Reformas a la justicia penal

Luego de un intenso debate de más de cinco horas, la Cámara de Diputados aprobó en lo particular por 301 votos a favor y 94 votos en contra, la reforma al Sistema de Justicia Penal el cual establece la figura de los juicios orales y una serie de medidas de combate al crimen organizado.
Diputados del PRD, Nueva Alianza, Convergencia, Alternativa, entre otros, reservaron cerca de 37 artículos de la reforma, sin embargo, fueron desechados por el Pleno.
El argumento de los legisladores que reservaron los artículos se basa principalmente en que existen violaciones a los derechos humanos, ya que faculta a la policía allanar los domicilios particulares sin orden del juez.
El dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Justicia, fue aprobado con las modificaciones hechas por el presidente de ésta última, César Camacho Quiroz, con las que se proponen condiciones a las policías que realicen cateos en domicilios sin orden de un juez. Agregó que con lo anterior se garantizará que los cuerpos policíacos que ingresan a domicilios sin una orden previa de un juez; deberán remitir a un juez los elementos que fundamenten el ingreso, y que se demuestre que estaban en riesgo la vida e integridad de las personas.
Se establece que la autoridad judicial, a petición de Ministerio Público, y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar arraigo hasta por 40 días, el cual se podrá extender hasta por otros 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de las personas o bienes jurídicos, o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia.
Además se sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad de las comunicaciones privadas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
El proceso penal será acusatorio y oral; se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con el fin de esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen.
La reforma constitucional aprobada implica los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, así como las fracciones XXI y XXIII del artículo 73, fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123.
De acuerdo con el dictamen, se reforma integralmente el sistema de justicia penal, cambiando el actual modelo mixto “preponderantemente inquisitivo”, a uno garantista de corte acusatorio y oral.
Asimismo, se propone sujetar al Ministerio Público al proceso penal y a los jueces a un procedimiento claro, eficaz y transparente para lograr así la ruptura del monopolio de la acción penal.
Destaca que en los casos de delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación, autorizado en cada caso por el Procurador General de la República, tendrá acceso directo a la documentación fiscal, financiera, fiduciaria, bursátil, electoral y aquella que por ley tenga carácter reservado de confidencial cuando se encuentre relacionada con la investigación del delito.
Antes, la votación en lo general fue de con 366 votos a favor, 53 en contra y 8 abstenciones.
Hoy en el Senado se discutirá la minuta, seguramente habrá ligeros cambios.

Pero, vale la pena leer todo el debate, una síntesis de los Posicionamientos:
La diputada Marina Arvizu Rivas (Alternativa) manifestó que la reforma en el sistema de justicia penal es trascendental, no sólo porque regula la libertad de los individuos que delinquen, sino porque afecta de manera notable el ejercicio de los derechos de los ciudadanos que son víctimas del delito y en particular de las mujeres. Indicó que no es posible regular, como una medida de impartición de justicia que los delitos de orden sexual y de violencia intrafamiliar sean susceptibles de solucionarse mediante un convenio o la mediación de un tercero que los conmina a no repetir tales conductas. Agregó que no se puede permitir que ninguna ley y menos la Constitución contenga disposiciones que representen un retroceso contra la seguridad jurídica de las mujeres, por lo que manifestó que su partido emitió su voto en abstención.
Nueva Alianza
Mónica Arriola señaló que es urgente rediseñar el sistema de procuración y administración de justicia para brindar a la sociedad certeza de que sus derechos están garantizados en el marco jurídico y por las autoridades responsables de aplicarlo. Consideró positiva la figura de los juicios orales, ya que permitirá disminuir el uso de la prisión preventiva, según cifras oficiales de 213 mil personas privadas de su libertad, el 40 por ciento, es decir, 90 mil no han recibido sentencia. Expresó que por esa razón su grupo parlamentario votó a favor del dictamen en lo general, en espera que su aprobación se traduzca en un instrumento que dé respuesta a las demandas de seguridad pública.
PT
Silvano Garay Ulloa manifestó que actualmente cualquier ciudadano es presunto esponsable, a partir de esta reforma será presunto inocente; asimismo se plantea la posibilidad de que la autoridad judicial pueda decretar el arraigo a una persona tratándose de delitos de delincuencia organizada.
