¡SME a cualquier costo?

Reforma, 12 noviembre 2009

Jorge G. Castañeda / ¿SME a cualquier costo?

Más allá del éxito o fracaso de las manifestaciones de ayer del SME, lo que importa cada vez más es el litigio jurídico. Como se sabe, una juez de distrito otorgó al SME la suspensión definitiva sobre la terminación de la relación laboral, ahora el gobierno puede apelar al Colegiado e incluso llegar a la Suprema Corte y todo parece sugerir que es en este terreno donde puede desarrollarse el conflicto. Probablemente el meollo del asunto no sea el amparo otorgado ni los recursos del gobierno, sino la hipotética controversia constitucional que pudiera interponer la oposición en el Congreso. Como se sabe, en México los individuos no tienen el camino del amparo contra disposiciones constitucionales, sobre todo en materia política o electoral. Para interponer una acción de inconstitucionalidad, no sólo tienen que ceñirse a los requisitos de la propia Constitución, sino a ciertos precedentes jurídicos establecidos por la Corte, como lo invocó antier el ministro Cossío al argumentar que no procedía el recurso de la ALDF ya que no percibía daño alguno para la ALDF, aunque la extinción de LyFC fuera anticonstitucional.

La controversia sólo procederá si el PRI se suma al PRD. Y aunque el PRD ha buscado el apoyo del PRI, hasta ahora las bancadas priistas se encuentran divididas y no hay consenso sobre el apoyo al PRD. O tal vez sí hay consenso, mas no sobre LyFC sino sobre la oportunidad que les da esta coyuntura para volver a chantajear al gobierno de Calderón.

En efecto, en vista de la imprevisible conducta de la SCJ sobre las lagunas jurídicas mexicanas generadas en los últimos años, el gobierno de Calderón no debe sentirse cómodo ni confiado con la llegada de una acción de inconstitucionalidad a la SCJ. No puede apostarle a un resultado, cualesquiera que sean los méritos del litigio. Nadie duda de que la Corte toma en cuenta consideraciones políticas, pensar lo contrario es pecar de ingenuidad, por tanto suena lógico pensar que Calderón está dispuesto a pagar un elevado precio por evitar que la controversia prospere. Y si el gobierno de Calderón se percata del riesgo y si a un neófito como yo se me ocurre, es muy probable que también lo hayan detectado ya los viejos lobos de mar que aún nadan en las aguas priistas. Es muy factible que los líderes priistas en las Cámaras de diputados y senadores estén analizando el precio del rescate que podrían cobrar al gobierno para no ir con el PRD en la controversia constitucional.

Una parte del cobro que el PRI podría solicitar, pues llama la atención la insistencia de los priistas en volver de manera recurrente sobre el tema, es la transferencia del programa Oportunidades -casi 70 mil millones de pesos en 2010- a los gobiernos de los estados. Entidades en su mayoría gobernadas por el PRI, pero también en las que se concentra la pobreza y por tanto los recursos para combatirla: Oaxaca, Hidalgo, Veracruz y tal vez a partir del año que entra Guerrero, y a su manera Chiapas, entre otras.

Que el PRI se adueñe de Oportunidades en estados en los que cuenta con mayoría en la legislatura local es oro molido en un año electoral como 2010. Poder disponer libremente de esos recursos sin rendición de cuentas, aunque ello implique destruir un programa exitoso a lo largo de tres sexenios y en diversos países, es un bajo precio a pagar por los priistas para ganar elecciones que les permitan salir y entrar con comodidad a las casas de gobierno de 10 estados. El dilema para el gobierno de Calderón resulta evidente.

¿Cuánto está dispuesto a pagar Calderón para ganar todo lo que se propone en el conflicto con el SME? ¿Cualquier precio es aceptable? ¿Se trata de un contencioso político personal del Presidente o de una gesta donde el costo-beneficio es fundamental? Ya veremos. Pero si para evitar la controversia constitucional y la posible derrota en la SCJ el precio es destruir Oportunidades, este comentócrata opina que es muy elevado.

