Tal y como estaba previsto el Presidente Felipe Calderón envió al Congreso (Cámara de Diputados) propuestas relativas al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Las iniciativas serán turnada hasta la sesión del próximo jueves 2 de octubre a las comisiones de Seguridad Pública y Justicia.
Y es que en la XXIII Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el día 21 de agosto de 2008, se hicieron varios compromisios, uno de ellos fue en el artículo 3 "el Poder Legislativo Federal se compromete a alcanzar los siguientes objetivos:
XXIX. Dar trámite legislativo a las iniciativas que en materia de justicia y seguridad pública sean presentadas antes del día primero de octubre ( o sea hoy) en cualquiera de las dos Cámaras del Congreso de la Unión.
El Congreso de la Unión se compromete a dictaminar y votar todas las iniciativas presentadas.
• Tiempo de Ejecución: Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de la LX Legislatura Federal."
***
El Presidente dio un mensaje en Los Pinos acompañado de los titulares de Segob, Sedena, Marina y SSP; ahí anunció el envío de diversas iniciativas en materia de seguridad pública, en cumplimiento con los plazos del Acuerdo Nacional por la Seguridad y la Legalidad.
Este es el mensaje:
Muy buenas tardes amigas y amigos de los medios de comunicación.
Nuestra generación ha asumido el reto histórico de convertir a México en un país de leyes. Un país libre de la violencia y de la acción impune del crimen y la delincuencia.
Para lograrlo es indispensable que sigamos avanzando en la transformación de nuestras instituciones de seguridad y justicia, así como en la adecuación del marco legal que las rige.
Es por eso que les comunico a ustedes que el día de hoy, en la fecha señalada por el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como compromiso del Poder Ejecutivo, enviaré al Congreso de la Unión diversas iniciativas.
Una. La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como una serie de reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales.
Se trata de iniciativas legislativas, acordes con los grandes retos que hoy enfrenta México en materia de seguridad pública, y que permitirán a los tres órdenes de Gobierno avanzar de manera conjunta en la lucha frontal contra la delincuencia.
Como he dicho, con estas iniciativas, además, damos cabal cumplimiento al compromiso asumido por el Ejecutivo, a mi cargo, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
La situación en materia de seguridad pública que hoy enfrentamos no puede entenderse sin el cobijo que por años le ha brindado la impunidad a la delincuencia.
En particular, entre otros factores, hay dos que propician este problema.
Primero. Una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país.
Segundo. El contubernio de criminales con algunas autoridades que por coacción o cooptación han permitido el crecimiento de las actividades delictivas, e incluso han llegado a participar directamente en ellas.
De esta manera, delitos como la venta de pequeñas cantidades de droga, no sólo cancelan el futuro de nuestra juventud, sino que propician la degradación social de las comunidades, abriendo las puertas a actividades ilícitas cada vez más graves.
También, el hecho de la indefinición aparente de competencias entre la Federación y las autoridades locales, propicia que la criminalidad realice sus actividades con total impunidad, aprovechando, precisamente, la falta de coordinación entre las diversas instancias de Gobierno.
Es momento, señoras y señores, de cerrar espacios de operación a la delincuencia y acabar con la impunidad que cobija al crimen y a la violencia.
Es por eso que la principal iniciativa que presentaré esta tarde, será la Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene entre sus principales objetivos los siguientes.
En primer lugar, establecer las bases e instancias de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, para que todos nos integremos al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para ello, se reconoce al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia superior, encargada de establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública.
Con voluntad firme uniremos los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para devolver la seguridad y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Asimismo, se establecen diversos lineamientos para asegurar la coordinación eficaz entre el Ministerio Público de la Federación y los Ministerios Públicos de los estados y, a su vez, de éstos con las policías de todo el país.
La iniciativa busca también fortalecer la capacidad de la policía para investigar los delitos, siempre bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, lo que contribuirá, sin menoscabo de la investigación preventiva para la seguridad, a dar respuesta efectiva al reclamo urgente de los ciudadanos de terminar con la impunidad.
