Abre TEPJF expediente a magistrada Alanís

El pleno del  TEPJF abrio un expediente a la magistrada María del Carmen Alanís por reunión con priístas

El TEPJF abrió un expediente para que la magistrada presidenta de este órgano, María del Carmen Alanís, responda lo relacionado con una reunión que sostuvo, entre otros, con personajes relacionados con Enrique Peña Nieto, gobernador del estado de México, cuyo caso la magistrada es ponente.

El Partido Acción Nacional presentó una queja ante el TEPJF para que la magistrada se excuse del asunto porque, tras revelarse la reunión, este partido considera que con la reunión se rompen los preceptos que garantizan una resolución imparcial.

El proyecto de resolución que elabora la magistrada Alanís -SUP-RAP-25/2011  y SUP-RAP-31/2011- tiene que ver con ratificar o revocar una sanción contra el gobernador Peña Nieto por difundir sus mensajes –con motivo de su informe de gobierno- que de acuerdo con el IFE transgredieron la norma electoral.

El expediente SUP-IMP-1-2011 fue abierto y se entregó a Alanís copia certificada del escrito incidental (presentado por el PAN) para que manifieste lo que su interés convenga.

La magistrada responderá a los magistrados que integran la sala superior de este tribunal en una reunión privada y sólo entonces se conocerá si Alanís se excusa o permanece como la magistrada ponente en el caso de los mensajes del gobernador Peña Nieto.

Hoy en la tarde el TEPJF emitió el siguiente comunicado:

México, D. F., a   6 de abril de 2011

TEPJF DA CURSO A LA TRAMITACIÓN DE IMPEDIMENTO PRESENTADO POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

El Partido Acción Nacional (PAN) planteó el pasado 30 de marzo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la existencia de un impedimento para que la magistrada presidenta, María del Carmen Alanis Figueroa, conociera de la sustanciación y resolución de los recursos de apelación SUP-RAP-24/2011, SUP-RAP-26/2011, SUP-RAP-27/2011 y SUP-RAP-32/2011. 

Dichos recursos fueron interpuestos contra la resolución CG11/2011, dictada por el aludido Consejo, dentro del procedimiento especial sancionador presentado por el partido recurrente, contra Enrique Peña Nieto, Gobernador del Estado de México, su Coordinador General de Comunicación Social, el Partido Revolucionario Institucional, así como de diversas televisoras y radiodifusoras, concesionarias de diferentes frecuencias de radio y televisión en Baja California Sur y Guerrero, por la transmisión de dos promocionales relacionados con el Quinto Informe de Gobierno del aludido funcionario, en dichos estados, en los que actualmente se desarrolla proceso electoral local.

Una vez presentada formalmente la solicitud del impedimento en la Oficialía de Partes de la Sala Superior, en conformidad con el artículo 44 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se formó el expediente SUP-IMP-1/2011 y se turnó al magistrado Constancio Carrasco Daza.

El 31 de marzo, el magistrado Carrasco Daza radicó el expediente y ordenó que, mediante notificación por oficio, se le diera vista a la Magistrada Presidenta con el escrito presentado por el PAN, a fin de que rindiera el informe respectivo, en el cual realizara las manifestaciones que estimara pertinentes respecto de la solicitud formulada por el PAN. La notificación por oficio se practicó a las 15:04 horas de ese día.

El martes 5 de abril, por la noche, la Magistrada Presidenta rindió el informe que le fue solicitado por el magistrado Constancio Carrasco, quien formulará un proyecto de resolución, mismo que será sometido a consideración del Pleno de la Sala Superior, a fin de que se emita la determinación que en derecho corresponda. En la discusión y votación del proyecto que al respecto se presente, no participará la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa.

La resolución que en su momento se emita será notificada al PAN, quien promovió la solicitud del impedimento, al resto de las partes de los medios de impugnación involucrados, así como a la ciudadanía en general, a través de los estrados electrónicos del TEPJF, consultables en la página de Internet.

