Programa de Seguridad Pública

DECRETO por el que se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 9, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32 de la Ley de Planeación y 9, 30 bis, 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
CONSIDERANDO
Que el artículo 26, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que el Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía, para la independencia y democratización política, social y cultural de la Nación;
Que el mismo precepto constitucional establece que habrá un plan nacional de desarrollo, al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración Pública Federal;
Que el 31 de mayo de 2007, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, el cual contiene los objetivos nacionales, estrategias y prioridades que regirán la actuación del Gobierno Federal durante la presente administración;
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 prevé como premisa básica para el desarrollo integral del país al desarrollo humano sustentable y orienta la actuación gubernamental en torno a cinco ejes principales: estado de derecho y seguridad, economía competitiva y generadora de empleos, igualdad de oportunidades, sustentabilidad ambiental, así como democracia efectiva y política exterior responsable;
Que la Ley de Planeación señala que los programas sectoriales se sujetarán a las previsiones contenidas en el plan nacional de desarrollo y especificarán los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de cada uno de los sectores de la Administración Pública Federal, y
Que la Secretaría de Seguridad Pública elaboró el Programa Sectorial de Seguridad Pública para el período 2007-2012, siguiendo las directrices previstas en el Plan Nacional de Desarrollo, previo dictamen de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y lo sometió a consideración del Ejecutivo Federal a mi cargo, he tenido a bien emitir el siguiente
DECRETO
ARTÍCULO PRIMERO.- Se aprueba el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.
ARTÍCULO SEGUNDO.- El Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 será de observancia obligatoria para las dependencias de la Administración Pública Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias. Asimismo, la obligatoriedad del programa será extensiva a las entidades paraestatales, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.
ARTÍCULO TERCERO.- La Secretaría de Seguridad Pública elaborará sus programas anuales, mismos que servirán de base para la integración de sus anteproyectos de presupuesto, a efecto de que se prevean los recursos presupuestarios necesarios para el eficaz cumplimiento de los objetivos y metas del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, en concordancia con las prioridades del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Seguridad Pública, con la participación que conforme a sus atribuciones le corresponde a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, verificará de manera periódica el avance del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, los resultados de su ejecución, así como su incidencia en la consecución de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. Asimismo, realizará las acciones necesarias para hacer las correcciones procedentes y, en su caso, modificarlo.
ARTÍCULO QUINTO.- La Secretaría de la Función Pública, en el ámbito de su competencia, vigilará el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones contenidas en el presente decreto.
TRANSITORIO
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a dieciocho de enero de dos mil ocho.- Felipe de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Guillermo Carstens Carstens.- Rúbrica.- El Secretario de la Función Pública, Salvador Vega Casillas.- Rúbrica
PROGRAMA Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.
PRESENTACIÓN
El Gobierno de la República se ha propuesto restablecer el sentido original de la función de seguridad pública del Estado, cuya premisa es proteger y servir a la sociedad, bajo los principios fundamentales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, recogidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012.
Con apego a este propósito, la Secretaría de Seguridad Pública ha hecho de la premisa Proteger y Servir su misión institucional, articulada en dos dimensiones: la de las personas, que esperan ser protegidas en su integridad física, sus derechos y sus bienes; y la de la sociedad, salvaguardando las libertades, el orden y la paz públicos.
Al cumplimiento de esta misión institucional está dirigido el desempeño de la Secretaría de Seguridad Pública, con acciones policiales y no policiales en distintos planos:
El plano de la coordinación con otras instituciones federales, tanto para combatir a la delincuencia como para corregir condiciones sociales que han dado origen a conductas proclives a la comisión de delitos y han alterado las relaciones de convivencia y respeto en la comunidad. En el primer aspecto se ubican las dependencias que integran el gabinete de seguridad pública y, en el segundo, las del gabinete de desarrollo social.
El plano de la colaboración con los órdenes de gobierno estatal y municipal, con los que comparte la responsabilidad constitucional de la seguridad pública en el país.
El plano de la vinculación estrecha con la sociedad, para escucharla, atender de cerca sus necesidades y recuperar su confianza, por el apego estricto a la misión institucional.
El plano de la cooperación internacional, no sólo para no perder de vista las aristas globales de algunos fenómenos delictivos que impactan el contexto nacional, sino también para aprovechar los intercambios de información, los estándares y las buenas prácticas en el empeño por construir en México un servicio de seguridad pública profesional, efectivo y confiable.
Sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo y de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, que el Ejecutivo Federal definió en marzo de 2007, se han planeado los proyectos y las actividades que implica el cumplimiento de la misión institucional; su expresión organizada en objetivos, estrategias y metas está contenida en el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012 que se presenta conforme a las disposiciones legales establecidas en los artículos 1, 2, 9, 17, 18, 20 y 30 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 16 de la Ley de Planeación.
El programa se integra por cuatro apartados: el primero, denominado Marco de Referencia, incluye una breve descripción de la situación prevaleciente en materia de seguridad pública hasta 2006, en aspectos como la coordinación interinstitucional; la cooperación entre los tres órdenes de gobierno; la vinculación con la ciudadanía; la problemática de la corrupción; la heterogeneidad de la formación policial en las corporaciones del país; la falta de tecnologías de información y de comunicación, para el aprovechamiento general de las bases de datos existentes en la materia; la diversidad de metodologías, procedimientos y sistemas de actuación policial en detrimento de la efectividad operativa; y la desconfianza de la ciudadanía en el desempeño de las instituciones de seguridad pública.
El segundo apartado identifica los principales retos asumidos mediante la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia, y, por tanto, describe los siete ejes rectores que la integran: la alineación de las capacidades del estado mexicano contra la delincuencia; las acciones encaminadas hacia la prevención del delito y la participación ciudadana; el desarrollo institucional de las corporaciones policiales; el mejoramiento de los programas de readaptación social de los internos para recuperar el sentido original del sistema penitenciario federal; el combate a la corrupción con acciones que prevengan y sancionen las desviaciones en la actuación policial; el desarrollo tecnológico para interrelacionar e interconectar la infraestructura de los sistemas de información y telecomunicaciones de las corporaciones policiales en el país; y los indicadores de medición para evaluar el desempeño institucional y sus resultados.
En el tercer apartado se establecen los Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo y Metas de la Visión México 2030 a los que contribuye el Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012.
