La Comisión investigadora de la SCJN

La Comisión Investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, el pasado 5 de junio, que dejó un saldo de 49 niños muertos y 75 más heridos, dio a conocer el resultado de seis meses de trabajo.

Una primera gran conclusión es devastadora: el incendio fue resultado de un desorden generalizado en las guarderías del IMSS; la segunda es un descubrimiento: el IMSS carece de facultades legales para otorgar el servicio de guarderías subrogadas, que opera desde 1983.

Los magistrados comisionados, María del Rosario Mota y Carlos Ronzón, subrayan la relación causa-efecto entre el desorden generalizado y la guardería ABC, es decir, entre las guarderías del IMSS subrogadas y la tragedia. El resultado de su investigación lo presentaron al pleno de la Corte el viernes pero se informó ayer lunes, y fue turnado para su dictamen al ministro José Fernando Franco.

La Comisión Investigadora concluyó que el ex director del IMSS, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, están involucrados por este caso en violaciones graves de garantías. En el reporte final de la indagatoria se responsabiliza también a otros 17 funcionarios federales y estatales, a saber: IMSS, dDirector general, Juan Francisco Molinar Horcasitas; director jurídico, Fernando Gutiérrez Domínguez; director de Prestaciones Económicas y Sociales, Jesús Ignacio Navarro Zermeño; coordinadora de Guarderías, Dora García Kobeh, delegado estatal en Sonora, Arturo Leyva Lizárraga; jefe delegacional de Prestaciones Económicas y Sociales, Emigdio Martínez García, titular del Departamento de Guarderías, Noemí López y las coordinadoras zonales, Thelma Salado Islas, Yadira Barreras, Delia Irene Botello Amante, Irma C. Díaz Gómez.

Del gobierno de Sonora: ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo; el ecretario de Hacienda estatal, Miguel Eugenio Lohr, el oordinador ejecutivo de la Comisión de Bienes yConcesiones, Eliseo Morale; el tiular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Wilebaldo Alatriste Candiani,

Del Ayuntamiento de Hermosillo: el presidente municipal de Hermosillo, Ernesto Gándara; el director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Javier Hernández Armenta; el director de Inspección y Vigilancia, Alejandro Sugich Prandini; el director de la Unidad de Protección Civil Municipal, Roberto Copado Gutiérrez.

El dictamen final deberá ser votado por el pleno del máximo tribunal.

Padres de los menores fallecidos tomaron con reserva el expediente, pues consideran que los datos contenidos en el informe ya habían sido denunciados.

En la investigación, los magistrados descubrieron que en tres décadas el IMSS ha otorgado contratos para guarderías subrogadas sin tener atribuciones.

Los resultados de las auditorías arrojaron que en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia o supervisión de las estancias infantiles existe un “desorden generalizado”.

La Comisión detalló que “sólo 14 contratos de prestación de servicios, de un total de mil 480, se otorgaron habiendo quedado satisfechos todos los requisitos legales. Once contratos se regularizaron después de su suscripción”.

En los demás, “existe una ausencia de por lo menos un requisito”.

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Magistrados señalan a 19 responsables en caso ABC

Carlos Avilés

El Universal

Martes 02 de marzo de 2010

Aseguran que “es posible afirmar que el incendio ocurrido en la guardería ABC fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente"

caviles@eluniversal.com.mx

Los magistrados de la Comisión Investigadora del incendio de la guardería ABC llegaron a la conclusión de que el ex director del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora, Eduardo Bours, junto con otros 17 funcionarios federales y locales, están involucrados en violaciones graves de garantías relacionadas con este caso.

En el reporte final de su investigación, los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla, aseguran que “es posible afirmar que el incendio ocurrido en la guardería ABC fue la suma de diversos factores de riesgo no atendidos oportuna ni adecuadamente por las autoridades delegacionales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del gobierno del estado de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo”.

Las conclusiones de la Comisión Investigadora, así como todas sus indagatorias, se le turnaron para su análisis al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fernando Franco González Salas, para que elabore un dictamen a fin de determinar si efectivamente se registraron o no violaciones graves de garantías detectadas por los magistrados del caso ABC.

Una vez elaborado el dictamen el ministro Franco tendrá que darle copia del mismo a las autoridades involucradas en la investigación para que se defiendan y manifiesten lo que les parezca pertinente.

Todo, a fin de que el dictamen final sea revisado en los próximos meses por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Las pruebas recopiladas por la Comisión Investigadora permiten establecer que el incendio del 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niños y dejó lesionados a otros 65, se originó a raíz de “un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler”, en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda estatal tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.

Autoridades no inspeccionaron

Como parte del informe final de sus indagatorias que presentaron ante el Pleno de la Corte, los magistrados Mota Cienfuegos y Ronzon Sevilla reportaron que no existe evidencia de que las autoridades competentes, estatales y municipales, de Sonora realizaran visitas de inspección a la bodega y a la guardería para verificar que existieran y se cumplieran con las medidas de protección civil necesarias.

En especial porque “la evidencia demuestra que en la bodega no había ni siquiera detectores de humo o extinguidores”, y menos sistemas contra incendio a que estaba obligada la bodega del gobierno de Sonora por el alto riesgo en que se clasifica por las grandes cantidades de combustible sólido que también almacenaba. Los magistrados explicaron que tampoco existe prueba demostrativa de que las autoridades competentes del IMSS hubieran emitido, en su oportunidad, “la certificación técnica del inmueble donde se alojaría la guardería para cerciorarse de la existencia de muros retardantes al fuego”.

Este punto fue clave, porque “la inexistencia de un muro cortafuegos que dividiera las instalaciones de la bodega de las de la guardería, aunado a las oquedades que había en el muro divisorio permitió que grandes cantidades de humo tóxico, gases y calor se concentraran en el espacio que había entre el falso plafón y el techo de la nave de la guardería”.

Conforme a la narración de lo ocurrido, sustentada en los peritajes realizados por investigadores extranjeros avalados y propuestos por los padres de los niños que fallecieron, “cuando el cielo raso ya no resistió el calor cayó, permitiendo que el humo tóxico y los gases inflamables se vinieran abajo donde había oxígeno, lo que produjo un rápido e intenso flamazo en las aulas donde se encontraban los niños”.

Recepción cautelosa

En Sonora, el informe de la Comisión Investigadora fue tomado con cautela por el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. El vocero de esa agrupación de deudos de niños fallecidos en el incendio de la estancia infantil, Julio César Márquez Ortíz, indicó que todo lo que incluyó el documento ya había sido denunciado por los padres de la víctimas.

Mencionó que esperan que en el veredicto final sobre el caso, la SCJN resuelva que sí se cometieron violaciones a las garantías individuales de los niños y sus familias (Con información de Marcelo Beyliss, corresponsal)