Se degrada el poder del Ejército: SedenaNota de Jorge Medellín con información del documento: Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.
El Universal (www.eluniversal.com.mx) 3 de diciembre de 2008;
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) advirtió en 2007 al Congreso de la Unión que la degradación del poder militar de las Fuerzas Armadas “es tan notable que en los próximos cinco años puede tornarse irreversible”.
Un año después, la urgencia planteada por la Defensa no ha sido atendida a fondo. Para este 2008, la dependencia ejerció el mayor presupuesto de su historia, pero no fueron autorizados los programas que el alto mando consideró vitales para garantizar la soberanía, la seguridad interior y sobre todo, la modernización como institución armada.En octubre del año pasado el general Guillermo Galván presentó a diputados y senadores, en encuentros por separado, el estudio Agenda. Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el cual advirtió del grave rezago histórico que pesan sobre ambos cuerpos militares, por lo que planteó un mayor presupuesto para rubros estratégicos.
El documento expone tal “desarticulación, desproporción y desajuste” en el plano militar, que la situación se traduce en limitaciones tácticas y técnicas “tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”.
La composición de las demandas militares, contrastadas con lo otorgado en el presupuesto ejercido durante 2008, indican que el esfuerzo legislativo se quedó corto.La Sedena solicitó la adquisición de 12 aviones F-16. Estos aparatos, señala el texto, tienen “muy superiores prestaciones técnicas y tecnológicas a las que poseen los F-5 con que contamos actualmente”.
Otra urgencia planteada fue la creación de cuatro baterías antiaéreas (una por año) para ser instaladas en igual número de lugares en el sureste del país. Su costo total se estimó en 3 mil 40 millones de pesos, y se esperaba la autorización del Congreso para la aprobación de cuatro partidas por 760 millones de pesos que iban a ser ejercidas desde 2008 hasta 2011. Nada de lo anterior fue autorizado.
En otro apartado, la Sedena planteó sin éxito crear 10 mil plazas para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
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Un año después, la urgencia planteada por la Defensa no ha sido atendida a fondo. Para este 2008, la dependencia ejerció el mayor presupuesto de su historia, pero no fueron autorizados los programas que el alto mando consideró vitales para garantizar la soberanía, la seguridad interior y sobre todo, la modernización como institución armada.En octubre del año pasado el general Guillermo Galván presentó a diputados y senadores, en encuentros por separado, el estudio Agenda. Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en el cual advirtió del grave rezago histórico que pesan sobre ambos cuerpos militares, por lo que planteó un mayor presupuesto para rubros estratégicos.
El documento expone tal “desarticulación, desproporción y desajuste” en el plano militar, que la situación se traduce en limitaciones tácticas y técnicas “tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”.
La composición de las demandas militares, contrastadas con lo otorgado en el presupuesto ejercido durante 2008, indican que el esfuerzo legislativo se quedó corto.La Sedena solicitó la adquisición de 12 aviones F-16. Estos aparatos, señala el texto, tienen “muy superiores prestaciones técnicas y tecnológicas a las que poseen los F-5 con que contamos actualmente”.
Otra urgencia planteada fue la creación de cuatro baterías antiaéreas (una por año) para ser instaladas en igual número de lugares en el sureste del país. Su costo total se estimó en 3 mil 40 millones de pesos, y se esperaba la autorización del Congreso para la aprobación de cuatro partidas por 760 millones de pesos que iban a ser ejercidas desde 2008 hasta 2011. Nada de lo anterior fue autorizado.
En otro apartado, la Sedena planteó sin éxito crear 10 mil plazas para el Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal.
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olvidaron del poder militarJORGE ALEJANDRO MEDELLÍN
Las advertencias hechas en octubre de 2007 por el secretario de la Defensa Nacional (Sedena) Guillermo Galván, sobre la urgencia de contar con un mayor presupuesto para detener el acelerado deterioro de las capacidades defensivas del Ejército y frenar la “degradación” de las Fuerzas Armadas no fueron atendidas a fondo.
A pesar de haberle autorizado a la Sedena el mayor ejercicio presupuestal en su historia —con 43 mil 623 millones, 321 mil 860 pesos—, la dependencia se quedó sin la activación de los programas considerados por el alto mando como vitales para garantizar la soberanía del país, la seguridad interior y, sobre todo, su vigencia y modernización como institución armada.
“La degradación de nuestro poder militar es tan notable, que en los próximos cinco años este proceso puede tornarse irreversible”, les dijo en ese momento el general Galván a los legisladores citando el estudio Agenda. Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del cual tiene copia este diario.