Finalmente el cuarto apartado contiene los Objetivos, Estrategias, Líneas de Acción, Indicadores y Metas que se ha fijado la Secretaría de Seguridad Pública para el período 2007-2012.
Consideradas en su conjunto, las actividades del Programa Sectorial dan sentido a los dos pilares de la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública para este periodo:
Lograr legitimidad social mediante el reconocimiento de la sociedad a las corporaciones policiales como instituciones a su servicio, confiables y apegadas a los principios constitucionales de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez, centradas en su función de proteger y servir.
Instituir Limpiemos México como la estrategia preventiva federal para la convivencia social en un entorno de seguridad, libertad y confianza, a través de tres programas:
Escuela segura.
Salud sólo sin drogas.
Recuperación de espacios públicos para la convivencia social.
1. MARCO DE REFERENCIA del programa sectorial de seguridad pública 2007 2012.
1.1. Marco Legal 2006.
El marco legal plasmado en la Constitución en materia de seguridad pública establece facultades para las tres instancias de gobierno, cuya coordinación se ha regido más por ámbitos de competencia que por criterios de complementariedad para ganar eficacia en el combate a la delincuencia. La articulación de esfuerzos ha tenido alcances limitados e inconsistentes, y con frecuencia han prevalecido la dispersión y la duplicidad de acciones entre las diferentes corporaciones policiales.
La concurrencia de las facultades constitucionales en materia de seguridad pública constituye hoy un reto para la adecuación de los marcos legales con miras a lograr la actuación efectiva de la policía en el país. Hasta el año 2006 no fue posible concretar modificaciones legales que facilitaran la unión de esfuerzos de la Federación, los estados y municipios en el combate a la delincuencia.
Por otra parte, el actual sistema de justicia concentra en la figura del Ministerio Público la autoridad para investigar los delitos, con el auxilio de una policía bajo su conducción. En la práctica, la actuación policial está limitada al cumplimiento de las instrucciones que recibe, en detrimento del despliegue de sus capacidades de investigación y de la obtención de evidencias que contribuyan a dar mayor certeza al procesamiento judicial de los inculpados y, por tanto, a la sanción del delito.
Este modelo ha sido rebasado por los fenómenos delictivos actuales y sus limitaciones generan desencanto y escepticismo en la ciudadanía. En la medida en que la responsabilidad de la investigación siga recayendo en uno solo de los actores, y el otro no tenga autonomía técnica, funcional y administrativa para agotar las posibilidades de la investigación, las capacidades del Estado para sancionar -y aún prevenir- el delito seguirán limitadas y por debajo de las demandas nacionales de seguridad pública y procuración de justicia.
1.2. Coordinación y cooperación entre los tres órdenes de gobierno.
La coordinación entre los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no ha alcanzado los resultados esperados, porque el respeto a las soberanías estatales y a las autonomías municipales se ha entendido más como limitante que como capacidad para la acción conjunta y concurrente entre los distintos ámbitos de responsabilidad policial. La falta de mecanismos consistentes de coordinación entre las un mil 661 corporaciones de policía que operan en la República Mexicana, no ha permitido la cabal integración de los recursos disponibles para combatir la criminalidad como una sola fuerza policial cohesionada. Esta falta de coordinación también se manifiesta en la ausencia de políticas públicas compartidas y en el desarrollo desigual de los policías, sin una perspectiva de vida que comprometa su lealtad institucional.
La situación ha propiciado que la delincuencia, en particular la organizada, se haya apoderado de los espacios públicos en determinadas zonas del país, provocando un clima de violencia e inseguridad que en ocasiones ha rebasado a las autoridades locales, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de coordinación de los tres órdenes de gobierno para el restablecimiento de las condiciones básicas de seguridad.
1.3. Prevención del delito, vinculación con la ciudadanía y derechos humanos.
Los fenómenos delictivos no son hechos aislados; se dan en un contexto social caracterizado por la falta de suficientes oportunidades y empleos, por la desigualdad social, por la desconfianza en las autoridades, por la pérdida de los espacios públicos, por la desintegración familiar y comunitaria, y por la violencia intrafamiliar.
En México existe una grave crisis en materia de respeto a la ley y al Estado de derecho, que puede abordarse desde dos perspectivas: la primera es que hay factores culturales que impiden a la población percibir el Estado de Derecho como algo útil y deseable socialmente; la segunda es que las instituciones en el país no distribuyen beneficios entre la población de manera equilibrada, por lo que muchas veces parece más rentable actuar al margen de la ley que cumplirla.
La participación social en acciones de prevención y combate al delito es fundamental y no ha sido reconocida con el potencial que es capaz de desplegar. Es indispensable impulsar la cultura de la legalidad como elemento central de una política pública de prevención, ausente en la actualidad.
Los esfuerzos realizados hasta ahora se han limitado a la publicidad en los medios de comunicación y a incluir algunos contenidos en los libros de texto del sistema educativo nacional. Esto no es suficiente, ya que la formación de valores y de una cultura cívica debe pasar forzosamente por la acumulación de experiencias vitales de los individuos, en especial de los niños y jóvenes en el seno familiar y comunitario.
Así mismo, la sociedad en general carece de una cultura de respeto a los derechos humanos y éstos se confunden con frecuencia como derechos exclusivos de los delincuentes, de manera que las víctimas del delito parecen no tener estas garantías. En el actual proceso de persecución y sanción del delito, la víctima vuelve a serlo por lo menos cuatro veces: cuando fue objeto de un delito; cuando lo denuncia; cuando se investiga el delito; y, cuando se procesa judicialmente la denuncia. Por ello es imprescindible revertir esta tendencia y fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos también desde la óptica de la víctima, tanto en las autoridades e instituciones responsables de la procuración e impartición de justicia, como en las instituciones públicas y privadas que vigilan su aplicación.
1.4. Esquemas de corrupción en las corporaciones de policía.
El esquema de actuación policial basado en la flagrancia y no en la investigación para prevenir la comisión de delitos, ha agotado las posibilidades de combatir eficientemente a la delincuencia en sus distintas modalidades. Algunas de sus vulnerabilidades estructurales son causas de la infiltración que el crimen organizado logró en corporaciones policiales donde hay una notoria ausencia de procedimientos de operación claros y precisos, debilidad en los esquemas de control de confianza y condiciones laborales deterioradas, que en conjunto facilitaron el uso de la infraestructura institucional para la logística criminal, a muy bajo costo y con garantía de impunidad.
