La dimisión del ministro

La licencia como pretexto/Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Publicado en LA VANGUARDIA, 26/02/09;

Noticia política de los últimos días ha sido la dimisión del ministro de Justicia. No hace falta comentar las causas de esta dimisión, ya que son demasiado conocidas, pero una de ellas, seguramente la de menor entidad, es un buen pretexto para reflexionar sobre la actual situación del Estado de las autonomías.
Efectivamente, al ministro le pillaron cazando sin licencia. ¡Caramba! Que un ministro, además un ministro de Justicia, se arriesgue a participar en una cacería sin el permiso correspondiente obviamente constituye una infracción pero sobre todo denota una imprudencia política imperdonable. Pero ahí hay que señalar un matiz. El ministro es un cazador experto y adiestrado, nunca hubiera ido a cazar sin licencia, pero lo que le fallaron fueron sus conocimientos de geografía: la finca por donde andaba persiguiendo venados ya no pertenecía al territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, de cuya administración había obtenido la licencia, sino que estaba situada en la comunidad autónoma de Andalucía. ¡Mecachis!
Según confesión propia, sin darse cuenta, traspasó el linde entre ambas comunidades y no recordó que su licencia de Castilla-La Mancha no tenía validez en Andalucía: un minúsculo error, pero que ha sido la gota que ha desbordado el vaso y, a la postre, le ha costado el cargo.
No me negarán que el asunto es ridículo si no fuera, en realidad, patético. Por supuesto, el ministro ha cometido una ilegalidad, la ley es igual para todos y sobre él debe recaer la sanción administrativa correspondiente. Pero es patético que para poder cazar en toda España se necesiten 17 licencias distintas, una por comunidad autónoma. En otras palabras, acudir a 17 ventanillas y pagar 17 tasas.
No nos entretendremos mucho en formular ciertas consideraciones sobre la caza, que en otro momento podrían ser pertinentes. Pero no me puedo quedar sin decir que nunca he entendido por qué hay tanto afán en suprimir los toros y nadie pretende acabar, por los mismos motivos, con la caza. Al fin y al cabo, disparar contra una indefensa codorniz, un simpático conejo o un altivo y elegante ciervo me parece mucho más cruel que entrar a matar con un fino estoque a un fornido toro que, tras pegarse la gran vidorra desde su nacimiento, está más en igualdad de condiciones con el torero que el delicado animalito del bosque frente a la escopeta del cazador.
Ahora bien, sin ser aficionado a la caza ni a los toros, no soy partidario de prohibirlos mientras algunos sean aficionados a estas actividades. Más perjudicial para la cultura y la moral de un país me parece el apasionamiento por el fútbol, tenido por natural y hasta psicológicamente sano, o los programas de televisión basura, que entendidos en sentido amplio son la mayoría. Pero, por supuesto, no me parecería bien prohibir el fútbol ni suprimir los programas basura. Para aumentar el nivel cultural o mejorar la moral ciudadana, hay que ir más al fondo, al sistema económico, a los valores sociales dominantes, a la educación. Prohibir, prohibir legalmente, lo menos posible, sólo lo indispensable. Aunque hoy la moda sea la contraria.
Pero volvamos a la licencia, a la licencia de caza, nuestro pretexto para hablar del Estado de las autonomías. En efecto, la tendencia general para tratar ese tema son los conceptos grandilocuentes: Catalunya necesita un nuevo Estatut porque es una nación, España se rompe, etcétera, etcétera. Ami parecer, en cambio, nos deberíamos fijar en los problemas aparentemente pequeños pero de trascendencia práctica: por ejemplo, las licencias de caza. Que en cada comunidad tengas que sacar una nueva licencia es aberrante. Las razones para otorgarlas son las mismas, no tienen nada que ver con identidades, reales o supuestas, ni con políticas de caza diversas. Se justifica el plan de Bolonia, con razón, para que los títulos universitarios sean válidos en 46 estados, del Reino Unido hasta Rusia y de Finlandia a Azerbaiyán. En cambio, las comunidades autónomas han sido incapaces hasta ahora de ponerse de acuerdo, mediante un sencillo convenio, para que la licencia de caza que otorgue una comunidad sea válida también en las demás. Impresentable.
Según La Vanguardia de anteayer, representantes de algunas de estas comunidades reunidos en Valladolid manifestaron estar iniciando gestiones para llegar a un acuerdo en esta materia. Magnífico. Por fin. Supongo que para no hacer el ridículo ante la situación que ha revelado la cacería del ministro. Pero ¿cuántas licencias en otras múltiples materias se podrían homogeneizar sin marear innecesariamente al ciudadano haciéndole pasar por trámites lentos y costosos?
El Estado de las autonomías, ami modo de ver un magnífico sistema para organizar territorialmente España, quedará legitimado el día en el que los españoles estén convencidos de que es más barato y eficaz que un Estado centralizado. De momento, las dudas subsisten. Y subsisten porque en lugar de abordar los problemas reales - por ejemplo, las licencias de caza y miles de licencias más con las que se tortura burocráticamente al ciudadano-nos entretenemos en problemas ficticios como la reforma de unos estatutos que, una vez vistos, no son sustancialmente distintos a los anteriores pero que impiden que estos problemas reales se pongan sobre la mesa y se intente solucionarlos.
El Estado existe para servir al ciudadano, no al revés. De ello se olvidan muchas veces nuestros políticos.