Convergencia
La diputada Patricia Castillo Romero destacó su posición a favor de la reforma porque a la sociedad se le debe otorgar un Estado de derecho sólido y comprometido con su seguridad, “la realidad es que en nuestro país se cometen al año alrededor de 11 millones 800 mil delitos, de los cuales sólo se denuncian ante el Ministerio Público (MP) un millón 400 mil, es decir el 12 por ciento”. De éstos, continuó, únicamente el 18 por ciento se consigna, lo que equivale a 248 mil 600 delitos y exclusivamente 190 mil obtiene sentencia condenatoria; los número señalan que el 98 por ciento de los delitos cometidos quedan impunes.
PVEM
Por su parte, el diputado Francisco Elizondo Garrido consideró que la reforma, además de ser histórica, dará verdadera certeza jurídica a los ciudadanos. “México necesita, más que nunca, procesos judiciales ágiles, es por ello que se incluyen elementos vanguardistas, como son los juicios orales”. Afirmó que su grupo parlamentario apoya las modificaciones a fin de impulsar una justicia pronta y expedita. “Para que eso sea posible, se debe sustentar la fortaleza de las instituciones encargadas de la impartición de la justicia, con procesos más justos, con estricto apego a los derechos humanos”.
Elizondo Garrido subrayó la necesidad de construir un marco jurídico que proporcione certeza, imparcialidad y equidad en los procesos judiciales, “por lo que esta reforma constituye un avance en los elementos de persecución del delito, ya que de forma innovadora define qué es delincuencia organizada y también proporciona mecanismos alternativos para la solución de controversias
PRI Juan Francisco Rivera Bedoya expresó que esta reforma marca una nueva etapa de la justicia penal, “México contará con un nuevo sistema, moderno y transparente”. Reconoció que el sistema jurídico en el orden penal requiere de una asistencia técnica esencial, “sobre todo tratándose de detenidos que no tienen recursos y son sometidos a procesos inadecuados; por ello, esta reformaimpone la obligación del equilibrio económico entre el defensor y el fiscal”. Precisó que dichas modificaciones eran necesarias, porque se requiere de un verdadero defensor de los derechos humanos. Agregó que para lograrlo se debe dar facultades a la policía e investigadores, “que no tengan más ventajas los delincuentes que las propias víctimas”.
PRD: Andrés Lozano Lozano cuestionó el cómo ir en una reforma al sistema de justicia y constitucional, cuando las instituciones y las personas que la encabezan no cambian. Manifestó que la reforma tiene bondades destacadas y alcances mínimos como el allanamiento, aunque el principal problema que enfrenta es la autonomía del Ministerio Público. “Decimos sí por un sistema de justicia penal y acusatorio, ágil y cercano a la gente; por una policía controlada, pero desde ahora advertimos de cara a la sociedad que tenemos el inminente peligro de que si esta reforma no transita con el cuidado suficiente estamos ante un escenario de opresión, exceso y abuso de poder”.
PAN: Felipe Borrego Estrada señaló que uno de los principios fundamentales por el que desde sus origenes ha luchado su fracción, es la justicia, entendida como la mejor garantía que puede otorgarse a los derechos fundamentales y humanos de las personas. Indicó que conscientes de la realidad que atañe al sistema de justicia penal y de alta responsabilidad conferida a la ciudadanía, se pugnó por alcanzar este principio fundamental a través de un adecuado diseño constitucional que garantice mayores y mejores condiciones de justicia.
Reconoció que es incuestionable que la actual legislación penal es obsoleta y no está a la par de los cambios sociales, plurales y democráticos del país.
Hicieron uso de la tribuna para hablar en pro del dictamen los diputados Layda Sansores San Román (Convergencia), María del Pilar Ortega Martínez, Jesús de León Tello, Rogelio Carbajal Tejada y Carlos Navarro Sugich, del PAN y Alfredo Ríos Camarena (PRI).
En contra, participaron los diputados Mario Enrique del Toro y Jesús Humberto Zazueta Aguilar, del PRD.