A pesar de la existencia de esquemas de profesionalización y de carrera en la policía federal y en algunas corporaciones estatales, lo cierto es que el desarrollo policial es desigual y con métodos de trabajo alejados de los estándares internacionales. Aún no se logra estructurar un proyecto de vida policial que incentive el compromiso con la sociedad y desaliente conductas que se desvían de la función policial de proteger y servir.
Un círculo vicioso obstruye la capacidad institucional de renovación: la baja estima social de la función policial inhibe la iniciativa de profesionalización entre los elementos en activo; la ausencia de ésta incide también en la mejora de las condiciones laborales; la inadecuada regulación de éstas ha propiciado que el desvío de las funciones policiales no tenga la sanción debida; y la falta de castigos para prácticas ajenas a la función policial, favorece la baja estima social por el desempeño policial. El mismo círculo vicioso dificulta el ingreso de nuevos y mejores elementos.
Si bien existen academias e instituciones para la formación policial, no se ha logrado dar un sentido único a los programas de formación y actualización de las corporaciones policiales en el país; prevalecen diferencias entre planes y programas académicos, en los contenidos y métodos de enseñanza, en la plantilla docente y en la infraestructura, lo que ha dificultado consolidar el establecimiento de un Servicio Nacional de Carrera Policial.
1.5. Metodologías, procedimientos y sistemas de actuación policial.
La ausencia de protocolos y procedimientos de operación policial homogéneos ha favorecido a la delincuencia y se manifiesta en la desarticulación de la actuación policial. Es necesario que las actividades de los policías federales, estatales y municipales se realicen con orden y con base en protocolos y procedimientos debidamente estructurados apegados a estándares internacionales.
Estos protocolos se requieren para llevar a cabo la recopilación, análisis y explotación de información criminal de manera uniforme, así como para la homologación de tareas policíacas específicas.
Es necesario impulsar cambios orgánico-funcionales en el ámbito federal, estatal y municipal que trasciendan las estructuras tradicionales de organización y operación de las policías, y evolucionen hacia un modelo lógicamente estructurado con mayor sentido preventivo y con una visión común encauzada hacia la prevención en la seguridad pública.
1.6. Sistema penitenciario.
El sistema penitenciario del país refleja problemas de saturación en los centros de reclusión; delincuencia al interior de los penales; vínculos con delincuentes del exterior; distribución y consumo de drogas; insuficiencia en la seguridad interna y perimetral de las instalaciones; inconsistencias en los sistemas de control de accesos; heterogeneidad de técnicas y métodos en el tratamiento de los reclusos y ausencia de programas integrales para la readaptación de los internos.
La ausencia de adecuaciones a los ordenamientos legales ha propiciado el abuso de la prisión preventiva y la falta de métodos y procedimientos legales para operar eficazmente un sistema retributivo de penas.
Las consecuencias de este esquema se reflejan en la convivencia entre internos de distintos niveles de peligrosidad; en la corrupción entre reclusos, custodios y autoridades; así como en la ausencia de un sistema de carrera y profesionalización que permita la formación y dignificación de la fuerza de seguridad penitenciaria.
1.7. Tecnologías de información.
La red nacional de telecomunicaciones no opera de manera integral porque las bases de datos policiales y las de instituciones vinculadas a la seguridad pública fueron desarrolladas con tecnologías diversas, seleccionadas conforme a criterios funcionales y a la utilidad específica de un solo usuario. La posibilidad de intercambiar información ha estado limitada por la capacidad de comunicación entre los sistemas así diseñados, lo que se ha traducido en la subutilización de las tecnologías de información, comunicación e incapacidad para consultar, investigar, analizar, producir información y conocimiento útil a la función policial.
Al no existir una plataforma tecnológica compatible capaz de generar enlaces de comunicación; operación, para compartir información y datos; establecer métodos uniformes en los procesos de registro policial, se ha dificultado la integración de un Sistema Único de Información Criminal (SUIC) con datos depurados, confiables, escalables, para el uso de las corporaciones policiales y de las instituciones vinculadas al sector.
Por otra parte, no se han logrado consolidar vías confiables y seguras para la denuncia ciudadana que contribuyan al trabajo policial, mediante la utilización de cualquier medio de comunicación que asegure su anonimato, garantizando la seguridad personal.
1.8. Niveles de confianza de la ciudadanía en el desempeño de las instituciones de seguridad pública.
Distintos problemas estructurales han incidido en la pérdida de la confianza de la sociedad en las funciones policiales. La falta de actualización del marco legal de la actuación policial conforme a los fenómenos delictivos actuales, con sus especificidades y sofisticaciones; el agotamiento del modelo reactivo de la seguridad pública; la limitada capacidad de investigación tanto de los delitos como de comportamientos proclives a la delincuencia; las asimetrías en el desarrollo de las distintas corporaciones policiales; la inadecuada regulación de las relaciones laborales de los policías y el relajamiento de la disciplina y el control de la actuación policial, entre otros, son factores que convergen en un solo resultado: la insatisfacción social con el desempeño policial y el consecuente alejamiento de la sociedad de las corporaciones policiales.
El deterioro de la credibilidad de las corporaciones policiales tiene que ver con la limitada capacidad de respuesta a las demandas sociales de seguridad pública; con la pérdida de la mística de servicio en el desempeño policial; con la ausencia de políticas públicas diseñadas con la participación ciudadana; con la falta de métodos de medición rigurosos que den transparencia a los resultados de la actuación policial y favorezcan la evaluación de su impacto.
Adicionalmente, la falta de un sistema de información estadística de seguridad pública integral con datos confiables y oportunos, dificulta el proceso de planeación estratégica para generar escenarios prospectivos de prevención del delito y combate a la delincuencia, que redunden en una mayor efectividad policial.
La estimación de los recursos para la ejecución del presente programa, estará determinada en los Proyectos de Presupuesto que anualmente sean presentados por la Dependencia y quedarán sujetos a la disponibilidad de recursos.
Los instrumentos y responsables de la ejecución del Programa se determinan conforme a las facultades y atribuciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública.
Las prioridades sectoriales se concretan en las metas que se establecen en este Programa Sectorial y para su logro, los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública, tienen como marco los objetivos, estrategias y líneas de acción que aquí se presentan."
