Cuestionan intervención de la Corte en caso ABC
Nota de Francisco Gómez
Nota de Francisco Gómez
El Universal Sábado 08 de agosto de 2009
Ministros van más allá de las atribuciones que expresamente les confiere la ley, dicen
Ministros van más allá de las atribuciones que expresamente les confiere la ley, dicen
La determinación de la Suprema Corte de ejercer su facultad de investigación en el caso de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, fue cuestionada por tres especialistas en derecho de la académica, la investigación y el litigio profesional.
Los tres especialistas consideraron que al final de dicha indagación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no podrá aplicar sanciones, en caso de encontrar graves violaciones a los derechos humanos.
Sólo uno de los tres creyó positiva la investigación que desarrollará la SCJN por su implicación en el ámbito social y político.
Los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Carlos Natarén, y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Javier Dondeé, así como litigante Salvador Ochoa señalaron que debe discutirse y analizarse si esa facultad de ministros sigue o se elimina definitivamente.
Carlos Natarén señaló que en primer instancia la postura del ministro Sergio Aguirre era impecable, porque el resultado al final de cualquier investigación que realice la Corte no obliga a que las autoridades cumplan con lo que diga la conclusión de indagatorias.
El investigador de la UNAM dijo que entonces para qué queremos la facultad de investigación en la Corte, “e incluso ya en el pasado se llegó a proponer la desaparición de esa facultad, ya que existe un aparato administrativo para investigar y sancionar, y tenemos a la Comisión de Derechos Humanos que igualmente tiene como objetivo indagar violaciones a los derechos humanos”.
“A lo que quiero llegar es a que la facultad de investigación de la Corte no tiene ningún efecto vinculante para las autoridades, entonces creo que debería discutirse si la Corte debe seguir ejerciendo esta disposición, ya que incluso en algunos casos ha provocado presiones y críticas al máximo tribunal”, dijo.
Puso como ejemplo el caso de Lydia Cacho, cuando la Corte investigó la posibilidad de violaciones a los derechos humanos de la periodista por parte del gobernador Mario Marín y concluyó que la prueba de la grabación había sido obtenida de manera ilegal y que por lo tanto carecía de invalidez, ese fallo que jurídicamente fue correcto, hizo que los ministros recibieran críticas.
Comentó que en el caso de la guardería ABC, la decisión de la Corte “por la importancia y trascendencia del asunto es adecuada, aunque al final, quizás se llegue a lo que decía el ministro Aguirre de que hubo mucho ruido, truenos y el resultado es muy pobre”.
Ministros, “más allá de la ley”
Javier Dondeé, investigador del Inacipe, explicó que la facultad de investigación de la Corte debe ser discutida y valorada porque no es la función de lo que debe ser un tribunal.
Coincidió con Natarén en que existe ya el órgano de investigación que es el MP.
Salvador Rocha, litigante y especialista en derecho, dijo que los ministros se han erigido más allá de la ley y son ellos los que deciden porque este caso si y porque aquel no. “Creo que debe desaparecer esa facultad”, amplió.
Los tres especialistas consideraron que al final de dicha indagación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no podrá aplicar sanciones, en caso de encontrar graves violaciones a los derechos humanos.
Sólo uno de los tres creyó positiva la investigación que desarrollará la SCJN por su implicación en el ámbito social y político.
Los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Carlos Natarén, y del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Javier Dondeé, así como litigante Salvador Ochoa señalaron que debe discutirse y analizarse si esa facultad de ministros sigue o se elimina definitivamente.
Carlos Natarén señaló que en primer instancia la postura del ministro Sergio Aguirre era impecable, porque el resultado al final de cualquier investigación que realice la Corte no obliga a que las autoridades cumplan con lo que diga la conclusión de indagatorias.
El investigador de la UNAM dijo que entonces para qué queremos la facultad de investigación en la Corte, “e incluso ya en el pasado se llegó a proponer la desaparición de esa facultad, ya que existe un aparato administrativo para investigar y sancionar, y tenemos a la Comisión de Derechos Humanos que igualmente tiene como objetivo indagar violaciones a los derechos humanos”.
“A lo que quiero llegar es a que la facultad de investigación de la Corte no tiene ningún efecto vinculante para las autoridades, entonces creo que debería discutirse si la Corte debe seguir ejerciendo esta disposición, ya que incluso en algunos casos ha provocado presiones y críticas al máximo tribunal”, dijo.
Puso como ejemplo el caso de Lydia Cacho, cuando la Corte investigó la posibilidad de violaciones a los derechos humanos de la periodista por parte del gobernador Mario Marín y concluyó que la prueba de la grabación había sido obtenida de manera ilegal y que por lo tanto carecía de invalidez, ese fallo que jurídicamente fue correcto, hizo que los ministros recibieran críticas.
Comentó que en el caso de la guardería ABC, la decisión de la Corte “por la importancia y trascendencia del asunto es adecuada, aunque al final, quizás se llegue a lo que decía el ministro Aguirre de que hubo mucho ruido, truenos y el resultado es muy pobre”.
Ministros, “más allá de la ley”
Javier Dondeé, investigador del Inacipe, explicó que la facultad de investigación de la Corte debe ser discutida y valorada porque no es la función de lo que debe ser un tribunal.
Coincidió con Natarén en que existe ya el órgano de investigación que es el MP.
Salvador Rocha, litigante y especialista en derecho, dijo que los ministros se han erigido más allá de la ley y son ellos los que deciden porque este caso si y porque aquel no. “Creo que debe desaparecer esa facultad”, amplió.
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