Narcocumbre en Sinaloa: Frágil tregua
PATRICIA DáVILA
PATRICIA DáVILA
Publicado en la revista Proceso (http://www.proceso.com.mx/), 1682, 25 de enero de 2009;
En diciembre pasado, capos de algunos de los principales cárteles mexicanos de la droga acordaron llamar a sus integrantes a suspender las confrontaciones violentas y enfocarse a la recuperación de sus negocios. Sin embargo, las fuentes que confirman y ofrecen detalles del pacto se muestran pesimistas sobre si tiene realmente fundamentos para que la tregua pueda prolongarse.
CULIACÁN, SIN.- Los principales cárteles del narcotráfico, que han ensangrentado el país con sus confrontaciones, acordaron en diciembre pasado una tregua indefinida que ha tenido alcance nacional y se refleja en una relativa disminución de balaceras, enfrentamientos, matanzas y ajustes de cuentas, reveló en su edición del domingo 11 de enero el semanario local Ríodoce, que se dedica prioritariamente a temas del narcotráfico.
La información, publicada bajo el título de Pactan los narcos. La Sedena lo promueve y el Cisen lo registra, sostiene que el cese al fuego se pactó "para recuperar el control del tráfico de enervantes que, debido a su concentración en la guerra, estaban perdiendo" los cárteles. Además, se estableció que cada organización "cobraría los ajustes de cuentas" que tenía pendientes antes de llegar a este acuerdo.
Durante un recorrido que Proceso realizó del 14 al 21 de enero por los municipios de Culiacán, Navolato y Badiraguato, constató que en estas localidades el Ejército no realiza patrullajes y quitó los retenes, con excepción de uno, cercano a la caseta que está a la salida de Culiacán, por la carretera internacional que lleva al límite entre Durango y Sinaloa. Justo el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico.
Desde el mes pasado, en calles, plazas, taxis, restaurantes, hoteles y comercios se habla de esa negociación entre los jefes de los cárteles. Para los lugareños, esto se hizo evidente el 24 y el 31 de diciembre, cuando dejaron de escuchar los disparos de cuerno de chivo a los que están acostumbrados.
Los enfrentamientos por el control de esta plaza, al igual que de las correspondientes a otras ciudades y estados, como Tijuana, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México, se recrudecieron a partir del 30 de abril de 2008, cuando los hermanos Beltrán Ley-va se escindieron del cártel de Sinaloa y pactaron con Vicente Carrillo Fuentes, aliado de Los Zetas. Estas tres organizaciones, al igual que los Arellano, combatían al cártel de Sinaloa.
Esta guerra, que aparentemente entró en una tregua después de casi ocho meses de ejecuciones y enfrentamientos, el año pasado dejó un saldo de 5 mil 500 ejecuciones en el país, mil 156 de ellas en Sinaloa.
Esto convierte a la entidad en una de las más violentas y muestra el incremento de este delito, ya que en 2007 se registraron aquí 743 asesinatos relacionados con el narcotráfico, mientras que en 2006 fueron 605. En lo que va de este año, hasta el domingo 11, la Procuraduría General de Justicia del Estado tenía registrados 25, pero un monitoreo en medios arrojó que al cierre de esta edición se habían difundido 46 de estos crímenes, aunque no todos se relacionaron explícitamente con el crimen organizado.
Según el semanario Ríodoce, "en el acuerdo de cese al fuego al parecer participaron representantes de organizaciones que dirigen Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix, además de (Vicente El Viceroy) Carrillo Fuentes".
Señala que el primer acercamiento estuvo a cargo de representantes de segundo nivel de estas organizaciones y se llevó a cabo en un privado de un conocido restaurante de Culiacán especializado en mariscos.
"De estos encuentros tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancias que montaron discretos operativos y se mantuvieron informados de los avances de esas negociaciones", afirma Ríodoce.
"Uno de los argumentos planteados por los capos de las organizaciones criminales que participaron en la tregua es que se han olvidado del mercado y del negocio local de la droga por priorizar las ejecuciones y enfrentamientos entre bandas contrarias. Descuidaron el negocio y son otros los que lo están operando, y no precisamente con autorización de los jefes", añade la nota.
Sin embargo, se afirma en el semanario, acordaron que todavía realizarán las ejecuciones que tienen pendientes como parte de anteriores "ajustes de cuentas".
Hasta el viernes 23, Ríodoce no recibió ningún desmentido acerca de esta información, ni siquiera de las dependencias mencionadas en la nota (la Sedena y el Cisen).
Cuestión de negocios
La última vez que los capos del narcotráfico mexicano se reunieron para firmar un pacto fue en agosto de 2007, cuando en al menos siete encuentros los cárteles de Sinaloa y del Golfo definieron el reparto de territorios y se comprometieron a respetarlo, así como a cesar las ejecuciones entre miembros de ambas organizaciones.
Y la cumbre más célebre entre grupos antagónicos dedicados al tráfico de drogas se realizó tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien hasta abril de 1989 fue jefe del cártel del Pacífico.
En aquella ocasión, Félix Gallardo logró reunir en Acapulco a todos los capos y les repartió el territorio. Asistieron, entre otros, los hermanos Arellano Félix, El Güero Palma y Rafael Aguilar Guajardo, este último encargado de realizar todos los preparativos. Las negociaciones fueron exitosas, aunque después comenzó la disputa territorial que hasta la fecha sigue vigente (Proceso 1600).
Una fuente cercana al cártel de Sinaloa, anónima por razones obvias, habló con la reportera y comentó que tiene conocimiento de que la iniciativa para este encuentro fue de Joaquín El Chapo Guzmán, quien contactó a los jefes de otras organizaciones a través de un emisario al que los cárteles identifican como "el M1".
Lo primero que se estableció fue que el acercamiento inicial se llevara a cabo en este estado, tierra natal de la mayoría de los capos: los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, Guzmán Loera y los Beltrán Leyva, así como Zambada y Esparragoza. La fuente consultada señala que, según su información, a ese primer encuentro del 11 de diciembre, efectuado en el restaurante al que identifica como Los Arcos de la capital sinaloense, sólo asistieron representantes de segundo nivel, con la misión de allanar el camino al acuerdo principal.
