¿Pacto el EPR con el gobierno?

Columna La historia en Breve/Ciro Gómez Leyva

Publicado en Milenio Diario, 24/07/2008;

El confort del EPR
Poco a poco se va redondeando la información perfilada aquí el 30 de abril: funcionó el trabajo de inteligencia del gobierno para evitar nuevos atentados; funcionó el contacto, que no negociación, en las tuberías entre el gobierno y el EPR.
Ayer, El Universal (nota de Alejandro Jiménez) aportó otro granito de arena. Con base en “fuentes de inteligencia”, asegura que “como resultado de la negociación, se detuvo un nuevo atentado a instalaciones estratégicas del país y se evitó una serie de detenciones de personas vinculadas con la guerrilla”.
¿Contacto o negociación? Habrá que precisarlo.
A partir de lo anterior aventuro una nueva hipótesis. Esta vez sobre las razones del EPR para buscar la negociación pública con el gobierno federal.
A diferencia de lo ocurrido en otros países y otras épocas, el gobierno mexicano no ha sido brutal con las guerrillas, especialmente de 1994 a la fecha. Un estudioso me hizo ver que, por lo mismo, la condición de rebelde se ha convertido en un estatus singular: la de un guerrillero de bajo riesgo que suele participar en el juego político de las clientelas. Presiona (con las armas) y obtiene beneficios concretos del poder.
Es sintomático que la gran demanda del grupo guerrillero más activo de México haya sido la aparición de dos, dos de sus dirigentes.
Pero el impacto y las secuelas del movimiento de la APPO en 2006 y los atentados a Pemex en 2007 se presentaron también como un alto riesgo al modelo guerrillero de bajo riesgo. El gobierno ya no podía hacerse el que no veía. De ahí la hipótesis: la búsqueda de una negociación por parte del EPR estaría motivada por la necesidad de recuperar el confort del juego de la guerrilla limitada.
De vivir sin mucho riesgo.gomezleyva@milenio.com
Pactan en secreto con el EPR:

Alejandro Jiménez, reportero

El Universal, PP, Lunes 23 de junio de 2008
El ajedrez político detrás de la tregua de la guerrilla. Según fuentes de inteligencia, el gobierno federal presionó con actuar contra los hermanos Cerezo, por lo que el grupo armado frenó los nuevos atentados que ya estaba preparando

Detrás de la iniciativa del Ejército Popular Revolucionario (EPR) para crear una instancia de mediación civil que coadyuve a buscar a sus militantes desaparecidos en mayo de 2007 hubo una secreta y tensa negociación política entre el grupo armado y el gobierno federal, que detuvo un nuevo atentado a instalaciones estratégicas del país y evitó una serie de detenciones de personas vinculadas a la guerrilla.
Una reconstrucción de lo sucedido -de acuerdo con fuentes de inteligencia- las horas previas al 24 de abril, fecha en la que el EPR pidió a cinco intelectuales mediar ante las autoridades para buscar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, arroja que los aparatos de seguridad del Estado detectaron a inicios de ese mes que el grupo armado estaba adquiriendo material explosivo para realizar un nuevo atentado, similar a los cometidos contra ductos de Pemex en julio y septiembre de 2007.
La alerta generada por este movimiento hizo que el gobierno enviara por canales extraoficiales, pero de segura recepción, un mensaje a la comandancia general del EPR en el sentido de que si se daba un nuevo ataque, se detendría a los hermanos Alejandro y Francisco Cerezo, actualmente en libertad, y se regresaría a prisiones de alta seguridad a Antonio y Rafael Cerezo, detenidos en el penal de Atlalcholoaya, Morelos, quienes para el gobierno son los cuatro hijos de los dirigentes máximos del grupo armado, Tiburcio Cruz y Elodia Canseco.
Como antecedente, el 11 de marzo anterior, sin explicación jurídica, Antonio había sido trasladado del penal de máxima seguridad del Altiplano al de Morelos, donde ya se encontraba su hermano Rafael, ambos acusados de atentar contra una sucursal bancaria en 2001, a nombre de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo (FARP).
El movimiento habría sido un mensaje de distensión al EPR de parte del gobierno federal, que ha insistido que ninguna autoridad federal intervino en la detención y desaparición de los militantes eperristas en mayo de 2007, lo que deja en autoridades oaxaqueñas la responsabilidad del caso.
La señal, sin embargo, habría sido ignorada por el grupo armado. El 22 de abril, además del movimiento de explosivos detectado, el EPR emitió un comunicado con la amenaza de acciones armadas, al no aparecer Reyes y Cruz.
Fue cuando vino el intercambio de mensajes, que se acompañó, el jueves 24 de abril a mediodía, con un extraño correo electrónico, en el que un presunto grupo armado aseguraba tener a los desaparecidos y estrechaba todo a una sola disyuntiva: optar por la vía política o por la armada.
De forma inusual, a las 11 de la noche de ese viernes el EPR emitió un comunicado en el que propuso los nombres de Samuel Ruiz, Rosario Ibarra, Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas y Carlos Montemayor, como intermediarios ante el gobierno para dar con el paradero de Edmundo Reyes y Gabriel Alberto Cruz. Se impuso la política.
Al ser aceptada la iniciativa por los intelectuales, el EPR declaró una tregua unilateral durante el tiempo que dure esta comisión, lo que anuló, por lo pronto, la posibilidad de un nuevo atentado y se conjuró la detención de personas ligadas al grupo armado.