Cinco compromisos verificables en seguridad/Jorge Fernández Menéndez
Columna Razones
Publicado en Excélsior, 20 de agosto de 2009
Aun año de los compromisos adquiridos en aquella reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los resultados son por lo menos desalentadores: 78% de la población, según la encuesta presentada por México Unido Contra la Delincuencia este martes, considera que la situación en seguridad está peor que hace un año y la calificación que le coloca al cumplimiento de esos compromisos asciende apenas a 4.8 en promedio, con casos escandalosos, como ese de 0.2% de cumplimiento en el ámbito de los municipios.
Es verdad que se han hecho esfuerzos, pero a todas luces parecen insuficientes o se han visto frenados ya sea por las trabas político-partidarias o la inercia burocrática. Pero también debido a la falta de objetivos concretos sobre los cuales trabajar y hacer converger los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.
Hace un año, cuando se realizaba la reunión del Consejo bajo la sombra del secuestro y el asesinato del joven Fernando Martí, decíamos en este espacio que la lista de compromisos era tan amplia que haría casi imposible seguir el rumbo de los mismos y que, por sus características, algunos podrían ser cumplidos en el corto plazo pero muchos de ellos tendrían resultados en el mediano y el largo. Y cuando existen tantos y tan diversos compromisos, lo que suele suceder es que no se termina de cumplir con ninguno, o por lo menos eso es lo que percibe hoy la ciudadanía.
Entonces decíamos que la acción de las autoridades debería centrarse en pocos puntos que tuvieran posibilidad de ser evaluados y de seguirse en forma cotidiana y que no permitieran que las luchas entre los partidos y las burocracias los frenaran o distrajeran. Es un buen momento para recuperar esos puntos, adecuados ya a las nuevas circunstancias.
¿En qué deben centrarse en el ámbito de la seguridad las autoridades? En cinco puntos. Primero, en una verdadera articulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (al que no le han terminado de aprobar su reglamento y, como decía Ana Franco, de México Unido, el martes, sin él, de poco sirve el esfuerzo legislativo que se dio para tener un SNSP con poderes reales o que al frente del mismo esté un hombre tan competente como Jorge Tello), que es la piedra de toque para poder coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en el terreno de la seguridad. Desde allí se están haciendo esfuerzos tendientes a contar con bases operativas en cada entidad federativa, para que permitan que las distintas fuerzas puedan trabajar en forma coordinada y con mandatos claros. Pero ello apenas se ha podido lanzar en algunos estados, sobre todo porque subsisten diferencias políticas y de operación. Nadie debería equivocarse, la única opción articuladora de todo el esfuerzo público en seguridad sólo puede pasar, con nuestro actual diseño institucional, por el Sistema Nacional. Allí deben volcarse los esfuerzos inmediatos para buscar resultados, no sólo en la batalla contra el narcotráfico, que sigue sus propios rumbos, sino en la lucha contra la delincuencia cotidiana y los fenómenos que el narco genera en el terreno de la inseguridad.
Relacionado con ello debe instrumentarse con toda la prisa posible una reforma profunda en los ministerios públicos, federales y locales. Allí sigue estando la mayor debilidad a la hora de tratar de procurar justicia. Ha habido avances en el ámbito federal, pero aún falta mucho por hacer y, en el local, nada parece estar ocurriendo. Según aquellos compromisos y las reformas aprobadas, los ministerios públicos deben cumplir cada vez más el papel de una suerte de fiscales que puedan encarar con seriedad las investigaciones. Y sobre eso debe trabajarse: no se podrá modificar todo ese andamiaje, con todas las resistencias que ello conlleva, ni en meses ni quizás en lo que queda del sexenio, pero se puede comenzar a trabajar por áreas, por especializaciones, en la Federación y en las entidades y comenzar a ofrecer resultados.