Inicialmente las organizaciones pactaron dos puntos fundamentales: "El cese al fuego hasta el día 30 de enero de este año y las cuentas (ejecuciones) que cada cártel tenía pendientes de cobrar. Cada uno cede y acuerdan concluir los ajustes pendientes", reitera la fuente.
Dos días después del primer encuentro, continúa, los jefes de los cárteles sellaron el pacto. En esta ocasión se reunieron durante cinco horas en el centro recreativo Nuevo Altata, a 20 minutos del municipio de Navolato y a 40 de Culiacán.
-¿Quiénes asistieron y qué asuntos concretos trataron? -inquiere la reportera.
-Se supo que asistieron Vicente Carrillo, por el cártel de Tijuana; los Arellano Félix, por el de Juárez; Joaquín Guzmán Loera, del cártel de Sinaloa, y Arturo Beltrán Leyva.
"Tenemos información de que a la segunda reunión también se sumaron representantes de La Familia, operadora de Michoacán", y del cártel del Golfo, de Tamaulipas, agrega.
-¿Quiénes estuvieron presentes en representación de esos cárteles?
-Lo único que puedo decirle es que se sumaron.
-¿Hubo acuerdos?
-Al parecer, coincidieron en que la guerra entre cárteles por el control del mercado los estaba llevando a descuidarlo. Tenían identificadas a cinco personas o familias que, aprovechando los vacíos que estaba dejando la disputa, empezaron a trabajar solas. Incluso lograron amarrar contactos directos con los que pactaron en Colombia, Panamá y Argentina.
"Las pérdidas económicas por los decomisos en realidad para la gente de los cárteles no significan un fuerte golpe, porque se recuperan. Lo importante para ellos era alinear a los que estaban despegando solos, sobre todo en Sonora, Durango, Michoacán, Jalisco y Sinaloa."
-¿Cómo harán para alinear a los que trabajaban por cuenta propia?
-Se ha manejado que a través de El Mayo Zambada.
-¿Qué pasará si alguno trata de quedarse con el mercado?
-Tienen inteligencia, pero no estructura. Tengo entendido que les falta capacidad, porque su fuerza la basan en 50 o 60 personas en cada estado. No tienen volumen de fuego, mientras los grandes capos tienen cientos.
Otras versiones, obtenidas entre miembros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, coinciden en que el pacto entre capos es real. Uno de ellos señala:
"Prueba de ello es que dejaron de registrarse las frecuentes balaceras y múltiples ejecuciones que tuvimos hasta las dos primeras semanas de diciembre. Incluso, de manera simultánea a la tregua de cese al fuego concertada por los capos, el gobierno federal retiró una buena parte de los operativos de las calles de Culiacán. No hay soldados ni policías federales. Nosotros mismos retiramos las unidades y a los elementos asignados al operativo Culiacán-Navolato, iniciado en mayo pasado."
Según más testimonios de la policía local, dos de los cinco batallones del Ejército ya no están operando en Culiacán, además de que fue enviado a otra región del país el Sexto Regimiento Blindado, cuyas unidades Hummer y artilladas desfilaban diariamente por la capital sinaloense.
También abandonaron la plaza cuando menos un centenar de los 250 agentes de la Policía Federal adscritos a Culiacán-Navolato; el resto permanece replegado en su cuartel.
El gobierno, sin iniciativa
El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Leonel Aguirre Meza, confirma que "el pacto de cese al fuego es una realidad; no hay duda de que fue iniciativa de los grupos delictivos", que "necesitan reconquistar sus espacios y sanar las heridas, porque la guerra dejó bajas de gente muy cercana a los jefes".
Entrevistado en Navolato, Aguirre explica: "Aceptar que fue el gobierno federal el que impulsó la narcocumbre sería como reconocer que la autoridad tuvo éxito en el operativo Culiacán-Navolato. Y no. El gobierno no tuvo nada que ver con la reciente baja de homicidios relacionados con el crimen organizado. Creer lo contrario sería muy cuestionable.
"Cuando el gobierno inició el operativo Culiacán-Navolato nos vendió la idea a los ciudadanos y a los organismos de que venían con un operativo fuerte, enérgico, con estrategia de inteligencia para combatir realmente a los cárteles y bajar el índice delictivo, pero no fue así, y hubo días en que se registraron hasta 14 ejecuciones."
Recuerda que el Ejército y la Policía Federal Preventiva llegaron muy enérgicos, "pero no en contra de quienes dijeron que venían a combatir. Actuaron contra el ciudadano común que se atraviesa en un retén. Traían un alto nivel de prepotencia".
Desde un inicio, explica Aguirre Meza, hubo denuncias y quejas en contra de la Sedena y de la PFP, por eso consideramos importante que el gobierno estuviera autoevaluándose para tomar decisiones.
-¿Que tipo de denuncias?
-De privación ilegal de la libertad, sin una orden, elementos del Ejército y de la Policía Federal pasaron a la rapiña y al robo. Se fue acumulando una serie de quejas; nosotros tenemos 15 bien documentadas. Si el Ejército tuvo en su inicio algo de respaldo de la ciudadanía, con este tipo de exceso lo está perdiendo. Ahora la gente le tiene miedo y rencor.
Enseguida ofrece detalles sobre esas quejas ciudadanas:
"Recibimos 15 quejas contra el Ejército y la PFP. Todos (los quejosos) nos pidieron el anonimato. A dos personas que convencimos de denunciar ante la PGR, después fueron a desistirse de la denuncia por temor a las represalias. A una de ellas la propia PGR le pidió que se desistiera. Lo mismo hizo el Ejército en relación con dos quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)". Ahora, ya no se atreven a denunciar, afirma.
