Paraiso del narcolavado del narcolavado
Jesusa Cervantes
Legisladores, analistas financieros y agencias del gobierno estadunidense coinciden en que el narcotráfico sólo podrá ser frenado si se ataca su poder económico, basado en el lavado de dinero. Pero el gobierno mexicano sigue apostando únicamente a la confrontación armada. Así, mientras Estados Unidos exhibe en forma periódica a las empresas sospechosas de lavar dinero para los capos, éstas no sólo continúan sus actividades en México, sino que algunas reciben apoyo federal.
La creciente ola de violencia en México ha sido atribuida a la disputa de territorios entre narcotraficantes, pero desde el sexenio de Vicente Fox y en lo que va del de Felipe Calderón, nada se ha hecho para adaptar el marco jurídico y evitar el lavado de dinero, es decir, no se ha atacado la base económica de esta modalidad del crimen organizado, coinciden legisladores de oposición y analistas financieros.
Los especialistas consultados por Proceso afirman que en los últimos ocho años no se ha sentenciado a nadie por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y cuestionan el hecho de que en el Congreso federal no se hayan aprobado nuevas medidas legales para combatirlo.
De 2000 a la fecha, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido alertas e incluido en su lista de sospechosos a 121 empresas y más de mil personas que radican en México, a quienes relaciona con los negocios y las operaciones financieras de los cárteles. Sin embargo, el gobierno mexicano ha manifestado que no existen evidencias de que tales compañías realicen operaciones ilícitas.
Hay empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., propiedad de Ismael El Mayo Zambada, que actualmente son promocionadas por el gobierno federal y que durante el sexenio de Fox recibieron apoyo de la Secretaría de Economía a través del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
El diputado federal priista Alfredo Ríos Camarena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, considera que la forma de atacar el problema es dirigirse "al corazón; siguiéndole la pista al dinero, y el gobierno es el único que puede hacerlo porque tiene toda la información que fluye por el sistema financiero".
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró el 23 de septiembre, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que "todas las empresas que han sido boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son sujetas de averiguación previa en México y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos de lavado de dinero". Sin embargo, nunca dijo que hubiera personas a las que se les haya dictado sentencia por este delito.
El diputado Ríos Camarena se pregunta con sorna: "Si hay una averiguación previa, como dice (el procurador), ¿cómo es que una de las empresas está siendo promovida por el gobierno federal?".
El analista Mario Di Costanzo (quien de 1984 a 1996 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y escribió junto con el exdiputado federal perredista Antonio Magallanes el libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México), establece:
"Mientras no se cambien las leyes para que ayuden a investigar y consignar por el delito de lavado de dinero, de nada servirán las grandes cantidades de dinero y de policías para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, porque México tiene una situación geográfica y un sistema financiero tan laxo que lo han convertido en el lugar ideal para el lavado de dinero, y por lo mismo no se podrá atacar certeramente al narcotráfico."
La gran lavandería
De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense, desde el 2000 hasta mediados de 2008 -el documento está fechado en agosto pasado- el gobierno registró a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
Dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería, transporte, y a las industrias farmacéutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.
Según el reporte de la OFAC, 48 de esas firmas están presumiblemente relacionadas con el cártel de los Arellano Félix, 34 con el de los Arriola Márquez, socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El Mayo Zambada.
En su reporte anterior, del 17 de mayo de 2007, la OFAC relacionó a seis empresas con Zambada: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Jamaro Constructores, S.A. de C.V.; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz, S.C.; Rosario Niebla Cardoza, A. en P.; y Nueva Industria Ganadera de Culiacán, S.A. de C.V.
A pesar de ese reporte del año pasado, y aunque el procurador Eduardo Medina Mora aseguró ante los diputados, bajo protesta de decir verdad -de lo contrario sería penalizado-, que todas las empresas incluidas por la OFAC tienen averiguación abierta, Nueva Industria Ganadera de Culiacán, que comercializa la marca de Leche Santa Mónica, es promovida por el gobierno federal.
El 13 de agosto pasado, esa empresa fue incluida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su padrón de compañías que ofrecen empleos, desde 2002 figura en el padrón de las que reciben recursos a través del programa Pymes, y en 2004 recibió apoyo por 100 mil pesos del gobierno foxista.