2. PRINCIPALES RETOS ASUMIDOS MEDIANTE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.
Lograr la legitimidad social por el reconocimiento que la sociedad dé al desempeño de las corporaciones policiales y expandir los tres programas de Limpiemos México en los estados y municipios con mayores índices delictivos del país, son pilares de la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública que van ganando fortaleza día con día a través de la ejecución de los siete ejes de la Estrategia Nacional de Prevención del Delito y Combate a la Delincuencia.
2.1. Alineación de las capacidades del estado mexicano contra la delincuencia.
Este eje consiste en alinear los instrumentos jurídicos, técnicos, administrativos y presupuestales del estado mexicano, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para restablecer condiciones seguridad pública a partir de un nuevo modelo de actuación policial, que pone énfasis en la prevención del delito mediante la investigación, el análisis de la información, la operación por objetivos y la participación activa de la sociedad.
El modelo ha empezado a operar con la creación de un mecanismo de coordinación que alinea la operación policial federal bajo un mando único y ha emprendido la homologación de procesos, procedimientos y protocolos de actuación, susceptibles de ser adoptados en estados y municipios para articular especialidades y potenciar capacidades. El modelo ofrece nuevas oportunidades de coordinación para compartir información y operar conjuntamente contra la delincuencia, con métodos homogéneos y con el apoyo de las tecnologías de información y comunicación integradas a una plataforma que permite la interconexión y la interoperatividad de los sistemas de información policial de los tres órdenes de gobierno.
Sobre esa base, la policía ha organizado su desempeño en dos sentidos: el combate a la delincuencia con la desarticulación de las estructuras criminales y el acotamiento de su logística operativa, bajo esquemas de coordinación con las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, Gobernación a través del CISEN y el Instituto Nacional de Migración y Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Administración General de Aduanas, así como con la Procuraduría General de la República. En este mismo sentido se encauza la cooperación internacional bilateral y multilateral para enfrentar la dimensión transnacional de la delincuencia organizada.
El otro sentido de la actuación policial es la prevención del delito, con un enfoque de proximidad social, en espacios públicos que fueron arrebatados por la delincuencia a la sociedad. Con Limpiemos México, esta estrategia preventiva interinstitucional involucra a las dependencias de los tres órdenes de gobierno responsables del desarrollo social y a la sociedad, en sus ambientes de convivencia más cercanos.
Éste eje comprende también la alineación de las atribuciones funcionales desde el orden federal para coordinar con las entidades federativas la atención del sistema penitenciario, especialmente en la ejecución de sentencias, el seguimiento de reos y el traslado de internos.
Para adecuar el marco jurídico general y específico a las exigencias actuales de la seguridad pública y la administración de justicia, el Ejecutivo Federal ha propuesto al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas que replantea funciones y atribuciones de las instituciones encargadas del combate a la delincuencia, con el objeto de recuperar la naturaleza de los órganos investigadores y acusadores.
Se busca otorgar a la policía la capacidad de recibir la denuncia de hechos delictivos, la facultad de realizar investigaciones que permitan identificar a los presuntos responsables, y de reunir la evidencia técnica con mayor eficiencia y oportunidad, a fin de que el Ministerio Público pueda presentar ante los órganos jurisdiccionales expedientes de acusación jurídicamente perfeccionados y soportados. Con ello se fomentará la cultura de la denuncia, se reducirá la impunidad y se dará mayor certeza al procedimiento penal.
Con la operación policial conjunta de los tres órdenes de gobierno, alineada a procesos homogéneos de actuación y con los soportes legales necesarios, se amplía la capacidad de respuesta policial oportuna para atender las denuncias de la sociedad y, por esa vía, recuperar su confianza y lograr legitimidad social.
2.2. Prevención del delito y participación ciudadana.
A través de este eje se atienden los factores que originan el delito y se instrumentan principios de cultura de la legalidad, para transitar del modelo de policía reactivo al de prevención y aproximación integral con la sociedad, estableciendo una política pública que motive la participación ciudadana, genere una nueva conciencia cívica de respeto a la ley y a los derechos humanos, y propicie la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad pública.
Los consejos ciudadanos de seguridad pública se fortalecen como órganos de vinculación y enlace con las organizaciones sociales, para la consulta, análisis, formulación y articulación de acciones en materia de seguridad pública, conforme a la demanda sentida de la sociedad y con la incorporación de opiniones de expertos y de organizaciones no gubernamentales en la revisión crítica de los resultados a nivel nacional, estatal y municipal. Se trata de generar dinámicas sociales adecuadas para que los miembros de la comunidad puedan integrarse entre sí con un sentido de pertenencia, identidad y mutuo compromiso.
Los espacios naturales de la participación ciudadana están considerados en los tres programas de Limpiemos México:
Escuela Segura, para recuperar la seguridad y la sana convivencia en el entorno escolar.
Salud sólo sin Drogas, para prevenir las adicciones.
Recuperación de Espacios Públicos, que los rehabilita y devuelve a la sociedad para la convivencia social con libertad y seguridad.
Al trabajo que realizan las secretarías de Educación, Salud y Desarrollo Social, así como el de los gobiernos estatales y municipales, se suma la labor de los enlaces de la Secretaría de Seguridad Pública en las estaciones de policía desplegadas en el país para realizar acciones no policiales de prevención, encaminadas a fortalecer la cultura de la legalidad y la cultura de la autoprotección con la prevención de riesgos.
La cercanía con la sociedad y la atención de sus necesidades de seguridad en su entorno inmediato permitirán restablecer el compromiso policial con su función de proteger y servir, recuperar la confianza y ganar legitimidad social.
2.3. Desarrollo institucional.
Procurar el equilibrio del desarrollo institucional de las corporaciones policiales es una de las condiciones del nuevo modelo policial. La reducción de las asimetrías implica la instrumentación de una política sostenida de profesionalización y el desarrollo de metodologías, procesos, protocolos y procedimientos sistemáticos de operación de aplicación general en las distintas corporaciones policiales del país.
Así mismo, requiere la integración de un servicio de carrera policial homogéneo y articulado a la política de profesionalización, que abarque las fases de reclutamiento, selección, ingreso, desarrollo, ascenso y separación del cargo, con base en un sistema de méritos y formación que permita dignificar la función policial y penitenciaria.