"Pero vamos al fondo: lo que pensamos del operativo Cualiacán-Navolato es que su eficacia en el combate al crimen organizado en Sinaloa no ha sido tal. Yo creo que la tesis de que los grupos organizados se están reuniendo para tomar acuerdos y llegar a la tregua, es una línea verídica", reitera Aguirre.
-¿Por qué sostiene esa tesis?
-Porque el cese al fuego en realidad no es producto de la eficacia del operativo, si así fuera se habría notado desde que entraron (a Sinaloa) las Fuerzas Armadas y no fue así. Por el contrario, de diciembre a la fecha en que se dio la narcocumbre, el índice delictivo ha ido a la baja.
"Es claro que lo único que puede impactar directamente en una baja de muertes es un pacto entre capos. Por otra parte, el rompimiento entre los cárteles ocasionó que se dañaran fuertemente, por homicidios de gente muy cercana a los jefes".
-¿Ese tipo de ejecuciones no hace muy frágil ese pacto? Porque murió José Cruz, hermano de los Carrillo Fuentes; Édgar Guzmán, hijo de El Chapo, y Arturo Meza, hijo de Blanca Margarita Cázarez, La Emperatriz.
-Claro, pero también es un factor más que se suma a la urgencia de reunirse para dictar un cese al fuego.
-¿Cuánto tiempo puede durar esta tregua?
-Ojalá sea permanente, pero el que este pacto sea de largo alcance dependerá de lo productivos que resulten los negocios.
-¿Dentro del pacto es posible una redistribución geográfica para el control de cada organización?
-Una negociación de ese nivel sería con base en la región que le toque explotar a cada cártel. Incluso, creo que la autoridad podría consentir un pacto de esta naturaleza. Y si esto incluye una baja de homicidios, que es en donde la agente más palpa el problema de la inseguridad, la autoridad encantada. En términos fríos, el gobierno federal se serviría de un pacto de esta naturaleza, porque simplemente ya no tendría que enfrentarse al crimen organizado en una guerra que, por cierto, va perdiendo.
-¿Las autoridades iniciaron una guerra sin labor de inteligencia?
-Cuando llegaron, anunciaron una guerra contra un enemigo que no habían valorado. Minimizaron o no midieron el nivel de fuerza que tenía el crimen organizado al que le declararon la guerra.
-Si hay una tregua, ¿cómo se explica el hecho de que el lunes 19 un grupo armado recuperara 10 vehículos que habían sido asegurados por la PGR?
-La tregua es sólo entre cárteles. Lo que usted me dice fue en contra del Ejército. Antes, el 30 de septiembre del año pasado, ya habían robado cinco avionetas incautadas. La realidad es que cualquier alcance que pueda tener la tregua va a ser suficiente para que la autoridad también se someta a ellos (los acuerdos).
-¿Existe la posibilidad de que el gobierno federal haya impulsado la tregua?
-No es posible. La única forma en que pudo impulsarla es que haya asumido su incapacidad para ganarle una guerra a los cárteles. En mi opinión, hay que esperar a que los capos concluyan los ajustes acordados y que logren pactar la redistribución de las plazas, para garantizar la permanencia del cese al fuego.
CULIACÁN, SIN.- Los principales cárteles del narcotráfico, que han ensangrentado el país con sus confrontaciones, acordaron en diciembre pasado una tregua indefinida que ha tenido alcance nacional y se refleja en una relativa disminución de balaceras, enfrentamientos, matanzas y ajustes de cuentas, reveló en su edición del domingo 11 de enero el semanario local Ríodoce, que se dedica prioritariamente a temas del narcotráfico.
La información, publicada bajo el título de Pactan los narcos. La Sedena lo promueve y el Cisen lo registra, sostiene que el cese al fuego se pactó "para recuperar el control del tráfico de enervantes que, debido a su concentración en la guerra, estaban perdiendo" los cárteles. Además, se estableció que cada organización "cobraría los ajustes de cuentas" que tenía pendientes antes de llegar a este acuerdo.
Durante un recorrido que Proceso realizó del 14 al 21 de enero por los municipios de Culiacán, Navolato y Badiraguato, constató que en estas localidades el Ejército no realiza patrullajes y quitó los retenes, con excepción de uno, cercano a la caseta que está a la salida de Culiacán, por la carretera internacional que lleva al límite entre Durango y Sinaloa. Justo el llamado Triángulo Dorado del narcotráfico.
Desde el mes pasado, en calles, plazas, taxis, restaurantes, hoteles y comercios se habla de esa negociación entre los jefes de los cárteles. Para los lugareños, esto se hizo evidente el 24 y el 31 de diciembre, cuando dejaron de escuchar los disparos de cuerno de chivo a los que están acostumbrados.
Los enfrentamientos por el control de esta plaza, al igual que de las correspondientes a otras ciudades y estados, como Tijuana, Chihuahua, Durango, Michoacán, Guerrero, Zacatecas y la Ciudad de México, se recrudecieron a partir del 30 de abril de 2008, cuando los hermanos Beltrán Ley-va se escindieron del cártel de Sinaloa y pactaron con Vicente Carrillo Fuentes, aliado de Los Zetas. Estas tres organizaciones, al igual que los Arellano, combatían al cártel de Sinaloa.
Esta guerra, que aparentemente entró en una tregua después de casi ocho meses de ejecuciones y enfrentamientos, el año pasado dejó un saldo de 5 mil 500 ejecuciones en el país, mil 156 de ellas en Sinaloa.
Esto convierte a la entidad en una de las más violentas y muestra el incremento de este delito, ya que en 2007 se registraron aquí 743 asesinatos relacionados con el narcotráfico, mientras que en 2006 fueron 605. En lo que va de este año, hasta el domingo 11, la Procuraduría General de Justicia del Estado tenía registrados 25, pero un monitoreo en medios arrojó que al cierre de esta edición se habían difundido 46 de estos crímenes, aunque no todos se relacionaron explícitamente con el crimen organizado.
Según el semanario Ríodoce, "en el acuerdo de cese al fuego al parecer participaron representantes de organizaciones que dirigen Ismael El Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix, además de (Vicente El Viceroy) Carrillo Fuentes".
