26 feb 2009

Carmen Segura

Columna JAQUE MATE/ Sergio SarmientoLa acusada
Publicado en Reforma, 26/II/2009;
"Aun las acusaciones dudosas dejan una mancha". Thomas Fuller Este 24 de febrero la Secretaría de la Función Pública tomó la decisión de cancelar en definitiva las sanciones que pesaban contra Carmen Segura Rangel. Terminan así más de tres años de pesadilla legal para esta mujer que fue coordinadora de Protección Civil durante el gobierno de Vicente Fox.
El 25 de noviembre de 2005 Segura Rangel fue destituida e inhabilitada durante 10 años para
ocupar cualquier cargo público por la Secretaría de la Función Pública, en ese entonces encabezada por el panista Eduardo Romero Ramos. Además de la inhabilitación, la SFP determinó aplicarle una sanción de 1 millón 773 mil pesos.


Se acusaba a la ex titular de la Coordinación de Protección Civil de haber autorizado la compra, presuntamente no justificada, de 9 mil 987 pares de botas y 15 mil 513 impermeables para los damnificados del huracán Isidore (Reforma, 24 febrero 2009). Originalmente, la información que se dio a conocer por la propia autoridad señalaba que la falta era la compra discrecional de 20 mil pares de botas y de 20 mil impermeables a un proveedor cuya dirección resultó ser la de un taller mecánico (Reforma, 25 noviembre 2005).
Abogada por la Escuela Libre de Derecho, Segura Rangel es militante del PAN desde 1972. Fue dos veces diputada federal y dos veces local. Se le designó coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil en mayo del 2001, a los seis meses de iniciado el gobierno de Vicente Fox. Sirvió bajo el mando de Santiago Creel en la Secretaría de Gobernación.Cuando la SFP presentó las acusaciones en su contra, el caso se politizó sin remedio. Después de los escándalos del Pemexgate y de los videos del perredista René Bejarano, los priistas y perredistas necesitaban en vísperas de la elección del 2006 comprobar que los panistas son tan corruptos como todos los demás políticos. Cuestionar la honestidad de Segura Rangel, por otra parte, era una manera de atacar a Creel, quien había buscado la candidatura del PAN a la Presidencia de la República.
Muchos políticos del PRI y el PRD salieron a linchar públicamente a la ex coordinadora de Protección Civil. El entonces senador Manuel Bartlett afirmó que el PAN hacía esfuerzos por liberar a Segura Rangel de la acusación para lograr que "su jefe [Creel] quede totalmente libre de esta cuestión". Porfirio Muñoz Ledo, entonces ya distanciado del gobierno de Vicente Fox para el que había trabajado y volcado a apoyar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, habló de que este caso ejemplificaba la "metástasis de la corrupción" en todo México (La Jornada, 30 noviembre 2005). Algunos senadores del PRI afirmaron que la ex coordinadora estaba siendo investigada por irregularidades que ascendían a más de 368 millones de pesos entre 2002 y 2005 (Reforma, 2 noviembre 2005). Varios columnistas cercanos al PRD y al PRI la exhibieron públicamente como una muestra de la sabida corrupción del PAN.
Muchos panistas, sin embargo, salieron a la defensa de Segura Rangel. Su reputación a lo largo de las décadas en que había militado en el partido era impecable. Ella misma se presentó en una conferencia de prensa visiblemente afectada: "Nunca desvié un solo peso -dijo- y esto lo demostraré por todos los medios a mi alcance... Mi actuación en todos los cargos públicos ha sido con estricto apego a la ley. Nunca en toda mi vida me he hecho de un peso que no haya sido producto de mi trabajo honesto. Lo sé yo, mi familia y quienes me conocen".
El PAN la postuló a una diputación local en el Distrito Federal por la vía plurinominal para asegurar su elección y protegerla, por medio del fuero, de alguna acción legal en su contra. El PRD cuestionó la inmoralidad de la acción panista. El fuero por la diputación habría terminado en agosto de este 2009.
Hoy, después de una larga batalla legal, Segura Rangel ha sido declarada inocente de los cargos que pesaban en su contra. Un tribunal ordenó a la Secretaría de la Función Pública anular la sanción y emitir una nueva resolución. La propia SFP determinó este 24 de febrero que "De las declaraciones emitidas en audiencia de ley, y de la legislación especializada vista con antelación, se acredita con meridiana claridad que las imputaciones realizadas en contra de la entonces coordinadora general de protección civil de la Segob, no le eran atribuibles en sus justas dimensiones a ese encargo".
La politización del caso, sin embargo, no ha terminado. La página de internet "El sendero del Peje", que refleja el punto de vista de los grupos cercanos a Andrés Manuel López Obrador, encabezó la nota de la anulación "Dan impunidad a Carmen Segura a unos meses de que se le acabe el fuero". Para mucha gente, sin embargo, panistas o no, el caso de Segura Rangel demuestra lo fácil que es en nuestro país acusar a alguien de faltas no cometidas para que después un largo proceso concluya con el consabido "Usted disculpe".
***
Absuelve SFP a Carmen SeguraCarmen Segura, ex coordinadora de Protección Civil, había sido inhabilitada el 25 de noviembre de 2005
Nota de Abel Barajas
Reforma on Line 15 horas: 24 febrero 2009).- La Secretaría de la Función Pública (SFP) canceló en definitiva los 10 años de inhabilitación y la multa de 1.7 millones de pesos impuesta a Carmen Segura Rangel, ex coordinadora de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación.Luego que un tribunal le ordenara anular la sanción y emitir una nueva resolución, la Contraloría Federal llegó a la conclusión de que la funcionaria no tuvo responsabilidad en la compra presuntamente no justificada de 9 mil 987 pares de botas y 15 mil 513 impermeables para atender a cuatro estados del sureste afectados por el huracán "Isidore".
"De las declaraciones emitidas en audiencia de ley, y de la legislación especializada vista con antelación, se acredita con meridiana claridad que las imputaciones realizadas en contra de la entonces Coordinadora General de Protección Civil de la Segob, no le eran atribuibles en sus justas dimensiones a ese encargo", dice el fallo de Alfonso Víctor Sáenz Ramírez, Director General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP.
El pronunciamiento de la Función Pública, contrario a la inhabilitación anunciada el 25 de noviembre de 2005, viene precedido de un largo litigio por cuatro instancias.
Segura ganó el 22 de mayo de 2006 un amparo en Juzgado Sexto de Distrito Administrativo para dejar sin efectos la sanción y obligar a que la Contraloría, con libertad de jurisdicción, dictara una nueva resolución respecto a su responsabilidad.
El fallo fue recurrido y el mismo año el Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo modificó esta resolución, aunque conservó el sentido favorable a la acusada. No obstante, el expediente fue enviado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque Segura alegó la inconstitucionalidad de diversos apartados de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
La Corte rechazó darle la razón y convalidó la constitucionalidad de la norma, pero no se pronunció sobre el fondo del asunto y remitió el caso al Cuarto Tribunal Colegiado Administrativo, para delegarle esta responsabilidad. Dicho tribunal concedió el amparo y protección de la justicia contra la sanción, la cual anuló, y ordenó a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SFP analizar de nueva cuenta la existencia o no de responsabilidad y emitir una nueva resolución, la cual esta vez fue en sentido absolutorio.

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