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Tribunal Electoral: el imperio personal de María del Carmen Alanís /reportaje

Álvaro Delgado

Revista Proceso # 1796, 3 de abril de 2011

La presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, María del Carmen Alanís, fue exhibida por reunirse en sigilo con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto, acusado de violar la Constitución y cuyo caso debe resolver esa instancia. El hecho no es nuevo: en su búsqueda de poder a toda costa, la magistrada ha tejido una red de exsocios, familiares, amigos y familiares de amigos que ya abarca distintos ámbitos de los poderes Judicial y Ejecutivo, además de influir en los órganos electorales.

Desde agosto de 2007, cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), donde pretende reelegirse, María del Carmen Alanís ha edificado un imperio personal mediante una red de relaciones con prominentes personajes de todos los partidos políticos, los tres poderes de la unión, la iniciativa privada y la academia.

No es raro, como se puede probar, que sean criterios políticos, afectivos y de negocios los que guían a menudo la actuación jurisdiccional de Alanís, quien está envuelta en un nuevo escándalo al ser pillada en una subrepticia reunión, el 9 de marzo, para presuntamente pactar con emisarios del gobernador Enrique Peña Nieto que el TEPJF lo exonere de violar la Constitución, como lo resolvió el Instituto Federal Electoral (IFE).

El elenco reunido en la casa de Alanís en una comida –no en una cena, como aclaró a sus compañeros magistrados– revela el signo de sus relaciones: El consejero del IFE Marco Antonio Baños, su exsocio en la empresa de consultoría Demos e identificado como allegado al senador Manlio Fabio Beltrones, y el expriista Enrique Ochoa Reza, aspirante a consejero y subordinado suyo en el TEPJF.

Otros asistentes priistas fueron los diputados federales Luis Videgaray, coordinador de campaña de Eruviel Ávila, candidato a suceder a Peña Nieto como gobernador del Estado de México, y Sebastián Lerdo de Tejada, representante de su partido ante el IFE y hermano de Fernando, empresario que cobra 240 mil pesos mensuales por asesorar a Alanís en cabildeo político y medios de comunicación.

Un quinto comensal de esa reunión, quien el miércoles 30 se reunió con Alanís para solicitarle que se excuse del juicio a Peña Nieto, según confirmó la propia Alanís a la cúpula del Partido Acción Nacional (PAN), fue Frank del Río, uno de sus amigos que supuestamente opera, junto con Benito Neme Sastré, a favor del gobernador priista.

La revelación por el diario Reforma de ese sigiloso encuentro en el penthouse de Alanís, puesta bajo sospecha por el PAN –que la ha apoyado por impulso de Margarita Zavala, su amiga desde la niñez–, la obligó a proceder de manera equívoca y causó disgusto entre magistrados.

Cuando, el viernes 17, ese diario publicó en la columna institucional Fray Bartolomé detalles de la reunión, Alanís inició un periodo vacacional hasta el día 22, pero regresó a su oficina un día antes, cuando en la columna Tolvanera, de Roberto Zamarripa, con el título de La cena, se añadieron detalles del encuentro.

Sin importarle que el magistrado Alejandro Luna Ramos estaba en funciones de presidente del TEPJF por ministerio de ley, Alanís comenzó a impartir instrucciones para frenar el escándalo, como el envío de cartas al diario a través del coordinador de Comunicación Social, Octavio Mayén, pero magistrados como Flavio Galván le reclamaron.

–¡Yo soy la presidenta! –dijo.

–No estabas en funciones –le aclaró Galván–. ¿No sabes lo que es ser presidente por ministerio de ley?

–Perdón, me equivoqué –reconoció luego de una larga discusión.

El martes 22, dos días antes de que el PAN se lo solicitara formalmente, Alanís planteó a los magistrados, en sesión privada, excusarse de intervenir en el caso, del que es ponente, lo que internamente se interpreta como una argucia para no comprometerse con Peña Nieto, como lo ha hecho en casos en los que simplemente se ausenta.

Entre estos asuntos destacan la ratificación de multas a las televisoras, las impugnaciones del PAN en elecciones estatales o recursos promovidos por los adversarios de la corriente Nueva Izquierda del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que la apoya.

Por lo pronto, como se lo dijo Gustavo Madero, presidente del PAN, este partido desconfía de ella, pese a que, en la reunión del miércoles por la mañana, negó que en la reunión con los priistas y el consejero Baños se haya pactado exonerar a Peña Nieto.