El documento interno de la Sedena presentado en diferentes ocasiones a diputados y senadores fue clasificado con carácter de “muy confidencial”, advierte sobre el grave rezago histórico que arrastran por décadas el Ejército y la Fuerza Aérea, y la necesidad de destinar un mayor presupuesto para rubros estratégicos.
“Su desarticulación y accionar manifiestan tal desproporción y desajuste, que se traducen en limitaciones tácticas y técnicas tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”, detalla el documento.
La composición de las demandas militares contrastadas con lo otorgado en el presupuesto, indican que el esfuerzo legislativo para impulsar a la Sedena se quedó corto una vez más.
Por ejemplo, la Sedena mencionó a legisladores la necesidad de comprar 12 aviones F-16 para integrar un escuadrón de pelea. Estos aparatos, señala el texto, tienen “muy superiores prestaciones técnicas y tecnológicas a las que poseen los F-5 con que contamos actualmente”.
Otra urgencia planteada por la Sedena fue la creación de cuatro baterías antiaéreas (una por año)” que iban a ser instaladas en igual número de lugares en el sureste del país. Su costo total se calculaba en 3 mil 40 millones de pesos, y se esperaba la autorización del Congreso para la aprobación de cuatro partidas por 760 millones de pesos que iban a ser ejercidas desde 2008 hasta 2011. Nada de esto se autorizó.
El combate al crimen organizado y el cumplimiento de la agenda de seguridad interior a partir de la activación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF) fue presentado también como una necesidad a cumplir por el general Galván.
Lo hizo por segunda vez consecutiva y sin éxito, ya que al inicio de la administración de Felipe Calderón el CFAF fue el primer proyecto importante presentado por el alto mando para enfrentar con movilidad y armamento nuevo al crimen organizado.
La propuesta sólo llegó a plasmarse en el papel tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007.
En su segundo intento, el general Galván planteó la creación de 10 mil plazas para activar al CFAF con base en un presupuesto de 4 mil 706 millones de pesos (el proyecto inicial de 2007 planteaba un gasto de mil 600 millones de pesos para darle vida al CFAF). Otra vez no fue aprobada.
A pesar de haberle autorizado a la Sedena el mayor ejercicio presupuestal en su historia —con 43 mil 623 millones, 321 mil 860 pesos—, la dependencia se quedó sin la activación de los programas considerados por el alto mando como vitales para garantizar la soberanía del país, la seguridad interior y, sobre todo, su vigencia y modernización como institución armada.
“La degradación de nuestro poder militar es tan notable, que en los próximos cinco años este proceso puede tornarse irreversible”, les dijo en ese momento el general Galván a los legisladores citando el estudio Agenda. Panorama General del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, del cual tiene copia este diario.
El documento interno de la Sedena presentado en diferentes ocasiones a diputados y senadores fue clasificado con carácter de “muy confidencial”, advierte sobre el grave rezago histórico que arrastran por décadas el Ejército y la Fuerza Aérea, y la necesidad de destinar un mayor presupuesto para rubros estratégicos.
“Su desarticulación y accionar manifiestan tal desproporción y desajuste, que se traducen en limitaciones tácticas y técnicas tan graves que los inhabilitan para actuar en operaciones de defensa del Estado mexicano”, detalla el documento.
La composición de las demandas militares contrastadas con lo otorgado en el presupuesto, indican que el esfuerzo legislativo para impulsar a la Sedena se quedó corto una vez más.
Por ejemplo, la Sedena mencionó a legisladores la necesidad de comprar 12 aviones F-16 para integrar un escuadrón de pelea. Estos aparatos, señala el texto, tienen “muy superiores prestaciones técnicas y tecnológicas a las que poseen los F-5 con que contamos actualmente”.
Otra urgencia planteada por la Sedena fue la creación de cuatro baterías antiaéreas (una por año)” que iban a ser instaladas en igual número de lugares en el sureste del país. Su costo total se calculaba en 3 mil 40 millones de pesos, y se esperaba la autorización del Congreso para la aprobación de cuatro partidas por 760 millones de pesos que iban a ser ejercidas desde 2008 hasta 2011. Nada de esto se autorizó.
El combate al crimen organizado y el cumplimiento de la agenda de seguridad interior a partir de la activación del Cuerpo de Fuerzas de Apoyo Federal (CFAF) fue presentado también como una necesidad a cumplir por el general Galván.
Lo hizo por segunda vez consecutiva y sin éxito, ya que al inicio de la administración de Felipe Calderón el CFAF fue el primer proyecto importante presentado por el alto mando para enfrentar con movilidad y armamento nuevo al crimen organizado.
