1 feb 2010

Intolerancia y Estado laico

Intolerancia y Estado laico/ Fred Álvarez
Publicado Código Topo de Excélsior, 1 de enero de 2010;
“No estoy de acuerdo con lo que dices pero defender hasta con la vida tu derecho a decirlo” Voltaire.
“Si no quieren conocer la voz de los obispos, que no asistan a las celebraciones donde predicamos ni escuchen las conferencias de prensa”. NRC, febrero de 1996.
1.- Por tercera vez desde que fue nombrado arzobispo Primado de México –hace 15 años- el señor cardenal Norberto Rivera Carrera hace un llamado prácticamente a la desobediencia civil. En una especie de homilía, el domingo 10 de enero -a través de un comunicado, leído por su vocero- afirmó que cualquier ley humana que se contraponga a la de la Iglesia católica será inmoral y perversa. El sacerdote Hugo Valdemar Romero arengó desde el púlpito (“plataforma pequeña y elevada con antepecho y tornavoz, que hay en algunas iglesias para predicar desde ella, cantar la epístola y el evangelio y hacer otros ejercicios religiosos”, Real Academia de la Lengua Española) que no se pueden callar ya que “podemos escapar de los tribunales de los enemigos de Cristo, pero no evadiremos el tribunal supremo de Dios…nosotros pastores del pueblo de Dios, tampoco podemos obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a Dios, pues la ley suprema y perenne es la de Dios. Toda ley suprema que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra la voluntad termina por llevar a la sociedad a la degradación moral y a su ruina”.
Ese drástico posicionamiento se dio en el marco de una discrepancia de la arquidiócesis primada de México con legisladores locales del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y del Partido del Trabajo (PT). Su pecado: haber aprobado reformas al Código Civil del Distrito Federal para permitir matrimonios entre personas del mismo sexo, e incluso el derecho a permitir la adopción de infantes.
Y como era de esperarse ante una decisión de este tipo, hubo expresiones mediáticas de uno y otro bando, además de que participaron muchas organizaciones de la sociedad civil. Las cosas iban “normalmente” en el marco de la libertad de expresión que ampara la ley fundamental; empero, los amarillos y la oficina del arzobispado estiraron demasiado la liga y se emplearon expresiones intolerantes e injuriosas. Ante esa situación -finales de diciembre- algunos dirigentes del partido del sol azteca intentaron acallar las voces de la iglesias católica tras la polémica, e incluso algunos dirigentes de ese instituto político habrían interpusieron una demanda ante la Secretaría de Gobernación por violaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Algunas organizaciones sociales acudieron al Consejo Nacional Para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) por el empleo de expresiones discriminatorias. Pero el asunto llegó al límite cuando un legislador local -Víctor Hugo Romo- al tratar de defender la reforma legal, “resucitó” de entre los muertos al eminentísimo cardenal Ernesto Corripio Ahumada (1919-2008), acusándolo de formar parte de un grupo identificado con la organización derechista “El Yunque” y que estaría orquestando una campaña en contra de las modificaciones al Código Civil aprobado. Al ser cuestionado sobre su error- el cardenal falleció en abril de 2008-, el legislador corrigió y aseguró que se trataba de un hijo del prelado del mismo nombre. "Tenemos información de que hay lazos familiares de la persona que asiste a estas reuniones, suponemos que es su hijo, que lleva el nombre de Ernesto y vamos a dar a conocer más datos en los próximos días", aseveró.
2.- Ante esa situación, la Arquidiócesis Primada exigió mediante un comunicado al diputado “que pruebe la gravedad y temeridad de sus acusaciones, que tenga el valor de dar la cara a los medios de comunicación de forma personal y exprese sus disculpas y no se esconda en la vaguedad de un comunicado que lejos de reparar el daño lo ha multiplicado al insistir en calumniar a quien fuera un Pastor ejemplar de una estatura moral y espiritual que ciertamente no la tienen sus calumniadores.”
Agregó contundente el arzobispado: “De no satisfacer esta demanda de elemental justicia y ética, al Arquidiócesis de México apoyará en todas las acciones legales que emprenda el Colegio de Abogados Católicos, a fin de que el calumniador sea sancionado conforme a derecho.”
