La disputa por Tijuana

La disputa por Tijuana
Jorge Carrasco Araizaga, reportero.
Revista Proceso no 1644, 4/05/2008;

El secretario de la Defensa, general Guillermo Galván Galván, suplió al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en la solución de un conflicto político: el enfrentamiento entre el gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, y el comandante de la II Región Militar, Sergio Aponte Polito, quien acusó a funcionarios judiciales y mandos policiacos de la entidad de tener vínculos con el narcotráfico. Para zanjar las diferencias, Galván reunió en sus oficinas a autoridades civiles estatales y federales. Unas horas después, estalló una sangrienta batalla entre grupos en pugna del cártel de los Arellano Félix. Aponte tenía razón: policías locales participaron en ese hecho.
TIJUANA, BC.– La complicidad con el narcotráfico de funcionarios judiciales y mandos policiacos de Baja California y de la ciudad de Tijuana –ambas gobernadas por el PAN– provocó un enfrentamiento entre dos aliados del presidente Felipe Calderón: el Ejército y el gobernador de esa entidad, José Guadalupe Osuna Millán.
Tal conflicto ocurrió en medio de la crisis que sufre el cártel de los Arellano Félix, la cual se ha reflejado en matanzas, robos y levantones realizados en las últimas semanas y en los que han participado miembros de las corporaciones policiacas estatal y municipal de Tijuana.
El general de división Sergio Aponte Polito, comandante de la II Región Militar –una de las más importantes del país, pues comprende los estados de Baja California, Baja California Sur y Sonora– lanzó un misil: en una carta pública difundida el pasado 23 de abril, expuso 11 casos en los que elementos de las policías estatales y municipales estuvieron involucrados en la protección a narcotraficantes.

Al ofrecer los hechos y los nombres de los agentes, el general confrontó al procurador del estado, Rommel Moreno Manjarrez, quien, ante previos señalamientos de Aponte Polito, había pedido pruebas: “Aquí las tiene”, apuntó el general en su misiva.
De paso, señaló varios casos de víncu-los con el narcotráfico por parte de elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y de la Agencia Federal de Investigación (AFI), a cargo del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
Sobre este último punto, la oficina en Tijuana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos tiene registradas acusaciones contra policías federales por los delitos de robo y extorsión. El semanario Zeta documentó en abril pasado que incluso han actuado con órdenes de cateo apócrifas. El coordinador de las fuerzas federales en el estado es el general José Antonio Guzmán Cueto.
El arreglo
El general Aponte –próximo al retiro– ha concitado apoyo social por sus operativos contra el narcotráfico y por las críticas a las autoridades estatales y municipales.
Por ejemplo, el 19 de febrero de 2007, durante una ceremonia por el Día del Ejército, anunció la ruptura con la administración del entonces gobernador Eugenio Elorduy, a la que responsabilizó de proteger al narcotráfico.
Tras la llegada del gobierno de Osuna Millán, concentró sus críticas contra la Procuraduría de Justicia del Estado, a cargo de Moreno Manjarrez. En varias ocasiones declaró a la prensa local que no hacía nada para sanear a la Policía Estatal Preventiva y a la Policía Ministerial del Estado de elementos vinculados con la delincuencia organizada.
Luego, tal como lo hizo en Sinaloa hace dos años, cuando fue comandante de la IX Zona Militar, Aponte Polito estableció un programa de denuncia ciudadana en el que no participan los cuerpos policiacos.
Así, a partir de enero pasado puso a disposición de la ciudadanía líneas telefónicas de la II Región Militar y habilitó tres direcciones electrónicas para recibir denuncias. Una de ellas contiene una clara crítica a las corporaciones policiacas: nosotrossivamos2zm@yahoo.com.mx.
La respuesta fue masiva. No era para menos: Baja California es el estado con mayor incidencia delictiva. Tan sólo en los primeros cuatro meses del año se han registrado cerca de 150 homicidios y más de 70 secuestros relacionados con la delincuencia organizada.