Señala que el primer acercamiento estuvo a cargo de representantes de segundo nivel de estas organizaciones y se llevó a cabo en un privado de un conocido restaurante de Culiacán especializado en mariscos.
"De estos encuentros tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancias que montaron discretos operativos y se mantuvieron informados de los avances de esas negociaciones", afirma Ríodoce.
"Uno de los argumentos planteados por los capos de las organizaciones criminales que participaron en la tregua es que se han olvidado del mercado y del negocio local de la droga por priorizar las ejecuciones y enfrentamientos entre bandas contrarias. Descuidaron el negocio y son otros los que lo están operando, y no precisamente con autorización de los jefes", añade la nota.
Sin embargo, se afirma en el semanario, acordaron que todavía realizarán las ejecuciones que tienen pendientes como parte de anteriores "ajustes de cuentas".
Hasta el viernes 23, Ríodoce no recibió ningún desmentido acerca de esta información, ni siquiera de las dependencias mencionadas en la nota (la Sedena y el Cisen).
Cuestión de negocios
La última vez que los capos del narcotráfico mexicano se reunieron para firmar un pacto fue en agosto de 2007, cuando en al menos siete encuentros los cárteles de Sinaloa y del Golfo definieron el reparto de territorios y se comprometieron a respetarlo, así como a cesar las ejecuciones entre miembros de ambas organizaciones.
Y la cumbre más célebre entre grupos antagónicos dedicados al tráfico de drogas se realizó tras la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, quien hasta abril de 1989 fue jefe del cártel del Pacífico.
En aquella ocasión, Félix Gallardo logró reunir en Acapulco a todos los capos y les repartió el territorio. Asistieron, entre otros, los hermanos Arellano Félix, El Güero Palma y Rafael Aguilar Guajardo, este último encargado de realizar todos los preparativos. Las negociaciones fueron exitosas, aunque después comenzó la disputa territorial que hasta la fecha sigue vigente (Proceso 1600).
Una fuente cercana al cártel de Sinaloa, anónima por razones obvias, habló con la reportera y comentó que tiene conocimiento de que la iniciativa para este encuentro fue de Joaquín El Chapo Guzmán, quien contactó a los jefes de otras organizaciones a través de un emisario al que los cárteles identifican como "el M1".
Lo primero que se estableció fue que el acercamiento inicial se llevara a cabo en este estado, tierra natal de la mayoría de los capos: los Arellano Félix, los Carrillo Fuentes, Guzmán Loera y los Beltrán Leyva, así como Zambada y Esparragoza. La fuente consultada señala que, según su información, a ese primer encuentro del 11 de diciembre, efectuado en el restaurante al que identifica como Los Arcos de la capital sinaloense, sólo asistieron representantes de segundo nivel, con la misión de allanar el camino al acuerdo principal.
Inicialmente las organizaciones pactaron dos puntos fundamentales: "El cese al fuego hasta el día 30 de enero de este año y las cuentas (ejecuciones) que cada cártel tenía pendientes de cobrar. Cada uno cede y acuerdan concluir los ajustes pendientes", reitera la fuente.
Dos días después del primer encuentro, continúa, los jefes de los cárteles sellaron el pacto. En esta ocasión se reunieron durante cinco horas en el centro recreativo Nuevo Altata, a 20 minutos del municipio de Navolato y a 40 de Culiacán.
-¿Quiénes asistieron y qué asuntos concretos trataron? -inquiere la reportera.
-Se supo que asistieron Vicente Carrillo, por el cártel de Tijuana; los Arellano Félix, por el de Juárez; Joaquín Guzmán Loera, del cártel de Sinaloa, y Arturo Beltrán Leyva.
"Tenemos información de que a la segunda reunión también se sumaron representantes de La Familia, operadora de Michoacán", y del cártel del Golfo, de Tamaulipas, agrega.
-¿Quiénes estuvieron presentes en representación de esos cárteles?
-Lo único que puedo decirle es que se sumaron.
-¿Hubo acuerdos?
-Al parecer, coincidieron en que la guerra entre cárteles por el control del mercado los estaba llevando a descuidarlo. Tenían identificadas a cinco personas o familias que, aprovechando los vacíos que estaba dejando la disputa, empezaron a trabajar solas. Incluso lograron amarrar contactos directos con los que pactaron en Colombia, Panamá y Argentina.
"Las pérdidas económicas por los decomisos en realidad para la gente de los cárteles no significan un fuerte golpe, porque se recuperan. Lo importante para ellos era alinear a los que estaban despegando solos, sobre todo en Sonora, Durango, Michoacán, Jalisco y Sinaloa."
-¿Cómo harán para alinear a los que trabajaban por cuenta propia?
-Se ha manejado que a través de El Mayo Zambada.
-¿Qué pasará si alguno trata de quedarse con el mercado?
-Tienen inteligencia, pero no estructura. Tengo entendido que les falta capacidad, porque su fuerza la basan en 50 o 60 personas en cada estado. No tienen volumen de fuego, mientras los grandes capos tienen cientos.
Otras versiones, obtenidas entre miembros de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, coinciden en que el pacto entre capos es real. Uno de ellos señala:
"Prueba de ello es que dejaron de registrarse las frecuentes balaceras y múltiples ejecuciones que tuvimos hasta las dos primeras semanas de diciembre. Incluso, de manera simultánea a la tregua de cese al fuego concertada por los capos, el gobierno federal retiró una buena parte de los operativos de las calles de Culiacán. No hay soldados ni policías federales. Nosotros mismos retiramos las unidades y a los elementos asignados al operativo Culiacán-Navolato, iniciado en mayo pasado."
Según más testimonios de la policía local, dos de los cinco batallones del Ejército ya no están operando en Culiacán, además de que fue enviado a otra región del país el Sexto Regimiento Blindado, cuyas unidades Hummer y artilladas desfilaban diariamente por la capital sinaloense.
También abandonaron la plaza cuando menos un centenar de los 250 agentes de la Policía Federal adscritos a Culiacán-Navolato; el resto permanece replegado en su cuartel.
