Protección a testigos

OFAI ordena a PGR revelar gasto en testigos

El Instituto pide a la dependencia dar a conocer el número de personas que se han sometido a este programa de 2006 a 2009; la Procuraduría aduce perjuicio en sus actividades

Nota de Alberto Morales

El Universal on line, Miércoles 17 de marzo de 2010 16:43

En tres años de 2004 a 2007, la Procuraduría General de la República (PGR) ha destinado al menos 36 millones de pesos en la aplicación del Programa de Protección de Testigos.

Y ahora, por instrucción del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la dependencia tendrá que dar a conocer el número de personas que se han sometido a este programa de 2006 a 2009, así como el gasto ejercido para su seguridad.

El pleno del instituto revocó la clasificación de información de PGR, que argumentó que al revelarse esto representaría un "perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de delitos, impartición de la justicia... estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos, hasta en tanto las resoluciones no causen estado", como señala el artículo 16 del Código Federal Penal.

La ponencia de la comisionada Sigrid Arzt Colunga consideró que la información solicitada por un ciudadano, a través de la Ley Federal de Transparencia, era "estadística" que no impide las acciones para evitar la comisión de delitos, ni forma parte de averiguaciones previas.

En su análisis, la comisionada dijo que era inadmisible que la PGR haya clasificado la información cuando en ocasiones previas ha hecho público en boletines de prensa y en solicitudes de información el número de testigos protegidos y los gastos destinados para su seguridad.

Arzt Colunga aseguró que tras una búsqueda de información se confirmó que la "inexistencia" de datos que dio PGR sobre el número de testigos a quienes se les hubiera cambiado la identidad, así como del sueldo que perciben, pues tanto las remuneraciones económicas como los cambios de identidad no son figuras jurídicas que se contemplen en la Ley.

Así el órgano garante de la transparencia ordenó a la PGR realizar una búsqueda exhaustiva en el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), órgano administrativo de la Procuraduría, que debe tener la información estadística concentrada y la entregue al recurrente.

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