Reportaje de la Marcela Turati

Una puñalada a la justicia
Marcela Turati
 Revista Proceso # 1783, 2 de enero de 2011;
El asesinato de la señora Marisela Escobedo –quien durante dos años exigió cárcel para el asesino de su hija Rubí– a las puertas del Palacio de Gobierno exhibió las fallas del nuevo sistema de justicia penal promovido por el gobierno de Estados Unidos, que tiene a Chihuahua como su laboratorio y punta de lanza para después aplicarlo en el resto del país. El crimen también dejó al descubierto que, si bien el modelo se acerca a los criterios jurisdiccionales del primer mundo, nunca dejó de arrastrar los peores vicios del pasado.
 Chihuahua, Chih.- El manoteo político por controlar los efectos de la muerte de Escobedo y la búsqueda de culpables podrían dinamitar el modelo de justicia que sustituye el proceso tradicional, que desahogaba todo por escrito y a discreción, por uno oral y público, que se basa en la presunción de inocencia, que sustituye las confesiones por evidencias científicas, y privilegia la solución alternativa a los conflictos para desahogar los tribunales y las cárceles.
“El caso de Marisela puso a prueba al sistema penal y lo reprobó exactamente donde todos los abogados de experiencia decíamos que iba a reprobar: si el imputado se niega a confesar ante el juez y el Ministerio Público (MP) no presenta pruebas científicas muy sólidas para establecer su responsabilidad”, dice a Proceso el abogado Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).
A Escobedo el nuevo sistema no le fue favorable: aunque ella hizo todas las investigaciones para llevar a juicio a Sergio Barraza, el asesino confeso de Rubí, los jueces Catalina Ochoa Contreras, Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez y Rafael Boudid Jurado lo absolvieron porque consideraron que el MP y los peritos de la procuraduría no probaron la culpabilidad del acusado, así que lo liberaron, y cuando Escobedo se inconformó, un tribunal de magistrados anuló el fallo anterior y condenó al homicida a 50 años de cárcel cuando él ya había huido; y aunque la señora volvió a localizarlo, la policía no fue capaz de reaprehenderlo.
Un sicario asesinó a Escobedo la noche del 16 de diciembre frente a la casa de gobierno, donde acampaba pidiendo el encarcelamiento de Barraza. Las cámaras de seguridad captaron el crimen. Cuando se difundió el video en los noticieros nacionales, el gobernador César Duarte anunció que exigiría la destitución de los jueces que ocho meses antes absolvieron al culpable: de inmediato, el Supremo Tribunal de Justicia los separó de su cargo, el presidente del Congreso anunció su desafuero para que se les castigara penalmente, y el presidente de la CEDH presentó una demanda de juicio político en su contra. En el vendaval, otros políticos anunciaron que acabarían con el fuero de los jueces y les reducirían el salario.
El Heraldo de Chihuahua publicó que los tres habían “reprobado” su examen de admisión para ser jueces orales, pero habían sido contratados mediante influencias políticas.
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados reaccionó mediante un desplegado abierto que cuestionó la invasión de poderes por parte del gobernador: “(Fue) evidente lo que todo mundo sabe: el sometimiento de los poderes Judicial y Legislativo al poder Ejecutivo (…) ¿De aquí en adelante todo juez o magistrado que dicte un auto de libertad o una sentencia absolutoria, será suspendido, desaforado y sujeto a proceso penal?”
El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), coadyuvante en el caso de Rubí, consideró el asesinato como un “crimen de Estado” y señaló que debe sancionarse a todos los eslabones del sistema: policías, agentes del MP, peritos y jueces responsables.
Por su parte, cuatro jueces de tribunales orales entrevistados por este semanario se dijeron preocupados.
“Si los jueces, a partir de los elementos que se les da en el juicio, consideran que no se ha demostrado la culpabilidad y absuelven, y se considera que está mal su fallo, entonces debemos concluir que los jueces deben condenar a todos. Y si esa es la conclusión, entonces prescindamos de los jueces”, opinó el juez Carlos Martínez García, quien recalcó que aún cuando un juzgador emita una sentencia cuestionable, hay una instancia superior que puede corregir el fallo.
Con 18 años de experiencia, Martínez señala que si se reduce “la ya de por sí disminuida autonomía judicial” algunos jueces dejarán de absolver a inocentes para no enfrentar consecuencias similares, y el ciudadano de a pie pagará las consecuencias porque si es acusado será siempre condenado.

