La PGJDF, instrumento del chantaje de Televisa

La PGJDF, instrumento del chantaje de Televisa

Jenaro Villamil, reportero.

Revista Proceso # 1800, 1 de mayo de 2011

Para desafiar a Televisa y llevarla ante los tribunales se requiere determinación, valor y muchos recursos económicos. Con todo ello contaba Paula Cusi, la viuda de Emilio Azcárraga Milmo, pero no le bastó para salir bien librada de su confrontación con el hijo del magnate fallecido y actual mandamás del consorcio televisivo. Como una muestra del favoritismo de las autoridades judiciales hacia el gigante mediático, señala uno de los abogados de Cusi, los trámites para llevarla a prisión se agilizaron de manera inusitada. Sometida a presión física y moral, no le quedó otra alternativa que desistirse de su demanda.

 “Van a perder, no se metan con nosotros”, le advirtió Alfonso de Angoitia, vicepresidente de Televisa, a Ernesto Canales, amigo y representante legal de Paula Cusi Presa Matute, en vísperas de que la viuda de Emilio Azcárraga Milmo interpusiera una demanda civil, en enero de 2007, contra el actual presidente del consorcio, Emilio Azcárraga Jean, y una veintena de codemandados, por presunto despojo de la sexta parte que le correspondía de la herencia de El Tigre.

Seis reuniones infructuosas precedieron a la demanda presentada ante la juez 62 de lo civil en el Distrito Federal, Yolanda Morales Romero. En todas las negociaciones, Angoitia y el equipo de abogados de Televisa argumentaron que la sucesión de Azcárraga Milmo estaba “quebrada”, que no había bienes ni acciones por repartir y que a Cusi ya le habían dado “más que suficiente” con la compra del 10% de sus acciones y las obras que formaron parte del acervo del Museo de Arte Contemporáneo.

Sin embargo, Cusi alegó lo contrario. En una exposición de 45 hechos y un capítulo de daños y perjuicios, la exconductora televisiva y esposa de Azcárraga Milmo por más de dos décadas afirmó que hubo una situación de “engaño y maquinación” para despojarla de la sexta parte que le correspondía del legado de El Tigre, fallecido en abril de 1997 (Proceso1605).

Como indemnización, Cusi pidió 4% del valor de las acciones de Televisa o su equivalente; es decir, 500 millones de dólares, al valor actual, o 117 millones de acciones.

Renuentes a aceptar cualquier negociación con la heredera, la actitud de Televisa y los codemandados fue configurando una serie de irregularidades, de obstáculos permanentes al juicio que se desarrolló durante cuatro años en el juzgado 62 de lo civil del Distrito Federal, hasta desembocar en la aprehensión de Paula Cusi, la mañana del 25 de abril, y su posterior liberación del penal de Santa Martha Acatitla, tres días después.

La viuda fue puesta en libertad tras una negociación entre las partes, la firma de un convenio de confidencialidad restrictiva que impide a éstas hablar sobre los detalles del arreglo y la cancelación definitiva del juicio civil iniciado en 2007.

Cusi abandonó las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla a las 17:45 horas del día 28 protegida por custodios y sus abogados defensores Ernesto Canales y César García Méndez. Viajó a Yucatán, donde tiene su domicilio fiscal en la hacienda San Bernardo, del municipio de Kopomá, y se marchó del país.

Su atrevimiento para demandar a la empresa mediática de la cual formó parte en los años dorados de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, la condujo a la cárcel. Ahora, tanto ella como sus abogados consideran cancelado y “sin efecto” el juicio civil 27/2007.

La historia de su aprehensión, detención y arraigo, así como la actuación de las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), las presiones de los abogados de Televisa y la intervención en el último momento del Centro de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia capitalino constituyen una radiografía de lo que sucede cuando alguien se enfrenta al poder del Canal de las Estrellas.

