Genaro García Luna en proceso

Intocable

Ricardo Ravelo

Revista Proceso # 1802, 15 de mayo de 2011

Con intención o sin ella, Javier Sicilia colocó al presidente Calderón –en el mitin con el que culminó la Marcha por la Paz con Justicia y Dignidad en el Zócalo de la Ciudad de México– en una situación límite: despedir o no al hombre al que, se ha visto, no puede tocar. Con su inesperada exigencia, el poeta y periodista pareció sacrificar mediáticamente el contenido del pacto que su movimiento propone, en aras de un golpe a las fibras íntimas del mandatario. Por Calderón y para Calderón, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública ha sobrevivido a reiterados fracasos, escándalos por malos manejos de dinero, señalamientos de sus presuntos vínculos con el narco y al naufragio de su dependencia en la corrupción.

Tras una década de estar al frente de la Policía Federal y del combate al crimen organizado, Genaro García Luna, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), arrastra una larga historia de fracasos, escándalos de corrupción, presuntos nexos con el narcotráfico, protección de policías con antecedentes penales y amenazas a periodistas y medios de comunicación.

Debido precisamente al fracaso de la estrategia para combatir a los cárteles y a la falta de instrumentos para frenar la avasallante violencia que atenaza al país, desde hace varios meses, agentes federales, empresarios y miles de personas agraviadas por los crímenes piden la renuncia de Genaro García Luna, en quien recae buena parte del fracaso gubernamental ante el crimen organizado.

Pese a la reiterada exigencia de que sea destituido del cargo, García Luna sigue al frente de la SSP, tan poderoso como impune, a pesar de las malas cuentas que ha entregado en materia de seguridad en poco más de 10 años de gestión continua en dos administraciones federales.

García Luna no sólo encabeza la dependencia con mayor presupuesto después de la Secretaría de la Defensa Nacional –dispone de más de 30 mil millones de pesos–, sino que cuenta con más de 70 mil elementos y una fuerte influencia en el gabinete federal, al grado de que se le considera el funcionario consentido del presidente Felipe Calderón.

No obstante los privilegios del secretario y de que se muestra como uno de los hombres que mejor conoce los temas policiacos y de criminalidad, la violencia generada por el narcotráfico no ha podido ser frenada; tampoco se ha desarticulado a ninguna organización criminal y, peor aún, el narco sigue creciendo, impune, en todo el país, generando más violencia y corrupción.

Su propio proyecto

Durante todo el sexenio de Fox dirigió la Agencia Federal de Investigación (AFI), una corporación que él mismo creó y que seis años después, contaminada por el narcotráfico, desapareció. Desde diciembre de 2006 encabeza la SSP, donde impulsa otro de sus proyectos más ambiciosos: la Policía Nacional.

Transcurridos más de cuatro años del gobierno de Calderón y de su guerra contra el narcotráfico, los cárteles de la droga no sólo se han fortalecido, sino que ahora se multiplican: ahora ya son 12 los que operan en el país, y sus dominios se extienden más allá de las fronteras.

Se trata de los cárteles de Sinaloa, de Juárez, del Golfo, Los Zetas, de Tijuana, La Familia Michoacana, el de los hermanos Beltrán Leyva, el cártel del Pacífico Sur, la organización Díaz Parada, los Amezcua Contreras, el Cártel de Jalisco Nueva Generación y La Resistencia.

Ante la ola de criminalidad que azota al país –en poco más de cuatro años de gobierno se registran 40 mil muertos relacionados con ella–, García Luna ha reconocido su fracaso ante los diputados, pues admite que el gobierno, del que él forma parte, no ha podido aplicar una política de Estado contra la criminalidad.

No obstante los antecedentes y desatinos del secretario, el presidente Felipe Calderón lo sostiene en el cargo que le confirió en diciembre de 2006, a pesar de que desde 2008 altos mandos de la AFI le informaron que García Luna “lo engañaba” y que tenía “vínculos con el narcotráfico”.