A partir de las denuncias ciudadanas el Ejército realizó diversos operativos. No siempre la información era verídica, pero logró decomisos importantes.
Con sus críticas y sus acciones, el general se había convertido como uno de los principales actores de la vida pública estatal.
Sin embargo, su citada carta pública desató una crisis política. Para solucionarla, el gobierno federal no recurrió al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, sino al secretario de la Defensa, el general Guillermo Galván Galván.
El pasado 25 de abril se realizó una reunión en las oficinas del general secretario en la Ciudad de México. Acudió no sólo el comandante de la II Región Militar, sino el gobernador Osuna Millán y sus principales colaboradores: el secretario general de Gobierno, José Francisco Blake Mora, y el procurador estatal de Justicia, Moreno Manjarrez. También estuvieron presentes los secretarios de Gobernación, Mouriño, y de Seguridad Pública, García Luna.

La participación de los funcionarios en dicha reunión, así como el lugar en que ésta se llevó a cabo, fueron confirmados el pasado 30 de abril por el procurador Moreno Manjarrez durante una entrevista con el reportero.
Fue un hecho significativo: autoridades civiles acudieron a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa para resolver, bajo las directrices del general Galván, un conflicto político.
Allí se habría llegado a un acuerdo: un acto público que pusiera énfasis en la coordinación entre el Ejército y las autoridades civiles.
Así se hizo: el 29 de abril Osuna Millán encabezó un acto en la explana del Palacio Municipal de Tijuana en el que anunció la segunda etapa del Operativo Baja California. Al evento acudió el general Aponte Polito. Fue, en los hechos, un acto que utilizó el gobernador para mostrarse como la máxima autoridad formal del estado y disminuir la presencia pública del general Aponte.
A ese acto no acudió García Luna, a pesar de que la prensa anunció su visita. Lo hizo en su lugar Facundo Rosas, subsecretario de Inteligencia y Estrategia Policial de la SSP, quien informó que llegarán al estado más de 100 policías federales para apoyar el Operativo Baja California.
–¿Y cuántos elementos más del Ejército vendrán al estado? –preguntó el reportero al general Aponte Polito al término del acto.
El militar evadió: “Por seguridad no puedo decir cuantos elementos”. Y declaró que “esta es una ceremonia de unión, de fortaleza y de apoyo que va a brindar el Ejército”.
La batalla
En la madrugada del 26 de abril –apenas unas horas después del encuentro en las oficinas de la Sedena en la Ciudad de México–, dos grupos del cártel de los Arellano Félix sostuvieron un enfrentamiento armado en el bulevar Insurgentes, a la altura del fraccionamiento Arboledas de esta ciudad.
La razón: la disputa interna por el liderazgo de esta organización delictiva, la cual ha quedado diezmada por la muerte, el encarcelamiento y extradición de sus principales jefes.
Los hechos le dieron la razón al general Aponte Polito: en la balacera, en la que extraoficialmente hubo al menos 15 muertos, participaron cinco agentes de la Policía Ministerial de la entidad y 10 de la Policía Municipal de Tijuana, según reportó el semanario Zeta. Curiosamente, ambas corporaciones están al mando de militares. El director de la Policía Municipal es el teniente coronel Julián Leyzaola; el de la Policía Ministerial del estado, el general Florencio Cuevas.
Uno de los bandos en disputa habría intentado eliminar al menos a 40 sicarios de un grupo contrario, al que acusó de “calentar la plaza” con la ola de secuestros, robos y asesinatos que ha disparado aún más la violencia en el estado.
De acuerdo con información oficial obtenida por Proceso, Fernando Sánchez Arellano o Francisco Sánchez Arellano, alias El Ingeniero o El Fer, ordenó la ejecución. Este capo es al parecer hijo de Alicia Arellano Félix y sobrino de Benjamín, Ramón y Francisco Javier Arellano Félix. El primero de estos hermanos se encuentra encarcelado en La Palma, Estado de México; el segundo, fue asesinado en Mazatlán, Sinaloa, y el tercero, fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua.