El gobierno, sin iniciativa
El presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos, Leonel Aguirre Meza, confirma que "el pacto de cese al fuego es una realidad; no hay duda de que fue iniciativa de los grupos delictivos", que "necesitan reconquistar sus espacios y sanar las heridas, porque la guerra dejó bajas de gente muy cercana a los jefes".
Entrevistado en Navolato, Aguirre explica: "Aceptar que fue el gobierno federal el que impulsó la narcocumbre sería como reconocer que la autoridad tuvo éxito en el operativo Culiacán-Navolato. Y no. El gobierno no tuvo nada que ver con la reciente baja de homicidios relacionados con el crimen organizado. Creer lo contrario sería muy cuestionable.
"Cuando el gobierno inició el operativo Culiacán-Navolato nos vendió la idea a los ciudadanos y a los organismos de que venían con un operativo fuerte, enérgico, con estrategia de inteligencia para combatir realmente a los cárteles y bajar el índice delictivo, pero no fue así, y hubo días en que se registraron hasta 14 ejecuciones."
Recuerda que el Ejército y la Policía Federal Preventiva llegaron muy enérgicos, "pero no en contra de quienes dijeron que venían a combatir. Actuaron contra el ciudadano común que se atraviesa en un retén. Traían un alto nivel de prepotencia".
Desde un inicio, explica Aguirre Meza, hubo denuncias y quejas en contra de la Sedena y de la PFP, por eso consideramos importante que el gobierno estuviera autoevaluándose para tomar decisiones.
-¿Que tipo de denuncias?
-De privación ilegal de la libertad, sin una orden, elementos del Ejército y de la Policía Federal pasaron a la rapiña y al robo. Se fue acumulando una serie de quejas; nosotros tenemos 15 bien documentadas. Si el Ejército tuvo en su inicio algo de respaldo de la ciudadanía, con este tipo de exceso lo está perdiendo. Ahora la gente le tiene miedo y rencor.
Enseguida ofrece detalles sobre esas quejas ciudadanas:
"Recibimos 15 quejas contra el Ejército y la PFP. Todos (los quejosos) nos pidieron el anonimato. A dos personas que convencimos de denunciar ante la PGR, después fueron a desistirse de la denuncia por temor a las represalias. A una de ellas la propia PGR le pidió que se desistiera. Lo mismo hizo el Ejército en relación con dos quejas interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)". Ahora, ya no se atreven a denunciar, afirma.
"Pero vamos al fondo: lo que pensamos del operativo Cualiacán-Navolato es que su eficacia en el combate al crimen organizado en Sinaloa no ha sido tal. Yo creo que la tesis de que los grupos organizados se están reuniendo para tomar acuerdos y llegar a la tregua, es una línea verídica", reitera Aguirre.
-¿Por qué sostiene esa tesis?
-Porque el cese al fuego en realidad no es producto de la eficacia del operativo, si así fuera se habría notado desde que entraron (a Sinaloa) las Fuerzas Armadas y no fue así. Por el contrario, de diciembre a la fecha en que se dio la narcocumbre, el índice delictivo ha ido a la baja.
"Es claro que lo único que puede impactar directamente en una baja de muertes es un pacto entre capos. Por otra parte, el rompimiento entre los cárteles ocasionó que se dañaran fuertemente, por homicidios de gente muy cercana a los jefes".
-¿Ese tipo de ejecuciones no hace muy frágil ese pacto? Porque murió José Cruz, hermano de los Carrillo Fuentes; Édgar Guzmán, hijo de El Chapo, y Arturo Meza, hijo de Blanca Margarita Cázarez, La Emperatriz.
-Claro, pero también es un factor más que se suma a la urgencia de reunirse para dictar un cese al fuego.
-¿Cuánto tiempo puede durar esta tregua?
-Ojalá sea permanente, pero el que este pacto sea de largo alcance dependerá de lo productivos que resulten los negocios.
-¿Dentro del pacto es posible una redistribución geográfica para el control de cada organización?
-Una negociación de ese nivel sería con base en la región que le toque explotar a cada cártel. Incluso, creo que la autoridad podría consentir un pacto de esta naturaleza. Y si esto incluye una baja de homicidios, que es en donde la agente más palpa el problema de la inseguridad, la autoridad encantada. En términos fríos, el gobierno federal se serviría de un pacto de esta naturaleza, porque simplemente ya no tendría que enfrentarse al crimen organizado en una guerra que, por cierto, va perdiendo.
-¿Las autoridades iniciaron una guerra sin labor de inteligencia?
-Cuando llegaron, anunciaron una guerra contra un enemigo que no habían valorado. Minimizaron o no midieron el nivel de fuerza que tenía el crimen organizado al que le declararon la guerra.
-Si hay una tregua, ¿cómo se explica el hecho de que el lunes 19 un grupo armado recuperara 10 vehículos que habían sido asegurados por la PGR?
-La tregua es sólo entre cárteles. Lo que usted me dice fue en contra del Ejército. Antes, el 30 de septiembre del año pasado, ya habían robado cinco avionetas incautadas. La realidad es que cualquier alcance que pueda tener la tregua va a ser suficiente para que la autoridad también se someta a ellos (los acuerdos).
-¿Existe la posibilidad de que el gobierno federal haya impulsado la tregua?
-No es posible. La única forma en que pudo impulsarla es que haya asumido su incapacidad para ganarle una guerra a los cárteles. En mi opinión, hay que esperar a que los capos concluyan los ajustes acordados y que logren pactar la redistribución de las plazas, para garantizar la permanencia del cese al fuego.
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Revista sinaloense Riodoce (http://www.riodoce.com.mx/
Pactan tregua los narcos /Javier Valdez
Lunes 12 de enero de 2009
Pactan tregua los narcos /Javier Valdez
Lunes 12 de enero de 2009
El gobierno, a través de la Sedena, promovió el acuerdo
Cárteles del narcotráfico que están en guerra acordaron en diciembre pasado una tregua indefinida que ha tenido alcances nacionales y que se ha reflejado en una baja en balaceras, enfrentamientos, matanzas y ajustes de cuentas, revelaron fuentes extraoficiales.
