Columna del lector en Excelsior,
De la CNDH
Yo Lector 12-Feb-2008
Señor director:
Para conocimiento de los lectores de Excélsior y de Rafael Álvarez Cordero, comento que muchas personas que han analizado la participación directa de fuerzas militares en el combate al crimen organizado en nuestro país han advertido siempre la enorme complejidad del asunto y así lo han reflejado con diferentes enfoques en sus comentarios públicos.
Lamentamos que no sea el articulista esta vez quien aporte más y mejores razonamientos en este debate y sí descalificaciones personales basadas en la reproducción de citas de materiales que no existen como tales, pero cuya autoría por algún motivo— él le atribuye a la CNDH.
Quiero señalar que la postura de la CNDH y del doctor José Luis Soberanes Fernández en este asunto ha consistido en manifestar, reiteradamente, que aunque no es tiempo para un retiro inmediato del personal militar que realiza operaciones de seguridad pública entre otras cosas porque está visto que la penetración social, la organización y el poder de fuego exhibido por algunos grupos delictivos supera lo imaginado debe actuarse desde el propio gobierno federal para que al Ejército lo reemplace progresivamente personal bien capacitado de las corporaciones policiacas que tienen la encomienda legal de desempeñar funciones directas de prevención y persecución.
En un país como éste, con graves problemas de seguridad pública, quizá sea momento de preguntarnos si la necesarísima reflexión de personas y grupos sobre la inseguridad y la violencia debe pasar por estimular la ilegalidad y los bajos instintos de la seudojusticia siempre tan del agrado de la opinión no informada o asumir de entrada que el tema tiene aspectos de gran complejidad social, jurídica, técnica y operativa y desde ahí señalar responsablemente lo que se quiera.
Ojalá se convenza el articulista, con respeto a su derecho a opinar como le venga en gana, que el problema de fondo que produce el desbordamiento de la inseguridad y el auge de la violencia delictiva no es la defensa de los derechos fundamentales de las personas, inclusive de las que están en prisión (derecho a tener un abogado defensor, a no ser torturados, etcétera), sino la elevada impunidad por la cual solamente son castigadas tres de cada 100 personas responsables de cometer delitos. La corrupción y la impreparación en las policías es sólo uno de los factores de la insoportable impunidad que sigue caracterizando el funcionamiento de la prevención y la procuración de justicia. ¿Le dice algo el que, a casi diez años de su creación, la Policía Federal Preventiva no haya logrado consolidarse todavía para ocupar las funciones que le asignó el Legislativo y que le dieron origen?
Yo Lector 12-Feb-2008
Señor director:
Para conocimiento de los lectores de Excélsior y de Rafael Álvarez Cordero, comento que muchas personas que han analizado la participación directa de fuerzas militares en el combate al crimen organizado en nuestro país han advertido siempre la enorme complejidad del asunto y así lo han reflejado con diferentes enfoques en sus comentarios públicos.
Lamentamos que no sea el articulista esta vez quien aporte más y mejores razonamientos en este debate y sí descalificaciones personales basadas en la reproducción de citas de materiales que no existen como tales, pero cuya autoría por algún motivo— él le atribuye a la CNDH.
Quiero señalar que la postura de la CNDH y del doctor José Luis Soberanes Fernández en este asunto ha consistido en manifestar, reiteradamente, que aunque no es tiempo para un retiro inmediato del personal militar que realiza operaciones de seguridad pública entre otras cosas porque está visto que la penetración social, la organización y el poder de fuego exhibido por algunos grupos delictivos supera lo imaginado debe actuarse desde el propio gobierno federal para que al Ejército lo reemplace progresivamente personal bien capacitado de las corporaciones policiacas que tienen la encomienda legal de desempeñar funciones directas de prevención y persecución.
En un país como éste, con graves problemas de seguridad pública, quizá sea momento de preguntarnos si la necesarísima reflexión de personas y grupos sobre la inseguridad y la violencia debe pasar por estimular la ilegalidad y los bajos instintos de la seudojusticia siempre tan del agrado de la opinión no informada o asumir de entrada que el tema tiene aspectos de gran complejidad social, jurídica, técnica y operativa y desde ahí señalar responsablemente lo que se quiera.
Ojalá se convenza el articulista, con respeto a su derecho a opinar como le venga en gana, que el problema de fondo que produce el desbordamiento de la inseguridad y el auge de la violencia delictiva no es la defensa de los derechos fundamentales de las personas, inclusive de las que están en prisión (derecho a tener un abogado defensor, a no ser torturados, etcétera), sino la elevada impunidad por la cual solamente son castigadas tres de cada 100 personas responsables de cometer delitos. La corrupción y la impreparación en las policías es sólo uno de los factores de la insoportable impunidad que sigue caracterizando el funcionamiento de la prevención y la procuración de justicia. ¿Le dice algo el que, a casi diez años de su creación, la Policía Federal Preventiva no haya logrado consolidarse todavía para ocupar las funciones que le asignó el Legislativo y que le dieron origen?
Sin más, lo saludo atentamente.
Lic. Miguel Ángel Paredes
Director de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Lic. Miguel Ángel Paredes
Director de información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Respuesta de Rafael Álvarez Cordero
Señor director: En relación con la carta de la CNDH, coincido en algunos puntos, como donde señala “la enorme complejidad del asunto” (la participación de las fuerzas militares en el combate al crimen organizado) o cuando dice que “el desbordamiento de la inseguridad y el auge de la violencia delictiva… no está causado por la defensa de derechos humanos sino por la elevada impunidad”, hechos que yo señalé en mi artículo. Lo que quise reflejar es la opinión pública, el sentir de la mayoría de los mexicanos con respecto a la CNDH y la actuación de su titular, José Luis Soberanes: en un spot radiofónico se habla de proteger los derechos humanos de los delincuentes, sí, ¿y cuándo hemos sabido que se protejan los de un millón de niños estudiantes en Oaxaca que perdieron un año de su vida por los disturbios y las agresiones de los profesores?, ¿cuándo hay un spot que hable de proteger los derechos de quien ha sido robado, asaltado, secuestrado o violado y acude al Ministerio Público y desprecian su queja?
El doctor Soberanes insiste en que el Ejército debe salir de las calles, ¿y qué, no estamos en guerra?, ¿no “masiosare el extraño enemigo” son actualmente el narcotráfico, la delincuencia organizada, más organizada que las instituciones dedicadas a combatirla? En el Ejército puede haber fallas, incluso delitos, pero como institución es respetable y está cumpliendo una función que no se debe socavar como lo hace el ombudsman. Como usted señala, licenciado Paredes, respeta el “derecho a opinar como me venga en gana”(sic), y eso hago, pero pensando en los derechos humanos de 100 millones de mexicanos que, hasta el momento, no hemos recibido el beneficio, la protección y la defensa del ombudsman mexicano.
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