En segundo lugar. Se adopta un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial. Con ello se podrán desarrollar al máximo las competencias y capacidades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
El objetivo es poner al servicio de los ciudadanos servidores y policías profesionales para proteger a las familias y las comunidades del país.
En tercer lugar. La ley crea el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, que se encargará de evaluar y certificar a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y establecerá para los tres órdenes de Gobierno los criterios mínimos de confiabilidad con los que deben cumplir.
Así, se propone la creación de un Certificado Único Policial que garantizará que quienes porten el uniforme de policía reúnan los requisitos de confianza exigidos para cumplir esta delicada tarea.
Queremos que la sociedad tenga la certeza de que los elementos que integran los cuerpos policiacos en el país sirven a los ciudadanos y no a los delincuentes.
En cuarto lugar. Se establece el Sistema Único de Información Criminal que contendrá una base de datos compartida entre la Federación, los estados y los municipios.
Se trata de concentrar y armonizar toda la información con que cuenta el Estado sobre la delincuencia para generar estrategias eficaces a fin de derrotarla.
Con la iniciativa también estamos fortaleciendo Plataforma México, con diversas bases de datos que nos permitirán tener más eficacia en términos de inteligencia e información contra la acción de los criminales.
En Quinto lugar. La iniciativa contempla mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.
Para ganar la batalla contra la delincuencia es fundamental que la sociedad se comprometa en esta lucha y que cuente con instrumentos legales para hacerlo, como los que propone la iniciativa que presento.
En sexto lugar. Se establecen procedimientos policiales para regular el uso de la fuerza pública, con el fin de que la actuación de la policía garantice la vigencia de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Además de esta importante iniciativa, hoy enviaré al Legislativo una propuesta de modificaciones al Código Penal Federal. Destacan:
En primer lugar. La prohibición de usar indebidamente la información contenida en Plataforma México.
En segundo. Se prohíbe la falsificación y uso indebido de uniformes, credenciales, insignias, vehículos o equipamiento de las fuerzas del orden.
Tercero. Se establece como delito el mal uso de las aportaciones federales destinadas para garantizar y fortalecer la seguridad pública.
Con ello, ponemos un alto a la corrupción de las fuerzas del orden, cuando su labor debe honrarse mediante el servicio honesto a los ciudadanos.
Además de atender los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional, damos cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal con estas iniciativas.
Por otra parte, sabemos que resulta indispensable dotar a las autoridades de mayores atribuciones para combatir de manera coordinada y erradicar la droga que pretende ser distribuida en los hogares de los mexicanos.
Por ello, también enviaré al Congreso un paquete de reformas: a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo, con las que buscamos concretar los consensos que se han venido logrando en varios años de discusión en el Congreso y dar un impulso renovador a esta iniciativa, a fin de que pueda ser concretada en breve por el Congreso de la Unión.
Buscamos, además, en segundo lugar, hacer efectivo el principio de concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades locales y la federal en el combate al narcomenudeo, así las policías locales y las autoridades ministeriales de los estados, también podrán, en el ámbito de su competencia, cuidadosamente delimitado, investigar y perseguir delitos de manera concurrente con la Federación, con la posesión, venta y distribución de narcóticos en pequeña escala.
En tercer lugar. Establecer como graves los delitos de comercialización y suministro de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y aumentar las penas para quien distribuya droga a menores de edad o en centros educativos y sus alrededores.
En cuarto lugar. La iniciativa propone un sistema de tratamiento terapéutico obligatorio sustitutivo, de sanciones a quienes, y aún cuando le sean encontradas drogas en dosis individuales, justifiquen su dependencia directa a éste o su uso para tratamiento médico; o bien, se trate, precisamente, de un uso por primera vez.
Se trata no sólo de reforzar el sistema penal de manera más coordinada en materia Federal, sino también establecer en ley mecanismos que propicien el acercamiento de los farmacodependientes o de los jóvenes que están cayendo en el uso de las drogas, al tratamiento y a la prevención de los mismos.