En el acuerdo de cese al fuego, al parecer participaron representantes de las organizaciones criminales que dirigen Ismael Zambada, el Mayo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes.
En el acuerdo de cese al fuego, al parecer participaron representantes de las organizaciones criminales que dirigen Ismael Zambada, el Mayo, Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes.
El pacto involucra entonces a los cárteles de Sinaloa, Tijuana, Juárez y de los Beltrán Leyva —que se escindió desde este año de la organización del Chapo—. Estos tres últimos mantienen una guerra en contra de Guzmán y Zambada, que se ha expresado en forma sangrienta desde el 30 de abril en Culiacán y otros municipios de esta entidad, extendiéndose a todo el país.
El primer acercamiento fue en un privado de un exclusivo restaurante de mariscos de Culiacán, en la capital sinaloense, un día después de que fue arrojada al menos una granada a la fachada del cuartel provisional que tiene el Ejército Mexicano en la ciudad de Navolato, el 10 de diciembre de 2008.
Horas después de este atentado, que ocurrió durante la madrugada, miles de efectivos militares “tomaron” las calles de Navolato y realizaron un fuerte operativo. Aparentemente hubo un encontronazo verbal entre el comandante de la Novena Zona Militar, Noé Sandoval, con el alcalde Fernando García Aguirre, quien aparentemente salió regañado por el oficial. Versiones de organismos de seguridad de la entidad indican que luego de este ataque llegó a Culiacán, a la Base Aérea ubicada junto al aeropuerto de Bachigualato, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien encabezó en estas instalaciones y en la Novena Zona Militar, reuniones con los mandos regionales de la Sedena. Al titular de la Sedena, señalan las fuentes, se retiró de Culiacán alrededor de las 16:00 horas.
En el primer encuentro participaron representantes de todas estas organizaciones, pero de segundo nivel. El siguiente y último encuentro se realizó cerca de dos días después, pero con representantes de primer nivel de cada uno de los capos, en las instalaciones del Nuevo Altata. De estos encuentros tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), instancias que montaron discretos operativos y se mantuvieron informados de los avances de estas negociaciones. A su vez, la Secretaría de la Defensa Nacional retiró recientemente efectivos militares que estaban adscritos al operativo Culiacán-Navolato, iniciado a principios de mayo para combatir la criminalidad, el tráfico de drogas y armas, y las ejecuciones relacionadas con el narco.
Fuentes cercanas a este operativo señalan que dos de cinco batallones ya no están operando en Culiacán, además de que fue enviado a otra región del país el Sexto Regimiento Blindado, cuyas unidades tipo Hummer, artilladas, desfilaban por la capital sinaloense. Además, al menos un centenar de agentes de la Policía Federal, de cerca de 250 que estaban adscritos a este operativo, también fueron retirados. La ausencia de estos elementos y de militares en Culiacán, ya no se diga en Navolato y Mazatlán, es evidente. Uno de los argumentos planteados por los capos de las organizaciones criminales que participaron en la tregua es que se han olvidado del mercado y del negocio local de la droga para priorizar las ejecuciones y enfrentamientos entre bandas contrarias. “Ellos descuidaron el negocio y son otros los que lo están operando y no precisamente con la autorización de los jefes”, señaló una fuente consultada por Ríodoce.
Uno de los acuerdos es que seguirán las ejecuciones que ya estaban “pendientes” y que son secuela de otros casos de “ajustes de cuentas”, pero no habría asesinatos adicionales. Las partes pactaron además hacer una revisión del acuerdo el 30 de enero, aunque se desconoce la sede de este tercer encuentro. Otras versiones indican que el acuerdo es frágil y pudo haberse roto con el homicidio de Faustino Meza Ontiveros, el 7 de enero de 2009, hermano de Raúl Meza Ontiveros, conocido como el M6, quien era pariente y operador de Javier Torres Félix, el JT, del cártel de Sinaloa, detenido por el Ejército en el 2004 y extraditado en el 2008 a Estados Unidos.
Faustino Meza fue sorprendido por al menos dos sicarios, quienes le dispararon a corta distancia, por la avenida Aldama, a pocos metros del bulevar Leyva Solano, para luego rematarlo en el interior de un establecimiento comercial, en este sector. Sin embargo, las ejecuciones y las escandalosas balaceras del 24 y 31 de diciembre tuvieron una baja sensible. El mes terminó con poco más de 140 asesinatos, una de las más altas del año, pero la tendencia apuntaba a que serían al menos 160. Las últimas matanzas, antes de este acuerdo, fueron las de San Ignacio, a principios de diciembre, en las cercanías de Coyotitán: fueron fusilados 13 jóvenes. Días después fueron 11 en Rosario, en un supuesto enfrentamiento.
Después, los días transcurrieron prácticamente sin sobresaltos, hasta que en tres ataques, entre el 6 y el 7 de diciembre, sumaron seis asesinatos, incluido el de Meza Ontiveros y tres más por la avenida Obregón, en la Lombardo Toledano. Pero estos homicidios, señalaron los observadores de la cotidianidad culichi, fueron parte de la llamada “normalidad
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Baja la violencia en Sinaloa a raíz de la tregua.
Concertada por conveniencia de los principales grupos que controlan el narcotráfico en México para bajar los niveles de violencia y continuar sus negocios, la tregua está “colgada” de alfileres. Ya ha rendido frutos, pero nadie apostaría a que el acuerdo será de largo plazo. Hay crímenes de alto impacto, pero no en la intensidad de los meses de guerra de 2008. Y golpes del Ejército que parecieran querer demostrar que ellos estuvieron al margen del pacto.
Y el pacto va: avanza, se detiene, da frutos, aunque a veces podridos y logra abatir a niveles domésticos los índices de ejecuciones en Sinaloa.