El diputado federal Agustín Castilla, testigo de la reunión de la cúpula del PAN con Alanís, revela: “Maricarmen nos dijo: ‘Niego categóricamente lo que se me imputa de que hubo acuerdo e incluso ofrecimientos económicos. Es falso. Es una reunión como tengo muchas. A lo mejor no fue pertinente, se puede discutir’”.

Castilla dice que de todas formas la magistrada está en una encrucijada: “Si se excusa, habrá quien piense que está dando la razón a los argumentos que dicen que en esa reunión se trató el asunto del Estado de México; si no lo hace, también podría pensarse que tiene algún interés respecto al asunto”.

Pero, dice, aun “si el tribunal confirma la resolución del IFE habrá quien piense que se dejó presionar o que podría tener un acercamiento con el PAN; si revoca la resolución, se interpretará que confirma un acuerdo en el marco de esta reunión con representantes del PRI”.

Dispendios

El TEPJF puede revocar o ratificar que Peña Nieto violó el artículo 134 de la Constitución, que prohíbe el uso de recursos públicos para promoción personalizada, y el artículo 128 del Cofipe por pagar spots de televisión de cobertura nacional con motivo de su quinto informe de gobierno, como lo resolvió el IFE el 18 de enero. Más allá de cuál sea el fallo, Alanís afianza su poder dentro y fuera del TEPJF sin escatimar recursos.

Apoyada en los 2 mil millones de pesos de presupuesto del TEPJF para este año, Alanís ha hecho más obesa a la institución para colocar en la estructura laboral a sus amigos o de los magistrados, así como para pagar jugosos contratos a empresas y personajes vinculados a ella.

El objetivo: Reelegirse, en agosto, como presidenta del TEPJF que calificará la elección presidencial –en la que prevé participar Peña Nieto– para luego ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde goza de la amistad de ministros como Guillermo Ortiz Mayagoitia, Sergio Valls y Fernando Franco.

La austeridad no va con Alanís: cuando asumió la presidencia del Tribunal Electoral, en agosto de 2007, luego de que Galván presentó su renuncia “por motivos de salud”, la institución tenía una plantilla de 886 plazas, pero para marzo de 2011 suman más de mil empleados.

Pese a contar con un equipo de comunicación social, con 43 servidores públicos, Alanís destina multimillonarias sumas en asesorías en la materia: Por ejemplo, otorgó un contrato a Estrategia Total, empresa de cabildeo propiedad de Fernando Lerdo de Tejada que, sólo para 2011, asciende a 2 millones 784 mil pesos, a razón de 232 mil pesos mensuales por “servicios de asesoría en comunicación de información estratégica”.

Poco menos de esa cantidad, y para un contrato bianual, le paga a la agencia Ferrer y Asociados para asesoría para campañas de difusión: un total de 2 millones 180 mil pesos.

Amigo de Alanís, el exconsejero electoral Rodrigo Morales Manzanares obtuvo un contrato, vigente de marzo a diciembre del año pasado, por 809 mil pesos, por “servicios profesionales consistentes en la consultoría en materia electoral”.

Por “servicios de consultoría”, de junio a septiembre, el TEPJF pagó a Rafael Corona Funes 290 mil pesos. Y a la asociación civil Inclusión Ciudadana le otorgó 527 mil pesos para “desarrollar el proyecto Niñas y Niños como Yo”.

A cada uno de los miembros del Comité Editorial del TEPJF, que se reúnen ocasionalmente, se le paga casi 150 mil pesos. Entre ellos destacan Lorenzo Córdova Vianello, Álvaro Arreola y Rafael Estrada Michel.

El Tribunal Electoral, incluso, destinó 50 mil 270 pesos al mantenimiento del receptor de la alerta sísmica.

Otro dato: El TEPJF pagó 6 millones 300 mil pesos al escultor Enrique Carvajal González, conocido como Sebastián, por una escultura denominada “Los caminos de la justicia hacia el siglo XXII”, como parte de las celebraciones del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución. La escultura fue donada a la UNAM y se levanta junto al estadio de Ciudad Universitaria.

Los amigos

La nómina del TEPJF ha crecido, también, porque Alanís ha consentido que los magistrados contraten amigos y familiares. Ella misma, quien devenga un salario de medio millón de pesos mensuales, ha usado la institución para ampliar sus vínculos políticos.

