Regreso al futuro

Publicado el miércoles en El Nuevo Herald on line 28 de mayo del 2008;

Más cárceles para ilegales y narcotraficantes en la frontera
McCLATCHY NEWSPAPERS
Hay muchos en el Congreso que cuentan con los muros fronterizos como factor disuasivo para la inmigración ilegal y el narcotráfico desde México. Aquí, en Del Río, Texas, las autoridades usan las cárceles.
La prisión del Condado Val Verde está repleta de jardineros y sirvientas, inmigrantes en espera de la deportación, atrapados en un operativo llamado Operación Streamline, un programa de cero tolerancia que comenzó aquí y desde entonces se ha extendido a lo largo de la frontera con México.
Los detractores del enfoque carcelario cuestionan los costos cada vez más elevados, se quejan de las malas condiciones que imperan en los centros de detención y pronostican que finalmente eso no impedirá que los inmigrantes y las drogas sigan entrando al país.
Pero los partidarios dicen que ha hecho bajar la delincuencia y disuade a los indocumentados de cruzar la frontera. El número de inmigrantes ilegales atrapados en el Sector Del Río de la Patrulla Fronteriza está a su nivel más bajo desde principios de los años 70.
"El método funciona'', dice D'Wayne Jernigan, policía del Condado Val Verde. ‘‘Decididamente hemos visto una reducción de la delincuencia en toda la zona fronteriza y menos extranjeros ilegales andan sueltos en la comunidad''.
Aunque las autoridades federales planean construir muros cerca del puente internacional que conecta a Del Río con Ciudad Acuña, Jernigan --que prefiere los policías a los muros-- dice que el tráfico de ilegales ha disminuido.
En todo 2007, 22,920 personas fueron detenidas en el sector Del Río y en su mayoría pasaron por la cárcel de Val Verde. En 1974, el año para el cual se poseen las cifras de fin de año más antiguas, se detuvieron más de 44,806 personas, casi el doble. No se sabe cuántos lograron pasar, pero el gobierno cree que menos personas capturadas significan que menos han cruzado.
Tan recientemente como en el 2000, en el sector se detuvieron 157,178 personas. Entonces, a fines del 2005, luego de una gran protesta por parte del jefe de policía y otros funcionarios locales, la Patrulla Fronteriza lanzó la Operación Streamline en el sector de Del Río. Después se amplió a Yuma, Arizona, y más recientemente a Laredo, Texas.
El nuevo plan tiene como meta ponerle fin a la controvertida práctica de detener y liberar a los indocumentados. Durante años, miles de extranjeros indocumentados capturados cerca de la frontera quedaban libres por falta de espacio carcelario y se les daba una citación para comparecer ante un tribunal. La mayoría simplemente se esfumaba en la economía clandestina.
Ahora el lema es "capturar y detener'', lo que significa que prácticamente todos los detenidos son enviados a un tribunal o se les deporta de inmediato.
El resultado es una carga logística y financiera para el Departamento de Justicia, que tiene que añadir abogados y otros empleados para encausar a los detenidos. El secretario de Justicia, Michael Mukasey, recientemente calificó de asombrosa esa carga.
Junto con eso ha surgido una demanda casi insaciable de espacio de prisiones.
Por ejemplo, hace ocho años la Prisión de Val Verde sólo tenía 180 camas. Este año, tras completarse una segunda ampliación de 600 camas, la cárcel de máxima seguridad tiene capacidad para 1,425 presos, un aumento de casi 800 por ciento.
Mientras la población carcelaria estatal se ha mantenido igual, entre 70 y 80 diarios como promedio, los detenidos por delitos de drogas o inmigración son muchos más, según cifras oficiales.
"Si no fuera por los presos federales no necesitaríamos nada de esto. Simplemente no sería necesario'', dijo Jernigan durante una gira reciente por la enorme instalación que supervisa en Del Río. "Es una ciudad con tribunales federales y hay que albergar a presos federales''.
También se construyen dos prisiones que albergarán detenidos federales junto a la frontera de Texas y México, al sur de Del Río: una de 654 camas en Eagle Pass y una de 1,500 en Laredo, que ya está casi terminada.
Lo mismo que la de Val Verde, las instalaciones, operadas por empresas privadas, pertenecen al Geo Group, Inc., antes conocido como Wackenhut, que informó que el año pasado fue el de más ganancias en su historia.
Incluso la mayor cárcel para inmigrantes ilegales, el centro de Detención del Condado Willacy, era demasiado pequeña para acomodar las necesidades federales. Situada en Raymondville, Texas, y conocida como Prisonville, desarrolla una ampliación para aumentar su capacidad de 2,000 a 3,000 camas este año, se informa.
Este auge de detenciones no ha salido barato.
Según la Policía de Inmigración (ICE), cuesta $88 diarios alojar a un preso en instalaciones carcelarias privadas y casi $120 al día en los centros de procesamiento de la ICE.
En todo el país, el número promedio de presos detenidos a diario por la ICE ha aumentado 44 por ciento desde el 2001. Mientras tanto, el presupuesto de operaciones de detención y deportación de esta entidad ha aumentado a más del doble en los últimos cuatro cuatro años, $959 millones en el año fiscal 2004 a $2,400 millones en el 2008, según información oficial.
Controlar la permeable frontera sur se convirtió en una prioridad nacional urgente después de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Por ejemplo, el número de agentes de la Patrulla Fronteriza se habrá duplicado, a 18,000 miembros, para cuando el presidente Bush deje su cargo, según funcionarios federales.
Pero las reformas de inmigración propuestas por Bush --entregar permiso de trabajo temporal a ciertos obreros mexicanos-- se desplomó el año pasado en el Congreso. Eso allanó el camino para redadas en los centros laborales, un aumento de multas para los empleadores que contratan a ilegales, la ampliación de programas de verificación electrónica del estatus de los trabajadores y una amplia gama de medidas contra la inmigración ilegal promulgadas por las legislaturas estatales.