En febrero pasado el general Aponte informó que las actuales cabezas de la organización son los hermanos Eduardo y Enedina Arellano Félix, quienes radicarían en la vecina ciudad estadunidense de Los Ángeles. Ubicó como segundos en la línea de mando, encargados de las finanzas de la organización, a Manuel Aguirre, El Caballo, y a Gustavo Rivera, El Gus o el P1, recientemente detenido en Baja California Sur.
En el siguiente nivel estaría El Ingeniero, quien parece perfilarse como líder máximo del clan. Sin embargo, enfrenta la resistencia de algunos miembros del grupo, en particular de Teodoro García Simental, alias El Teo o El Tres Letras.
De acuerdo con información policial a la que tuvo acceso este semanario, los grupos en pugna se dividen geográficamente el control de la ciudad: El este es dominado por El Teo, apoyado por los sicarios José Filiberto Parra Ramos, alias La Perra, y Raydel Rosalio López, alias Luis Alfonso Velarde o El Muletas, de quien se cree que estuvo en la balacera del 26 de abril. El oeste es controlado por El Ingeniero, quien cuenta con el apoyo de su lugarteniente Jorge Briseño, El Cholo.
Además, en cada una de las nueve delegaciones en que se divide la ciudad, la policía estima que hay entre 150 y 200 sicarios, quienes se encargan del trasiego y distribución de droga, del narcomenudeo y de la vigilancia de estas operaciones.
De acuerdo con esta información, El Teo no reconoce la autoridad de El Ingeniero. No le contesta ya las llamadas. Y por su cuenta intensificó sus operaciones, en especial el secuestro. Incluso, contra personas cercanas a quien apunta ser el heredero de la organización.
La mañana del 24 de abril, un día después de la carta del general Aponte Polito y dos días antes del enfrentamiento, fueron levantadas dos personas. Una de ellas fue identificada como hermano de uno de los síndicos del pasado gobierno municipal de Jorge Hank Rohn. El secuestrado, quien se encontraba en una casa de seguridad en el lado este de la ciudad, fue liberado violentamente al día siguiente por la gente de El Cholo.
Dos meses antes, un empresario también cercano a El Ingeniero fue secuestrado por el grupo de El Teo. Sánchez Arellano le preguntó a García Simental si lo tenía, pero éste le aseguró que no. Según los informes policiales, el empresario identificó como uno de sus secuestradores a un sicario que participó en la balacera de la madrugada del 26 de abril.
A principios de ese mismo mes, tres agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) fueron asesinados. Según la información policial a la que tuvo acceso el reportero, ello significó un rompimiento de los acuerdos de El Ingeniero con la PGR.
En respuesta a las acciones de El Teo, El Ingeniero ordenó la movilización de más de 100 de sus hombres. El objetivo era una ejecución masiva. Pretendía acabar hasta con 40 sicarios del grupo contrario. Pero fue él quien sacó la peor parte: perdió a importantes colaboradores.
Según la Procuraduría de Justicia del Estado (PGJE) en el enfrentamiento murieron 13 personas y 10 más resultaron heridas, varias de gravedad. Un cadáver más fue rescatado por uno de los grupos. Un número indeterminado huyó.
Hasta el pasado 30 de abril, la PGJE informó que sólo cuatro de los fallecidos estaban identificados –jóvenes de entre 21 y 25 años de edad– y que dos de sus policías estaban desaparecidos desde la madrugada de la balacera, por lo que había iniciado el proceso de su remoción.
Se trata de Eduardo Logan Rojas y José Valentín García Topete, quienes tenían seis y 13 años de trabajar en la PGJE, respectivamente, y pertenecían al Grupo Contra Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar. En el lugar de la balacera se encontró un auto Chevrolet Malibú color blanco, propiedad de la procuraduría estatal y a cargo de Logan. La dependencia no informó del resto de los vehículos o de más policías involucrados.