Sólo con leyes más fuertes podremos ganar espacios de acción a los delincuentes que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y que intentan envenenar a los hijos de los mexicanos con la droga.
Señoras y señores:
México vive un momento histórico, de ahí la importancia de la convocatoria a la unidad que he venido expresando en las últimas semanas.
Hoy la unidad no significa otra cosa que la obligación que tenemos todos los mexicanos de hacer a un lado cualquier interés personal o de grupo, y sumarnos sin reserva a la causa de construir un México de paz, legalidad, orden y libertades.
Unidos, hoy significa que todas las autoridades de los niveles y poderes de Gobierno en el país, asumamos con integridad y sin cortapisa la responsabilidad elemental del Estado, de proteger a la sociedad de quienes buscan dañarla.
Unidad, significa actuar con la convicción y firmeza del Presidente Juárez, quien ante los retos de su generación expresó: Todavía habrá necesidad de luchar, porque hay dificultades que vencer, pero las dificultades no harán más que aumentar la gloria del triunfo, porque es indudable que acabará por triunfar la causa del derecho.
Por ello, hoy damos un paso importante para reforzar las leyes que nos permitirán combatir con mayor eficacia el flagelo de la delincuencia.
Hoy también, en esta ocasión, refrendo mi llamado a la unidad y a la corresponsabilidad, llamo respetuosamente al Congreso a analizar, a debatir, a enriquecer y, en su caso, aprobar estas iniciativas legislativas.
Por parte del Gobierno Federal, reitero la convicción y la voluntad de seguir trabajando con todas las autoridades y todos los poderes sin distingos, con el fin de derrotar a la delincuencia y devolverle a nuestro México la esperanza de un futuro de seguridad y de paz, un futuro donde todos, sin excepción, podamos vivir mejor. Muchísimas gracias.
Nuestra generación ha asumido el reto histórico de convertir a México en un país de leyes. Un país libre de la violencia y de la acción impune del crimen y la delincuencia.
Para lograrlo es indispensable que sigamos avanzando en la transformación de nuestras instituciones de seguridad y justicia, así como en la adecuación del marco legal que las rige.
Es por eso que les comunico a ustedes que el día de hoy, en la fecha señalada por el Acuerdo por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, como compromiso del Poder Ejecutivo, enviaré al Congreso de la Unión diversas iniciativas.
Una. La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como una serie de reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código de Procedimientos Penales.
Se trata de iniciativas legislativas, acordes con los grandes retos que hoy enfrenta México en materia de seguridad pública, y que permitirán a los tres órdenes de Gobierno avanzar de manera conjunta en la lucha frontal contra la delincuencia.
Como he dicho, con estas iniciativas, además, damos cabal cumplimiento al compromiso asumido por el Ejecutivo, a mi cargo, en el marco del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
La situación en materia de seguridad pública que hoy enfrentamos no puede entenderse sin el cobijo que por años le ha brindado la impunidad a la delincuencia.
En particular, entre otros factores, hay dos que propician este problema.
Primero. Una malentendida división de competencias entre autoridades de los tres órdenes de Gobierno, que genera una falta de coordinación entre las policías y autoridades de procuración y administración de justicia en todo el país.
Segundo. El contubernio de criminales con algunas autoridades que por coacción o cooptación han permitido el crecimiento de las actividades delictivas, e incluso han llegado a participar directamente en ellas.
De esta manera, delitos como la venta de pequeñas cantidades de droga, no sólo cancelan el futuro de nuestra juventud, sino que propician la degradación social de las comunidades, abriendo las puertas a actividades ilícitas cada vez más graves.
También, el hecho de la indefinición aparente de competencias entre la Federación y las autoridades locales, propicia que la criminalidad realice sus actividades con total impunidad, aprovechando, precisamente, la falta de coordinación entre las diversas instancias de Gobierno.
Es momento, señoras y señores, de cerrar espacios de operación a la delincuencia y acabar con la impunidad que cobija al crimen y a la violencia.
