Nadie por encima de la Ley!

¡Nadie por encima de la Ley!

El domingo 28 de junio, el Ejército hondureño -que había permanecido estable desde los años 80-, dio el primer golpe en la zona desde el final de la Guerra Fría. El Presidente procede de las filas conservadoras, pero en su mandato aplicó una política progresista; es un aliado del venezolano Hugo Chávez, tuvo un enfrentamiento político con el poder militar y la mayoría del Parlamento cuando trató de modificar las leyes para lograr la reelección.

Un texto de Ricardo Medina Macías señala que quienes orquestaron el golpe de Estado contra el Presidente Zelaya (el mismo Diputado Micheleti) insisten que violó la Constitución al promover una consulta popular que implicaba promover la reelección presidencial.
Esa violación constitucional (Art. 239 de la Constitución hondurela) implica el cese inmediato en el desempeño de su cargo de aquél que la cometa; por lo que Zelaya habría violado la Constitución que no sólo prohibe expresamente la reelección presidencial, sino que condena también al "que proponga la reforma de esta disposición" a "cesar de inmediato en el desempeño de sus respectivos cargos y quedar inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública".
Pero para quienes orquestaron el Golpe de Estado -leáse el Poder Judicial, el Poder Legislativo (que votó de manera unánime su sustitución) -cometieron graves violaciones a la Constitución en el procedimiento - a todas luces irregular e ilegal- de arresto y deportación de Zelaya.
Violaron prácticamente todas las garantías que otorga la Constitución a cualquier hondureño sujeto a un proceso judicial. Por ejemplo: el acusado no tuvo derecho de audiencia, ni de defensa, y fue arrestado no por la policía de acuerdo con un mandato judicial sino por el ejército; fue allanado su domicilio, fue detenido en la madrugada - hecho que, curiosamente, prohibe expresamente la Constitución hondureña-, fue privado de su derecho al libre tránsito y a permanecer en territorio hondureño.
Es decir, los golpistas habrían violado casi todos los artículos que se refieren a los derechos individuales, que van del 65 al 110 de la Constitución de ese país.
Uno de esos artículos prohibe aplicar procedimientos judiciales no previstos en la propia Constitución, es decir prohibe "inventarse" procedimientos para hacer justicia en casos excepcionales que no estén previstos en la ley. La Constitución hondureña no señala cuál es el procedimiento para destituir y hacer cesar del cargo a un Presidente que viola la misma Constitución, es decir: los constituyentes no previeron procedimientos de juicio político o "impeachment". Pero esa laguna - mayúscula- no autoriza a nadie, así sea el Congreso o la Corte Suprema de Justicia, a ponerse creativo e inventar sobre las rodillas métodos o procedimientos para "hacer justicia".
Por lo que, si se quiere regrasar a la normalidad el Presidente deberá habrá de ser restituido en su puesto y de inmediato tendrá que formulársele un juicio público y con plenas garantías para hacer efectivo el cese en el desempeño de su cargo por haber violado la Constitución. Y obviamente, quienes deberían hacer tal juicio -e Poder Judicial-, también han violado la Constitución en forma por demás grave y también deberían cesar de inmediato en el desempeño de sus cargos.
La pregunta que hace Ricardo Medina Macías: ¿quién va a cerrar la puerta de la cárcel?
Dice el escritor Sergio Ramíres (EL País, 30/06/200) que "la magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello. El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia."
"Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta."
Concluye diciendo que "la prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad."

De inmediato la condena al golpe militar ha sido unánime, uniendo a gobiernos tan dispares como el de EE UU y Venezuela. Este martes 30 de junio, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, ha anunciado que suspende todos los programas de crédito a Honduras y que trabaja con la OEA en una solución a la crisis.

La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó este martes una resolución en la que pide la "inmediata e incondicional" restitución del presidente derrocado como presidente "legítimo y constitucional" de Honduras.

Tras la aprobación de la resolución, el presidente destituido aseguró ante Naciones Unidas que rechazará asumir un segundo mandato en su país si se lo piden. En la asesión, la Asamblea General pidió a sus 192 estados miembros que sólo reconozcan al Gobierno del derrocado presidente. La resolución, que fue moderada con respecto a un borrador previo que indicaba que la asamblea "decide no reconocer a ningún otro Gobierno" que no sea el de Zelaya, fue apoyada por un grupo de estados latinoamericanos y caribeños, a los que se sumaron muchos otros países, entre ellos Estados Unidos.
Al tiempo que la ONU reclamaba el retorno de Zelaya, el presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, anunciaba que este organismo había suspendido la entrega de 270 millones de dólares a Honduras hasta que no se aclare la situación política en el país.