Uno de los primeros agentes que le advirtió a Calderón de los riesgos de mantener a García Luna al frente de la SSP fue Javier Herrera Valles, excoordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal, quien después de denunciar la corrupción de mandos y la protección a policías corruptos en esta corporación fue encarcelado en mayo de 2008 bajo cargos de delincuencia organizada. De esa forma fue acallado, y hoy sigue preso en un penal de alta seguridad en Tepic, Nayarit.

En una de las cartas que le envió en 2008, Herrera Valles le dijo a Calderón que García Luna fue el artífice de un modelo policiaco diseñado “para simular una batalla” contra el narcotráfico, mientras en realidad este funcionario sirve al cártel de Sinaloa.

No fue esa la primera vez que García Luna –quien se formó en los sótanos del Cisen como espía– era señalado por su presunta colusión con el cártel que encabeza Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, y de haber brindado protección a la célula de los hermanos Beltrán Leyva cuando formaban parte del cártel sinaloense.

Desde 2005, cuando García Luna dirigía la AFI –entonces considerada una policía “modelo” por sus alcances operativos y tecnológicos–, comenzó a ser mencionado en expedientes ministeriales como presunto protector de esa organización criminal. Extrañamente, no se le investigó en el sexenio foxista ni en el actual.

Por ejemplo, en la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/106/ 2005 se señala al titular de la SSP como protector de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien en 2005 vivía cómodamente en Acapulco bajo el cuidado de agentes de la AFI.

En dicha indagatoria se incluyen transcripciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos de personas que se identificaron como miembros del cártel del Golfo. Según ellos, García Luna recibía pagos millonarios de los hermanos Beltrán Leyva –a quienes en algún tiempo se les llamó Los Tres Caballeros– a cambio de protección y de mantenerlos informados sobre los operativos en su contra.

En 2005, los Beltrán Leyva aún estaban unidos al cártel de Sinaloa, que goza de protección desde el sexenio pasado, luego de que El Chapo Guzmán se fugó del penal de Puente Grande, Jalisco. En ese tiempo dominaban Guerrero, el Estado de México, Michoacán y Querétaro; se afirma también que se refugiaban en la Ciudad de México bajo el resguardo de policías federales y de militares.

Según la averiguación citada, el 15 de mayo de 2005 se recibió una llamada telefónica en la PGR para denunciar los nexos de los agentes de la AFI con la célula de los Beltrán Leyva; asimismo se asienta que unos presuntos narcos dijeron:

“En el micro 0696, que corresponde a las oficinas de la Visitaduría General, en el periodo de guardia nocturna se recibió llamado anónimo para denunciar a los elementos de la Agencia Federal de Investigación de las plazas de Acapulco y Zihuatanejo, Guerrero, que el día de ayer, 14 de mayo en la tarde, detuvieron a cinco zetas (y) que en lugar de ponerlos a disposición del Ministerio Público y los trasladaran a la cárcel, los entregaron al cártel de Arturo Beltrán Leyva, que no estaba bien que los elementos de la AFI le jugaran al narcopolicía.”

Dicha averiguación dice además: “De antemano sabemos que el director de la AFI, Genaro (García) Luna, está coludido con la organización de Arturo Beltrán Leyva, quien ha recibido grandes cantidades de dinero por medio de un director de nombre Domingo González”.

Éste era funcionario de la AFI y hombre de confianza de García Luna en el sexenio de Vicente Fox. Tiempo después, se asienta en el expediente, González fue relacionado como enlace de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, para recibir 1 millón de dólares a cambio de que la AFI no molestara a su jefe, Arturo Beltrán Leyva.

Desde que fundó la AFI, y ahora como secretario de Seguridad Pública, García Luna designó en altos cargos de la SSP a funcionarios de su confianza que terminaron relacionados con cabecillas del cártel de Sinaloa.

