Columna Serpientes y Escaleras/Salvador García Soto
El Universal, 8/03/2008;
Cinco en la mira, cinco
Al caso de Mouriño, que aun con su tardía confesión de parte fue severamente dañado por las acusaciones de tráfico de influencias al firmar contratos a favor de sus empresas familiares, seguirán otros disparos contra el círculo cercano presidencial
La lista de los hombres cercanos al presidente Felipe Calderón que serán alcanzados por la metralla política de Andrés Manuel López Obrador asciende a cuatro. Tal es el número de expedientes que el excandidato presidencial tiene listos y documentados para continuar con sus misiles políticos dirigidos a Los Pinos.
Al caso de Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación que, aun con su tardía confesión de parte, fue severamente dañado por las acusaciones de tráfico de influencias al firmar contratos a favor de sus empresas familiares, seguirán otros disparos contra el círculo cercano presidencial, que en los próximos días irá documentando el tabasqueño para exhibir lo que él llama, en corto, “la banda de Los Pinos”.
A los documentos y señalamientos que ya empezaron a filtrar sobre César Nava, el influyente secretario particular del Presidente, a quien el coordinador de los diputados perredistas Javier González Garza se refirió ayer como “pieza clave”, hay otros dos calderonistas de primera línea, cuyos nombres saldrán a relucir en la estrategia de López Obrador para exhibir una supuesta red de tráfico de influencias tejida desde hace varios años.
Dionisio Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el tercero en la lista de AMLO. Los señalamientos en su contra serán por su participación en la asignación de un contrato por 15 mil millones de dólares (10,812 millones de euros) para el suministro de gas licuado a la empresa española Repsol YPF.
El contrato, con una duración de 15 años, es para que la compañía extranjera maneje la terminal de gas natural del puerto de Manzanillo, y se calcula que el volumen total de gas suministrado en estos 15 años ascenderá a más de 67 bcm —más del doble del consumo anual de gas en España—. El combustible procederá de la planta de licuación de Camisea (Perú), en donde la misma Repsol YPF es comercializador exclusivo.
El cuarto en la mira lopezobradorista es Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, a quien le tienen preparado un expediente relacionado con contratos otorgados por la empresa paraestatal a compañías privadas.
Pero el objetivo mayor del plan del tabasqueño es el quinto elemento. Ese sería, según la maquinación que han armado en el cuartel del autonombrado “gobierno legítimo”, el mismo presidente Felipe Calderón, a quien López Obrador señala como el jefe de la presunta red de complicidades. Falta ver si para llegar hasta el quinto que tiene en la mira Andrés Manuel, tiene algo claro y contundente.
¿De dónde salió el parque?
El caso Mouriño y el fuerte impacto que tuvo la acusación de tráfico de influencias en contra del secretario de Gobernación han desatado un hervidero en las cúpulas del PAN. ¿De dónde está saliendo la información con la que golpea AMLO?, se preguntan los panistas.
Hay en los altos círculos de Acción Nacional dos hipótesis sobre el origen de los documentos oficiales utilizados en estos ataques. La primera indica que “es El Yunque”, y quienes lo sostienen afirman que detrás de los expedientes presentados por López Obrador en contra del titular de Bucareli está oculta la mano de los sectores más conservadores del panismo, que se vieron afectados por el desplazamiento ordenado por el presidente Calderón y operado personalmente por Juan Camilo cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia.
Según esa tesis, nombres como los de Manuel Espino, además de otros panistas identificados con la ultra blanquiazul y que ocupan importantes posiciones en el Congreso, tendrían que ver con las filtraciones de documentos oficiales utilizadas por AMLO, para acusar públicamente al inquilino de Bucareli.
El argumento para esta hipótesis está en que Espino y compañía estarían cobrando las facturas que les debía Mouriño por las operaciones que realizó contra su grupo en casos como las pasadas elecciones por la gubernatura de Yucatán o la derrota de los espinistas en la pasada elección por la dirigencia nacional del PAN.
Pero hay otra versión que se escucha en los círculos blanquiazules y resulta aún más inquietante: que el golpeteo y el desgaste al que fue sometido el secretario de Gobernación son del conocimiento de Los Pinos, y tienen que ver con una negociación al más alto nivel en la que el PRI le pidió al presidente Calderón tres cabezas de integrantes del gabinete como condición para aprobar la red energética.