El diputado Romo se retractó y dijo que en efecto, "al difunto cardenal Ernesto Corripio Ahumada nunca se le conoció un hijo biológico”, por lo que retiró lo dicho al no tener elementos con que probarlo.
Días después -19 de enero- en un intento de componer las cosas, dirigentes del PRD se reunieron con la mesa directiva de la CEM, pero el cardenal Corripio puso dos condiciones;
1. Una disculpa pública del diputado local Víctor Hugo Romo por la calumnia proferida contra la memoria de quien fuera Venerable Arzobispo Primado de México y dos veces presidentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el finado Cardenal Ernesto Corripio Ahumada.
2. El retiro de las dos demandas interpuestas -una ante la Secretaría de Gobernación y otra en un juzgado del Distrito Federal- en contra del Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México.
Y agrega un comunicado que “una vez más recordamos a la opinión pública que los valores y principios emanados del Evangelio no son negociables, por lo que la Iglesia Católica jamás aceptará la injusta arbitrariedad de dar niños en adopción a parejas del mismo sexo.”
3. La verdad es que el diputado Romo no sólo no tenía elementos para probar que Corripio tuviera un hijo biológico sino que no tenía ni idea de la estatura moral que tuvo Don Ernesto durante los 18 años que estuvo al frente de la Arquidiócesis de México, la más importante del mundo católico. Sólo alguien de su estatura pudo dirigir tres veces la CEM, (el actual arzobispo no ha sido presidente ni una sola vez). No sólo fue el cuarto cardenal responsable de haber organizado la primera visita de un Papa a México; también se le atribuye el haber creado la primera oficina de derechos humanos en la arquidiócesis cuando el tema no estaba en la agenda nacional. Además le tocó organizar la ayuda que la iglesia prestó a los damnificados del terremoto de 1985 para la construcción de viviendas. Además podemos agregar que fue un hombre clave en las reformas constitucionales de 1991 que dieron personalidad a las iglesias; fue destacado miembro del Consejo Episcopal Latinoamericano y Presidente fundador del Consejo Interreligioso de México, entre muchas otras cosas relevantes. ¡Ah!, nunca cerró catedral, ni puso policías para que la vigilarán; raramente realizaba conferencias de prensa, pocas veces asistía a actos públicos; era un hombre discreto. Por cierto, los últimos años de su vida vivió modestamente en la Calle 5 número 54, en la colonia Ampliación Tepepan, Xochimilco.
Efectivamente el diputado perredista (que no el PRD) se equivocó y lo menos que debe hacer es pedir disculpas públicas. Considero que fue esta situación –la injuria al cardenal- la que detonó el conflicto entre el arzobispado y el PRD. Además, el enojo original no es sobre el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo en calidad de matrimonios, sino de una de sus consecuencias más preocupantes: el derecho a la adopción de infantes. Un asunto que, como señala la CEM, requería de un debate más amplio.
La provocación
4. En dicho contexto y siendo apenas la primera semana de enero, el Semanario Desde la Fe, -órgano de difusión de la arquidiócesis Primada de México-, publicó una entrevista donde el sacerdote Hugo Valdemar Romero Ascensión hace un llamado a la sociedad para no votar por el PRD, partido al que considera “una amenaza para la familia.”
De inmediato en un comunicado de prensa, su líder nacional -Jesús Ortega- les señaló a los ministros de culto la siguiente advertencia: “No necesito recordarles que la Constitución establece que los dirigentes de las asociaciones religiosas no pueden combatir las leyes, no pueden oponerse a las leyes que las instituciones del Estado mexicano emiten”. En este sentido la Ley es clara.
unado a eso, varios líderes religiosos respondieron previniendo que no se "callarán" y que por su posición de ciudadanos rechazan una ley y reivindican su misión de defender a la familia. Ministros de culto como Antonio Chedraui, arzobispo de la Iglesia Ortodoxa, negaron que violen la Constitución y la Ley de Asociaciones Religiosas. "Somos ciudadanos y somos líderes. Que me disculpen. Cada asambleísta es por tres años, pero nosotros somos (líderes) para toda la vida. Conmigo han pasado ocho Presidentes de la República y sigo enseñando, sigo cumpliendo con mi misión. Soy obispo desde hace 43 años en México", manifestó Chedraui. (Reforma 5 de enero de 2010). Sayedna Chedrahui criticó que los legisladores del PRD estén más interesados en esos temas antes que atender los problemas de seguridad pública. Agregó: "Respetamos la ley, pero también tenemos que defender el derecho de la familia. Esa no es política". Y tienen razón, hay que regresar a ver a Voltaire. Además los líderes religiosos tienen razón al decir que no se puede ser censurado. El Artículo primero y sexto Constitucional los protege.