Es por eso que la principal iniciativa que presentaré esta tarde, será la Iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que tiene entre sus principales objetivos los siguientes.
En primer lugar, establecer las bases e instancias de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios, para que todos nos integremos al Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Para ello, se reconoce al Consejo Nacional de Seguridad Pública como la instancia superior, encargada de establecer los lineamientos para la formulación de políticas generales en materia de seguridad pública.
Con voluntad firme uniremos los esfuerzos de los tres órdenes de Gobierno para devolver la seguridad y la tranquilidad a las familias mexicanas.
Asimismo, se establecen diversos lineamientos para asegurar la coordinación eficaz entre el Ministerio Público de la Federación y los Ministerios Públicos de los estados y, a su vez, de éstos con las policías de todo el país.
La iniciativa busca también fortalecer la capacidad de la policía para investigar los delitos, siempre bajo la conducción y el mando del Ministerio Público, lo que contribuirá, sin menoscabo de la investigación preventiva para la seguridad, a dar respuesta efectiva al reclamo urgente de los ciudadanos de terminar con la impunidad.
En segundo lugar. Se adopta un sistema integral de desarrollo policial, ministerial y pericial. Con ello se podrán desarrollar al máximo las competencias y capacidades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública.
El objetivo es poner al servicio de los ciudadanos servidores y policías profesionales para proteger a las familias y las comunidades del país.
En tercer lugar. La ley crea el Sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza, que se encargará de evaluar y certificar a todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública y establecerá para los tres órdenes de Gobierno los criterios mínimos de confiabilidad con los que deben cumplir.
Así, se propone la creación de un Certificado Único Policial que garantizará que quienes porten el uniforme de policía reúnan los requisitos de confianza exigidos para cumplir esta delicada tarea.
Queremos que la sociedad tenga la certeza de que los elementos que integran los cuerpos policiacos en el país sirven a los ciudadanos y no a los delincuentes.
En cuarto lugar. Se establece el Sistema Único de Información Criminal que contendrá una base de datos compartida entre la Federación, los estados y los municipios.
Se trata de concentrar y armonizar toda la información con que cuenta el Estado sobre la delincuencia para generar estrategias eficaces a fin de derrotarla.
Con la iniciativa también estamos fortaleciendo Plataforma México, con diversas bases de datos que nos permitirán tener más eficacia en términos de inteligencia e información contra la acción de los criminales.
En Quinto lugar. La iniciativa contempla mecanismos de participación social y ciudadana para la planeación y supervisión de las instituciones de seguridad pública.
Para ganar la batalla contra la delincuencia es fundamental que la sociedad se comprometa en esta lucha y que cuente con instrumentos legales para hacerlo, como los que propone la iniciativa que presento.
En sexto lugar. Se establecen procedimientos policiales para regular el uso de la fuerza pública, con el fin de que la actuación de la policía garantice la vigencia de la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Además de esta importante iniciativa, hoy enviaré al Legislativo una propuesta de modificaciones al Código Penal Federal. Destacan:
En primer lugar. La prohibición de usar indebidamente la información contenida en Plataforma México.
En segundo. Se prohíbe la falsificación y uso indebido de uniformes, credenciales, insignias, vehículos o equipamiento de las fuerzas del orden.
Tercero. Se establece como delito el mal uso de las aportaciones federales destinadas para garantizar y fortalecer la seguridad pública.
Con ello, ponemos un alto a la corrupción de las fuerzas del orden, cuando su labor debe honrarse mediante el servicio honesto a los ciudadanos.
Además de atender los compromisos establecidos en el Acuerdo Nacional, damos cumplimiento a la Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal con estas iniciativas.
Por otra parte, sabemos que resulta indispensable dotar a las autoridades de mayores atribuciones para combatir de manera coordinada y erradicar la droga que pretende ser distribuida en los hogares de los mexicanos.