Un tercer punto debe ser la centralización de los esfuerzos policiales. Por consideraciones políticas, los partidos no avanzaron en la creación de una policía federal única, centralizada, pero pueden dar el paso de crear 32 policías estatales que sean coordinadas y unan esfuerzos con la federal. No hay ninguna razón que les impida actuar en ese sentido con rapidez. Se trata de un tema de sentido común que implica, además, que los gobiernos estatales asuman mayores responsabilidades y se les quite a los municipios una que hoy no pueden asumir. En un proceso despartidizado de coordinación con las entidades a través del SNSP, ello podría lograrse sin demasiados esfuerzos y los resultados pueden ser muy alentadores, sobre todo en la lucha contra los delitos que más lastiman a la ciudadanía.
Y ese debe ser el cuarto punto: los delitos que afectan a la ciudadanía, en primer lugar, el secuestro y las extorsiones. Ambos siguen siendo del fuero común, aunque pueden ingresar al de delincuencia organizada, pero lo cierto es que, hoy, lo vimos con la familia Martí, con la Equihua, con la Vargas Escalera, con la Cevallos Coppel, no se sabe siquiera a quién recurrir. Y nos encontramos con casos escandalosos, como los que hemos visto en la Policía Judicial del DF. Es urgente tener una ley y un reglamento específicos para combatir esos delitos, sobre todo el secuestro, y contar con ordenamientos y con fuerzas especializadas que se sepa a quién responden y cuáles son sus responsabilidades. No hay avances porque no hay claridad ni tampoco, una vez más, centralización de esfuerzos.
El quinto punto son las cárceles: desde allí se organizan los secuestros y las extorsiones. ¿Cómo puede ser que no se haya podido cumplir con el compromiso de bloquear teléfonos?, ¿cómo puede ser que los siete mil secuestradores detenidos convivan sin problemas con los otros reos y con quienes esperan sentencia?, ¿cómo puede existir tanto abandono?
La acción de las autoridades tendría que centrarse en pocos puntos que fuera posible evaluarlos y seguirlos en forma cotidiana.
Aun año de los compromisos adquiridos en aquella reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, los resultados son por lo menos desalentadores: 78% de la población, según la encuesta presentada por México Unido Contra la Delincuencia este martes, considera que la situación en seguridad está peor que hace un año y la calificación que le coloca al cumplimiento de esos compromisos asciende apenas a 4.8 en promedio, con casos escandalosos, como ese de 0.2% de cumplimiento en el ámbito de los municipios.
Es verdad que se han hecho esfuerzos, pero a todas luces parecen insuficientes o se han visto frenados ya sea por las trabas político-partidarias o la inercia burocrática. Pero también debido a la falta de objetivos concretos sobre los cuales trabajar y hacer converger los esfuerzos de los tres niveles de gobierno y de los tres Poderes de la Unión.
Hace un año, cuando se realizaba la reunión del Consejo bajo la sombra del secuestro y el asesinato del joven Fernando Martí, decíamos en este espacio que la lista de compromisos era tan amplia que haría casi imposible seguir el rumbo de los mismos y que, por sus características, algunos podrían ser cumplidos en el corto plazo pero muchos de ellos tendrían resultados en el mediano y el largo. Y cuando existen tantos y tan diversos compromisos, lo que suele suceder es que no se termina de cumplir con ninguno, o por lo menos eso es lo que percibe hoy la ciudadanía.
Entonces decíamos que la acción de las autoridades debería centrarse en pocos puntos que tuvieran posibilidad de ser evaluados y de seguirse en forma cotidiana y que no permitieran que las luchas entre los partidos y las burocracias los frenaran o distrajeran. Es un buen momento para recuperar esos puntos, adecuados ya a las nuevas circunstancias.