Ya se han adecuado los perfiles de ingreso y los programas de formación conforme a los requerimientos del nuevo modelo policial, cuya orientación pone énfasis en la investigación con métodos científicos, y se aplica un proceso permanente de reclutamiento con esas características. Del mismo modo, está en curso la Especialidad en Alta Dirección para Mandos Policiales, basado en estándares internacionales, cuyo objetivo es formar cuadros directivos que gestionen en el país la evolución del modelo reactivo al modelo preventivo de seguridad pública.
2.4. Sistema penitenciario.
A través de este eje se emprende la recuperación de los centros penitenciarios como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados, así como para la generación de inteligencia de orden criminal a partir de una efectiva vigilancia legal de los internos, a fin de combatir la corrupción y la operación delictiva intramuros.
Para avanzar en este sentido, se requiere impulsar, desde el ámbito federal, políticas que permitan atender el sistema penitenciario nacional con un enfoque integral, basado en el intercambio de información de bases de datos sobre la población recluida, para hacer más efectivo el traslado de internos, y el control y la vigilancia al interior de los centros de reclusión. Particularmente, se llevará a cabo el Programa Piloto de Readaptación Social en los Centros Penitenciarios Federales, cuyo objetivo es dar un seguimiento puntual al total de internos que formen parte de este programa, garantizando su reinserción productiva a la sociedad.
2.5. Combate a la corrupción.
Lograr la legitimidad social y el reconocimiento de la función policial por su apego al marco normativo de actuación y por la eficacia en la atención ciudadana implica el fortalecimiento de las evaluaciones de confianza y la aplicación de un modelo de prevención y control de riesgos que inhiba conductas ajenas a la función policial y sancione con oportunidad cualquier desviación en la actuación policial.
Componente indispensable del modelo es la uniformidad de las evaluaciones y procesos de control de confianza, tanto para el reclutamiento como para la permanencia de los elementos policiales y de los integrantes de la fuerza de seguridad penitenciaria federal, con criterios universales de honestidad, vocación de servicio, principios éticos y preparación profesional.
El Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza pondrá a disposición de estados y municipios metodologías y protocolos homogéneos de evaluación, y capacidad física instalada para sistematizar las evaluaciones de las corporaciones policiales, de las fuerzas de seguridad penitenciarias y del personal civil cuyas funciones incidan en el ejercicio ético, honesto y responsable de la función policial de proteger y servir. Además, generará información relevante para los fines del Servicio de Carrera Policial y aplicará un sistema automatizado de rotación de personal en el despliegue territorial del estado de fuerza, vinculado a variables de permanencia, antecedentes del desempeño y valoración social del policía.
2.6. Plataforma México.
El nuevo modelo de operación policial se basa en la investigación científica para prevenir la comisión de delitos y combatir a la delincuencia, a partir de la producción y uso intensivo de la información, de su análisis y de la generación de inteligencia policial susceptible de ser operada con oportunidad y eficacia.
Para ello se requiere vincular y relacionar las bases de datos de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno y de otras instituciones vinculadas a la seguridad pública, para explotar la información, coordinar acciones, operar por objetivos y generar métodos uniformes de actuación.
Plataforma México es un proyecto de alcance nacional que pondrá las tecnologías de información y telecomunicaciones al servicio de la función policial. Está diseñada en dos planos: el horizontal, para equipar con tecnologías de comunicaciones, voz, datos e imágenes a las estaciones de policía federal; y el vertical, que atiende el ámbito local a través de convenios de coordinación con los ejecutivos estatales, para conectar a las entidades federativas y a los municipios a dicha Plataforma y alinear en un solo sentido sus sistemas de información, producción de reportes y registro de datos.
En los convenios de coordinación con los estados y en sus anexos técnicos se fortalecerán los acuerdos relativos a la puesta en marcha de la Plataforma México, la profesionalización y estandarización policial, las evaluaciones de control de confianza, así como otros aspectos que contribuyan a la prevención del delito y combate a la delincuencia.
2.7. Indicadores de medición.
En este rubro se busca evaluar la gestión en la implantación del modelo policial, además de medir la actuación y el desempeño institucional en el ámbito federal, estatal y municipal, con base en indicadores capaces de generar condiciones de credibilidad y confianza. El fin último es transparentar los resultados, fortalecer la rendición de cuentas, disminuir la percepción de inseguridad y medir la eficacia de la actuación policial, de manera que los ciudadanos tengan parámetros claros para calificar los resultados obtenidos y señalar las áreas de oportunidad para mejorar las políticas públicas.
Asimismo, se pretende fortalecer el sistema de información estadística y geográfica, generando registros consistentes de información confiable y oportuna, indispensables para la planeación estratégica y la prospectiva de los fenómenos delictivos.
3. OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y METAS DE LA VISIÓN MÉXICO 2030 A LOS QUE CONTRIBUYE EL PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 2007-2012.
Los objetivos del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007 2012 contribuyen a lograr los siguientes objetivos de los ejes de política pública del Plan Nacional de Desarrollo:
Para ver el cuadro: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
Objetivos del Eje 1: Estado de Derecho y seguridad del PND
Objetivo 2 Garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un sistema de justicia eficaz.
Objetivo 3 Garantizar la protección a los derechos de propiedad.
Objetivo 5 Combatir la impunidad para disminuir los niveles de incidencia delictiva.
Objetivo 6 Fortalecer el Sistema Penitenciario para garantizar que se haga respetar la ley y se apoye la readaptación social de manera eficaz.
Objetivo 7 Establecer mecanismos y procesos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones del fenómeno delictivo en México, y aseguren la disponibilidad de información confiable y oportuna.
Objetivo 8 Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en la convivencia social mediante el combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado.
Objetivo 9 Generalizar la confianza de los habitantes en las instituciones públicas, particularmente en las de seguridad pública, procuración e impartición de justicia.
Objetivo 10 Combatir a la corrupción de forma frontal.
Objetivo 11 Fomentar el desarrollo de la cultura de la legalidad.
Objetivo 12 Asegurar el respeto irrestricto a los derechos humanos y pugnar por su promoción y defensa.
Objetivo 14 Salvaguardar la seguridad en las fronteras, así como la integridad y el respeto a los derechos humanos tanto de los habitantes de estas zonas, como de los migrantes.