En tanto, el Ombudsman José Luis Soberanes comento su oposición a las reformas, y manifesto que el Consejo Consultivo emitirá un posicionamiento en contra.
El editorial de La Jornada es duro.
Editorial
Regresión autoritaria

La Cámara de Diputados aprobó ayer, con 366 votos en favor, 53 en contra y ocho abstenciones, el dictamen de reformas a la Constitución en materia judicial elaborado, con base en una propuesta del Ejecutivo federal, por la Comisión de Justicia del organismo legislativo. Las modificaciones prevén medidas como la extinción de dominio, la atribución de facultades extraordinarias al Ministerio Público (MP) y a los cuerpos policiacos –que les permitirán, entre otras cosas, practicar aprehensiones y cateos sin orden judicial–, y el acceso de las autoridades a los datos personales y bancarios de los sospechosos. Aunque se asegura que estas disposiciones son necesarias para garantizar la seguridad pública y el estado de derecho, han sido severamente criticadas por especialistas en materia penal y organizaciones de derechos humanos: penalistas como Alonso Aguilar Zinser, Juan Velásquez, Xavier Olea, Víctor Carrancá y Juventino Castro señalaron que se trata de una “reforma inquisitorial” que podría llevar al país a un “Estado policial”; de su lado, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, José Luis Soberanes, manifestó su preocupación por la enmienda constitucional, e indicó que “lo que hay que hacer es ampliar los derechos humanos, no reducirlos”.Es innegable que el Estado debe contar con instrumentos jurídicos para luchar contra el crimen organizado, pero éstos nunca deben pasar por el recorte de las garantías individuales. Por lo que hace a estas reformas, su aprobación constituye, precisamente, un duro golpe a la de por sí delicada situación que enfrenta la procuración de los derechos humanos en el país, e implica un grave retroceso en materia de impartición de justicia. Su carácter autoritario radica, en buena medida, en que coloca a la ciudadanía en grave indefensión ante las autoridades.Las disposiciones previstas en el marco de la reforma judicial transgreden frontalmente el principio de presunción de inocencia, pues prevén la imposición de sanciones por mera sospecha de culpa por parte de cualquier policía, lo que no es un peligro menor en un país en el que las corporaciones policiales y el propio MP son de las instituciones menos confiables, y no sólo porque sus elementos carezcan de la capacitación necesaria en materia de legalidad sino porque, como lo sabe cualquiera, es casi imperceptible la frontera entre las filas de los cuerpos policiales y la propia delincuencia organizada. En ese contexto, resulta legítimo temer que las medidas aprobadas ayer servirán más para ensañarse contra las libertades ciudadanas y para atropellar o extorsionar a inocentes que para afectar las actividades de las organizaciones criminales.Es alarmante, además, que esta reforma se apruebe con el telón de fondo de un gobierno federal que carece de un compromiso real en materia de derechos humanos, como ha quedado de manifiesto con los señalamientos recientes de la directora para América Latina del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil, por sus siglas en inglés), Soraya Long, en el sentido de que el gobierno federal ha hecho caso omiso a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en las que se concluye la participación del Estado en episodios de graves violaciones a las garantías individuales.En suma, la aprobación de la reforma judicial es un hecho grave e inadmisible, pues incluye medidas que no pueden justificarse en un estado de derecho, mucho menos con el argumento de que son imprescindibles para garantizar la seguridad de los ciudadanos. La sociedad debe exigir a los legisladores de los congresos estatales que, en atención a su deber como representantes populares, actúen conforme a los intereses y el bienestar de la ciudadanía, e impidan el paso de esta modificación constitucional que abre un margen inadmisible para el atropello.Recientemente, la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron exonerar de toda culpa al gobernador de Puebla, Mario Marín, pese a que el país entero escuchó las grabaciones en las que éste conspiraba con el empresario Kamel Nacif para violar los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho. Ahora, el Congreso de la Unión pretende incrustar en la Carta Magna disposiciones que van en contra de las garantías individuales. Ambos episodios alimentan sobradamente el repudio de amplios sectores de la población a la institucionalidad política del país y obligan a reconocer que, paradójicamente, desde las máximas instancias legislativas y judiciales se está socavando el estado de derecho.