Rubí-Marisela: punto de quiebre
Bajo el actual sistema, los jueces ya no son garantía de una adecuada impartición de justicia.
Opinión de Martín MorenoExcélsior, 25 de enero de 2011;
-Esto lo he hecho muchas veces, yo no sé por qué la molestia ahora…, ha declarado Ochoa Contreras en relación a la liberación de Barraza quien, hasta hoy, continúa prófugo.
En su momento, la entonces procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, declaró que la jueza Ochoa se equivocó al dictar sentencia absolutoria a Álvarez Cruz. “Estamos en desacuerdo con la resolución; la jueza hizo una incorrecta valoración de las pruebas”, estimó la procuradora.
La actuación de la jueza Ochoa Contreras en la liberación de Barraza —junto con sus pares Rafael Boudib Jurado y Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez— no es un eslabón más en la cadena de impunidad que tiene de rodillas al país. Marca, nada menos, que el punto de quiebre en la justicia mexicana.
¿Por qué? Por una razón de fondo: debido a que los jueces no están capacitados para reconocer los derechos de las víctimas y se les tiene que volver a instruir para enfrentar juicios orales, como el derivado del asesinato de Rubí Marisol Frayre.
“En este caso, los jueces Ochoa, Boudib Jurado y Zúñiga desconocieron el derecho mexicano. Tienen responsabilidad política y no debieron haber liberado a Barraza”, asegura el doctor Samuel González Ruiz, uno de los especialistas en justicia más reconocidos y respetados del país, y quien fue titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).
En pocas palabras: bajo el actual sistema, los jueces ya no son garantía de una adecuada impartición de justicia.
Y esto es muy grave, si se considera el alto grado de impunidad en México: solamente 2% de los casos acaban ante los jueces y, si es evidente que éstos ya no garantizan imparcialidad y eficacia, pues el panorama resulta desolador.
“Es imprescindible cambiar la forma en la que los jueces valoran las pruebas, que lo hagan de manera más equilibrada. Nos estamos jugando la reforma judicial”, asegura Isabel Miranda de Wallace, quien durante meses se sentó a la mesa con senadores y diputados para lograr la Ley Antisecuestro. Conoce, a fondo, el tema.
¿Y qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Nada. Solapa a los jueces fallidos. Solamente los inhabilita por un tiempo y luego los reincorpora.
Los casos de Rubí Marisol y de Marisela deben ser el punto de quiebre para proceder a la reforma al sistema judicial. Es inaplazable. Y debe pasar, primero, por el saneamiento de los ministerios públicos, semilleros de la corrupción y el principio de la cadena de impunidad que somete a los ciudadanos.
Ahora, una vez más, la palabra la tienen los legisladores.
Por lo demás, Marisela está muerta no sólo a causa de la negligencia de los jueces. De alguna manera también contribuyeron el valemadrismo del gobierno del priista César Duarte, a quien Escobedo increpó públicamente. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador? Enojarse y evadir su responsabilidad.
Y ahí está también la indolencia en Los Pinos y en la Secretaría de Gobernación, cuyas puertas tocó Marisela y no se abrieron.
Sergio Barraza sigue libre. Ni la policía estatal ni la federal han podido capturarlo.
La impunidad es, una vez más, el modus operandi.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
* Al cierre de 2010, el presidente Calderón registró un nivel de aceptación promedio de 54% —en un año marcado por la violencia—, menor al que logró en sus tres primeros años de gobierno, según la encuesta revelada ayer por Consulta Mitofsky, de Roy Campos. Aun así, no descendió del umbral de 50 por ciento. Los índices más altos, curiosamente, se reflejan en entidades gobernadas por el PRI: Nuevo León (76%) y Yucatán (74%), aunque el más bajo está en Chihuahua (32%), también dominado por el priismo, y que no sorprende debido a la escalada de violencia que sacude a la entidad, donde alrededor de diez mil empresas han cerrado en Ciudad Juárez, mientras 30 mil ciudadanos han emigrado ante el baño de sangre.
* La muerte del obispo Samuel Ruiz García marca el fin de un luchador social que, durante el levantamiento armado en Chiapas el primer día de 1994, fue acusado, por civiles y prelados, de estar detrás del subcomandante Marcos y de impulsar a los rebeldes. Hoy, ante su deceso, es alabado y reconocido por los mismos que ayer lo crucificaron. Más allá de apasionamientos, era un hombre congruente con su pensamiento, y valioso sin duda.