Además, la misma empresa participó con apoyo logístico en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil de los Valores Democráticos que preparó el Instituto Federal Electoral en el año 2000, según consta en documentos de la Junta Local Electoral de Sinaloa, estado donde se ubica Nueva Industria Ganadera.
Cuando se dio a conocer la citada lista, Karen P. Tandy, administradora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA), dijo: "Estamos estudiando con persistencia el patrón financiero para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando la sangre que da vida a sus empresas criminales".
En respuesta al boletín de la OFAC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo a través de su vocero que "en México no existen evidencias de operaciones ilícitas en las empresas señaladas por los estadunidenses", reportó el diario El Universal el 6 de junio de 2007.
Proceso solicitó información al respecto, pero la SHCP respondió que los encargados de su Unidad de Inteligencia Financiera estaban fuera de la ciudad y por eso era imposible proporcionar, por el momento, los datos requeridos.
El 12 de diciembre de 2007, la OFAC boletinó a otras 19 empresas y 22 personas que presuntamente lavan dinero para El Mayo Zambada y Víctor Emilio Cázares Salazar. Se trata de Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM; las casas de cambio Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores; Toys Factory, el restaurante Cien Años de Tijuana y las tienda Chika's, una cadena de 20 boutiques de joyería y cosméticos. Estos negocios tienen sede en Sinaloa, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México.
El 5 de agosto de 2008, la oficina del Departamento del Tesoro incluyó a 14 empresas mineras, constructoras e inmobiliarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, que presuntamente son utilizadas para lavar dinero de Rigoberto Gaxiola Medina, supuesto operador financiero del cártel de Sinaloa.
En su comparecencia del 23 de septiembre ante los diputados, el procurador Medina Mora reveló que el gobierno está elaborando una iniciativa de ley contra el lavado de dinero, "dirigida especialmente a las transacciones en efectivo" y que atacará las operaciones de bienes raíces y automóviles.
El diputado Manuel Cárdenas considera que esa ley se ha anunciado desde hace más de un año y no se presenta nada. Además, expuso que es en el sistema financiero donde se debe atacar el lavado de dinero.
No obstante, para el procurador "el sector financiero tiene una regulación bastante sofisticada; es por eso que encontramos un cúmulo muy importante de efectivo".
El diputado Alfredo Ríos Camarena, del PRI, también asegura que la economía de México "está penetrada por la economía del narco, por eso digo: busquemos dónde está ese dinero".
Enfatiza: "¡Aquí hay mucho dinero, muchas empresas, muchos bancos! Es dinero que está fluyendo en el sistema, está dentro, en hoteles, agencias automovilísticas, negocios rápidos, bienes raíces... ¡Una cantidad enorme!".
A su vez, Mario Di Costanzo explica en entrevista que cuando el sistema bancario pertenecía al gobierno había más control, pero al abrirlo no se actualizó la Ley de Instituciones de Crédito. Como ejemplo de las consecuencias de la actual laxitud cita la compra de Banamex por Citigroup, considerado en Estados Unidos como uno de los bancos que tienen las reglas más débiles sobre lavado de dinero.
Di Costanzo agrega que la mayoría de los bancos que operan en México tiene una subsidiaria en paraísos fiscales o bancarios, cuyas legislaciones impiden que se proporcione información sobre las transacciones que ahí se realizan y no investigan el origen del dinero que ingresa.
Así es muy fácil lavar dinero, explica: se realizan transacciones millonarias en Islas Caimán, las Bahamas, Bermudas, Barbados o Aruba, luego se transfieren los recursos a bancos mexicanos y ahí se legaliza el dinero sin que las autoridades bancarias del país indaguen su origen.
Parálisis legislativa
Cuando la OFAC incluye a una empresa en su lista negra, congela los bienes que ésta y las personas implicadas tengan en Estados Unidos. Además, prohíbe que se realicen transacciones financieras con la empresa y las penas por hacerlo van desde civiles, que pueden llegar a 1 millón 75 mil dólares, hasta sanciones para funcionarios corporativos de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
La OFAC establece que las multas para las empresas que negocien con las firmas boletinadas pueden llegar a 10 millones de dólares.
