Posicionamiento de Dolia Estévez desde Washington.
9-marzo-2011. (comentado en 102-5 de FM con Arisregui)
Las explosivas revelaciones de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) permitió consciente y deliberadamente el contrabando ilegal de armas de alto poder para los cárteles mexicanos, en un supuesto afán de dejar huella para rastrear a sus destinatarios, representa uno de los mayores escándalos de la política antidrogas hacia México en la llamada era de la “responsabilidad compartida”.
Rápido y Furioso, el sugerente nombre del operativo de ATF, pone en entredicho el compromiso de Barack Obama de apoyo a la guerra al crimen organizado de Felipe Calderón y corrobora la desconfianza estadounidense en las autoridades mexicanas a quienes intencionalmente se ocultó su existencia. Los alcances de Rápido y Furioso no tienen precedentes. Ni siquiera la infame Operación Leyenda de la DEA en 1990, que violó la soberanía nacional, es comparable.
Mediante Rápido y Furioso, un equipo especial de 10 agentes de ATF en Arizona, conocido como Grupo VII, recibió órdenes del Departamento de Justicia de “dejar pasar” (let walk), por la frontera con México armas de alto calibre tipo AK-47, que los agentes de ATF sabían inequívocamente habían sido adquiridas en armerías por prestanombres al servicio de los cárteles. Para diciembre de 2010, ATF había permitido la introducción de 1,998 armas en transacciones que sus agentes tuvieron el cinismo de filmar.
Los operativos bajo cubierta –a través de los cuales agentes federales se hacen pasar por narcos y traficantes, vendiendo drogas y armas para construir casos judiciales contra el crimen organizado–, son la crema y nata de las técnicas de investigación de las agencias de procuración de justicia. El problema con Rápido y Furioso fue que se desbordó. “Era una iniciativa de procuración de justicia legítima que se salió de control. Entiendo porque ATF se hubiera inclinado a permitir el ingreso de unas cuantas armas de fuego para poder atrapar a las cabecillas de la operaciones de tráfico de armas, pero la cantidad que dejaron entrar a México es alarmante”, declaró Colby Goodman, coautor de un estudio reciente sobre tráfico de armas a México. “Todo parece indicar que ATF pudo haber detenido la operación antes y aún así haber atrapado a varios grandes traficantes. También pudieron haber alternativas para impedir que las armas llegaran a las manos de las organizaciones sin poner en riesgo el operativo”.
Rápido y Furioso estalló cuando John Dodson, uno de sus ejecutores, declaró a la cadena CBS que ATF es “parcialmente culpable” por la violencia en México. Su denuncia fue transmitida el 3 de marzo, cuando Felipe Calderón abordaba el avión de regreso a México después de su entrevista con Obama. Aunque el tema de las armas fue abordado, ninguno tenía conocimiento de Rápido y Furioso. “Le reiteré (a Calderón) que EU acepta su parte de responsabilidad por la violencia. Así que para combatir el flujo de armas... estamos confiscando (¿o traficando?) muchas más armas que iban a México”, declaró Obama.
RESPUESTA TIBIA
Bajo la Iniciativa Mérida de ayuda antinarcóticos, ATF ha alcanzado el número más alto de agentes y la mayor presencia geográfica en México desde 1992, cuando llegó al primer agregado a la Embajada con la misión de ayudar a rastrear el origen de las armas confiscadas. Esto, sin embargo, no se ha traducido en menor poder de fuego para los criminales. René Jaquez, ex agregado de la ATF en México, declaró a Los Angeles Times que el escándalo en torno a Rápido y Furioso, “muestra que quizá estemos permitiendo que entren más armas de las que estamos deteniendo”.
Cuando Carlos Salinas se enteró de la Operación Leyenda montó en cólera y restringió el campo de acción de los agentes de la DEA en México. George Bush padre le prometió que no volvería a suceder. Hasta ahora, la respuesta del gobierno de México a Rápido y Furioso ha sido a todas luces tibia. Presidencia no ha dicho nada. La SRE se limitó a pedir información. Washington no anticipa una reacción radical de parte de Calderón. “Expulsar a los agentes de ATF sería ir muy lejos”, opinó Goodman, “después de todo, lo que estaban tratando de hacer es detener el tráfico de armas”.
