Paralelamente, se impulsa un proceso que involucre a la suma de esfuerzos y programas sociales de los gobiernos federal, local y municipal y la participación, subrayadamente de la comunidad de los ciudadanos para desarrollar un proyecto urbano, social cultural y que permita recuperar los espacios públicos y sirva como referente para consolidar la identidad cultural de la comunidad.
Quiero decir aquí que la experiencia colombiana lo que se ha hecho en Bogotá, en Medellín, en Cali, para nosotros son un referente obligado de experiencias exitosas, precisamente que permiten a los ciudadanos recuperar sus geografías y por consecuencia recuperar esta capacidad de ocupación de sus comunidades y de seguridad.
Como decía antes, las comunidades seguras sólo las construimos los ciudadanos.
Lo que se busca con Limpiemos México es hacer evidente que no basta con hacer obra urbana, sino que es fundamental que la comunidad la utilice y sienta que le pertenece, es decir, ocupar el terreno que la delincuencia le ha quitado.
De hecho, la incidencia delictiva ocurre y se concentra en las zonas en las que los ciudadanos hemos dejado vacíos. Los vacíos se llenan, pero se llenan precisamente con las acciones impertinentes de la delincuencia.
El proyecto convierte a la escuela en el motor de la participación social, para consolidar la cultura de la legalidad y fortalecer la identidad de la comunidad, mediante un plan de “escuela segura”, que contempla temas como: cultura de la legalidad, el orden, la salud, el medio ambiente, la corrupción y el consumo de drogas.
Aquí también la experiencia colombiana en términos de pedagogía, de la seguridad y de respeto a la ley son, sin duda, muy enriquecedoras.
Con ello se pretende detonar una iniciativa social que genere un sentido de pertenencia comunitaria y logre que los ciudadanos retomen los espacios públicos y asuman un papel más activo en la denuncia, la vigilancia y el cuidado de sus comunidades.
La única forma de lograr que una comunidad sea segura es que ésta se ocupe y se preocupe por su territorio. La tarea, pues de la autoridad es promover, facilitar y apoyar este proceso que es centralmente de los ciudadanos.
Queridas amigas y amigos.
La sociedad mexicana, como la colombiana, los ciudadanos nos exigen efectividad: es decir, eficacia en la consecución de objetivos y eficiencia en el uso de recursos que siempre son extensos.
Nuestros hermanos colombianos son testigos de experiencias sumamente exitosas en este respecto, es preciso anclar este proceso de cambio a los valores universales: el respeto al prójimo, a su vida, a sus bienes y a su libertad. Los valores de la convivencia, los de la tolerancia, el apoyo mutuo y la solidaridad.
El respeto pleno a los derechos humanos. Nuestra estrategia tiene pues, dos objetivos centrales: construir más y mejor Estado y construir más y mejor ciudadanía.
Esta tarea requiere el esfuerzo de todos; por su importancia trasciende las coyunturas y diferencias políticas y nos obliga a mirarnos como lo que somos: una sociedad que desea vivir en paz y en el marco de la ley.
Los felicito nuevamente por la realización de este foro, y hago votos porque sus resultados sean útiles, como lo serán, para lograr que tanto México como Colombia nos acerquemos crecientemente, a la vida tranquila y pacífica que nuestros ciudadanos merecen. Muchas gracias.