Es el caso de Mario Arturo Velarde Martínez, secretario particular de García Luna durante su gestión en la AFI y quien llegó a comandar la División Antidrogas de la Policía Federal en el sexenio foxista, pese a que se le achacaron tratos con los hermanos Beltrán Leyva. Nunca se le investigó.

Enrique Bayardo del Villar, inspector de la sección de operaciones de la Policía Federal Preventiva (PFP) y uno de los colaboradores más cercanos de García Luna, se relacionó con Ismael El Mayo Zambada, uno de los jefes del cártel de Sinaloa, a quien brindó protección en sus actividades de narcotráfico en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde también servían al narco otros altos mandos policiacos federales y de la Interpol.

Cuando los escándalos pusieron en evidencia la estructura de protección al narco en la SSP, Bayardo fue abandonado a su suerte: se le acusó de delitos de delincuencia organizada, y tuvo que acogerse al programa de testigos protegidos. Fue ejecutado en un café de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, en diciembre de 2009, poco después de que un grupo de agentes de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) localizó a Zambada García en uno de sus refugios de Sinaloa, pero no lo detuvieron.

Otro asesinato que sigue impune es el de Édgar Millán Gómez, también hombre de confianza de García Luna y comisionado nacional de la PFP. Según se ha podido averiguar, Arturo Beltrán Leyva había enviado varios pagos millonarios a distintos mandos de la SSP para garantizar su protección, entre ellos a Millán, quien supuestamente desatendió los llamados de El Barbas y fue asesinado en su propio departamento en mayo de 2008.

Oscuro pasado

En el sexenio de Vicente Fox, cuando comenzó el desastre nacional por la violencia del narcotráfico, García Luna fue acusado de mal uso de recursos públicos en la compra de aeronaves para la PFP. Pese a que la PGR indagó la presunta malversación de fondos, nada pasó.

A pesar de su oscuro pasado en el Cisen, García Luna emergió durante la administración de Fox como el artífice de la que sería, al menos en el proyecto, la policía más eficiente de México: la AFI. Pero sólo fue otro fracaso, pues bajo su mando terminó infiltrada por el crimen organizado.

En octubre de 2009, cuando se comenzó a discutir en el Congreso de la Unión el proyecto para unificar las policías en una sola corporación nacional, agentes federales se opusieron al nuevo cuerpo policiaco y, si de cualquier forma se concretaba, se manifestaron en contra de que lo encabezara García Luna.

En aquel tiempo surgieron inconformidades en la SSP debido a la corrupción –compra de aeronaves sin licitación, nombramiento de agentes con antecedentes penales, y ascensos otorgados por amiguismo, compadrazgo o complicidades, entre otros vicios aún no saneados en la dependencia–  y por el autoritarismo de García Luna, quien se empeñó en favorecer a sus amigos y comenzó a desplazar a los policías de carrera.

Varios agentes federales redactaron una carta en la cual narran un episodio que daba cuenta de los presuntos nexos del funcionario con el narcotráfico, y la entregaron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Argumentaron que él no era confiable para estar al frente de la SSP ni de una policía nacional (Proceso 1672).

En su misiva, los inconformes escribieron que en 2008 García Luna fue interceptado en Tepoztlán por un grupo de sicarios, que lo invitaron a dialogar con un capo importante:

“El pasado 19 de octubre del año en curso (…) el actual secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna y su escolta, integrada por aproximadamente 27 elementos (…) en la carretera Cuernavaca a Tepoztlán fue interceptado o citado por alto capo de las drogas que se acompañaba de un indeterminado número de pistoleros o sicarios en aproximadamente 10 vehículos Suburban blindados, sin que la escolta del funcionario en mención hiciera nada por protegerlo, al parecer por una orden verbal de éste (García Luna).”

Agregaron en el documento que los escoltas de García Luna fueron despojados de sus armas por órdenes “del alto capo de las drogas” y permanecieron con los ojos vendados durante “aproximadamente cuatro horas”. Los agentes que conocieron el hecho, cuyos nombres se omiten para evitar represalias, asentaron que la voz “del alto capo” le dijo a García Luna:

–Este es el primero y último aviso para que sepas que sí podemos llegar a ti, si no cumples con lo pactado.