Por ello, también enviaré al Congreso un paquete de reformas: a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal y al Código Federal de Procedimientos Penales, en materia de narcomenudeo, con las que buscamos concretar los consensos que se han venido logrando en varios años de discusión en el Congreso y dar un impulso renovador a esta iniciativa, a fin de que pueda ser concretada en breve por el Congreso de la Unión.
Buscamos, además, en segundo lugar, hacer efectivo el principio de concurrencia y corresponsabilidad de las autoridades locales y la federal en el combate al narcomenudeo, así las policías locales y las autoridades ministeriales de los estados, también podrán, en el ámbito de su competencia, cuidadosamente delimitado, investigar y perseguir delitos de manera concurrente con la Federación, con la posesión, venta y distribución de narcóticos en pequeña escala.
En tercer lugar. Establecer como graves los delitos de comercialización y suministro de narcóticos en su modalidad de narcomenudeo y aumentar las penas para quien distribuya droga a menores de edad o en centros educativos y sus alrededores.
En cuarto lugar. La iniciativa propone un sistema de tratamiento terapéutico obligatorio sustitutivo, de sanciones a quienes, y aún cuando le sean encontradas drogas en dosis individuales, justifiquen su dependencia directa a éste o su uso para tratamiento médico; o bien, se trate, precisamente, de un uso por primera vez.
Se trata no sólo de reforzar el sistema penal de manera más coordinada en materia Federal, sino también establecer en ley mecanismos que propicien el acercamiento de los farmacodependientes o de los jóvenes que están cayendo en el uso de las drogas, al tratamiento y a la prevención de los mismos.
Sólo con leyes más fuertes podremos ganar espacios de acción a los delincuentes que amenazan la seguridad de nuestras comunidades y que intentan envenenar a los hijos de los mexicanos con la droga.
Señoras y señores:
México vive un momento histórico, de ahí la importancia de la convocatoria a la unidad que he venido expresando en las últimas semanas.
Hoy la unidad no significa otra cosa que la obligación que tenemos todos los mexicanos de hacer a un lado cualquier interés personal o de grupo, y sumarnos sin reserva a la causa de construir un México de paz, legalidad, orden y libertades.
Unidos, hoy significa que todas las autoridades de los niveles y poderes de Gobierno en el país, asumamos con integridad y sin cortapisa la responsabilidad elemental del Estado, de proteger a la sociedad de quienes buscan dañarla.
Unidad, significa actuar con la convicción y firmeza del Presidente Juárez, quien ante los retos de su generación expresó: Todavía habrá necesidad de luchar, porque hay dificultades que vencer, pero las dificultades no harán más que aumentar la gloria del triunfo, porque es indudable que acabará por triunfar la causa del derecho.
Por ello, hoy damos un paso importante para reforzar las leyes que nos permitirán combatir con mayor eficacia el flagelo de la delincuencia.
Hoy también, en esta ocasión, refrendo mi llamado a la unidad y a la corresponsabilidad, llamo respetuosamente al Congreso a analizar, a debatir, a enriquecer y, en su caso, aprobar estas iniciativas legislativas.
Por parte del Gobierno Federal, reitero la convicción y la voluntad de seguir trabajando con todas las autoridades y todos los poderes sin distingos, con el fin de derrotar a la delincuencia y devolverle a nuestro México la esperanza de un futuro de seguridad y de paz, un futuro donde todos, sin excepción, podamos vivir mejor. Muchísimas gracias.
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INICIATIVA DEL EJECUTIVO FEDERAL, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
México, DF, a 30 de septiembre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presentes
Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo
México, DF, a 30 de septiembre de 2008.
Secretarios de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión Presentes
Por instrucciones del Presidente de la República y en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 71, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me permito remitir la iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, documento que el Titular del Ejecutivo Federal propone por el digno conducto de ese Órgano Legislativo.
Sin otro particular, reciban un cordial saludo.
Atentamente Cuauhtémoc Cardona Benavides (rúbrica) Subsecretario de Enlace Legislativo
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 2604-I, jueves 2 de octubre de 2008.
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