5- Hasta ahí las cosas iban -aunque candentes- bien, salvo la opinión del sacerdote Hugo Valdemar, quien ahora si merece ser amonestado por la Secretaría de Gobernación al atacar a un partido político. En ese sentido la ley es clara. El artículo 130 constitucional en su párrafo segundo, incisos d) y e), instituye los límites a la capacidad jurídica de los ministros de culto en la esfera política al establecer que éstos no podrán desempeñar cargos público, y aunque tienen derecho a votar no tienen derecho a ser votados a menos que hubieren dejado de ser ministros de culto con la anticipación y en la forma que establezca la ley. Asimismo, no "podrán asociarse con fines políticos, ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán oponerse en reuniones públicas, actos de culto, de propaganda religiosa, ó en publicaciones de carácter religioso, a las leyes del país o a sus instituciones…"
El código Penal Federal en su artículo 404 también sanciona hasta con 500 días de multa a los ministros de culto y a las asociaciones religiosas que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan a votar a favor o en contra de un candidato o partido político, aunque para el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) eso no es suficiente.
En ese sentido, el legislador presentó el día 13 de enero una iniciativa de ley para adicionar y reformar dicho artículo a fin de imponerles multa no sólo a los ministros y sus iglesias, sino también hasta a sus auxiliares, o sea, a los laicos. Y plantea que no sólo sea delito el que un ministro de culto “en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio” se le aplique la norma, sino incluso “fuera de estos (actos públicos propios de su ministerio) si es que inducen (sic)… por sí o por interpósita persona, por cualquier medio, al electorado a votar a favor o en contra de un candidato o partido político” La iniciativa fue turnada a comisiones para su dictamen correspondiente. En lo personal, no veo necesidad de recurrir a la vía penal para hacer un llamado a los ministros de culto a la prudencia. Basta una -eso sí- firme amonestación, aunque que a decir verdad no es fácil que la Comisión Sancionadora, prevista en el artículo 30 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, emita una resolución, muchas veces por falta de pruebas. Así sucedió en junio de 2007 cuando fueron denunciados Norberto Rivera y Hugo Baldemar, por los ciudadanos Jesús R. Robles Maloof y Armando Arteaga del Partido Socialdemócrata.
Un acto de rebelión
6- No fue sino hasta el siete de enero cuando intervino la Secretaría de Gobernación. Fernando Gómez Montt afirmó ese día que no se permitirán “actos de rebeldía” por parte de las iglesias frente a la vigencia de la ley, y no descartó aplicar sanciones por sus críticas contra las modificaciones legales que permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de niños. Gómez Mont señaló que las iglesias, como instituciones importantes de la sociedad, tienen voz; pero no pueden suprimir la pluralidad que existe en nuestro país frente a otras instituciones y organismos. A pregunta expresa, subrayó que aunque no se debe limitar la libertad de expresión, “lo que no se les permite es un acto de rebelión o rebeldía frente a la vigencia de las leyes”. Dijo que analizan los hechos concretos en cuanto al llamado a no votar por el PRD, a fin de dar a conocer la posición final de la dependencia sobre el tema, la cual estará basada en el régimen vigente. Tras indicar que se trata de temas sumamente controvertidos, Gómez Mont llamó a las partes a buscar que en los debates que se realicen se puedan cuestionar las cosas, pero sin difamar, injuriar o afectar a las personas. “Siempre con mucho respeto entre las personas cuya voz está en juego”, enfatizó.