La propuesta sólo llegó a plasmarse en el papel tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2007.
En su segundo intento, el general Galván planteó la creación de 10 mil plazas para activar al CFAF con base en un presupuesto de 4 mil 706 millones de pesos (el proyecto inicial de 2007 planteaba un gasto de mil 600 millones de pesos para darle vida al CFAF). Otra vez no fue aprobada.
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Editorial/ EL UNIVERSAL, 3/12/2008;
El Ejército pide ayuda
Las Fuerzas Armadas son el último recurso de un país para salvaguardar su integridad. Si el Ejército deja de ser funcional, como tantas otras instituciones de este país, México perderá a su mayor garante y quedará a merced de las amenazas internas y externas. Hoy se corre ese riesgo, lo admite la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). El gobierno federal y los legisladores deben actuar rápido.“La degradación de nuestro poder militar es tan notable que en los próximos cinco años este proceso puede tornarse irreversible”, dice la Sedena en un documento interno sobre el estado de las Fuerzas Armadas que entregaron el año pasado a los senadores para pedirles más presupuesto a la Defensa Nacional.
Ahora que conocemos un diagnóstico oficial sobre las policías del país, municipales, estatales y federales —que arrojan 50% de elementos sin la confianza suficiente para ocupar sus puestos—, se refuerza la idea de que era inevitable recurrir al Ejército y a la Marina para enfrentar al crimen organizado. Al margen de los factores que inclinan la balanza de esta guerra hacia la percepción de una derrota gubernamental, los éxitos históricos en cuanto a detenciones, decomisos, destrucción de plantíos, desarticulación de estructuras criminales, entre otras cifras, serían incomprensibles sin la participación activa de los soldados.
Sin embargo, el costo ha sido alto para una de las instituciones más prestigiadas del país. El combate al narcotráfico acentúa un desgaste arrastrado desde hace 50 años, de acuerdo con el diagnóstico de la Sedena. Cinco décadas sin recursos y sin una política clara de defensa nacional. El documento confidencial dimensiona un problema en deserciones y falta de equipo que ya eran evidentes.
A inicios de 2008 este periódico difundió que el sistema de radares terrestres del Ejército estaba operando en condiciones límite, lo cual estropearía la capacidad de vigilancia del espacio aéreo nacional, región de entrada de toneladas de droga. El equipo era inservible.
Para resarcir la deficiencia se solicitó un presupuesto por casi 2 mil 100 millones de pesos a ejercer entre 2008 y 2012. En primera instancia ni la Secretaría de Hacienda ni el Congreso autorizaron los recursos. Sólo después de negociar, la Sedena consiguió 500 millones de pesos. Regatean los legisladores recursos vitales para la Defensa Nacional cuando sin empacho aprueban 300 millones de pesos para construirse a sí mismos un nuevo edificio.
Además de material de guerra obsoleto —que en promedio alcanza para sostener fuego contra un enemigo potencial durante menos de un mes—, las Fuerzas Armadas enfrentan miles de deserciones, bajos salarios y escaso personal. Al menosprecio del Poder Ejecutivo y el Legislativo por los recursos que requieren las necesidades militares se suma la mala estrategia del primero para conservar a los efectivos. Entre 1999 y 2006, 4 mil 981 soldados fueron transferidos a la PFP. De ellos, 4 mil 873 desertaron y las vacantes tuvieron que ser cubiertas con más elementos del Ejército. La cantidad de soldados desertores equivale casi al número total de elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.
Los soldados enfrentan negligencia a su alrededor en el peor momento, justo cuando el tamaño de los desafíos sobrepasa su capacidad de respuesta. El propio secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ha admitido, por ejemplo, que no es posible otorgar seguridad a todas las zonas estratégicas del país a raíz de los atentados contra instalaciones de Pemex.
¿Qué tan graves serán las cosas que los militares han tenido que hacer política para allegarse de recursos? Deben recordar gobernantes y legisladores: el destino del país será proporcional al de sus Fuerzas Armadas.
Ahora que conocemos un diagnóstico oficial sobre las policías del país, municipales, estatales y federales —que arrojan 50% de elementos sin la confianza suficiente para ocupar sus puestos—, se refuerza la idea de que era inevitable recurrir al Ejército y a la Marina para enfrentar al crimen organizado. Al margen de los factores que inclinan la balanza de esta guerra hacia la percepción de una derrota gubernamental, los éxitos históricos en cuanto a detenciones, decomisos, destrucción de plantíos, desarticulación de estructuras criminales, entre otras cifras, serían incomprensibles sin la participación activa de los soldados.