Chihuahua, el modelo

El nuevo sistema inició en la capital del estado de Chihuahua en enero de 2007 y en Juárez un año después, lo que convirtió a la entidad en la primera del país que adopta este modelo para todos los delitos, imprudenciales y dolosos.
El modelo fue publicitado como el remedio a todos los males: gracias a las técnicas de mediación entre partes pocos asuntos se convertirían en demandas penales; aliviarían la saturación en las prisiones al ser pobladas tan sólo con criminales peligrosos; policías con licenciatura  investigarían los delitos con métodos científicos y ya no patrullarían sin rumbo; existiría un cuerpo de defensores de oficio independientes de la procuraduría; los juicios serían orales y a la vista de todos; habría casos que concluirían en 10 días y los imputados de delitos no graves atenderían sus juicios en libertad y no en prisión preventiva.
Poco a poco, según sus impulsores, se extinguirá la figura del policía que tortura a inocentes en mazmorras y a punta de tehuacanazos los obliga a declararse culpables; la confesión dejaría de ser la madre de todas la pruebas; desaparecerían las pilas de expedientes polvosos acumulados por años en los juzgados, los años de espera para una sentencia y los “usted disculpe” a quienes eran mantenidos en la cárcel por error.
La reforma se convirtió en el sello de gobierno del exmandatario chihuahuense José Reyes Baeza, quien tuvo en Patricia Rodríguez, abogada como él, su principal impulsora desde la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El gobierno estadunidense, a través de la organización Proderecho, financió la capacitación de los nuevos agentes del sistema, quienes tuvieron maestros ingleses, costarricenses, argentinos y chilenos. El gobierno construyó nuevas instalaciones y creó un laboratorio científico para analizar todo tipo de evidencias y destinó mil 600 millones de pesos para la reforma.
Sin embargo, la presentación en sociedad de la nueva justicia coincidió con la peor etapa de inseguridad, que convirtió a Chihuahua en el estado puntero nacional de homicidios y a Juárez en la ciudad más violenta del mundo.
Con tantos homicidios y delincuencia desbordada, el nuevo sistema de justicia no redujo los índices de impunidad y en investigación de delitos. En consecuencia, la gente percibió que el nuevo procedimiento favorece a los criminales y se criticó al garantismo del nuevo sistema, que privilegia la presunción de inocencia, y a los juicios con el acusado en libertad.
“Lo que estamos viviendo tiene su origen desde la misma implantación del nuevo sistema que, aunque es bueno, siempre representó un capital político, siempre sujeto a golpeteos; y en las campañas pasadas fue bandera de los candidatos del PRI y del PAN que tomaron el clamor social de hartazgo hacia la impunidad. Aparentemente hay un rompimiento en el PRI entre el gobierno anterior y esta administración, y como el nuevo sistema representa un emblema de Reyes Baeza se le comenzó a criticar. Y tristemente, a raíz de la muerte de la señora, el sistema se convirtió en rehén de la política, y esta persecución puede influir en las decisiones de los jueces con tal de no ser perseguidos”, opina otro juez, que pidió el anonimato.
Para este hombre, hubo otras fallas de inicio: no se explicó correctamente a la ciudadanía en qué consistiría el nuevo sistema, se crearon expectativas que sobrepasaban su verdadero alcance, se vinculó al juicio oral con el combate a la impunidad (“aunque la impunidad depende de la persecución del delito y no de su aspecto procesal”, dice uno de los juzgadores) y se capacitó insuficientemente a la policía investigadora.
Otro juez, que también pidió el anonimato, señaló que el ataque del Congreso del estado a los “privilegios” de los jueces es errado, ya que recibir un buen salario y tener fuero es una garantía de imparcialidad, “para evitar corrupción y para tener la tranquilidad de que no se sufrirán las consecuencias por aplicar la ley”.
Coinciden en que si la ley está mal, hay que cambiarla pero no culpar de ella a sus operadores. Señalan, sin embargo, que el código penal ha sufrido en cuatro años tantos remiendos por parte de los legisladores (al menos 113 al Código Penal) que el sistema cada vez se parece más al antiguo, con más causales de prisión preventiva, con más garantías hacia quien se dice la víctima, con más recovecos para subsanar las fallas investigativas del MP. “Es cada vez más inquisitorial”, opinó otro juez.
Estos jueces son capacitadores en otros estados de la República donde se implementará el nuevo sistema. Al Poder Judicial de Chihuahua se le considera el alumno más avanzado.

Caso Rubí, prueba de fuego

Las quejas y los ajustes comenzaron desde el estreno del sistema.