* ¿De veras se disuelve La Familia Michoacana, como se divulgó ayer? Difícil creerlo. Suena más a estrategia coyuntural que a decisión definitiva.
En su momento, la entonces procuradora de Justicia de Chihuahua, Patricia González Rodríguez, declaró que la jueza Ochoa se equivocó al dictar sentencia absolutoria a Álvarez Cruz. “Estamos en desacuerdo con la resolución; la jueza hizo una incorrecta valoración de las pruebas”, estimó la procuradora.
La actuación de la jueza Ochoa Contreras en la liberación de Barraza —junto con sus pares Rafael Boudib Jurado y Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez— no es un eslabón más en la cadena de impunidad que tiene de rodillas al país. Marca, nada menos, que el punto de quiebre en la justicia mexicana.
¿Por qué? Por una razón de fondo: debido a que los jueces no están capacitados para reconocer los derechos de las víctimas y se les tiene que volver a instruir para enfrentar juicios orales, como el derivado del asesinato de Rubí Marisol Frayre.
“En este caso, los jueces Ochoa, Boudib Jurado y Zúñiga desconocieron el derecho mexicano. Tienen responsabilidad política y no debieron haber liberado a Barraza”, asegura el doctor Samuel González Ruiz, uno de los especialistas en justicia más reconocidos y respetados del país, y quien fue titular de la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada (UEDO).
En pocas palabras: bajo el actual sistema, los jueces ya no son garantía de una adecuada impartición de justicia.
Y esto es muy grave, si se considera el alto grado de impunidad en México: solamente 2% de los casos acaban ante los jueces y, si es evidente que éstos ya no garantizan imparcialidad y eficacia, pues el panorama resulta desolador.
“Es imprescindible cambiar la forma en la que los jueces valoran las pruebas, que lo hagan de manera más equilibrada. Nos estamos jugando la reforma judicial”, asegura Isabel Miranda de Wallace, quien durante meses se sentó a la mesa con senadores y diputados para lograr la Ley Antisecuestro. Conoce, a fondo, el tema.
¿Y qué pasa con el Consejo de la Judicatura? Nada. Solapa a los jueces fallidos. Solamente los inhabilita por un tiempo y luego los reincorpora.
Los casos de Rubí Marisol y de Marisela deben ser el punto de quiebre para proceder a la reforma al sistema judicial. Es inaplazable. Y debe pasar, primero, por el saneamiento de los ministerios públicos, semilleros de la corrupción y el principio de la cadena de impunidad que somete a los ciudadanos.
Ahora, una vez más, la palabra la tienen los legisladores.
Por lo demás, Marisela está muerta no sólo a causa de la negligencia de los jueces. De alguna manera también contribuyeron el valemadrismo del gobierno del priista César Duarte, a quien Escobedo increpó públicamente. ¿Cuál fue la respuesta del gobernador? Enojarse y evadir su responsabilidad.
Y ahí está también la indolencia en Los Pinos y en la Secretaría de Gobernación, cuyas puertas tocó Marisela y no se abrieron.
Sergio Barraza sigue libre. Ni la policía estatal ni la federal han podido capturarlo.
La impunidad es, una vez más, el modus operandi.
ARCHIVOS CONFIDENCIALES
* Al cierre de 2010, el presidente Calderón registró un nivel de aceptación promedio de 54% —en un año marcado por la violencia—, menor al que logró en sus tres primeros años de gobierno, según la encuesta revelada ayer por Consulta Mitofsky, de Roy Campos. Aun así, no descendió del umbral de 50 por ciento. Los índices más altos, curiosamente, se reflejan en entidades gobernadas por el PRI: Nuevo León (76%) y Yucatán (74%), aunque el más bajo está en Chihuahua (32%), también dominado por el priismo, y que no sorprende debido a la escalada de violencia que sacude a la entidad, donde alrededor de diez mil empresas han cerrado en Ciudad Juárez, mientras 30 mil ciudadanos han emigrado ante el baño de sangre.
* La muerte del obispo Samuel Ruiz García marca el fin de un luchador social que, durante el levantamiento armado en Chiapas el primer día de 1994, fue acusado, por civiles y prelados, de estar detrás del subcomandante Marcos y de impulsar a los rebeldes. Hoy, ante su deceso, es alabado y reconocido por los mismos que ayer lo crucificaron. Más allá de apasionamientos, era un hombre congruente con su pensamiento, y valioso sin duda.
* ¿De veras se disuelve La Familia Michoacana, como se divulgó ayer? Difícil creerlo. Suena más a estrategia coyuntural que a decisión definitiva.
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