Sin embargo, el costo ha sido alto para una de las instituciones más prestigiadas del país. El combate al narcotráfico acentúa un desgaste arrastrado desde hace 50 años, de acuerdo con el diagnóstico de la Sedena. Cinco décadas sin recursos y sin una política clara de defensa nacional. El documento confidencial dimensiona un problema en deserciones y falta de equipo que ya eran evidentes.
A inicios de 2008 este periódico difundió que el sistema de radares terrestres del Ejército estaba operando en condiciones límite, lo cual estropearía la capacidad de vigilancia del espacio aéreo nacional, región de entrada de toneladas de droga. El equipo era inservible.
Para resarcir la deficiencia se solicitó un presupuesto por casi 2 mil 100 millones de pesos a ejercer entre 2008 y 2012. En primera instancia ni la Secretaría de Hacienda ni el Congreso autorizaron los recursos. Sólo después de negociar, la Sedena consiguió 500 millones de pesos. Regatean los legisladores recursos vitales para la Defensa Nacional cuando sin empacho aprueban 300 millones de pesos para construirse a sí mismos un nuevo edificio.
Además de material de guerra obsoleto —que en promedio alcanza para sostener fuego contra un enemigo potencial durante menos de un mes—, las Fuerzas Armadas enfrentan miles de deserciones, bajos salarios y escaso personal. Al menosprecio del Poder Ejecutivo y el Legislativo por los recursos que requieren las necesidades militares se suma la mala estrategia del primero para conservar a los efectivos. Entre 1999 y 2006, 4 mil 981 soldados fueron transferidos a la PFP. De ellos, 4 mil 873 desertaron y las vacantes tuvieron que ser cubiertas con más elementos del Ejército. La cantidad de soldados desertores equivale casi al número total de elementos de la Tercera Brigada de la Policía Militar.
Los soldados enfrentan negligencia a su alrededor en el peor momento, justo cuando el tamaño de los desafíos sobrepasa su capacidad de respuesta. El propio secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, ha admitido, por ejemplo, que no es posible otorgar seguridad a todas las zonas estratégicas del país a raíz de los atentados contra instalaciones de Pemex.
¿Qué tan graves serán las cosas que los militares han tenido que hacer política para allegarse de recursos? Deben recordar gobernantes y legisladores: el destino del país será proporcional al de sus Fuerzas Armadas.
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La degradación de la fuerza militar/Jorge Luis Sierra
El Universal, 3 de diciembre de 2008;
Por primera vez en la historia moderna de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional planteó públicamente al gobierno y al Congreso mexicanos la necesidad de cambiar las políticas de gobierno que han llevado a la degradación del poder militar y a la existencia de unas Fuerzas Armadas incapaces de ejercer la defensa nacional.
El aspecto más dramático de ese planteamiento realizado en el documento Panorama general del Ejército y la Fuerza Aérea, presentado a los senadores del país, se refiere a la incapacidad de mantener la guerra contra otra fuerza armada más allá de 25 días. En términos hipotéticos, esto significaría que una invasión militar al territorio mexicano podría consumarse en menos de un mes.
Los aviones de la Fuerza Aérea sólo librarían una batalla del honor, los buques de guerra mexicanos estarían en desventaja con sus naves obsoletas e insuficientes y las tropas tendrían que convertirse en una fuerza guerrillera para defender al territorio nacional.
El documento entregado sintetiza el estado real del Ejército y la Fuerza Aérea, caracterizado por la operación caótica de los sistemas de operación, logística, administración y educación militar, así como por un impacto de la escasez histórica de recursos en la moral y condiciones de vida de las tropas, y por la obsolescencia del material de guerra.
¿Por qué presentar este documento?
Según el análisis presentado por el alto mando militar, el Ejército y la Fuerza Aérea entrarían en una etapa de degradación irreversible en un plazo estimado de cinco años, lo que implica que el próximo gobierno habría heredado un aparato prácticamente inservible de defensa nacional.
Es posible que la política actual de utilizar intensivamente a las Fuerzas Armadas haya profundizado el proceso de degradación del poder militar.
Resulta evidente que al tomar la decisión de utilizar el máximo de fuerza militar posible contra la delincuencia organizada, el gobierno actual no tomó en cuenta el rezago acumulado en el Ejército y la Fuerza Aérea ni consideró tampoco la imposibilidad logística de mantener esa política sin un incremento significativo en el presupuesto militar.