Detención

Con una celeridad inusitada, la PGJDF tramitó en menos de un mes la demanda presentada el 17 de marzo por Alonso Aguilar Zinser, abogado de Grupo Acal S.A. de C.V., filial de Televisa, contra Paula Cusi por el delito de falsedad continuada de declaraciones.

La prueba fundamental, afirmó el litigante, es que en los dos primeros meses de 2011 Cusi fue interrogada sobre si sabía “de un dictamen fiscal que habían elaborado unos auditores de la firma Chávez, Ruiz y Zamarripa en 1998 sobre las responsabilidades de impuestos que habían acarreado las ventas de acciones propiedad de la sucesión de Azcárraga Milmo”.

En varias ocasiones, Cusi afirmó que no conoció ese documento. Para demostrar lo contrario, los abogados de Televisa presentaron una firma de recibido de Ignacio Armida Graham, abogado de la exconductora.

A partir de esta denuncia, el Ministerio Público capitalino agilizó los trámites para detenerla. El escenario fue la esquina de la calle de Niños Héroes, en la entrada del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Ella bajaba de un BMW gris cuando ocho agentes de la procuraduría la detuvieron “en cumplimiento de una orden de aprehensión que se giró desde la semana pasada”.

La tomaron por sorpresa. Ni Cusi ni su abogado Ernesto Canales, quien viajaba con ella en el BMW, tenían conocimiento siquiera de que existiera una orden de aprehensión en su contra.

A unos metros del lugar de la detención, el equipo de abogados de Televisa, encabezados por Alonso Aguilar Zinser, Alejandro Bustos Olivares y Everardo Hegewisch, más sus asistentes, observaban la escena. Molesto, Canales les reclamó que utilizaran “métodos gangsteriles”.

Impasible, Aguilar Zinser dice a Proceso que la detención se realizó “absolutamente conforme a derecho”.

Horas después, cuando ya en las redes sociales había trascendido el caso, el procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, confirmó los hechos y aclaró que la señora había sido detenida “en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez penal radicado en el reclusorio de Santa Martha Acatitla”.

De manera inusual, la PGJDF emitió un comunicado para justificar su actuación. La rapidez con que se elaboró el boletín provocó que se difundiera con erratas (por ejemplo, se confundió a la juez 69 con el juez 89 de lo penal). En el último párrafo del documento se indica:

 “Cable aclarar que obran en la indagatoria de mérito dos citatorios de fechas 25 y 30 de marzo de 2011, girados para que (Paula Cusi) se presentara a comparecer en carácter de probable responsable.”

Entrevistado en el penal de Santa Martha Acatitla 26 de abril, el abogado César García Méndez describe así la serie de irregularidades cometidas por la PGJDF en la detención de Cusi:

 “En primer lugar, la averiguación previa se inició el 16 de marzo y se integró en su totalidad el 13 de abril, menos de un mes después. Si usted ve, el término promedio de la integración de una averiguación previa es superior a seis meses.

 “En segundo lugar, el Ministerio Público capitalino no solicitó copias certificadas del expediente; no realizó ninguna visita de inspección; no compulsó los documentos que la parte acusadora había presentado como pruebas con la parte original, y no realizó ninguna diligencia en relación con la indagatoria.”

–¿Qué hubiera representado una visita de inspección? –se le pregunta a García Méndez.

–Apersonarse en el juzgado, solicitar el expediente, verlo, examinar las constancias que obran en autos y ver si coincidían. Sólo se basaron en la denuncia y en las pruebas que presentó Grupo Acal.

–El procurador Mancera asegura que sí se entregaron dos citatorios a la señora Cusi.

–Aparecen dos citatorios, supuestamente entregados a Cusi (el 25 y el 31 de marzo). Los dos aparecen con un gancho que dice “recibí oficio”, literalmente. Los dos con la misma firma, la misma pluma, la misma letra, sin identificar quién los recibió.