¿En qué deben centrarse en el ámbito de la seguridad las autoridades? En cinco puntos. Primero, en una verdadera articulación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (al que no le han terminado de aprobar su reglamento y, como decía Ana Franco, de México Unido, el martes, sin él, de poco sirve el esfuerzo legislativo que se dio para tener un SNSP con poderes reales o que al frente del mismo esté un hombre tan competente como Jorge Tello), que es la piedra de toque para poder coordinar los esfuerzos de los tres niveles de gobierno en el terreno de la seguridad. Desde allí se están haciendo esfuerzos tendientes a contar con bases operativas en cada entidad federativa, para que permitan que las distintas fuerzas puedan trabajar en forma coordinada y con mandatos claros. Pero ello apenas se ha podido lanzar en algunos estados, sobre todo porque subsisten diferencias políticas y de operación. Nadie debería equivocarse, la única opción articuladora de todo el esfuerzo público en seguridad sólo puede pasar, con nuestro actual diseño institucional, por el Sistema Nacional. Allí deben volcarse los esfuerzos inmediatos para buscar resultados, no sólo en la batalla contra el narcotráfico, que sigue sus propios rumbos, sino en la lucha contra la delincuencia cotidiana y los fenómenos que el narco genera en el terreno de la inseguridad.
Relacionado con ello debe instrumentarse con toda la prisa posible una reforma profunda en los ministerios públicos, federales y locales. Allí sigue estando la mayor debilidad a la hora de tratar de procurar justicia. Ha habido avances en el ámbito federal, pero aún falta mucho por hacer y, en el local, nada parece estar ocurriendo. Según aquellos compromisos y las reformas aprobadas, los ministerios públicos deben cumplir cada vez más el papel de una suerte de fiscales que puedan encarar con seriedad las investigaciones. Y sobre eso debe trabajarse: no se podrá modificar todo ese andamiaje, con todas las resistencias que ello conlleva, ni en meses ni quizás en lo que queda del sexenio, pero se puede comenzar a trabajar por áreas, por especializaciones, en la Federación y en las entidades y comenzar a ofrecer resultados.
Un tercer punto debe ser la centralización de los esfuerzos policiales. Por consideraciones políticas, los partidos no avanzaron en la creación de una policía federal única, centralizada, pero pueden dar el paso de crear 32 policías estatales que sean coordinadas y unan esfuerzos con la federal. No hay ninguna razón que les impida actuar en ese sentido con rapidez. Se trata de un tema de sentido común que implica, además, que los gobiernos estatales asuman mayores responsabilidades y se les quite a los municipios una que hoy no pueden asumir. En un proceso despartidizado de coordinación con las entidades a través del SNSP, ello podría lograrse sin demasiados esfuerzos y los resultados pueden ser muy alentadores, sobre todo en la lucha contra los delitos que más lastiman a la ciudadanía.
Y ese debe ser el cuarto punto: los delitos que afectan a la ciudadanía, en primer lugar, el secuestro y las extorsiones. Ambos siguen siendo del fuero común, aunque pueden ingresar al de delincuencia organizada, pero lo cierto es que, hoy, lo vimos con la familia Martí, con la Equihua, con la Vargas Escalera, con la Cevallos Coppel, no se sabe siquiera a quién recurrir. Y nos encontramos con casos escandalosos, como los que hemos visto en la Policía Judicial del DF. Es urgente tener una ley y un reglamento específicos para combatir esos delitos, sobre todo el secuestro, y contar con ordenamientos y con fuerzas especializadas que se sepa a quién responden y cuáles son sus responsabilidades. No hay avances porque no hay claridad ni tampoco, una vez más, centralización de esfuerzos.
El quinto punto son las cárceles: desde allí se organizan los secuestros y las extorsiones. ¿Cómo puede ser que no se haya podido cumplir con el compromiso de bloquear teléfonos?, ¿cómo puede ser que los siete mil secuestradores detenidos convivan sin problemas con los otros reos y con quienes esperan sentencia?, ¿cómo puede existir tanto abandono?
La acción de las autoridades tendría que centrarse en pocos puntos que fuera posible evaluarlos y seguirlos en forma cotidiana.
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