Por aquel tiempo, el entonces agente federal Javier Herrera Valles ya había hecho fuertes cuestionamientos al papel de la Policía Federal en la guerra contra el crimen organizado. Entre otras cosas, dijo que la lucha criminal era una simulación, puesto que no había ninguna intención de acabar con los cárteles y por esa razón la policía no actuaba contra nadie, ya que no se le giraban órdenes precisas.

Herrera Valles fue detenido el 18 de noviembre de 2008, después de enderezar una larga campaña de críticas contra García Luna. Antes había formado parte del equipo policiaco que acudió a Michoacán, Tijuana, Nuevo León y Tamaulipas a desplegar los Operativos Conjuntos contra el crimen organizado.

Poco después de que se inició la guerra contra el narcotráfico, Herrera Valles narró así lo que vivió en aquellos meses de cruenta violencia, etapa en la cual, dijo, “daba vergüenza ser policía por el ridículo que hicimos”.

Describió: “Todo era un caos. Las órdenes eran así: ‘Váyanse para allá, ahora para acá’. Más tarde nos dijeron: ‘Coloquen retenes y hagan presencia en las calles, pero todo aquello era la total descoordinación.

“Mientras policías, marinos y soldados éramos como un hormiguero disperso, el crimen organizado atacó con toda su fuerza: varios sujetos vestidos con boinas negras arremetieron contra las bases de la Policía Investigadora Ministerial de Acapulco. En una de las instalaciones los delincuentes entraron y asesinaron a siete personas, entre ellas a una mujer embarazada.”

Los ataques a Proceso

Anabel Hernández, reportera de la revista electrónica Reporte Índigo que ha investigado el súbito enriquecimiento de García Luna, sostiene que el titular de la SSP la ha amenazado de muerte.

Lo cierto es que el funcionario se muestra en extremo sensible a la crítica. Un ejemplo de ello es que ha intentado vincular a este semanario con grupos delictivos. Así lo hizo el 29 de julio de 2009, cuando Ramón Pequeño, jefe de la División Antidrogas de la SSP, presentó a seis presuntos operadores de La Familia Michoacana.

En el Centro de Mando de la Policía Federal de Iztapalapa fueron presentados los presuntos narcotraficantes. Junto a ellos el funcionario exhibió ante los medios, como evidencias, fusiles automáticos, municiones, fajos de billetes, equipo de radiocomunicación, una memoria USB con reportes sobre ventas de droga y extorsiones y, en primer plano, cuatro números de Proceso.

Dos meses después, García Luna justificó la exhibición de los ejemplares del semanario como si fueran parte del arsenal de La Familia Michoacana, diciendo que su dependencia está obligada a poner en manos del Ministerio Público todos los objetos que se les encuentren a los delincuentes.

Sin embargo, en opinión de Jaime Cárdenas –legislador del Partido del Trabajo que en una comparecencia en la Cámara de Diputados cuestionó a García Luna sobre esa dolosa exhibición de las revistas–, la intención del secretario fue mostrar a este semanario como si estuviera vinculado con el crimen organizado (Proceso 1717).

Ante tal agravio, este medio interpuso una queja contra la SSP ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual fue aceptada. La SSP quedó emplazada para explicar ante la comisión por qué, de manera reiterada, los días 29 y 30 de julio de 2009 divulgó información en la cual distintas ediciones de este semanario aparecieron entre los objetos utilizados por una célula de La Familia Michoacana para delinquir.

Sin embargo, al emitir su Recomendación General número 17 sobre las agresiones a periodistas y la impunidad persistente en estos casos, la CNDH no incluyó los agravios a Proceso, particularmente el veto publicitario del gobierno federal y el intento de exhibirlo como si tuviera relación con el grupo delictivo.  l