Los policías municipales de Chihuahua se decían desalentados por este nuevo procedimiento que presume la inocencia de los acusados y se quejaban de que la justicia era como una puerta giratoria: en cuanto atrapaban a un maleante los jueces lo liberaban. Por su parte, las víctimas se desesperaban al ver que el imputado enfrentaba su proceso en libertad y la ciudadanía veía que la inseguridad, en vez de disminuir, aumentaba.
Un operador del nuevo sistema comenta que siempre hubo tironeos entre la procuraduría y el tribunal: como los agentes del MP no integraban bien las pruebas, los jueces liberaban incluso a los criminales cuya captura el gobierno había mostrado como trofeo. Lo mismo ocurrió cuando el Ejército y la Policía Federal comenzaron a operar en el estado sin conocimiento previo de técnicas de investigación: si los detenidos llegaban torturados y la única prueba era su confesión, salían libres.
Se dieron varios casos de detenidos presentados a los medios como multihomicidas, a quienes a la hora del juicio el fiscal sólo culpó de posesión de armas por falta de elementos. Un caso que destapó El Diario de Juárez fue el de las 36 personas a las que el gobierno presentó a los medios como los perpetradores de 900 homicidios, a quienes, ante los tribunales, presentaron cargos por 63 asesinatos y únicamente contra 14 de ellos. En los medios chihuahuenses también se publicaron casos en los que delincuentes quedaron libres porque el MP ni siquiera se presentó al juicio.
En ese contexto de cuatro años de hartazgo de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia transcurrió el juicio a Sergio Barraza, pareja sentimental de la adolescente Rubí Frayre Escobedo. Para deshacerse de ella, la asesinó a golpes, metió su cuerpo en un tambo, le prendió fuego y luego lo tiró en un chiquero. Barraza confesó el crimen a su padrastro, a un amigo y a dos policías; incluso indicó dónde arrojó el cadáver. Su abogado pidió un juicio abreviado: se declararía culpable a cambio de reducirle la pena a 20 años de cárcel, pero aparentemente la señora Escobedo rehusó porque quería la pena máxima para él.
Sin embargo, el día del juicio ante el tribunal oral Barraza se abstuvo de declarar. A criterio de los jueces, los peritos no presentaron evidencia científica para establecer que él era el asesino y cómo la había matado. Como el nuevo sistema desestima las confesiones que no se hacen ante el juez, el imputado fue absuelto. El acusado pidió perdón a la madre, pero los jueces, en vez de dejarlo continuar, exigieron guardar silencio.
Después ocurrió lo que ya se conoce.
En la repartición de culpas no sólo salen mal parados los jueces, también los policías investigadores.
La Federación Mexicana de Colegios de Abogados, en su desplegado, también cuestionó: “¿Reconocen la ineficacia de la anterior Procuraduría General de Justicia del Estado, al no haber logrado detener a Sergio Barraza Bocanegra cuando se libró la orden de reaprehensión? (…) ¿Reconocen que en la selección de un gran número de operadores (jueces, defensores, coordinadores y ministerios públicos) del Nuevo Sistema de Justicia Penal imperó el amiguismo y el favoritismo?”
Al respecto, el visitador De la Rosa opina: “El Departamento de Estado de Estados Unidos envió enormes cantidades para capacitar a los jueces y los defensores, pero no fue significativo el dinero para los ministerios públicos, los operadores activos del sistema. Esta policía no está mentalizada para búsqueda de evidencias, sólo de culpables. El 95% de las evidencias están basadas en confesiones y no en consecución de pruebas científicas”.
Otro que pasó la factura de la delincuencia a la PGJE fue el expresidente municipal de Juárez, Reyes Ferriz, que a cuatro días de terminar su mandato se quejó de que si bien la policía municipal aprehendió en flagrancia a 10 mil delincuentes, más de 9 mil 500 quedaron en libertad porque no se les enjuiciaba (Proceso 1771).
Aunque en lo que va del año Juárez superó los 3 mil homicidios dolosos, según información de El Diario, sólo 12 agentes del MP y 33 elementos de la Policía Estatal Investigadora se encargan de las indagatorias. El mismo periódico averiguó que muchas veces los agentes del MP no llegaban a las audiencias por falta de personal y de vehículos.
“Lo recomendable es que cada agente procese 20 homicidios al año, pero en Juárez cada elemento procesa 300. ¿Cómo pueden hacerle para reunir pruebas? Según el nuevo sistema, debe dedicarse a investigar un caso de 72 a 96 horas, y aclararlo. Con los niveles de violencia les están dando como ocho horas para que rindan resultados. Por eso tenemos una tasa del 96% de impunidad”, dice De la Rosa.