Alanís contrató como jefe de departamento a Ramón Patiño Muñoz, hijo del director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Ruperto Patiño Manffer, quien forma parte del Comité Académico del TEPJF.

Presuntamente a petición de Alanís, Patiño Manffer firmó una carta a nombre de la Facultad de Derecho para respaldar a Ochoa Reza –quien se desempeña como director del Centro de Capacitación Electoral del TEPJF– como aspirante a consejero electoral.

Junto con Ochoa Reza, quien fue uno de los asistentes a la comida con emisarios de Peña Nieto, Alanís impulsa para el Consejo General del IFE a Cecilia Tapia Mayans, coordinadora técnica administrativa de esa institución, y a Leonardo Duque Roquero, quien fue su socio en la empresa de consultoría Demos, junto con Marco Baños, el otro comensal.

En marzo de 2007 Alanís dejó de ser socia de Demos al venderle su parte accionaria a Emilio Rabasa Gamboa, su esposo y allegado a Manlio Fabio Beltrones, y al año siguiente, en abril de 2008, esta empresa de consultoría fue liquidada.

En junio de ese año también renunció a la empresa Asistencia y Capacitación Electoral, en la que era socia de Jorge Alcocer Villanueva, e hizo lo mismo en la asociación civil Sueños y Quimeras, dedicada “a todo tipo de servicios profesionales en materia de consultoría”.

Alanís impulsa también a Jacinto Silva Rodríguez, magistrado de la sala regional del TEPJF con sede en Guadalajara, Jalisco, quien goza del apoyo de Calderón, pero también de la organización ultraderechista de El Yunque. De hecho, según información de esa sala regional, Jacinto Silva, quien aspiró a ser magistrado de la Sala Superior del TEPJF, se despidió del personal la semana antepasada, dando por hecho que será uno de los tres consejeros electorales.

Como parte de sus relaciones políticas, que le han permitido mantener el control del TEPJF, Alanís también contrató al actuario Fernando Ojesto Martínez Manzur, adscrito a la Secretaría de Acuerdos del TEPJF e hijo del exmagistrado Fernando Ojesto, quien es su asesor de tesis de doctorado y allegado a Benito Neme, uno de los operadores de Peña Nieto.

Ojesto es amigo de Benito Neme Sastré, colaborador de Peña Nieto, y allegado a Frank del Río, otro de los asistentes a la reunión en casa de Alanís, hijo de Carlos del Río Rodríguez, expresidente de la SCJN.

La presidenta del TEPJF tiene como secretaria privada a Tatiana Hernández Velásquez, cuyos parientes son supuestamente propietarios de la empresa Diseño, Reconstrucción y Comunicación, S.A. de C.V., proveedora de papelería a las autoridades electorales.

Con el aval de Alanís, hay magistrados que contratan a parientes y amigos directamente o a través de sus colegas, como es el caso de los magistrados Luna Ramos y Pedro Penagos López, quienes en una primera ronda votaron en contra de Alanís para presidenta en agosto de 2007,  propuesta por el magistrado Manuel González Oropeza.

Con Luna Ramos trabajan Juan Carlos López Penagos, secretario de estudio y cuenta, y Armando Penagos Robles, secretario auxiliar, ambos familiares del magistrado Penagos López.

Y con éste labora Francisco Belisario Luna Ramos, secretario de ponencia, hermano del magistrado Luna Ramos. Otro familiar del magistrado Penagos, Adriana Penagos Robles, es auxiliar de mandos medios en la coordinación de relaciones con organismos electorales.

Penagos López, quien ha dejado ver que busca disputar a Alanís la presidencia del TEPJF, contrató como secretario de ponencia a Jorge Alberto Orantes López, hermano de la senadora María Elena Orantes, quien aspiró a la secretaría general del PRI y se dice allegada a Beltrones y Peña Nieto.

Por su parte, el magistrado Constancio Carrasco Daza contrató a José Luis Ceballos Daza, secretario de estudio y cuenta, supuestamente su pariente.

Así, con esta red de relaciones, Alanís busca reelegirse como presidenta del TEPJF en una sesión que deberá llevarse a cabo el 5 de agosto, porque en esa fecha concluye el periodo del magistrado Flavio Galván, quien presentó su renuncia por motivos de salud...