De esas tres posiciones que la cúpula priísta le puso como condición a Calderón, los panistas que sostienen esa versión afirman que ya fueron negociadas la cabeza del secretario de Gobernación, la del secretario de Agricultura y que falta una posición que se conocerá pronto. Es decir, que el desgaste de Mouriño Terrazo había sido conocido y consentido desde las alturas gubernamentales y, una vez que se apruebe la reforma energética, el Presidente podría decidir cambiar a Juan Camilo a otra posición, luego del sacrificio del inquilino de Bucareli.
Al caso de Mouriño, que aun con su tardía confesión de parte fue severamente dañado por las acusaciones de tráfico de influencias al firmar contratos a favor de sus empresas familiares, seguirán otros disparos contra el círculo cercano presidencial
La lista de los hombres cercanos al presidente Felipe Calderón que serán alcanzados por la metralla política de Andrés Manuel López Obrador asciende a cuatro. Tal es el número de expedientes que el excandidato presidencial tiene listos y documentados para continuar con sus misiles políticos dirigidos a Los Pinos.
Al caso de Juan Camilo Mouriño, el secretario de Gobernación que, aun con su tardía confesión de parte, fue severamente dañado por las acusaciones de tráfico de influencias al firmar contratos a favor de sus empresas familiares, seguirán otros disparos contra el círculo cercano presidencial, que en los próximos días irá documentando el tabasqueño para exhibir lo que él llama, en corto, “la banda de Los Pinos”.
A los documentos y señalamientos que ya empezaron a filtrar sobre César Nava, el influyente secretario particular del Presidente, a quien el coordinador de los diputados perredistas Javier González Garza se refirió ayer como “pieza clave”, hay otros dos calderonistas de primera línea, cuyos nombres saldrán a relucir en la estrategia de López Obrador para exhibir una supuesta red de tráfico de influencias tejida desde hace varios años.
Dionisio Pérez-Jácome Friscione, subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es el tercero en la lista de AMLO. Los señalamientos en su contra serán por su participación en la asignación de un contrato por 15 mil millones de dólares (10,812 millones de euros) para el suministro de gas licuado a la empresa española Repsol YPF.
El contrato, con una duración de 15 años, es para que la compañía extranjera maneje la terminal de gas natural del puerto de Manzanillo, y se calcula que el volumen total de gas suministrado en estos 15 años ascenderá a más de 67 bcm —más del doble del consumo anual de gas en España—. El combustible procederá de la planta de licuación de Camisea (Perú), en donde la misma Repsol YPF es comercializador exclusivo.
El cuarto en la mira lopezobradorista es Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad, a quien le tienen preparado un expediente relacionado con contratos otorgados por la empresa paraestatal a compañías privadas.
Pero el objetivo mayor del plan del tabasqueño es el quinto elemento. Ese sería, según la maquinación que han armado en el cuartel del autonombrado “gobierno legítimo”, el mismo presidente Felipe Calderón, a quien López Obrador señala como el jefe de la presunta red de complicidades. Falta ver si para llegar hasta el quinto que tiene en la mira Andrés Manuel, tiene algo claro y contundente.
¿De dónde salió el parque?
El caso Mouriño y el fuerte impacto que tuvo la acusación de tráfico de influencias en contra del secretario de Gobernación han desatado un hervidero en las cúpulas del PAN. ¿De dónde está saliendo la información con la que golpea AMLO?, se preguntan los panistas.
Hay en los altos círculos de Acción Nacional dos hipótesis sobre el origen de los documentos oficiales utilizados en estos ataques. La primera indica que “es El Yunque”, y quienes lo sostienen afirman que detrás de los expedientes presentados por López Obrador en contra del titular de Bucareli está oculta la mano de los sectores más conservadores del panismo, que se vieron afectados por el desplazamiento ordenado por el presidente Calderón y operado personalmente por Juan Camilo cuando era jefe de la Oficina de la Presidencia.
Según esa tesis, nombres como los de Manuel Espino, además de otros panistas identificados con la ultra blanquiazul y que ocupan importantes posiciones en el Congreso, tendrían que ver con las filtraciones de documentos oficiales utilizadas por AMLO, para acusar públicamente al inquilino de Bucareli.