Objetivo 15 Fortalecer la cooperación internacional para contribuir a los esfuerzos nacionales en materia de seguridad y defensa de la soberanía.
Objetivo 16 Fomentar un mayor nivel de desarrollo y mejores condiciones de vida que prevengan conductas delictivas en las comunidades y espacios urbanos, y que garanticen a toda la población el goce de sus derechos y libertades.
Objetivo 17 Desarrollar un cuerpo policial único a nivel federal, que se conduzca éticamente, que esté capacitado, que rinda cuentas y garantice los derechos humanos.
Objetivo 18 Fomentar la participación ciudadana en la prevención y combate del delito.
Objetivos del Eje 3: Igualdad de Oportunidades
Objetivo 16 Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades para que las mujeres y los hombres alcancen su pleno desarrollo y ejerzan sus derechos por igual.
Objetivos del Eje 5: Democracia efectiva y política exterior responsable
Objetivo 4 Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos.
Objetivo 5 Promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas, el acceso a la información y a la protección de los datos personales en todos los ámbitos de gobierno.
Asimismo, el Programa Sectorial de Seguridad Pública contribuye a lograr las siguientes metas planteadas en la Visión México 2030:
1. Estado de Derecho.
2. Justicia.
3. Seguridad Personal.
4. Seguridad Patrimonial.
5. Percepción Ciudadana sobre la Seguridad.
6. Gobernabilidad.
7. Derechos Humanos.
8. Corrupción.
4. OBJETIVOS, ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, INDICADORES Y METAS.
4.1. Objetivo sectorial 1: Alinear las capacidades del Estado mexicano en el combate a la delincuencia organizada, a fin de restablecer las condiciones de seguridad para la sociedad en todo el territorio nacional.
El nuevo modelo de actuación policial parte de los principios de efectividad y eficiencia. La unificación de las policías federales en un solo mando, el fortalecimiento de la coordinación interinstitucional y el de la cooperación entre las policías de los tres órdenes de gobierno, constituyen los pivotes de la evolución, de un modelo reactivo, a otro basado en la prevención y en la adopción de métodos uniformes de actuación, para asegurar la presencia del Estado en ciudades y poblaciones con mayores índices delictivos, proteger las instalaciones estratégicas nacionales y restablecer condiciones de seguridad pública en el país.
4.1.1. Estrategia 1.
Implantar los procesos del nuevo modelo de actuación policial y los procedimientos sistemáticos de operación, debidamente homologados y certificados de acuerdo a estándares internacionales, en las 32 entidades federativas.
Línea de Acción 1.
Coordinar las acciones de la Policía Federal mediante el establecimiento de divisiones, de conformidad a la temática delictiva y áreas especializadas para combatir frontalmente los delitos en todas sus manifestaciones.
Línea de Acción 2.
Establecer los procedimientos sistemáticos de operación que deriven del nuevo modelo de actuación policial y promover su adopción entre las corporaciones de policía estatales y municipales.
Línea de Acción 3.
Promover la adopción del reporte policial homologado en Plataforma México entre las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno para asegurar la generación homogénea de información de inteligencia policial en el combate a la delincuencia.
4.1.2. Estrategia 2.
Instrumentar operativos conjuntos para restablecer la seguridad y la paz públicas en las regiones más afectadas por la delincuencia organizada.
Línea de Acción 1.
Fortalecer la coordinación con las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina; así como con la Procuraduría General de la República y los gobiernos estatales y municipales, para la recuperación de los espacios públicos que habían sido ocupados por la delincuencia.
4.1.3. Estrategia 3.
Fortalecer el despliegue territorial de la Policía Federal en todo el país para garantizar condiciones de seguridad a los ciudadanos que permitan mantener el orden público y la paz social.
Línea de Acción 1.
Establecer las Estaciones de Policía Federal a nivel nacional con el objeto de generar condiciones de seguridad para la ciudadanía y promover la cultura de la denuncia mediante el establecimiento de la Policía de Proximidad Social.
Línea de Acción 2.
Vigilar las instalaciones estratégicas del país para evitar afectaciones al patrimonio nacional y a la paz pública.
Línea de Acción 3.
Consolidar acuerdos de cooperación internacional en materia de seguridad pública para el intercambio de información, con el objeto de generar líneas de investigación e inteligencia policial, así como acciones de capacitación y formación policial.
4.1.4. Indicadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
.2. Objetivo sectorial 2. Combatir la impunidad, disminuir los niveles de incidencia delictiva y fomentar la cultura de la legalidad, garantizando a la ciudadanía el goce de sus derechos y libertades.
Este objetivo atiende los factores que originan el delito e instrumenta principios de cultura de la legalidad para transitar del modelo policial reactivo al de aproximación integral con la sociedad. El enfoque privilegia el uso de la información y su análisis para prevenir la comisión de delitos e identificar tendencias que alteren el orden público y la paz social. Centra su atención en la participación ciudadana para proteger su entorno inmediato y en el restablecimiento de condiciones de seguridad que favorezcan mayores niveles de desarrollo.
Para ello, la Secretaría de Seguridad Pública coordina los esfuerzos interinstitucionales de las Secretarías de Educación Pública, Desarrollo Social, Salud y Defensa Nacional, así como de la Procuraduría General de la República, de las entidades federativas y los municipios, en el marco de la estrategia federal de prevención Limpiemos México, enfocada al combate a la inseguridad a través de los programas: Escuela Segura, Salud sólo sin Drogas y Rescate de Espacios Públicos. La Secretaría de Seguridad Pública participa como enlace de la vertiente social de prevención y vinculación y opera, además, acciones policiales para mantener un entorno escolar seguro y de convivencia en los espacios públicos.
En una primera etapa, Limpiemos México aplica medidas de control y disuasión; y, en una segunda, actúa en aspectos de prevención social y situacional, en municipios con alta incidencia delictiva, con el fin de fortalecer paulatinamente la percepción de la seguridad en la ciudadanía.
4.2.1. Estrategia 1.
Implantar la estrategia interinstitucional Limpiemos México en las poblaciones con mayor índice delictivo para prevenir eficazmente el delito, las adicciones y recuperar para la sociedad los espacios públicos de convivencia.
Línea de Acción 1.
Articular la participación intersectorial y ciudadana de la estrategia Limpiemos México para garantizar un entorno escolar seguro e incrementar la percepción de seguridad en la ciudadanía.