Los 10 heridos quedaron detenidos. Cinco de ellos ya fueron trasladados al Centro Nacional de Arraigos de la SIEDO, pues desde el 30 de abril el caso está en manos de la PGR, en la Ciudad de México. La mayoría de los detenidos también son jóvenes veinteañeros, incluida Ana Jenisse Heredia, presuntamente vinculada con una de las células de los Arellano.
Los heridos fueron concentrados en el Hospital General de Tijuana, que durante cinco días dejó de dar servicio a la población. El nosocomio fue resguardo por el Ejército y policías de diferentes corporaciones, lo mismo que las instalaciones de la delegación de la PGR en Tijuana, donde varios de los detenidos hicieron sus primeras declaraciones.
El 29 de abril, el general Aponte Polito ofreció datos que revelan la magnitud del enfrentamiento: se aseguraron 12 fusiles AK-47 y cuatro R-15, así como 47 cargadores de diferentes calibres, 2 mil 238 cartuchos, tres camionetas, logotipos de la policía municipal y otros artículos utilizados por los uniformados, como cascos, chalecos antibalas y cargadores para radios.
El enfrentamiento, que se extendió a otros dos puntos de la ciudad, dejó en el principal lugar de los hechos más de mil 500 casquillos percutidos. Además, los sicarios utilizaron una veintena de vehículos en la refriega.
Se trató del hecho más violento registrado en Tijuana.
Desencuentros
En entrevista con Proceso, el procurador estatal Moreno Manjarrez, responde a los señalamientos del general Aponte Polito: “Me recriminaron que no estuviera metido en los operativos. Pero dije que lo mío no eran las tácticas, sino las investigaciones, los asuntos periciales y legales. Además, hice ver mi desacuerdo en la participación de los militares en la procuración de justicia”, dice.
Excolaborador del general Rafael Macedo de la Concha cuando éste fue titular de la PGR, Moreno Manjarrez asegura: “Me tocó ver los desencuentros entre civiles y militares. Ni en la procuración y menos en la administración de justicia debe haber participación de militares porque no son abogados. Cuando el Congreso del estado me preguntó yo hablé de esa inconveniencia. No sé si fue el detonante (del conflicto con Aponte Polito)”.
Cuando este general comenzó a hacer señalamientos sobre la connivencia de policías estatales con narcotraficantes, el procurador estatal respondía con una frase: “Quiero pruebas”.
El jefe militar le replicó con la misiva pública del 23 de abril en la que acusó a la policía estatal, así como a la municipal y federal, de complicidad con el narcotráfico.
Todavía más, al día siguiente difundió en la prensa local otra carta en la que señaló a Sonia Patricia Navarro, una de las asesoras de Moreno Manjarrez, como antigua colaboradora de narcotraficantes.
Durante la entrevista con Proceso, Moreno Manjarrez defiende a Navarro, pero informa que está por iniciar el proceso de remoción de la funcionaria, quien ha interpuesto una denuncia contra quien resulte responsable por las acusaciones en su contra, sin señalar directamente al general Aponte Polito.
El procurador también se vio obligado a suspender de forma preventiva a tres agentes de la Policía Ministerial del estado: Macario Nakay Jiménez, Hernando Villegas Delgado y Martín Guzmán Montelongo, a quienes el general también señaló en su carta como cómplices del narco.
La separación fue anunciada por el general Florencio Cuevas, director de la corporación, al término del “acto de reconciliación” que se realizó en la explanada del palacio municipal de Tijuana.
A pesar de la violenta disputa del narco por esta plaza, el discurso oficial en ese acto mediático fue enfático: los hechos sangrientos son resultado de los operativos y “la coordinación” de los gobiernos federal, estatal y municipal para enfrentar al narcotráfico en la entidad.