El jueves 2 de julio, Zelaya ha anunciado que regresará por sus fueros. Lo acompañarán la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y los máximos responsables de la Organización dela OEA, José Miguel Insulza, y de la Asamblea General de la ONU, Miguel D'Escoto: no se descarta que en las próximas horas se sumen más líderes a la comitiva.

El Presidente (sic) Roberto Micheletti anunció que de que, en caso de que Zelaya regrese al país será detenido; dijo que la orden de captura contra Zelaya es consecuencia de "los delitos" que cometió por su "interés de continuar en el Gobierno o por la actitud prepotente con que él había asumido los últimos meses de Gobierno".

Urge volver a la legaldad. Y es que como ha dicho el Presidente Obama sería un terrible precedente si empezamos a retroceder a una era en la que los golpes militares eran el medio de hacer política en lugar de las elecciones democráticas. "La región ha hecho un enorme progreso en los últimos 20 años para establecer tradiciones democráticas en Centroamérica y América Latina. No queremos volver al oscuro pasado".

Al margen:
El lunes 29 de junio los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río votaron unánimemente en en Favor de la Restitución del Orden Constitucional, el Estado de Derecho y las Autoridades Legalmente Constituidas en la República de Honduras
El texto:.Los Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, congregados en Managua, Nicaragua, en su II Reunión Extraordinaria, reiterando el contenido de las Declaraciones de Grupo de Río en respaldo a la institucionalidad democrática en Honduras, de 26 y 28 de junio de 2009, considerando que estos hechos son un atropello para los pueblos y la democracia en nuestra región, toda vez que los pueblos de América Latina y el Caribe rechazan enérgica y terminantemente el recurso de la fuerza para resolver diferencias políticas, así como toda acción que atente contra la continuidad institucional y democrática de nuestras naciones.

Convencidos de que es urgente actuar con apego a los principios de nuestro Mecanismo, sobre la base del diálogo y la concertación, para rechazar estos hechos de manera categórica y buscar contribuir a la democracia y la legalidad en la República de Honduras, declaran:

1. Su más enérgica condena al golpe de Estado ocurrido en la mañana del 28 de junio en Honduras y, en particular, a la violencia y a la arbitrariedad con la que fue detenido y obligado a salir por la fuerza de su país el Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

2. Expresan que los hechos acontecidos en Honduras constituyen una violación flagrante del derecho internacional.

3. Su total respaldo al Presidente Constitucional de la República de Honduras, José Manuel Zelaya Rosales, quien debe ser restituido de forma inmediata e incondicional en el cargo que el pueblo hondureño libremente le confirió en las urnas.

4. Que es inaceptable la utilización de la fuerza para derrocar a un Gobierno legalmente constituido.

5. Que es indispensable garantizar la libertad de expresión y la integridad física de los representantes de los medios de comunicación.

6. Que la toma de protesta al cargo de Presidente Interino de la República de Honduras, celebrada ayer en el Congreso Nacional de ese país, carece de toda legitimidad, en virtud de que fue resultado de un golpe de Estado.

7. Que el único Gobierno legítimo de la República de Honduras es el encabezado por el Presidente Constitucional, José Manuel Zelaya Rosales, electo por la soberanía popular a través de las urnas; por lo cual reconocemos como únicos representantes diplomáticos de Honduras al personal designado por el Presidente José Manuel Zelaya Rosales.

8. Instamos a las Fuerzas Armadas de este país a que se subordinen a su Comandante en Jefe y Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales.

9. Que ante esta grave situación que afecta a la hermana República de Honduras, el Mecanismo exige el más absoluto respeto a los derechos humanos y demanda que las garantías constitucionales de todas las personas en ese país sean preservadas.

10. Crear una Comisión de Representantes Presidenciales para investigar crímenes y violaciones a los derechos humanos por parte de los golpistas.

11. Instan a la Asamblea General Extraordinaria de la Organización de Estados Americanos, que sesionará mañana, para que adopte drásticas soluciones con el objeto de restablecer la vida democrática de Honduras y reinstalar al Presidente Constitucional, José Manuel Zelaya Rosales.Los Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, agradecen al Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, por su hospitalidad y por las facilidades otorgadas para celebrar esta Segunda Reunión Cumbre Extraordinaria.

Managua, Nicaragua, 29 de junio de 2009.