Rápido y Furioso, el sugerente nombre del operativo de ATF, pone en entredicho el compromiso de Barack Obama de apoyo a la guerra al crimen organizado de Felipe Calderón y corrobora la desconfianza estadounidense en las autoridades mexicanas a quienes intencionalmente se ocultó su existencia. Los alcances de Rápido y Furioso no tienen precedentes. Ni siquiera la infame Operación Leyenda de la DEA en 1990, que violó la soberanía nacional, es comparable.
Mediante Rápido y Furioso, un equipo especial de 10 agentes de ATF en Arizona, conocido como Grupo VII, recibió órdenes del Departamento de Justicia de “dejar pasar” (let walk), por la frontera con México armas de alto calibre tipo AK-47, que los agentes de ATF sabían inequívocamente habían sido adquiridas en armerías por prestanombres al servicio de los cárteles. Para diciembre de 2010, ATF había permitido la introducción de 1,998 armas en transacciones que sus agentes tuvieron el cinismo de filmar.
Los operativos bajo cubierta –a través de los cuales agentes federales se hacen pasar por narcos y traficantes, vendiendo drogas y armas para construir casos judiciales contra el crimen organizado–, son la crema y nata de las técnicas de investigación de las agencias de procuración de justicia. El problema con Rápido y Furioso fue que se desbordó. “Era una iniciativa de procuración de justicia legítima que se salió de control. Entiendo porque ATF se hubiera inclinado a permitir el ingreso de unas cuantas armas de fuego para poder atrapar a las cabecillas de la operaciones de tráfico de armas, pero la cantidad que dejaron entrar a México es alarmante”, declaró Colby Goodman, coautor de un estudio reciente sobre tráfico de armas a México. “Todo parece indicar que ATF pudo haber detenido la operación antes y aún así haber atrapado a varios grandes traficantes. También pudieron haber alternativas para impedir que las armas llegaran a las manos de las organizaciones sin poner en riesgo el operativo”.
Rápido y Furioso estalló cuando John Dodson, uno de sus ejecutores, declaró a la cadena CBS que ATF es “parcialmente culpable” por la violencia en México. Su denuncia fue transmitida el 3 de marzo, cuando Felipe Calderón abordaba el avión de regreso a México después de su entrevista con Obama. Aunque el tema de las armas fue abordado, ninguno tenía conocimiento de Rápido y Furioso. “Le reiteré (a Calderón) que EU acepta su parte de responsabilidad por la violencia. Así que para combatir el flujo de armas... estamos confiscando (¿o traficando?) muchas más armas que iban a México”, declaró Obama.
RESPUESTA TIBIA
Bajo la Iniciativa Mérida de ayuda antinarcóticos, ATF ha alcanzado el número más alto de agentes y la mayor presencia geográfica en México desde 1992, cuando llegó al primer agregado a la Embajada con la misión de ayudar a rastrear el origen de las armas confiscadas. Esto, sin embargo, no se ha traducido en menor poder de fuego para los criminales. René Jaquez, ex agregado de la ATF en México, declaró a Los Angeles Times que el escándalo en torno a Rápido y Furioso, “muestra que quizá estemos permitiendo que entren más armas de las que estamos deteniendo”.
Cuando Carlos Salinas se enteró de la Operación Leyenda montó en cólera y restringió el campo de acción de los agentes de la DEA en México. George Bush padre le prometió que no volvería a suceder. Hasta ahora, la respuesta del gobierno de México a Rápido y Furioso ha sido a todas luces tibia. Presidencia no ha dicho nada. La SRE se limitó a pedir información. Washington no anticipa una reacción radical de parte de Calderón. “Expulsar a los agentes de ATF sería ir muy lejos”, opinó Goodman, “después de todo, lo que estaban tratando de hacer es detener el tráfico de armas”.
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