El argumento para esta hipótesis está en que Espino y compañía estarían cobrando las facturas que les debía Mouriño por las operaciones que realizó contra su grupo en casos como las pasadas elecciones por la gubernatura de Yucatán o la derrota de los espinistas en la pasada elección por la dirigencia nacional del PAN.
Pero hay otra versión que se escucha en los círculos blanquiazules y resulta aún más inquietante: que el golpeteo y el desgaste al que fue sometido el secretario de Gobernación son del conocimiento de Los Pinos, y tienen que ver con una negociación al más alto nivel en la que el PRI le pidió al presidente Calderón tres cabezas de integrantes del gabinete como condición para aprobar la red energética.
De esas tres posiciones que la cúpula priísta le puso como condición a Calderón, los panistas que sostienen esa versión afirman que ya fueron negociadas la cabeza del secretario de Gobernación, la del secretario de Agricultura y que falta una posición que se conocerá pronto. Es decir, que el desgaste de Mouriño Terrazo había sido conocido y consentido desde las alturas gubernamentales y, una vez que se apruebe la reforma energética, el Presidente podría decidir cambiar a Juan Camilo a otra posición, luego del sacrificio del inquilino de Bucareli.
sgarciasoto@hotmail.com
salvador.garcia@eluniversal.com.mx
Columna Desfiladero/Jaime Avilés
salvador.garcia@eluniversal.com.mx
Columna Desfiladero/Jaime Avilés
Publicado en La Jornada, 8/03/2008;
■ Pemex: documentos falsos para salvar a Mouriño
■ Evidente alianza de los chuchos con Calderón
■ Zavaleta, ideóloga de Gamboa
Después de la comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el jueves ante el Sutrite (Supremo Tribunal de la Televisión), surgen razonables dudas. ¿Al reconocer que firmó con Pemex contratos de servicios en beneficio de su empresa, Ivancar, cuando era diputado federal panista y luego coordinador de asesores de Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía, el favorito de Los Pinos se echó la soga al cuello o inició, más bien, su defensa jurídica? Veamos… En apariencia, Mouriño aceptó ser culpable de haber violado el Código Penal Federal, en la modalidad de tráfico de influencias, coalición de funcionarios y delincuencia organizada, infracciones por las que podría ser inhabilitado de por vida, multado e incluso enviado a la cárcel… Sin embargo, las acusaciones podrían desvanecerse al tenor del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…) de su empleo”, todo servidor público deberá (inciso XIII) “abstenerse de celebrar contratos relacionados con prestación de servicios de cualquier naturaleza (…) con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte (…) sin la autorización previa y específica de la Secretaría (de la Función Pública) a propuesta del titular de la entidad o dependencia de que se trate”, en este caso Pemex… Dicho de otro modo, si los abogados del titular de Gobernación consiguen presentar una “autorización previa y específica” de la Secretaría de la Función Pública, emitida de 2000 a 2004, para que Mouriño firmara esos contratos a petición de Pemex, el mozalbete gallego quedaría a salvo… de la cárcel, de la multa y de la inhabilitación, y sus cómplices en el presunto tráfico de influencias –los ex directores de Pemex Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como el actual, Jesús Reyes Heroles– volverían a conciliar el sueño, pero nada lo librará del descrédito en que ha caído sólo dos meses después de haber asumido la oficina de Bucareli… Esta columna apuesta doble contra sencillo a que en este preciso momento el gobierno espurio está abocado a la búsqueda o falsificación de tales “autorizaciones previas y específicas”, y no porque Desfiladero posea una bola de cristal sino porque así lo adelantaron, indiscretos como son, el senador Santiago Creel y el líder panista Germán Martínez, luego de reunirse con Mouriño el jueves por la mañana… De acuerdo con una nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada ayer en la página 5 de este diario, los sagaces tinterillos de la ultraderecha golpista opinaron que si el asunto saliera del Congreso –es decir, si dejara de ser político– y llegara al ámbito de la procuraduría, los asesores de Mouriño contarían con todos los elementos para defenderlo, “especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste”, que firmar esos contratos con Ivancar… Más claro, entonces, ni el agua. No obstante, no podrán desmentir que Mouriño violó la fracción número 14 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice que éstos deberán “informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos (de interés personal, familiar o de negocios)” en que participen durante el desempeño de su cargo. ¿Y por qué no podrán desmentirlo? Hostia, porque el mismísimo Mouriño, durante su presentación en Televisa, el jueves, declaró en vivo y en directo, de costa a costa y de frontera a frontera, que mientras fue diputado federal y más tarde coordinador de asesores de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, esto es, su jefe inmediato y superior jerárquico en ambos casos, “desconocía la existencia, a detalle, de mi participación en las transacciones” con Pemex… Salta a la vista, pues, que Mouriño está condenado a retirarse del servicio público antes de los “dos o tres meses” de gracia que le dio el diputado Juan N. Guerra, y que muy pronto caerá por varias e importantes razones: una, porque su situación jurídica, aun en el mejor de los casos, es insostenible; dos, porque su autoridad moral para prevalecer como “jefe” de la política interior es nula, y tres, porque todos los altos funcionarios que aparecen involucrados junto a él en presunto tráfico de influencias, delincuencia organizada y lo que resulte van a preferir sacrificarlo que sostenerlo… Es muy ilustrativo que, en esta obvia coyuntura, los principales chuchos del PRD intenten mirar para otro lado con la secreta esperanza de que la suerte le vuelva a sonreír a Mouriño. Allí está el ejemplo de Ruth Zavaleta, quien decidió no hablar del tema porque, así dijo, “no soy Ministerio Público”, plasmando una idea tan seductora que el priísta Emilio Gamboa Patrón no tuvo empacho en repetirla textualmente…. De igual modo, por obra y gracia de los propios chuchos, que se ausentaron el pasado miércoles del salón de sesiones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se abstuvo de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear una comisión especial que investigue el tráfico de influencias y otros delitos atribuidos a Mouriño… Con tales posturas, los chuchos ratifican la evidente alianza que han establecido con Felipe Calderón, para robarse, o sea, ganar de cualquier forma, las elecciones internas del próximo domingo 16. Prueba de ello es la carta que una lectora le mandó a Julio Hernández y que éste publicó ayer, para contarle que recibió en su casa propaganda de Jesús Ortega, con datos que sólo poseen el IFE e Hildebrando, es decir, el gobierno de facto… Pero los chuchos están actuando a la sombra de los gobernadores perredistas, como sucede en el estado de Chiapas, donde Gyovani Campos, a nombre del secretario de Gobierno de Juan Sabines, Jorge Antonio Morales, coordina a los delegados de esa dependencia en las distintas regiones de la entidad, para que hablen con los presidentes municipales de todos los partidos políticos a fin de que éstos, en conjunto, le garanticen 100 mil votos a Ortega y a su candidato local, Alejandro Gamboa…
■ Pemex: documentos falsos para salvar a Mouriño
■ Evidente alianza de los chuchos con Calderón
■ Zavaleta, ideóloga de Gamboa
Después de la comparecencia de Juan Camilo Mouriño, el jueves ante el Sutrite (Supremo Tribunal de la Televisión), surgen razonables dudas. ¿Al reconocer que firmó con Pemex contratos de servicios en beneficio de su empresa, Ivancar, cuando era diputado federal panista y luego coordinador de asesores de Felipe Calderón Hinojosa en la Secretaría de Energía, el favorito de Los Pinos se echó la soga al cuello o inició, más bien, su defensa jurídica? Veamos… En apariencia, Mouriño aceptó ser culpable de haber violado el Código Penal Federal, en la modalidad de tráfico de influencias, coalición de funcionarios y delincuencia organizada, infracciones por las que podría ser inhabilitado de por vida, multado e incluso enviado a la cárcel… Sin embargo, las acusaciones podrían desvanecerse al tenor del artículo 47 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que señala: “para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia (…) de su empleo”, todo servidor público deberá (inciso XIII) “abstenerse de celebrar contratos relacionados con prestación de servicios de cualquier naturaleza (…) con quien desempeñe un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien con las sociedades de las que dichas personas formen parte (…) sin la autorización previa y específica de la Secretaría (de la Función Pública) a propuesta del titular de la entidad o dependencia de que se trate”, en este caso Pemex… Dicho de otro modo, si los abogados del titular de Gobernación consiguen presentar una “autorización previa y específica” de la Secretaría de la Función Pública, emitida de 2000 a 2004, para