Se sabe que faltan muchos MP y policías ministeriales, pero hay pocos aspirantes a esas plazas por los asesinatos y los bajos salarios.

Garantismo vs. cadena perpetua

Desde su campaña para gobernador, César Duarte anunció que revisaría “el garantismo” porque promueve la impunidad y promovió la pena vitalicia a secuestradores, multihomicidas y extorsionadores. Cuando la sociedad todavía no se reponía de la noticia del asesinato de la señora Escobedo a las puertas del palacio, un juez dictó la primera condena de por vida a un secuestrador de 18 años perteneciente a la banda de La Muñeca.
El gobernador se mostró complacido. Uno de los jueces, que pidió el anonimato, cuestiona si el endurecimiento de penas no se convertirá en una bomba de tiempo:
“La cadena perpetua sólo formará una olla de presión en las prisiones. ¿Qué va a generar esto? ¿Más motines? ¿Qué pasa con un animalito acorralado? Si se retiran las esperanzas de reinsertarse a la sociedad y la oportunidad de salir, buscará trabajos más fuertes dentro, hará todo para salir, y en el paquete vamos todos. La inseguridad no se combate con penas más severas ni con más gente en la cárcel, sino con mejores oportunidades y con acceso al empleo bien pagado.”
De por sí, el King’s College de Londres ubica a México como el sexto lugar mundial en el total de gente encarcelada (con 227 mil 21 presos) y con su capacidad penitenciaria excedida en 33%. Para algunos es el momento de decidir si se dará marcha atrás al nuevo sistema. Para otros es necesario reforzarlo.
“Es el momento donde el presidente de la República, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los legisladores y gobernadores deben sentarse y decidir si van a seguir con el nuevo sistema de justicia, cuánto nos va a costar o qué cambios le harán al viejo para acercarnos a la oralidad, y si puede México acercarse al nuevo sistema o nada más simular que se hacen juicios orales. ¿Hay dinero para hacer funcionar el sistema?”, plantea De la Rosa.
En contraparte, un juez cuestiona: “¿Dónde va a quedar esta reforma integral si se le golpea políticamente? ¿Queremos volver a la confesión bajo tortura a la antigüita? ¿Al sigilo de la privacidad del juez que resuelve en su oficina? ¿Queremos jueces a modo? ¿O le apostamos por mejorar todo el sistema?” l
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Flamas, para que no se olvide
Marcela Turati

Chihuahua, Chih.- Marisela Escobedo no descansa sola. En el lugar donde su cuerpo quedó sin vida, ciudadanos anónimos han plantado veladoras; con sus flamas encendidas día y noche encontraron la manera de protestar contra la inseguridad, de hacer vigilia, de rendir homenaje a la madre que exigía cárcel para el homicida de su hija y que fue asesinada a las puertas del palacio de gobierno.
Este edificio, que es el corazón político del estado, se convirtió en lugar de peregrinación ciudadana; en sus paredes, como en un Muro de los Lamentos, los ciudadanos dejan mensajes expresando su rabia, su indignación, su sentimiento de orfandad. Porque se sienten huérfanos de autoridades, de instituciones y de paz.
“Aquí mataron a la señora, aquí quedó”, dice un padre de familia acompañado de tres pequeños, bien abrigados, que se detienen unos minutos para ver la ofrenda de flores y velas que cobija a un niño Jesús en pañales que alguien colocó justo en el lugar donde la madre-activista quedó tendida porque un balazo le traspasó la cabeza; aunque ella dos años antes había sido herida por el dolor de perder a su hija más pequeña –asesinada a golpes, calcinada en un bote, sus restos aventados a un chiquero–, a quien le prometió justicia.
“¿Y por qué la mataron, papá?”, pregunta uno de los chiquillos. El padre suspira y dice: “Porque era una mujer valiente”.
“Marisela, te mataron en la puerta del Palacio, ¿qué podemos esperar los demás?, ¿dónde podemos escondernos?, ¿hay algún lugar seguro?”, se lee en un mensaje escrito a lápiz en una hoja de cuadrícula y colocado bajo una veladora. Otros mensajes: “Si no pueden, renuncien”, “Marisela, nosotros nos quedaremos para exigir justicia por ti y por Rubí. Descansa en paz”, “Gobierno asesino”.