Línea de Acción 2.
Transferir e implantar en las ciudades con mayores índices delictivos los programas de prevención del delito y participación ciudadana, con el fin de crear redes sociales que atiendan las diferentes causas de la inseguridad.
Línea de Acción 3.
Consolidar los Consejos Ciudadanos estatales y municipales, así como las redes sociales que generen dinámicas de vinculación y participación ciudadana, a fin de que los miembros de la comunidad puedan integrarse a ella a partir de un sentimiento de pertenencia, identidad y mutuo compromiso.
Línea de Acción 4.
Capacitar al personal policial en materia de derechos humanos y atención a víctimas por tipo de delito, con el objeto de generar una cultura de respeto y promoción a los derechos humanos.
4.2.2. Estrategia 2.
Eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar igualdad de oportunidades a fin de que los hombres y las mujeres dedicadas a la actividad policial alcancen un desarrollo pleno y ejerzan sus derechos por igual.
Línea de Acción 1.
Aumentar la representatividad en la estructura organizacional de las mujeres en la Secretaría de Seguridad Pública y sus órganos administrativos desconcentrados para eliminar cualquier discriminación por motivos de género y garantizar la igualdad de oportunidades.
4.2.3. Indicadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
4.3. Objetivo sectorial 3: Recuperar el sentido original de los centros de reclusión como instancias de control de presuntos responsables y sentenciados a fin de garantizar la readaptación social de los reclusos, así como para generar inteligencia de orden criminal a fin de erradicar la corrupción y la operación delictiva intramuros.
Para reconstruir los mecanismos de caución y readaptación social, se atienden problemas de sobrepoblación en los centros de reclusión y se analiza la factibilidad de medidas alternativas de control, como la vigilancia electrónica.
Así mismo, se combate la corrupción al interior de los centros federales a través de la profesionalización de la fuerza federal penitenciaria y la aplicación de exámenes de control de confianza que permiten erradicar la operación delictiva intramuros en los penales. Asimismo, la modernización de los sistemas de seguridad y la homologación de la información relativa a los reclusos facilita la generación de inteligencia de orden criminal.
4.3.1. Estrategia 1.
Fortalecer programas en materia de readaptación social que garanticen el respeto a la ley y apoyen la reincorporación de los internos a la sociedad.
Línea de Acción 1.
Desarrollar el Programa Piloto de Readaptación Social en los centros penitenciarios federales para medir la efectividad de los programas de reincorporación de los internos a la sociedad.
Línea de Acción 2.
Impulsar el régimen de libertad anticipada para recuperar el sentido original de los centros penitenciarios.
4.3.2. Estrategia 2.
Modernizar la administración de los centros penitenciarios federales con tecnologías de seguridad para disminuir la operación delictiva intramuros, generar inteligencia de orden criminal y disminuir los índices de corrupción.
Línea de Acción 1.
Instalar en los centros penitenciarios federales equipos de seguridad en los accesos, a fin de evitar la introducción de armas, equipos de comunicación y drogas.
Línea de Acción 2.
Equipar con sistemas de bloqueadores de teléfonos celulares a los centros penitenciarios para evitar la delincuencia intramuros y combatir la corrupción.
4.3.3. Estrategia 3.
Profesionalizar a la fuerza de seguridad penitenciaria para que se conduzca éticamente, con formación especializada y de calidad basada en estándares internacionales de actuación, a fin de dignificar la función penitenciaria.
Línea de Acción 1.
Desarrollar el perfil de custodio de acuerdo al modelo de la fuerza de seguridad penitenciaria para garantizar el ingreso de nuevos elementos y capacitar a los actuales, con el propósito de incrementar la seguridad al interior de los centros penitenciarios y renovar el estado de fuerza.
Línea de Acción 2.
Homologar los sistemas de profesionalización de la fuerza de seguridad penitenciaria en todo el país, para elevar los niveles académicos y de desempeño de los custodios en los centros penitenciarios.
4.3.4. Indicadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
4.4. Objetivo sectorial 4: Incorporar tecnologías de información y telecomunicaciones a la función policial para crear interconexiones de bases de datos a nivel federal, estatal y municipal, y generar estrategias coordinadas de prevención y combate al delito.
Este objetivo consiste en conectar y vincular la infraestructura de los sistemas de información y de telecomunicaciones existentes, mediante el equipamiento de las Estaciones Federales de Policía con tecnología de comunicaciones de voz, datos e imágenes.
Además se trata de conectar la Red Nacional de Comunicaciones y de modernizar los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, (C4s, transformándolos en nodos de interconexión de telecomunicaciones, para generar métodos uniformes de actuación, inteligencia policial compartida, información y archivos localizados en bases de datos de acceso común, lo que facilita las investigaciones y operativos conjuntos de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Así mismo, a través del Centro Nacional de Atención a la Denuncia Ciudadana (CND) se logra captar y atender las llamadas de denuncia ciudadana, garantizando el anonimato, las cuales mediante mecanismos electrónicos de acceso propician mayor confianza de los ciudadanos en este proceso.
4.4.1. Estrategia 1.
Fortalecer la infraestructura de telecomunicaciones de las instituciones de seguridad pública a través de la interrelación e interconectividad de sus sistemas en la Plataforma México, para generar métodos uniformes de actuación, inteligencia policial y bases de datos de acceso común en los tres órdenes de gobierno para el combate a la delincuencia.
Línea de Acción 1.
Consolidar la infraestructura de telecomunicaciones a nivel nacional en materia de seguridad pública, a fin de ampliar la cobertura de los nodos de interconexión de las bases de datos de las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno.
Línea de Acción 2.
Dotar a los cuerpos policiales de un sistema de información que integre y explote la información almacenada en las diversas bases de datos de las corporaciones de policía, creando el Sistema Único de Información Criminal (SUIC).
Línea de Acción 3.
Equipar con tecnología de voz, datos e imagen a las Estaciones de Policía Federal, a fin de garantizar la oportunidad en la obtención de información que garantice la efectividad de la actuación policial.
Línea de Acción 4.
Propiciar mayor confianza de los ciudadanos en la seguridad pública a través de la creación de un canal de captación y atención de las llamadas de denuncia con medios electrónicos.
