Caso Rosendo Radilla

El respeto irrestricto a los derechos humanos, eje fundamental en la consolidación de la democracia
México, D. F., a 08 de julio de 2009 Boletín SEGOB No.116-08/07/2009
Para el gobierno federal, la consolidación de la democracia tiene como eje fundamental el reconocimiento y el respeto irrestricto en los derechos humanos.
Así lo señaló el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al encabezar la delegación de México en la audiencia que por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, privado de su libertad en 1974, se efectuó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica.
Durante su comparecencia, el secretario describió las condiciones políticas y sociales en las que se dio la desaparición del señor Rosendo Radilla Pacheco, así como la evolución institucional en materia electoral, de seguridad y de derechos humanos, que ha habido en el país durante los últimos treinta años y que impedirían que un caso así se repitiera. El Estado mexicano reprobó y lamentó profundamente la violación a los derechos humanos de Rosendo Radilla y sus familiares.
Luego de sostener que la realidad mexicana actual es distinta a la de esos años, puntualizó que el país es ahora una democracia. El proceso de transición, afirmó, descansa sobre el dolor de casos como el de Rosendo Radilla.
En este sentido, destacó la institucionalidad de las fuerzas armadas, que, regidas por principios como la honestidad, el valor y el sentido del deber, siempre estuvieron subordinadas al poder civil, permitiendo una transición pacífica hacia la democracia.
Al respecto, mencionó que la certidumbre jurídica que el gobierno quiere ofrecer a los ciudadanos, a través de las adecuaciones a nuestro ordenamiento jurídico, también implica una delimitación clara de las funciones y facultades de las fuerzas armadas, que a su vez, han incorporado el respeto y la promoción de los derechos fundamentales a su actuación.
Gómez Mont defendió a la jurisdicción militar e hizo notar que las mismas garantías constitucionales consagradas a favor de las víctimas operan tanto en el ámbito de la justicia civil como de la militar. Expresó que la jurisdicción militar garantiza los principios de independencia, imparcialidad, oralidad, publicidad, contradicción y concentración. Por ello, rechazó que los militares no puedan juzgar a los propios, porque eso es no reconocerles su identidad y su mística apegada a los más altos valores institucionales.
Asimismo expresó que la jurisdicción militar se somete a un medio de control constitucional, como es el juicio de amparo, que resuelve el Poder Judicial de la Federación. Explicó que de esta forma existe un sistema mixto en el que el resultado final de un juicio militar recae en un tribunal de carácter civil.
Más adelante, al referirse al proceso de reconstrucción institucional, destacó que el Estado ha avanzado de manera gradual y sostenida en materia de derechos humanos desde los años setenta. México forma parte de todos los tratados universales de derechos humanos, y el gobierno está abierto a un diálogo permanente con todas las instancias internacionales en la materia.
Como representante del Estado, el secretario de Gobernación ofreció su solidaridad tanto con las víctimas como con el Ejército mexicano, con plena consciencia de que sin la subordinación de este último al mando civil y su sacrificio, hoy no enfrentarían los cuestionamientos que injustamente se hacen a la institución militar en su conjunto. "Reconocemos el dolor del que nuestra sociedad es heredera y distinguimos que en parte, en él se funda la realidad que hoy vivimos".
De igual modo, mostró su convicción de que la reconciliación con los familiares de Rosendo Radilla puede servir de fundamento para construir instituciones sólidas que continúen la reconciliación generacional.
Enfatizó que es obligación del Estado mexicano garantizar, legal e institucionalmente, la no repetición de los hechos y retribuir en la medida de lo posible el daño ocasionado, "porque nuestra responsabilidad moral e histórica así lo exige".