En México, dice el analista Mario Di Costanzo, la Ley Contra el Crimen Organizado que se aprobó en 1996 sólo permite que la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, interponga querellas y denuncias, no así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Lo anterior, explica, genera un procedimiento burocrático, pues la CNBV es la especializada en detectar el posible lavado de dinero. Y cuando la PGR levanta una averiguación previa sobre ese delito, tiene que solicitarle a un juez la orden para que la CNBV proporcione la información; el juez gira la orden a la comisión, ésta le remite al juez los datos, y sólo entonces la PGR obtiene las pruebas necesarias para turnarlas a la Procuraduría Fiscal, que presenta la querella.
Por eso es tan difícil sentenciar a alguien por el delito de lavado de dinero en México, dice Di Costanzo, y enfatiza el hecho de que desde la aprobación de la mencionada ley de 1996, ni la Cámara de Diputados ni el presidente de la República en turno (Vicente Fox y Felipe Calderón) han hecho nada que afecte sustancialmente el lavado de dinero, lo que en verdad golpearía a los cárteles del narcotráfico.
En 2002, el entonces diputado del PRD Antonio Magallanes propuso cambios al Código Penal Federal para hacer más expedita la investigación del lavado de dinero e incrementar las penas correspondientes.
Por ejemplo, propuso que las penas de 5 a 15 años de prisión se extendieran a lapsos de 15 a 25 años, y que no sea únicamente la SHCP a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación la que pueda interponer una denuncia penal, sino "cualquier institución que forme parte de los órganos federales de supervisión bancaria y financiera o de las unidades de investigación de la PGR".
Di Costanzo considera que a esas propuestas habría que añadirle una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que, antes de realizar la compraventa de un banco, se investigue de dónde provienen los recursos de la transacción.
Nunca se le dio trámite a la iniciativa de Antonio Magallanes. Él recuerda que ese mismo año, 2002, el procurador Rafael Macedo de la Concha le envió un oficio en el que aseguraba que las penas propuestas "eran desproporcionadas y que no se podía cambiar el hecho de que fuera la Procuraduría Fiscal la única facultada para presentar denuncia, porque eso requería cambios en demasiadas disposiciones legales".
Cuando leyó el oficio, dice, se dio cuenta de que el gobierno no tenía en verdad la intención de ofrecer mejores herramientas para castigar el lavado de dinero.
Propuestas no faltan. El actual dipu-tado Ríos Camarena se pronuncia, por ejemplo, por cambiar las leyes con el fin de castigar este delito: "El gobierno no sólo debe contar con el mapa geográfico de la operación del crimen organizado; debe investigar el mapa financiero, ver quiénes son los cómplices desde la iniciativa privada, desde los gobiernos y los políticos.
"Sé que el gobierno federal está infiltrado por el narcotráfico, pero también sé que no todo. No basta con militares en la calle ni más policías, hay que ver dónde está el dinero... No está en los colchones de los narcotraficantes, sino en el sistema financiero, en los bancos."
En lo que va de la administración de Felipe Calderón y la actual legislatura federal, se han propuesto tan sólo dos iniciativas relacionadas con el lavado de dinero.
El diputado César Camacho Quiroz, priista y presidente de la Comisión de Justicia, informó que una de esas iniciativas fue presentada en octubre de 2006 por su compañero de partido Gerardo Octavio Vargas Landero, y la otra por la perredista Silvia Oliva Fragoso, en diciembre del mismo año. Ambas siguen a la espera de dictamen, "pero lo que se tenga que hacer en materia legislativa para acabar con esto, se hará", afirma Camacho Quiroz.
Y añade que si bien el procurador Medina Mora dijo que cada año entran a México 10 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, para él la cifra es de 50 mil millones, pues se apoya en datos del Fondo Monetario Internacional.
De todas formas, el diputado Ríos Camarena insiste en que el problema no tiene que ver tanto con la creación de más leyes, sino con el hecho de tener voluntad política para solucionar el problema. "No le han querido entrar al tema: castigar a los verdaderos beneficiarios del crimen organizado, que a lo mejor los tenemos aquí... muy cerquita", dice.
La creciente ola de violencia en México ha sido atribuida a la disputa de territorios entre narcotraficantes, pero desde el sexenio de Vicente Fox y en lo que va del de Felipe Calderón, nada se ha hecho para adaptar el marco jurídico y evitar el lavado de dinero, es decir, no se ha atacado la base económica de esta modalidad del crimen organizado, coinciden legisladores de oposición y analistas financieros.