7. Hasta ahí las cosas hubieran quedado. Una amonestación verbal o escrita de la Secretaría Gobernación y un posicionamiento y disculpas del PRD por los agravios del diputado Romo en contra de la memoria de Corripio Ahumada. Pero las cosas se incrementaron, y la herida en lugar de cerrase se abrió más. El daño estaba hecho. Ya estaba en imprenta el segundo número del semanario Desde la Fe y en su editorial, el arzobispado (que no la Iglesia católica como varios medios y comentócratas señalan) asegura que por tener la "osadía" de manifestar su inconformidad con la ley aprobada en la capital del país la reacción no se ha hecho esperar. "Los insultos y las descalificaciones en contra de la Iglesia y sus ministros se han multiplicado en estos días, no solo en las expresiones de algunos políticos de la ALDF, sino también en muchos analistas y comentaristas en los medios de comunicación, quienes han manifestado el grado de intolerancia al que se ha llegado en México".
La reacción mediática
8. Y eso no era todo. Ese día, el arzobispo Rivera preparó una estrategia mediática e incluso invito a algunos líderes de iglesias a la misa del domingo 10 de enero (algunos se disculparon) para hacer un frente común en contra de los matrimonios y la adopción entre personas del mismo sexo. Asistieron integrantes de la Iglesia Ortodoxa de México y algunos pastores evangélicos (que no la Iglesia evangélica, como alguien publicó) respaldando al primado de México. Y al final del servicio religioso, el cardenal dio instrucciones a su vocero, el sacerdote Hugo Valdemar, a leer un posicionamiento y lo que se esperaba. De entrada, sermoneó en contra de todos aquellos (del PRD, concretamente) que quieren prohibir "hablar en nombre de Jesucristo". Advirtió el arzobispado que lejos de replegarse ante las persecuciones ideológicas, "descubrimos que el señor nos brinda una gracia inmerecida: la de ser testigos, de abrazar con alegría su cruz, para completar en nosotros la pasión de Cristo". En su comunicado a los feligreses, el cardenal Rivera dijo: "Nos quieren prohibir hablar en nombre de Jesús, predicar su doctrina, cumplir el mandato del señor de anunciar la buena nueva, defender el vínculo sagrado del matrimonio". Y arengó "no, no podemos callar… pero no evadiremos el tribunal supremo de dios quien nos pediría cuenta de nuestra cobardía por avergonzarnos de su nombre y por no defender al rebaño del lobo que mata y dispersa a las ovejas". Y ahí al final aseguró que ello- los pastores del pueblo de dios- no pueden obedecer primero a los hombres y sus leyes antes que a dios, pues la ley suprema y perenne es la de dios. "Toda ley humana que se le contraponga será inmoral y perversa, pues al ir contra su voluntad termina por llevar a la sociedad a su degradación moral y su ruina".
La primera pregunta salta a la vista ¿se trata de un llamado del arzobispo a la desobediencia civil de nuevo? De entrada pudiera leerse que ¡Si!, sobretodo porque se lee que lo hace desde “el púlpito” desafiando a la autoridad para haber si se atreve a que se les aplique la ley correspondiente. Pero no llega a tal.
A manera de conclusión
11. Las relaciones Estado-Iglesias en México, tienen apenas 18 años de haberse reconocido legalmente. Desde diciembre de 1992 cuando se emitió el primer registro a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en México, a la fecha se han emitido más de 7 mil registros de Asociaciones religiosas en el país. El balance de la nueva relación es positivo en general. El sólo hecho de darles personalidad jurídica a las diferentes Iglesias fue un paso importante en la vida de México. Sin embargo, es necesaria una revisión a fondo de la Ley para ampliar los derechos y obligaciones de las diversas Iglesias, más concretamente, de los miles de ministros de culto. Ampliar sus derechos que hoy les están restringidos. Por ejemplo hoy se les prohíbe las prerrogativas que a los ciudadanos concede el artículo 35, en sus fracciones II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consisten en el derecho a ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado para cualquier otro empleo o comisión, reuniendo las cualidades que establezca la ley, así como también asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país. Sé que este es un asunto candente y muchos colegas no estarán de acuerdo, sino al contrario, se buscará restringirle las libertades como lo sugiere el Diputado Arturo Zamora. Hace nueve años, se reformó artículo primero Constitucional que señala que “queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas”.