4.4.2. Indicadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
.5. Objetivo sectorial 5: Profesionalizar a las corporaciones policiales a fin de que se conduzcan éticamente, con formación especializada y de calidad, basada en técnicas de investigación y estándares internacionales de actuación para la prevención y combate al delito.
El objetivo se orienta a consolidar el Servicio de Carrera Policial con base en un sistema de méritos, formación y profesionalización, que permita dignificar la función policial y recuperar la confianza de los ciudadanos en las corporaciones que tienen la misión de proteger y servir. Para ello se trabaja en la integración de la nueva Policía Federal con formación especializada y con estándares internacionales de calidad profesional.
Por otra parte, con el establecimiento del Centro Nacional de Evaluación y Control de Confianza se evalúan bajo un solo mecanismo de selección basado en criterios universales, a los policías federales, de nuevo ingreso, en activo y de mando.
Dichos estándares serán también aplicados a las policías estatales y municipales con el objetivo de promover la transformación de las corporaciones policiales en los tres órdenes de gobierno.
4.5.1. Estrategia 1.
Promover la revaloración social del trabajo de las corporaciones de seguridad pública, con un espíritu de cuerpo basado en los más altos niveles éticos y morales, que permita a los policías contar con un plan de vida integral que genere una nueva identidad institucional para proteger y servir a la sociedad.
Línea de Acción 1.
Consolidar el perfil de la nueva Policía Federal basado en el método de la investigación policial como eje de la formación para la prevención del delito y el combate a la delincuencia.
Línea de Acción 2.
Homologar los protocolos de evaluación, los procesos y los procedimientos de operación de los centros de control de confianza en los tres órdenes de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para lograr la incorporación de los mejores hombres y mujeres del país a la función policial y prevenir infiltraciones de personas que desvíen la actuación policial.
Línea de Acción 3.
Modernizar y homologar los sistemas de carrera de los elementos de las corporaciones policiales para combatir la corrupción y recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones de seguridad pública.
Línea de Acción 4.
Estandarizar los niveles salariales de las corporaciones de los tres órdenes de gobierno, para reducir desigualdades y vulnerabilidades, dignificar la función policial, alentar la actitud de servicio y lograr el reconocimiento social.
4.5.2. Indicadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
.6. Objetivo sectorial 6: Garantizar el escrutinio, seguimiento, evaluación y mejora de la gestión de las instituciones de seguridad pública, fomentando la credibilidad y confianza de la sociedad.
Aquí se evalúa la actuación, eficacia y el desempeño de la autoridad policial, con base en indicadores de gestión que derivan de las metas establecidas en los programas institucionales, cuyos resultados generen condiciones de credibilidad y confianza por parte de la sociedad civil, y que permitan transparentar resultados y fortalecer la cultura de rendición de cuentas de los servidores públicos encargados de la seguridad.
4.6.1. Estrategia 1.
Mejorar el desempeño institucional de la Secretaría de Seguridad Pública y de sus órganos administrativos desconcentrados para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas a la sociedad.
Línea de Acción 1.
Implantar un sistema de evaluación institucional para monitorear y dar seguimiento a las acciones programadas mediante el establecimiento de un tablero de control que contenga los indicadores estratégicos, de gestión y servicios de la actuación policial, permitiendo de esta manera la rendición de cuentas a la ciudadanía.
Línea de Acción 2.
Consolidar un sistema de información estadística que produzca información confiable y oportuna para la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones a nivel institucional y facilitar la consulta a los ciudadanos.
Línea de Acción 3.
Realizar encuestas y sondeos de opinión que permitan conocer la percepción ciudadana sobre la Policía Federal en términos de su actuación e imagen institucional.
4.6.2. Estrategia 2.
Incrementar la eficiencia y la eficacia institucional, mediante la instrumentación de tecnologías de la información, sistemas de profesionalización modernos bajo estándares internacionales y una planeación orientada a resultados.
Línea de Acción 1.
Utilizar la Plataforma México en los tres órdenes de gobierno para mejorar los procesos administrativos y de servicios en materia de seguridad pública.
Línea de Acción 2.
Poner al servicio de la ciudadanía un Centro Nacional de Atención a la Denuncia Ciudadana (CND) a través de medios electrónicos desde cualquier punto del territorio nacional para facilitar y fomentar la denuncia.
Línea de Acción 3.
Profesionalizar a las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno para contar con una policía capacitada y honesta bajo estándares internacionales de actuación, y vinculada con la sociedad a fin de proteger y servir.
Profesionalizar a la fuerza de seguridad penitenciaria federal para contar con elementos capacitados y honestos que fortalezcan la seguridad al interior de los centros federales penitenciarios.
Línea de Acción 4.
Establecer un sistema de monitoreo y evaluación para planificar una gestión institucional orientada al logro de las metas y objetivos propuestos.
4.6.3. Indicadores.
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5014240
Nota: Estos índices se construyen a partir de la información del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Con la instrumentación del Programa Sectorial de Seguridad Pública 2007-2012, la Secretaría de Seguridad Pública federal ratifica su compromiso de construir un desempeño policial apegado a los principios de legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez.
La evolución del modelo reactivo al modelo policial preventivo pasa, necesariamente, por la confianza ciudadana. Para obtenerla, la Secretaría de Seguridad Pública se ha propuesto hacer uso de todos los instrumentos legales, de coordinación, de cooperación y de vinculación con instituciones y organizaciones sociales, a fin de alcanzar las metas y objetivos propuestos.
Igualmente, Limpiemos México permitirá coordinar a todos los actores institucionales y sociales hacia el fin común de recuperar la paz y la tranquilidad que el país merece.
____________________________
1 La cifra es resultado de la proyección anualizada de reportes policiales de los tres órdenes de gobierno, conforme a lo siguiente:
a. Policía Federal: reportes mensuales por 34 coordinaciones regionales en todo el país.
b. Policías Estatales: reportes mensuales por estado.
c. Policías Municipales: reportes mensuales municipales.
2 Son el conjunto de evaluaciones tendientes a verificar el apego a los principios institucionales del personal en activo a través de la aplicación periódica de una o más de las valoraciones establecidas conforme al programa institucional definido (médico – toxicológica; toxicológica; poligráfica; del entorno socioeconómico y psicológica).
(Primera Sección) DIARIO OFICIAL Lunes 28 de enero de 2008
Lunes 28 de enero de 2008 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)