que Mouriño firmara esos contratos a petición de Pemex, el mozalbete gallego quedaría a salvo… de la cárcel, de la multa y de la inhabilitación, y sus cómplices en el presunto tráfico de influencias –los ex directores de Pemex Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo, así como el actual, Jesús Reyes Heroles– volverían a conciliar el sueño, pero nada lo librará del descrédito en que ha caído sólo dos meses después de haber asumido la oficina de Bucareli… Esta columna apuesta doble contra sencillo a que en este preciso momento el gobierno espurio está abocado a la búsqueda o falsificación de tales “autorizaciones previas y específicas”, y no porque Desfiladero posea una bola de cristal sino porque así lo adelantaron, indiscretos como son, el senador Santiago Creel y el líder panista Germán Martínez, luego de reunirse con Mouriño el jueves por la mañana… De acuerdo con una nota de Andrea Becerril y Víctor Ballinas, publicada ayer en la página 5 de este diario, los sagaces tinterillos de la ultraderecha golpista opinaron que si el asunto saliera del Congreso –es decir, si dejara de ser político– y llegara al ámbito de la procuraduría, los asesores de Mouriño contarían con todos los elementos para defenderlo, “especialmente para justificar el porqué Pemex no tuvo otra opción, en el sureste”, que firmar esos contratos con Ivancar… Más claro, entonces, ni el agua. No obstante, no podrán desmentir que Mouriño violó la fracción número 14 de la citada Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que a la letra dice que éstos deberán “informar por escrito al jefe inmediato y, en su caso, al superior jerárquico sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos (de interés personal, familiar o de negocios)” en que participen durante el desempeño de su cargo. ¿Y por qué no podrán desmentirlo? Hostia, porque el mismísimo Mouriño, durante su presentación en Televisa, el jueves, declaró en vivo y en directo, de costa a costa y de frontera a frontera, que mientras fue diputado federal y más tarde coordinador de asesores de la Secretaría de Energía, Felipe Calderón, esto es, su jefe inmediato y superior jerárquico en ambos casos, “desconocía la existencia, a detalle, de mi participación en las transacciones” con Pemex… Salta a la vista, pues, que Mouriño está condenado a retirarse del servicio público antes de los “dos o tres meses” de gracia que le dio el diputado Juan N. Guerra, y que muy pronto caerá por varias e importantes razones: una, porque su situación jurídica, aun en el mejor de los casos, es insostenible; dos, porque su autoridad moral para prevalecer como “jefe” de la política interior es nula, y tres, porque todos los altos funcionarios que aparecen involucrados junto a él en presunto tráfico de influencias, delincuencia organizada y lo que resulte van a preferir sacrificarlo que sostenerlo… Es muy ilustrativo que, en esta obvia coyuntura, los principales chuchos del PRD intenten mirar para otro lado con la secreta esperanza de que la suerte le vuelva a sonreír a Mouriño. Allí está el ejemplo de Ruth Zavaleta, quien decidió no hablar del tema porque, así dijo, “no soy Ministerio Público”, plasmando una idea tan seductora que el priísta Emilio Gamboa Patrón no tuvo empacho en repetirla textualmente…. De igual modo, por obra y gracia de los propios chuchos, que se ausentaron el pasado miércoles del salón de sesiones, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se abstuvo de aprobar un punto de acuerdo para exhortar a los diputados federales a crear una comisión especial que investigue el tráfico de influencias y otros delitos atribuidos a Mouriño… Con tales posturas, los chuchos ratifican la evidente alianza que han establecido con Felipe Calderón, para robarse, o sea, ganar de cualquier forma, las elecciones internas del próximo domingo 16. Prueba de ello es la carta que una lectora le mandó a Julio Hernández y que éste publicó ayer, para contarle que recibió en su casa propaganda de Jesús Ortega, con datos que sólo poseen el IFE e Hildebrando, es decir, el gobierno de facto… Pero los chuchos están actuando a la sombra de los gobernadores perredistas, como sucede en el estado de Chiapas, donde Gyovani Campos, a nombre del secretario de Gobierno de Juan Sabines, Jorge Antonio Morales, coordina a los delegados de esa dependencia en las distintas regiones de la entidad, para que hablen con los presidentes municipales de todos los partidos políticos a fin de que éstos, en conjunto, le garanticen 100 mil votos a Ortega y a su candidato local, Alejandro Gamboa…
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