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Carlos Elizondo Mayer-Serra / A cambio de qué

(12 noviembre 2009).- Hernández Juárez, el eterno líder del Sindicato de Telefonistas, afirma que no es posible "pensar más en el país que en los trabajadores. No sé cómo se puede hacer eso". Es comprensible que no sepa. Ha vivido de representar a los trabajadores, no de preocuparse por el país. Seguramente tampoco representará al país ahora como diputado. Sin embargo, cuando los derechos de los trabajadores no son a cambio de trabajo productivo, sobre todo si laboran en el sector público, defender estos derechos es estar en contra del país.

El gobierno cuando es patrón puede dar derechos generosos, ya sea en salario, pensiones, vacaciones, prima de puntualidad o lo que sea. Nunca quiebra. La cuenta es para el ciudadano como consumidor de malos servicios públicos, y como contribuyente que paga impuestos de más para financiar esos derechos que suelen ser, además, a cambio de trabajar lo menos posible. Si esos derechos fueran por trabajar mejor que en el sector privado, quizás se justificarían.

Cuando el trabajador de una empresa privada obtiene más derechos el dueño paga con menores utilidades o, en el extremo, quiebra, en cuyo caso el problema queda limitado a la empresa. En el sector público, los dueños somos todos los mexicanos. Dado que los mexicanos conformamos al país, si el gobierno da derechos de más a los trabajadores, esto va en contra del país y, en consecuencia, de todos nosotros. Cada empleado que sobra en el gobierno va en contra del país.

El gobierno no tendría que ser así como patrón. No lo es en países donde los funcionarios públicos entienden que el dinero no es suyo, sino de los contribuyentes, y defienden cada peso frente a cualquier presión injustificada, incluida la de los trabajadores organizados. En México, los derechos laborales en el sector público, por el papel que jugaron los sindicatos en la gobernabilidad del régimen priista y lo poco que han importado los ciudadanos, han tenido preferencia frente a cualquier otro derecho. Una entidad que requiere más dinero, aun cuando persiga un fin noble, como la educación superior, prefiere exprimir más al fisco (es decir, pedir más dinero en la Cámara de Diputados) en lugar de exigir a sus trabajadores un mejor desempeño y, en caso de que sobren empleados, despedirlos.

El patrón privado puede abusar de su posición privilegiada y por ello el gobierno debe vigilar que se respete la legislación de competencia y la laboral, aunque hay que tener claro que los altos costos para despedir en nuestro país, casi lo más altos del mundo, se pagan con muchos trabajadores en la informalidad. Tristemente, por decreto no se pueden fijar salarios y derechos como los de un país desarrollado. Para eso hay que desarrollarse.

En el sector privado los salarios de los trabajadores no pueden ser mayores a su productividad. Por ello, los derechos de los trabajadores en el mundo privado deberían ser el parámetro de los derechos para los trabajadores en actividades similares en el sector público.

Esto no es así en México. Por ejemplo, el trabajador del sector privado que paga una cuota para tener seguridad social a través del IMSS tiene que seguir pagando cuotas a los 64 años, pues no se puede retirar antes, para pagar las pensiones de trabajadores del IMSS que se retiraron en promedio a los 54 años de edad, con lo cual termina con un peor servicio del que pagó.

Criticar los generosos derechos de los trabajadores del sector público puede ser tildado de reaccionario. Sin embargo, la única forma de tener derechos de verdad para todos es con un gobierno eficiente donde sus trabajadores tengan derechos equivalentes a sus contrapartes en el sector privado.

Los derechos de los ciudadanos escritos en la Constitución sólo existen como realidades concretas que dependen de la capacidad del gobierno de ofrecer servicios concretos. Si por no poder despedir a maestros faltistas, dado que sería violentar sus derechos como trabajadores, tenemos una peor educación, el resultado es que el derecho a la educación se devalúa. Defender ese tipo de derechos de los trabajadores es ir contra los derechos de los niños y, por tanto, contra el futuro de México.

Es cierto, en el país hay muchas injusticias y muchos abusos que no se están enfrentando como se debiera. Sin embargo, esto no justifica generosos derechos laborales otorgados por funcionarios públicos que no los pagan de su bolsa, sino que van a cuenta de los contribuyentes con sus impuestos y del ciudadano que sufre malos servicios.