Los especialistas consultados por Proceso afirman que en los últimos ocho años no se ha sentenciado a nadie por el delito de lavado de dinero proveniente del narcotráfico, y cuestionan el hecho de que en el Congreso federal no se hayan aprobado nuevas medidas legales para combatirlo.
De 2000 a la fecha, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha emitido alertas e incluido en su lista de sospechosos a 121 empresas y más de mil personas que radican en México, a quienes relaciona con los negocios y las operaciones financieras de los cárteles. Sin embargo, el gobierno mexicano ha manifestado que no existen evidencias de que tales compañías realicen operaciones ilícitas.
Hay empresas como Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, S.A. de C.V., propiedad de Ismael El Mayo Zambada, que actualmente son promocionadas por el gobierno federal y que durante el sexenio de Fox recibieron apoyo de la Secretaría de Economía a través del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
El diputado federal priista Alfredo Ríos Camarena, integrante de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, considera que la forma de atacar el problema es dirigirse "al corazón; siguiéndole la pista al dinero, y el gobierno es el único que puede hacerlo porque tiene toda la información que fluye por el sistema financiero".
El procurador general de la República, Eduardo Medina Mora, aseguró el 23 de septiembre, ante el pleno de la Cámara de Diputados, que "todas las empresas que han sido boletinadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos son sujetas de averiguación previa en México y son trabajos que se han hecho paralelos. Hemos consignado muchísimos casos de lavado de dinero". Sin embargo, nunca dijo que hubiera personas a las que se les haya dictado sentencia por este delito.
El diputado Ríos Camarena se pregunta con sorna: "Si hay una averiguación previa, como dice (el procurador), ¿cómo es que una de las empresas está siendo promovida por el gobierno federal?".
El analista Mario Di Costanzo (quien de 1984 a 1996 trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y escribió junto con el exdiputado federal perredista Antonio Magallanes el libro Lavado de dinero, la experiencia internacional y el caso de México), establece:
"Mientras no se cambien las leyes para que ayuden a investigar y consignar por el delito de lavado de dinero, de nada servirán las grandes cantidades de dinero y de policías para combatir la inseguridad y la delincuencia organizada, porque México tiene una situación geográfica y un sistema financiero tan laxo que lo han convertido en el lugar ideal para el lavado de dinero, y por lo mismo no se podrá atacar certeramente al narcotráfico."
La gran lavandería
De acuerdo con el reporte más reciente de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadunidense, desde el 2000 hasta mediados de 2008 -el documento está fechado en agosto pasado- el gobierno registró a 121 empresas que han servido de fachadas para el lavado del dinero proveniente del narcotráfico.
Dichas compañías se dedican principalmente a la importación, exportación, consultoría, compraventa de divisas, servicios, minería, transporte, y a las industrias farmacéutica, inmobiliaria y alimentaria, entre otras.
Según el reporte de la OFAC, 48 de esas firmas están presumiblemente relacionadas con el cártel de los Arellano Félix, 34 con el de los Arriola Márquez, socios del cártel de Juárez, y 25 más con el de Ismael El Mayo Zambada.
En su reporte anterior, del 17 de mayo de 2007, la OFAC relacionó a seis empresas con Zambada: Establo Puerto Rico, S.A. de C.V.; Jamaro Constructores, S.A. de C.V.; Multiservicios Jeviz, S.A. de C.V.; Estancia Infantil Niño Feliz, S.C.; Rosario Niebla Cardoza, A. en P.; y Nueva Industria Ganadera de Culiacán, S.A. de C.V.
A pesar de ese reporte del año pasado, y aunque el procurador Eduardo Medina Mora aseguró ante los diputados, bajo protesta de decir verdad -de lo contrario sería penalizado-, que todas las empresas incluidas por la OFAC tienen averiguación abierta, Nueva Industria Ganadera de Culiacán, que comercializa la marca de Leche Santa Mónica, es promovida por el gobierno federal.
El 13 de agosto pasado, esa empresa fue incluida por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en su padrón de compañías que ofrecen empleos, desde 2002 figura en el padrón de las que reciben recursos a través del programa Pymes, y en 2004 recibió apoyo por 100 mil pesos del gobierno foxista.
Además, la misma empresa participó con apoyo logístico en la organización de la Consulta Infantil y Juvenil de los Valores Democráticos que preparó el Instituto Federal Electoral en el año 2000, según consta en documentos de la Junta Local Electoral de Sinaloa, estado donde se ubica Nueva Industria Ganadera.