Concertada por conveniencia de los principales grupos que controlan el narcotráfico en México para bajar los niveles de violencia y continuar sus negocios, la tregua está “colgada” de alfileres. Ya ha rendido frutos, pero nadie apostaría a que el acuerdo será de largo plazo. Hay crímenes de alto impacto, pero no en la intensidad de los meses de guerra de 2008. Y golpes del Ejército que parecieran querer demostrar que ellos estuvieron al margen del pacto.
Y el pacto va: avanza, se detiene, da frutos, aunque a veces podridos y logra abatir a niveles domésticos los índices de ejecuciones en Sinaloa.
El acuerdo de cese al fuego, efímero y frágil, cumplió un mes a mediados de enero, pero será a finales, el día 30, cuando los involucrados, jefes de los cárteles del narcotráfico que están en guerra, quienes lo ratifiquen, corrijan, amplíen o rompan, en función de los resultados alcanzados.Por lo pronto, los casos de asesinatos relacionados con las pugnas entre los cárteles de la droga han registrado un descenso.
En enero, durante los primeros 22 días, se tuvieron en Sinaloa 44 homicidios, lo que arroja un promedio de dos diarios. Nada qué ver con los 3.42 asesinatos alcanzados en mayo del 2008, uno de los más altos en ajustes de cuentas (un total de 106 homicidios, según la Procuraduría de Justicia de Sinaloa, aunque otras fuentes señalan que fueron 116), ya que fue el mes en el que se desató la guerra entre los cárteles que encabezan de un lado Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán, y del otro los hermanos Beltrán Leyva, aliados con los Carrillo Fuentes, del cártel de Juárez, los Arellano Félix de Tijuana y Los Zetas y el cártel del Golfo.
Mayo se destacó también por las bajas que tuvieron las fuerzas del orden: el asesinato de Miguel Ángel Santacruz Armendáriz, coordinador de Investigaciones de la Policía Ministerial del Estado, y los crímenes de 12 agentes de la Policía Federal, en dos enfrentamientos en Culiacán y de siete policías municipales. Pero también el asesinato de Édgar Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, en un ataque en el que perdió la vida Arturo Meza Cázares, hijo de La Emperatriz, señalada por el gobierno de Estados Unidos como una de las operadoras financieras del mismo grupo delictivo.
En junio fueron 128 ejecuciones y el promedio diario fue de 4.2 asesinatos. En julio el promedio fue de 4.5 asesinatos, con un total de 141 ultimados a balazos al final del mes. Agosto sumó 92 casos y el promedio diario alcanzado fue de 2.9, mientras que en septiembre el promedio fue de 3.0 asesinatos por día. El mes de octubre sumó 102 ejecuciones y 3.2 en promedio. Noviembre alcanzó 127, es decir, 4.2 ejecuciones y en diciembre, con un total de 144, el promedio diario fue de 4.6 asesinatos.
En enero de 2008, cuando fuerzas de élite del Ejército Mexicano detuvieron a Alfredo Beltrán Leyva, en una casa de seguridad en la colonia Burócrata, apenas se asomaba la guerra entre este grupo delictivo y Zambada y Guzmán: el mes alcanzó 48 homicidios y el promedio diario fue de apenas 1.5.
Antecedentes
Cárteles del narcotráfico que mantienen un fuerte enfrentamiento desde mayo pasado acordaron a mediados de diciembre pasado una tregua indefinida que ha tenido alcances nacionales y que se ha reflejado en una baja en balaceras, enfrentamientos, matanzas y ajustes de cuentas, revelaron fuentes extraoficiales.
En el acuerdo de cese al fuego al parecer participaron representantes de las organizaciones criminales que dirigen Ismael el Mayo Zambada, Joaquín el Chapo Guzmán Loera, Arturo Beltrán Leyva, los hermanos Arellano Félix y los Carrillo Fuentes.
El pacto involucra entonces a los cárteles de Sinaloa, Tijuana, de los Beltrán Leyva —que se escindió desde este año de la organización del Chapo— y Juárez. Estos tres últimos mantienen una guerra en contra de Guzmán y Zambada, que se ha expresado en forma sangrienta desde el 30 de abril en Culiacán y otros municipios de esta entidad, extendiéndose a todo el país.
El primer acercamiento fue en un restaurante ubicado en la colonia Las Quintas, en Culiacán, un día después de que fue arrojada una granada a la fachada del cuartel provisional que tiene el Ejército Mexicano en la ciudad de Navolato, el 10 de diciembre del 2008.
Horas después de este atentado, que ocurrió durante la madrugada, miles de efectivos militares “tomaron” las calles de Navolato y realizaron un fuerte operativo. Aparentemente hubo un encontronazo verbal entre el comandante de la Novena Zona, Noé Sandoval, con el alcalde Fernando García Aguirre, quien aparentemente salió regañado por el oficial.
Versiones de organismos de seguridad de la entidad indican que luego de este ataque llegó a Culiacán, a la base aérea ubicada junto al aeropuerto de Bachigualato, el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, quien encabezó en esas instalaciones y en la Novena Zona Militar, reuniones con los mandos regionales de la Sedena.
El titular de la Sedena, señalan las fuentes, se retiró de Culiacán alrededor de las 16 horas. El siguiente y último encuentro se realizó cerca de dos días después, pero con representantes de primer nivel de cada uno de los capos, en las instalaciones del Nuevo Altata; de las negociaciones tuvo conocimiento la Sedena y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).Algunas de las razones que llevaron a los capos del narco a alcanzar este acuerdo fueron el descuido del negocio, debido a que las organizaciones estaban más preocupadas en aniquilar al enemigo que en las operaciones de dinero y droga, y el surgimiento de células que estaban aprovechando este escenario para hacer negocios por su cuenta.
La reunión de evaluación entre los cárteles del narco que suscribieron este cese al fuego se realizará el 30 de enero. Las partes involucradas podrían ratificar o corregir el pacto, pero también romperlo.
