Defiende la Red los jucios en desacuerdo con PGR

Defienden ONG juicios orales

Aseguran que no son causa de violencia. Refutan críticas del Procurador Chávez; afirman que resultados se verán a la larga

Nota de

Reforma,

Ernesto Canales Santos y Orlando Camacho Nacenta, integrantes de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso, aseguraron que la violencia registrada en esa entidad es provocada por delitos del ámbito federal, en el que no ha habido ninguna reforma todavía.

"La idea de que la violencia en Chihuahua es muy alta y por ello puede considerarse como indicativo de que la reforma penal no ha funcionado es muy miope, porque la violencia en el País es muy alta, especialmente en los crímenes del área federal, de la cual él (Chávez Chávez) es responsable, y ahí no ha habido ninguna reforma.

"Entonces, ligar como lo hizo el señor Chávez el índice de violencia en Chihuahua con la implementación de la reforma no es correcto y nos preguntamos: ¿Qué idea atrás de esto tiene el Procurador para hacer una vinculación que no es apropiada?", indicó Canales Santos.

En la mesa del miércoles del Diálogo por la Seguridad, en la que estuvieron presentes los representantes del Poder Judicial, el Presidente Felipe Calderón le preguntó a los asistentes si consideraban que pudiera existir alguna relación entre los altos niveles de violencia en Chihuahua y el nuevo sistema de justicia.

Chávez Chávez respondió que sí ha habido fallas en la implementación del nuevo sistema -que además de Chihuahua ya han adoptado otros siete estados-, y que la percepción de los ciudadanos era adversa.

"Sí es importante el poder profundizar en este análisis, porque, efectivamente, hay entidades en donde no solamente no ayudó a que la justicia fuera accesible al ciudadano de una forma más ágil, sino que la percepción ciudadana es completamente adversa al nuevo sistema de justicia penal. El análisis nos está llevando a determinar si las fallas fueron orgánicas o funcionales", dijo.

El nuevo sistema penal, que entre otras cosas contempla el establecimiento de los juicios orales, explicó Camacho Nacenta, es producto de la reforma constitucional aprobada en el 2008 y por tanto su cumplimiento ya no está sujeto a discusión.

"Hay que partir de ahí, hay que hacerlo y hacerlo bien. Porque además, si hubiera otra opción de sistema de justicia en estos momentos, pero no la hay, no existe, y nuestro sistema actual está rebasado, está obsoleto.

"Es una oportunidad el nuevo sistema, que además no se nos ocurre a nosotros, sino que el mundo se está moviendo así, el mundo va hacia allá. Entonces, es importante subirnos en el barco todos y vamos a empujarlo porque además no es discutible, ya se discutió", aseveró.

El nuevo sistema, añadió, implica una modificación en todos los ámbitos que lo componen: la investigación policial, la integración del expediente por el ministerio público, el juicio y la ejecución de la sentencia; por lo que para determinar su grado de éxito o no, se debe de atender a esa integralidad en su funcionamiento.

"Sí vale la pena aclarar, y hay que entender, que este sistema de justicia no está precisamente para acabar con la violencia como se ha manifestado. Es todo un proceso, que lleva un ejercicio continuo y que en la medida en que se vayan aplicando los procesos adecuados en todos los ámbitos, en esta sistematización y en esta reforma integral es como se irán dando algunos resultados importantes", advirtió.

Canales Santos consideró que el Procurador Chávez no ha mostrado interés en el desarrollo del nuevo sistema.

"Quisiéramos recalcar que el señor Chávez de manera consistente ha venido presentando una oposición sorda a la implementación de la reforma. El señor Chávez fue Procurador de Chihuahua antes de que Chihuahua implementase la reforma penal. Igual, nos da la impresión que se ha aferrado a la forma de trabajar como le tocó en su tiempo, cuando hay datos duros de que el sistema actual mexicano en materia penal no funciona", dijo.

Así lo dijo

"Hay que entender que este sistema de justicia no está precisamente para acabar con la violencia como se ha manifestado. Es todo un proceso".

Orlando Camacho Nacenta

Integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso.

"La idea de que la violencia en Chihuahua es muy alta y por ello puede considerarse como indicativo de que la reforma penal no ha funcionado es muy miope".

Ernesto Canales

Integrante de la Red de Organizaciones Civiles de Apoyo a los Juicios Orales y el Debido Proceso.

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Dan recursos sólo a 2 estados

Nota de Antonio Baranda
Reforma, 15 agosto 2010.- A más de dos años de la publicación de la reforma constitucional en materia penal, el Gobierno federal sólo ha repartido a dos entidades de la República el subsidio especial para comezar con su implementación.
El 12 de agosto, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (Setec), firmó la entrega de 30.5 millones de pesos a Yucatán; mientras que el 28 de julio acordó la canalización de 53.6 millones de pesos a Baja California.
En el caso de Yucatán se invertirá principalmente para la adquisición de un software de operación para el nuevo sistema de justicia, así como para la capacitación de funcionarios, ajustes a la normatividad, programas de difusión y fortalecimiento de la defensoría pública.
Se prevé que la entidad del sureste instaure el primer sistema informático homologado de procedimientos penales de todo el País, que permitirá integrar todos los procesos que se siguen en la Fiscalía, Instituto de Defensa Pública y Secretaría de Seguridad Pública estatales.
En Baja California, los recursos se utilizarán para ejecutar un Programa de Adquisición de Equipo Técnico y Científico para la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del estado.
Según documentos de la Setec, el subsidio está compuesto por 266 millones de pesos, de los cuales 196 corresponden al Presupuesto de Egresos 2010 y 70 a los "ahorros operativos" del propio órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación.
Su orientación debe focalizarse, según establecen los requisitos, a la ejecución de proyectos en los rubros de reformas legales, capacitación, difusión, equipamiento, infraestructura y reorganización institucional.
El encargado de autorizar los recursos es el Comité de Subsidios de la Setec, que a la fecha sólo ha "dictaminado" favorablemente seis proyectos específicos de Yucatán y Baja California.
"La Secretaría Técnica ha informado a las 32 entidades federativas sobre la disponibilidad y requisitos para la obtención de los recursos, y ha celebrado reuniones de asesoría con 20 entidades y una con todos los tribunales superiores de justicia del País".
"Con el objetivo último de brindar todo el apoyo técnico posible para que el nuevo sistema de justicia penal pueda implementarse de manera gradual, eficiente y estratégica en todo el territorio nacional", indica un informe de avances de la Setec actualizado a junio.
El miércoles, durante los "Diálogos por la Seguridad", representantes de los tribunales de justicia solicitaron al Presidente Felipe Calderón más recursos para implementar esta reforma.
15 agosto 2010).- El nuevo sistema penal que se ha implementado en Chihuahua no ha generado la violencia que se vive en esa entidad como lo sugirió el miércoles el Procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, durante una de las mesas de los Diálogos por la Seguridad.Rolando Herrera