Cuando se dio a conocer la citada lista, Karen P. Tandy, administradora de la agencia antidrogas de Estados Unidos (la DEA), dijo: "Estamos estudiando con persistencia el patrón financiero para despojar a estos narcotraficantes de sus activos, drenando la sangre que da vida a sus empresas criminales".
En respuesta al boletín de la OFAC, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo a través de su vocero que "en México no existen evidencias de operaciones ilícitas en las empresas señaladas por los estadunidenses", reportó el diario El Universal el 6 de junio de 2007.
Proceso solicitó información al respecto, pero la SHCP respondió que los encargados de su Unidad de Inteligencia Financiera estaban fuera de la ciudad y por eso era imposible proporcionar, por el momento, los datos requeridos.
El 12 de diciembre de 2007, la OFAC boletinó a otras 19 empresas y 22 personas que presuntamente lavan dinero para El Mayo Zambada y Víctor Emilio Cázares Salazar. Se trata de Consorcio Inmobiliario del Valle de Culiacán, Sepriv, Cazper Importaciones, PatracaM; las casas de cambio Mexglobo, Multiservicios Agsa y AGBAS Consultores; Toys Factory, el restaurante Cien Años de Tijuana y las tienda Chika's, una cadena de 20 boutiques de joyería y cosméticos. Estos negocios tienen sede en Sinaloa, Jalisco, Baja California y la Ciudad de México.
El 5 de agosto de 2008, la oficina del Departamento del Tesoro incluyó a 14 empresas mineras, constructoras e inmobiliarias de Sonora, Sinaloa y Jalisco, que presuntamente son utilizadas para lavar dinero de Rigoberto Gaxiola Medina, supuesto operador financiero del cártel de Sinaloa.
En su comparecencia del 23 de septiembre ante los diputados, el procurador Medina Mora reveló que el gobierno está elaborando una iniciativa de ley contra el lavado de dinero, "dirigida especialmente a las transacciones en efectivo" y que atacará las operaciones de bienes raíces y automóviles.
El diputado Manuel Cárdenas considera que esa ley se ha anunciado desde hace más de un año y no se presenta nada. Además, expuso que es en el sistema financiero donde se debe atacar el lavado de dinero.
No obstante, para el procurador "el sector financiero tiene una regulación bastante sofisticada; es por eso que encontramos un cúmulo muy importante de efectivo".
El diputado Alfredo Ríos Camarena, del PRI, también asegura que la economía de México "está penetrada por la economía del narco, por eso digo: busquemos dónde está ese dinero".
Enfatiza: "¡Aquí hay mucho dinero, muchas empresas, muchos bancos! Es dinero que está fluyendo en el sistema, está dentro, en hoteles, agencias automovilísticas, negocios rápidos, bienes raíces... ¡Una cantidad enorme!".
A su vez, Mario Di Costanzo explica en entrevista que cuando el sistema bancario pertenecía al gobierno había más control, pero al abrirlo no se actualizó la Ley de Instituciones de Crédito. Como ejemplo de las consecuencias de la actual laxitud cita la compra de Banamex por Citigroup, considerado en Estados Unidos como uno de los bancos que tienen las reglas más débiles sobre lavado de dinero.
Di Costanzo agrega que la mayoría de los bancos que operan en México tiene una subsidiaria en paraísos fiscales o bancarios, cuyas legislaciones impiden que se proporcione información sobre las transacciones que ahí se realizan y no investigan el origen del dinero que ingresa.
Así es muy fácil lavar dinero, explica: se realizan transacciones millonarias en Islas Caimán, las Bahamas, Bermudas, Barbados o Aruba, luego se transfieren los recursos a bancos mexicanos y ahí se legaliza el dinero sin que las autoridades bancarias del país indaguen su origen.
Parálisis legislativa
Cuando la OFAC incluye a una empresa en su lista negra, congela los bienes que ésta y las personas implicadas tengan en Estados Unidos. Además, prohíbe que se realicen transacciones financieras con la empresa y las penas por hacerlo van desde civiles, que pueden llegar a 1 millón 75 mil dólares, hasta sanciones para funcionarios corporativos de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares.
La OFAC establece que las multas para las empresas que negocien con las firmas boletinadas pueden llegar a 10 millones de dólares.