12. Ahora con respecto al cardenal Primado de México, él seguirá haciendo llamados a la “desobediencia civil” empleando inteligentemente citas bíblicas. No es la primera –esperemos que si la última- ´que lo hace, quién no recuerda cuando en octubre de 1996 dijo desde el púlpito que la iglesia podía meterse en política "como lo hizo Jesús”. La respuesta de Gobernación entonces fue el envió de un extrañamiento en la que advirtió que si reincidía se haría merecedor de una sanción, incluso el cierre de la catedral. En aquel tiempo en las Cámaras legislativas se suscitaron debates, pros y contras: críticas y apoyos al prelado; discusión sobre si violó o no las leyes. Entonces, la mayoría de Diputados y Asambleístas de los partidos políticos - PRI, PRD y PT- coincidieron, al hacer un llamado a todos los ministros de culto a sujetarse a la ley y no violar el principio de separación Estado-iglesias al intervenir en política. El único partido que defendió lo dicho por el Arzobispo Primado fue el PAN y algunos miembros del PRD, concretamente el Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Benedicto XVI ha advertido a los políticos católicos que deben decidir en cuestiones como el aborto, la eutanasia y el matrimonio, y que los valores de la fe ''no son negociables''. , Su defensa por la ''familia tradicional'' ¡es a morir! La polémica, pues, sobre el papel de la Iglesia en estos temas no es un asunto aislado, y seguramente continuará ya que forma parte de una estrategia. Sólo basta analizar lo sucedido en otros países. Los casos son varios y han generado polémica. Ejemplos, Italia, España e Inglaterra. Debemos entender que ese es su papel y hay que leerlo como un llamado a misa: el que quiere va y el que no, ¡pues no! Lo que es un hecho que ni a él ni a nadie podemos ponerle una mordaza; hay que dejarlo que se exprese. Eso sí en el marco del respeto. Sin embargo, el cardenal no puede, ni debe usar el púlpito para hacer llamados que se leen como desobediencia civil. Eso no ayuda ni a él, ni a los feligreses, ni a la ciudadanía. La resistencia civil, “es una acción colectiva” que evita cualquier recurso sistemático a la violencia, y en México se ha utilizado principalmente en su dimensión política para revertir resultados electorales, nunca en cuestiones religiosos que se recuerde. Acordémonos de los actos violentos que se suscitaron en catedral hace tres años y que casi llegaron a la violencia. Además, hay que dejar claro que ni Rivera Carrera, ni Hugo Valdemar representan a toda la Iglesia católica en México. Únicamente se trata de dos ministros de culto de casi setenta mil que hay en el país. Muy importantes, si, pero son sólo dos. Claro, los apoyan líderes como el arzobispo de Puebla, Sayedna Antonio Chedahuí de la Iglesia Ortodoxa Antioqueña, el obispo de de la Iglesia Ortodoxa, y algunos pastores evangélicos.
Hasta el día 18 de enero no se había presentado ningún posicionamiento del presidente y del pleno de la CEM en este punto, sólo un comunicado el 25 de diciembre- antes de la crisis- firmado por Víctor René Rodríguez Gómez, Obispo Auxiliar de Texcoco y Secretario General de la CEM, donde señala mesuradamente de entrada que: “Ante una situación tan trascendente para el pueblo mexicano, con respecto a esta ley, se requiere de un debate más amplio y de una consulta entre todos los sectores de la sociedad.” El obispo agrega que “respalda las declaraciones del Sr. Cardenal Norberto Rivera y apoyamos toda iniciativa que la Arquidiócesis de México lleve a cabo en relación a este tema, causa de controversia en la sociedad y en el seno familiar.”
Sin embargo, el lunes 18 legisladores perredistas –entre ellos el senador Carlos Navarrete, y el diputado Guadalupe Acosta Naranjo- se reunieron con el presidente de la CEM Carlos Aguiar Retes y con una veintena de obispos más para calmar los ánimos. En esa reunión, el también arzobispo de Tlalnepantla dijo –seguramente después de haber consultad con sus pares- estar en la disposición de entablar un diálogo con las autoridades tras afirmar que la Iglesia católica cree en un Estado laico, no confesional ni antirreligioso. En ese sentido, el martes 19 convocaron a una conferencia de prensa para dar por terminado el conflicto suscitado. En un comunicado firmado por Aguiar Retes y Víctor René Rodríguez Gómez, Obispo Auxiliar de Texcoco y Secretario General de la CEM, -con el aval de sus hermanos-, que “las realidades sociales por las que México atraviesa nos obligan a los Obispos de México a decir una palabra que ilumine la vida de los mexicanos (…) Estamos convencidos de que existe en cada ser humano una ley moral natural, y ésta, también da la bienvenida a quienes no se identifican con la fe y el pensamiento cristiano. Por eso la Iglesia no impone sus leyes morales.” Punto.