Cada tercer día, cuando las velas están a punto de rodear la casa de gobierno y de cercarlo, desaparecen tramos enteros en la noche. Cartulinas moradas, pegadas a las paredes, dan cuenta del robo. Los voceros del palacio han dicho que por seguridad del gobernador deben mantener libre la puerta trasera del recinto, pero los ciudadanos no hacen caso y colocan nuevas velas.
“Mataron a mi hermano, vine a colocar una vela por él”, comenta una joven que, como otros, llegan a orar por algún un familiar asesinado o desaparecido.
Todos los días, a las 11 de la mañana, se hace un pequeño homenaje por la muerte de la mujer que conmovió a todos los ciudadanos. “Quizás algún día la vi en la calle, me la topé; me hubiera gustado caminar con ella”, lamenta un ama de casa.
En la plaza de enfrente permanece el tendido de mantas que la mamá valiente instaló el día que decidió acampar afuera del despacho del gobernador –hasta Navidad si era necesario– para ser escuchada. De unos tendidos de hilos cuelgan pósters con la foto del hombre que asesinó a su hija, las mantas blancas con grafitis improvisados por la prisa que tenía de justicia (“¡Justicia, privilegio del gobierno! ¿Y Rubí?”), también las fotos ampliadas y plastificadas de los jueces que absolvieron al agresor, ridiculizados con orejas de burros.
Nadie se atreve a quitarlas. Marisela sigue presente en la plaza aunque su familia ya no está acampando con ella, aunque sus hijos veinteañeros hayan cruzado hacia Texas deseando no volver la vista atrás y se llevaran con ellos a Heidi, su nieta, lo único que recuperó de Rubí.
Luis Fong, uno de los fundadores de las caminatas sabatinas contra la muerte, dice que un funcionario de la Dirección de Gobierno llamó a varios activistas para negociar el asunto de las veladoras. Le dijeron que la única negociación es que atrapen a los asesinos de Rubí y de Marisela.
“La gente se apropió del asunto de las velas y empezó a poner más, se pensó cercar el palacio, pero la noche del 23 trabajadores del gobierno se llevaron unas velas, aunque ellos lo niegan. Luego pidieron a la gente que no pusiera en la parte trasera, pero la manifestación no tiene coordinación y la gente viene a mostrar su indignación de que ni siquiera en el palacio de gobierno se puede tener seguridad, a expresar admiración por Marisela y sus hijos, o aprovecha para reclamar el clima de muerte que padecemos los chihuahuenses”, dice el activista, que dirige la revista La Gota.
Las velas siguen apareciendo. En cuanto una luz se apaga, otra nueva se enciende.
Todas las noches el historiador Jesús Vargas, al salir del trabajo hacia su casa, pasaba por la plaza, donde veía a la madre y a las personas que la acompañaban. El centro siempre estaba deshabitado, como lo están varios rumbos de la ciudad desde que el miedo se pasea por las calles.
“La primera expresión de protesta fue por medio de las flamas de las veladoras y realmente observar esas pequeñas chispas frente a la puerta del palacio de gobierno provocaba un sentimiento de impotencia y de ternura. A mí me trajo en la memoria inmediatamente la respuesta que los vecinos de Tlatelolco expresaron el 3 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Y rápidamente estas primeras manifestaciones silenciosas atrajeron a muchos ciudadanos anónimos que día con día han manifestado su tristeza, su impotencia, su desesperanza, su dolor, no sólo por Marisela sino por todo lo que está pasando en nuestra ciudad, en nuestro estado, y desgraciadamente en nuestro país.”
El historiador rememora todo lo que ha visto ese palacio de estilo porfiriano, con toques afrancesados, que antes era el antiguo Colegio de los Jesuitas, donde quedó cobijado el sitio del fusilamiento del cura Hidalgo; desde cuyo balcón principal habló el presidente Madero en octubre de 1911; que sirvió de velatorio para el cuerpo del gobernador Abraham González, sacrificado por órdenes de Victoriano Huerta, y de donde salió Francisco Villa cargando el féretro. En este lugar desembocan todas las protestas ciudadanas; por eso enfrente está levantada la Cruz de Clavos, donde se insertaron 300 clavos, uno por cada una de las víctimas de feminicidio, que pronto resultaron insuficientes para colgar los siguientes nombres, como los de Rubí Frayre y Marisela Escobedo.
Hasta los turistas que pasean por el centro para ver las luces navideñas instaladas por fuera del palacio o el árbol de Navidad en la plaza aledaña, irremediablemente se fijan en las veladoras, preguntan a qué se deben, y no falta quien les cuente la historia aún reciente y dolorosa de aquella madre a quien la mataron por el amor de su hija, a la vista de todos. l