En México, dice el analista Mario Di Costanzo, la Ley Contra el Crimen Organizado que se aprobó en 1996 sólo permite que la Procuraduría Fiscal de la Federación, dependiente de la SHCP, interponga querellas y denuncias, no así la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).
Lo anterior, explica, genera un procedimiento burocrático, pues la CNBV es la especializada en detectar el posible lavado de dinero. Y cuando la PGR levanta una averiguación previa sobre ese delito, tiene que solicitarle a un juez la orden para que la CNBV proporcione la información; el juez gira la orden a la comisión, ésta le remite al juez los datos, y sólo entonces la PGR obtiene las pruebas necesarias para turnarlas a la Procuraduría Fiscal, que presenta la querella.
Por eso es tan difícil sentenciar a alguien por el delito de lavado de dinero en México, dice Di Costanzo, y enfatiza el hecho de que desde la aprobación de la mencionada ley de 1996, ni la Cámara de Diputados ni el presidente de la República en turno (Vicente Fox y Felipe Calderón) han hecho nada que afecte sustancialmente el lavado de dinero, lo que en verdad golpearía a los cárteles del narcotráfico.
En 2002, el entonces diputado del PRD Antonio Magallanes propuso cambios al Código Penal Federal para hacer más expedita la investigación del lavado de dinero e incrementar las penas correspondientes.
Por ejemplo, propuso que las penas de 5 a 15 años de prisión se extendieran a lapsos de 15 a 25 años, y que no sea únicamente la SHCP a través de la Procuraduría Fiscal de la Federación la que pueda interponer una denuncia penal, sino "cualquier institución que forme parte de los órganos federales de supervisión bancaria y financiera o de las unidades de investigación de la PGR".
Di Costanzo considera que a esas propuestas habría que añadirle una reforma a la Ley de Instituciones de Crédito para que, antes de realizar la compraventa de un banco, se investigue de dónde provienen los recursos de la transacción.
Nunca se le dio trámite a la iniciativa de Antonio Magallanes. Él recuerda que ese mismo año, 2002, el procurador Rafael Macedo de la Concha le envió un oficio en el que aseguraba que las penas propuestas "eran desproporcionadas y que no se podía cambiar el hecho de que fuera la Procuraduría Fiscal la única facultada para presentar denuncia, porque eso requería cambios en demasiadas disposiciones legales".
Cuando leyó el oficio, dice, se dio cuenta de que el gobierno no tenía en verdad la intención de ofrecer mejores herramientas para castigar el lavado de dinero.
Propuestas no faltan. El actual dipu-tado Ríos Camarena se pronuncia, por ejemplo, por cambiar las leyes con el fin de castigar este delito: "El gobierno no sólo debe contar con el mapa geográfico de la operación del crimen organizado; debe investigar el mapa financiero, ver quiénes son los cómplices desde la iniciativa privada, desde los gobiernos y los políticos.
"Sé que el gobierno federal está infiltrado por el narcotráfico, pero también sé que no todo. No basta con militares en la calle ni más policías, hay que ver dónde está el dinero... No está en los colchones de los narcotraficantes, sino en el sistema financiero, en los bancos."
En lo que va de la administración de Felipe Calderón y la actual legislatura federal, se han propuesto tan sólo dos iniciativas relacionadas con el lavado de dinero.
El diputado César Camacho Quiroz, priista y presidente de la Comisión de Justicia, informó que una de esas iniciativas fue presentada en octubre de 2006 por su compañero de partido Gerardo Octavio Vargas Landero, y la otra por la perredista Silvia Oliva Fragoso, en diciembre del mismo año. Ambas siguen a la espera de dictamen, "pero lo que se tenga que hacer en materia legislativa para acabar con esto, se hará", afirma Camacho Quiroz.
Y añade que si bien el procurador Medina Mora dijo que cada año entran a México 10 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico, para él la cifra es de 50 mil millones, pues se apoya en datos del Fondo Monetario Internacional.
De todas formas, el diputado Ríos Camarena insiste en que el problema no tiene que ver tanto con la creación de más leyes, sino con el hecho de tener voluntad política para solucionar el problema. "No le han querido entrar al tema: castigar a los verdaderos beneficiarios del crimen organizado, que a lo mejor los tenemos aquí... muy cerquita", dice.
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