Agrega el texto que “La ley moral natural no es exclusivamente o predominantemente confesional, aunque la Revelación cristiana y la realización del hombre en el misterio de Cristo la ilumine y desarrolle en plenitud su doctrina” (Discurso del Papa dirigido a los miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe). El Catecismo de la Iglesia Católica "indica las normas primeras y esenciales que regulan la vida moral" (n. 1955). Fundada en la propia naturaleza humana y accesible a toda criatura racional, constituye así la base para entrar en diálogo con todos los hombres que buscan la verdad y, más en general, con la sociedad civil y secular. Esta ley toca uno de los nudos esenciales de la misma reflexión sobre el derecho e interpela igualmente a la conciencia y a la responsabilidad de los legisladores.
Ese mismo día, la oficina el Arzobispado emitió un comunicado casi como respuesta a la CEM señalando de entrada que hasta ese momento no hay ningún diálogo con el PRD. “La Arquidiócesis Primada de México y el Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera no han sostenido ningún tipo de diálogo con la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, pues no es posible el intercambio de opiniones en un ambiente en el que no impera el respeto a la persona, a su dignidad, al derecho fundamental de la libre expresión, a sus valores y a sus creencias religiosas.” Aunque precisa que “el Arzobispo Primado de México siempre se ha mostrado abierto al diálogo con cualquier persona o partido político; sin embargo, con el Partido de la Revolución Democrática, este acercamiento sólo será posible cuando este instituto político cumpla con las dos condiciones innegociables que son del conocimiento de la opinión pública”. Esto último se refiere a lo arriba señalado, a saber: la disculpa pública del diputado Víctor Hugo Romo y el retiro de las dos demandas interpuestas. Jesús Ortega en respuesta demandó al prelado no supeditar el diálogo porque, dijo, si se busca un encuentro poniendo condiciones, entonces, hay pocas posibilidades de materializarlo y de concretarlo. Además precisó que ese instituto político no interpuso ninguna queja en Gobernación ni recurrió a ningún Ministerio Público, pues en el primer caso fueron tres asambleístas y en el segundo un grupo de ciudadanos. El arzobispo les responde que “la suspensión del diálogo con el Partido de la Revolución Democrática no significa una ruptura entre ambas instituciones. Y que “esta Iglesia particular está abierta al diálogo, siempre y cuando se cumplan las condiciones de respeto que ha exigido.” Subraya lo de particular porque la CEM actuó de manera diferente, civilizada, tolerante. Aquí hay una lectura de fondo entre las CEM y el arzobispado primada que en otra ocasión comentaremos.
Hasta ahí este capítulo. Seguramente habrá más.
Esta experiencia, que se origina por las reformas al código civil, no podemos dejarla pasar así nada más. Hay que aprovechar el momento para fortalecer al Estado laico. Afortunadamente, los legisladores de varios partidos de la Cámara de Diputados han sido sensibles y analizan un proyecto de decreto que reformaría – en caso de ser aprobado- diversas disposiciones de la Carta Magna, a fin de elevar a rango constitucional el carácter laico del Estado mexicano. Las propuestas que actualmente se revisan coinciden en la necesidad de modificar el artículo 40 de la Constitución, que define las características del Estado. Es muy simple. Las reformas buscan incluir la palabra laico dentro del texto vigente. Con ello los ministros de culto no podrán oponerse al laicismo que la Constitución determine.
Para concluir, seguramente habrá disculpas y se retiraran las demandas. Pero más allá de eso debemos de una vez por todas exorcizar el fantasma de la intolerancia. Hay que privilegiar las reglas de la tolerancia y el respeto a la no discriminación, que son columnas claves en una sociedad democrática.

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