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional habría aceptado la profundización de su papel en la lucha contra la delincuencia organizada, sin advertir al poder civil de la inexistencia de recursos suficientes para mantener ese combate. Si acaso realizó la advertencia, el gobierno de Calderón hizo caso omiso de ella.
¿Cómo salir del problema? Es paradójico que la mejor salida no sea el incremento simple del presupuesto castrense. Actualmente, no es posible construir una fuerza militar efectiva si cada dependencia aboga por sus necesidades sin tomar en cuenta a las demás. Este estilo burocrático, casi gremial, de pelear por recursos y asignarlos, conocido como “chimenea”, sólo lleva al desequilibrio entre las fuerzas de tierra, mar y aire, y al deterioro paulatino de la capacidad de defensa.
Sin embargo, el mejor camino está apenas apuntado en el mismo documento militar: se requiere una política de defensa. Si siguiera el ejemplo de otros países de América Latina, el Estado mexicano convocaría la participación activa de legisladores, académicos y organismos no gubernamentales para definir objetivos nacionales de seguridad y defensa, y en este proceso elaboraría una política de defensa.
De ahí se desprenderían la política militar, el diseño de la fuerza que necesita el país y la asignación de los recursos necesarios y posibles.
Falta ver cómo responden el Congreso y el presidente Calderón. De sus decisiones actuales depende en buena medida el futuro y viabilidad de las Fuerzas Armadas mexicanas.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
El aspecto más dramático de ese planteamiento realizado en el documento Panorama general del Ejército y la Fuerza Aérea, presentado a los senadores del país, se refiere a la incapacidad de mantener la guerra contra otra fuerza armada más allá de 25 días. En términos hipotéticos, esto significaría que una invasión militar al territorio mexicano podría consumarse en menos de un mes.
Los aviones de la Fuerza Aérea sólo librarían una batalla del honor, los buques de guerra mexicanos estarían en desventaja con sus naves obsoletas e insuficientes y las tropas tendrían que convertirse en una fuerza guerrillera para defender al territorio nacional.
El documento entregado sintetiza el estado real del Ejército y la Fuerza Aérea, caracterizado por la operación caótica de los sistemas de operación, logística, administración y educación militar, así como por un impacto de la escasez histórica de recursos en la moral y condiciones de vida de las tropas, y por la obsolescencia del material de guerra.
¿Por qué presentar este documento?
Según el análisis presentado por el alto mando militar, el Ejército y la Fuerza Aérea entrarían en una etapa de degradación irreversible en un plazo estimado de cinco años, lo que implica que el próximo gobierno habría heredado un aparato prácticamente inservible de defensa nacional.
Es posible que la política actual de utilizar intensivamente a las Fuerzas Armadas haya profundizado el proceso de degradación del poder militar.
Resulta evidente que al tomar la decisión de utilizar el máximo de fuerza militar posible contra la delincuencia organizada, el gobierno actual no tomó en cuenta el rezago acumulado en el Ejército y la Fuerza Aérea ni consideró tampoco la imposibilidad logística de mantener esa política sin un incremento significativo en el presupuesto militar.
Por otra parte, la Secretaría de la Defensa Nacional habría aceptado la profundización de su papel en la lucha contra la delincuencia organizada, sin advertir al poder civil de la inexistencia de recursos suficientes para mantener ese combate. Si acaso realizó la advertencia, el gobierno de Calderón hizo caso omiso de ella.
¿Cómo salir del problema? Es paradójico que la mejor salida no sea el incremento simple del presupuesto castrense. Actualmente, no es posible construir una fuerza militar efectiva si cada dependencia aboga por sus necesidades sin tomar en cuenta a las demás. Este estilo burocrático, casi gremial, de pelear por recursos y asignarlos, conocido como “chimenea”, sólo lleva al desequilibrio entre las fuerzas de tierra, mar y aire, y al deterioro paulatino de la capacidad de defensa.
Sin embargo, el mejor camino está apenas apuntado en el mismo documento militar: se requiere una política de defensa. Si siguiera el ejemplo de otros países de América Latina, el Estado mexicano convocaría la participación activa de legisladores, académicos y organismos no gubernamentales para definir objetivos nacionales de seguridad y defensa, y en este proceso elaboraría una política de defensa.
De ahí se desprenderían la política militar, el diseño de la fuerza que necesita el país y la asignación de los recursos necesarios y posibles.
Falta ver cómo responden el Congreso y el presidente Calderón. De sus decisiones actuales depende en buena medida el futuro y viabilidad de las Fuerzas Armadas mexicanas.
jlsierra@hotmail.com
Especialista en temas de seguridad y fuerzas armadas
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