Sinuoso y frágil pacto
Desde que fue pactado, el acuerdo provisional de cese al fuego ha pendido de delgados hilos. Las ejecuciones, tal como se aseguró en su momento, continuarían, de acuerdo con la lista “aprobada” por los cárteles participantes, pero no pasaría de ahí.Además, aunque la presencia del Ejército y de agentes federales ha disminuido considerablemente, los operativos contra el crimen organizado continúan y han logrado esporádicos resultados. El 7 de enero fue ultimado a tiros Faustino Meza Ontiveros, hermano de Raúl Meza, conocido como el M6, pariente de Javier Torres, el JT, ex operador del cártel de Sinaloa, detenido por el Ejército y extraditado en el 2008 a Estados Unidos.También en este mes, un comando se robó diez vehículos —nueve de ellos blindados— que la Procuraduría General de la República (PGR) mantenía asegurados en un rancho ubicado en las cercanías de Los Becos, al sur de Culiacán; cuatro de las unidades fueron recuperadas días después.Y mientras efectivos del Ejército Mexicano aseguraban un narcoinvernadero en la comunidad de Calamato, sindicatura de Eldorado, en la que había 620 plantas de mariguana sembradas con sistema hidropónico (en agua, no en tierra) y de diferentes tipos, un grupo de sicarios ultimaba a balazos a una pareja, frente al hijo de dos años, en el fraccionamiento Colinas del Rey, en la capital sinaloense, el 20 de enero.
Quiso brincarse el retén, pero…
El ejército mexicano informó que Lamberto Verdugo Calderón quiso “brincarse” el retén donde efectivos militares le habían marcado el alto. Y como no se detuvo, los soldados obraron como lo han hecho en casos similares: abriendo fuego. De acuerdo con versiones extraoficiales, el hoy occiso recibió varios impactos, pero uno de ellos, en la región pélvica, fue al parecer calibre .50. Lamberto Verdugo se trasladaba en una camioneta de modelo reciente, al parecer tipo Jeep, Liberty, cuando se topó con el retén militar en las cercanías de la comunidad de Carrizalejo, al poniente de Culiacán, por la carretera a Sanalona, cerca de la medianoche o madrugada del miércoles. Los uniformados, según reportes de las corporaciones de seguridad, le marcaron el alto, pero Verdugo intentó brincar el punto de revisión y los militares abrieron fuego. Al parecer, aún con vida, fue trasladado al Hospital Regional del Issste, ubicado por la calzada Heroico Colegio Militar, frente al cuartel general de la Novena Zona Militar, donde recibió atención médica y murió minutos después. Personal médico de este nosocomio informó que una de las heridas era de 30 centímetros, en la región sacra o pélvica.
Inicialmente, la víctima fue identificada como José Luis Ortega Calderón, de 40 años, con domicilio en callejón Bernal 310, de Nogales, en el estado de Sonora. Horas después se supo que en realidad se trataba de Lamberto Verdugo, quien se desempeñaba como operador financiero de Ismael el Mayo Zambada García, socio de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo.
Verdugo Calderón fue señalado por la Vocería de la Operación Culiacán-Navolato como operador de Zambada, luego del decomiso de 26 millones de dólares el 14 de septiembre, en el fraccionamiento Rincón del Valle, en Culiacán. En estas acciones fueron asegurados también un fusil AK-47, una pistola .9 milímetros, 220 cartuchos de diferente calibre y cuatro camionetas de modelo reciente.En el inmueble se encontraron documentos relacionados con la familia Verdugo Calderón, “entre los que destacan tres tarjetas para portación de radio expedidas por una empresa de radiocomunicación a nombre de Jesús Alfredo Verdugo Calderón, hermano de Lamberto Verdugo Calderón; de este último se tiene información que realiza actividades de lavado de dinero para la organización del narcotraficante Ismael Zambada García”.
El hoy occiso es propietario de los ranchos Los Mezquites, Potrero del Aguaje, y otro más ubicado por la carretera México 15, al sur, en el kilómetro 23, frente a la gasolinera de Costa Rica, además del motel Monteverde, también ubicado en la salida sur de Culiacán. “Se tiene como antecedente que el 21 de diciembre del 2005, en el Rancho Los Mezquites, se encontraba el Mayo Zambada en una fiesta; en esa ocasión se solicitó una orden de cateo para entrar, la cual fue denegada por las autoridades”. Además, el 15 de junio del 2007 fue detenido Trinidad Verdugo Calderón, en calle Ángel Martínez, esquina con calle Francisco Tolentino, s/n, colonia 21 de Marzo, en Culiacán, con porciones de droga y posteriormente fue puesto en libertad.El 23 de julio pasado, la Policía Federal Preventiva detuvo a Teodoro Verdugo Calderón de 41 años, junto con una mujer de nombre Carla Pérez Carrizosa, en la colonia Las Huertas, en Culiacán, quienes portaban una pistola calibre 45 con 7 cartuchos útiles; ambos fueron trasladados a la Ciudad de México y fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR (SIEDO).Luego del aseguramiento de los 26 millones de dólares, los militares indagaron en la vivienda ubicada a un lado del primer inmueble, en la casa marcada con el número 5688, propiedad de Sergio Castañeda Medina, conocido como el Guacho, operador y homicida al servicio de Zambada y Guzmán.
En el lugar fueron asegurados cartuchos diversos, droga y documentos que indica que el dinero asegurado iba a ser destinado “para el pago de células delictivas ya que algunos paquetes estaban marcados con nombres, alias y números como “luis”, “el chistoso” “el payasito”, “ak7”, entre otros, en cantidades que oscilaban de 30,000.00 hasta 150,000.00 (dólares)”.El responsable de este resguardo era el mismo Castañeda Medina, conocido también como el Doce, de 37 años, quien se hace pasar por comerciante y es originario de La Cofradía de la Loma, municipio de Navolato, y se relaciona con Luis Cuauhtémoc Palma Salazar, el Temo, hermano de Héctor Luis Palma Salazar, el Güero Palma. Castañeda tiene órdenes de aprehensión por delitos contra la salud, homicidio, extorsión y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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