Solicitan copia del informe de "Rapido y furioso"

Ricardo Monreal Ávila, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, presentó punto de acuerdo para que se envíe al Senado de la República una copia del informe y los resultados que el gobierno de los Estados Unidos de América haga llegar a su contraparte mexicana sobre el programa denominado “Rápido y Furioso”.
SE TURNÓ A LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES, AMÉRICA DEL NORTE.
Exposición de Motivos

La estrategia de La Oficina para el Control de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF por sus siglas en ingles), cuyo objetivo central era inundar intencionadamente a las organizaciones de traficantes que operan en nuestro país con más de 1,000 armas introducidas ilegalmente para que, una vez adquiridas por los delincuentes, pudieran ser rastreadas desde allá y poder dar con estas agrupaciones y desmantelarlas aquí en México.

Con esta denominada “estrategia” lejos de potenciar el mal que se suponía iba a atacar, lo ha potenciado. En lugar de que la medicina curara al enfermo, ésta lo está matando.

Hay que agregar que como parte de la supuesta cooperación bilateral para combatir el fenómeno delictivo del tráfico ilegal de drogas, que en los hechos resulta ser una imposición unilateral, han ofrecido como panacea para atacar este grave problema la Iniciativa Mérida y han pedido intensificar la estrategia punitiva basada en la militarización del país.

A cambio hemos obtenido un record mundial de violencia y muertes que sólo se comparan con Estados que atraviesan guerras regulares e irregulares, de alta o de baja intensidad. Lo que nos ha puesto frente a una realidad judicial inédita: una ley de pena de muerte que nadie aprobó, pero se aplica de facto a lo largo del país y que está violando derechos fundamentales y desgarrando el tejido social.

Hemos estado gastando 10 mil millones de dólares anuales en seguridad y como parte de la Iniciativa Mérida nos han dado una limosna de mil 300 millones de dólares, lo que además ha sobajado nuestra soberanía nacional al permitir operar 14 agencias de información e inteligencia de EUA en territorio mexicano.

A su vez, cada día es más fuerte la posibilidad y la intensión de que aumente la injerencia americana en los asuntos de política interna, particularmente en seguridad pública y seguridad nacional.

Hace unos días la muerte de Jaime Zapata, agente estadounidense que operaba en territorio mexicano, demostró dos cosas:

Primero, que el atrofiado brazo de la justicia mexicana es discrecional, selectivo y sólo responde a intereses o presiones extrajudiciales, como fue el caso del manotazo del gobierno de EUA por esclarecer este crimen y dar con los responsables.

Segundo, reafirmó la tendencia de que mientras el tráfico ilegal de armas siga sin controles en EUA, los artefactos tendrán repercusiones serias y tornarán aún más tensa la relación bilateral entre ambos países, pues recordemos que el arma que le arrebató la vida a Jaime Zapata provenía de territorio norteamericano.

El tema del tráfico ilegal de armas es un asunto que si no se atiende en su justa dimensión por parte de ambos gobiernos (el mexicano y el estadounidense), pronto causará más estragos. Basta decir que se ha dicho que el 90 % de las armas introducidas a territorio mexicano provienen de EUA, sin embargo, se trata de 90% de armas rastreadas y rastreables, es decir, aquellas cuyo número de serie no ha sido borrado. Los gobiernos de México y de EUA no aclaran qué porcentaje del total de armas que entran a México son rastreables, aunque por el cálculo de fuentes cercanas al CISEN y a las autoridades norteamericanas, equivale únicamente al 20% del total, cuando mucho.[1]

Si verdaderamente quisieran ayudar verían la forma de acotar la segunda enmienda de la Constitución de su país; endurecerían la legislación que regula la compra de armas a través de una nueva aprobación de la Assault Weapons Ban; destinarían más agentes –de los 500 que actualmente lo hacen- a intentar frenar el tráfico ilegal de armas; ratificarían la Convención de Palermo contra la Delincuencia Organizada que establece las mejores prácticas en contra del crimen organizado y la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas, firmada por 30 de los 34 países que integran la OEA.

A su vez, si quisieran emplearse a fondo en la lucha antidrogas deberían empezar con las bandas de traficantes que operan en su territorio. La ONU ha mostrado cómo en el mercado mundial de las drogas ilícitas las mayores ganancias no son producto de la producción ni de las ventas al mayoreo; vienen de las ventas al por menor (al menudeo).[2] Y la DEA[3] afirma que las pandillas callejeras y las que se encuentran en prisiones son las principales proveedoras de drogas en el mercado al menudeo en EUA.

Y por último, si se tuviera vocación y voluntad política para atacar este fenómeno se deberían tener mayores acciones frente al lavado de dinero de las organizaciones criminales en el sistema bancario estadounidense y se debería reducir la enorme demanda de ese mercado.

Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente

PUNTO DE ACUERDO.

Único.- Que esta soberanía solicite al Ejecutivo Federal una copia del informe y los resultados que le haga llegar su contra parte de los Estados Unidos de América sobre el programa denominado “Rápido y Furioso”.

Dado en el salón Legislativo de Xicoténcatl, a los 7 días del mes de marzo del 2011.

[1] Ver Aguilar Rubén y Castañeda Jorge. “El narco: la guerra fallida”, Editorial Punto de Lectura, México 2009, pp. 68

[2] Ver Enciso Froylán. “Los fracasos del chantaje. Régimen de prohibición de drogas y narcotráfico”, en Seguridad Nacional y Seguridad Interior, El Colegio de México, Tomo XV, México 2010, pp. 90

[3] Ver Astorga Luis, “Seguridad, Traficantes y Militares”, Editorial Tusquets, México 2009, pp. 284; y DEA, “Drug Trafficking Organizations” en http://www.dea.gov/concern/18862/dtos.htm