 “Normalmente los citatorios se mandan por correo certificado. Esa es la práctica común de la PGJDF. El hecho de que, por alguna razón que desconozco, los citatorios se hayan supuestamente entregado de forma personal en un domicilio que no es el de Paula Cusi por sí mismo es una arbitrariedad.

 “Esos citatorios nunca fueron entregados. No existió tal entrega. Quiero decir que los citatorios fueron supuestamente entregados en mi oficina. Yo tengo elementos para comprobar que nunca fueron entregados ahí.”

En declaraciones a la prensa hechas el mismo 26 de abril, el procurador afirmó que uno de los obstáculos para citar a declarar a la viuda de Azcárraga Milmo fue que vivía fuera del país.

 “La problemática de que viva en el extranjero será un tema complicado, pero las constancias están en la indagatoria y ahí es donde hay que remitirnos”, declaró el funcionario a los medios.

Sin embargo, desde hace varios años Cusi tiene su domicilio fiscal en la exhacienda henequenera San Bernardo, en el municipio de Kopomá, Yucatán, donde pasa largas temporadas.

El reportero llamó a ese domicilio y habló con doña Elsa, el ama de llaves de la hacienda, para saber si a ese lugar había llegado algún citatorio ministerial. “No se recibió ningún citatorio. Nunca llegó nada aquí”, afirmó.

–¿La señora Cusi ha recibido otras notificaciones en ese domicilio?

–Sí. Este es su domicilio fiscal en México.

Maniobras

Durante los cuatro años que se prolongó el juicio civil, ambas partes litigaron y lograron algunos avances. En el último año se ventilaron ante la juez 62 de lo civil documentos comprometedores sobre las finanzas de Televisa y su proceso de saneamiento financiero.

Como una muestra de “deferencia” hacia los personajes involucrados, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Édgar Elías Azar, ofreció desde 2010 su propia oficina, ubicada en la calle de Niños Héroes, en la Colonia Doctores, para que ahí se desahogaran las diligencias.

El 21 de febrero de 2011, la audiencia tuvo que suspenderse. Todo el personal del edificio fue desalojado debido a una supuesta “amenaza de bomba”. A la sede del Tribunal Superior de Justicia llegaron incluso las cámaras de Televisa, pero no se difundió ninguna nota al respecto.

La juez Morales Romero le ofreció a las partes que podían continuar la diligencia en su juzgado, para aprovechar que estaban todos presentes. Cusi y sus abogados estuvieron de acuerdo; sin embargo, Ángel Peña, integrante del equipo de abogados de Televisa, rechazó la propuesta.

Doce días después, el 3 de marzo, el número 43 del Boletín Judicial del Consejo de la Judicatura capitalina informó que la juez Morales Romero había sido relevada del caso, al quedar adscrita al Juzgado Quinto.

En su lugar quedó la licenciada Haydeé de la Rosa García, quien pasó del juzgado 36 al 62 de lo civil. El abogado García Méndez consideró que este cambio afectaba el proceso porque eso significaba esperar a que la nueva juez se “empapara de los detalles del caso”, lo cual retrasaba el juicio y despertaba sospechas de favoritismo.

El 25 de abril, dos meses después de la sesión interrumpida por la “amenaza de bomba”, Elías Azar ofreció de nueva cuenta su oficina para que Cusi acudiera a continuar con su declaración.

A las 9:30 de la mañana, ella no pudo ingresar al edificio del Tribunal Superior de Justicia: fue detenida y trasladada de inmediato al penal femenil de Santa Martha Acatitla.

Adentro de la oficina de la presidencia del tribunal, en presencia del reportero de Proceso, los abogados Canales y García Méndez le reclamaron a Elías Azar.

–Licenciado, ¿cómo considera esta detención, a las puertas del Tribunal? –le preguntó el reportero al presidente del Poder Judicial capitalino.

–Mire: mejor no declaro nada porque estoy muy encabronado –y salió de su oficina.

Al día siguiente, el 26 de abril, Édgar Elías anunció ante los medios que había encargado al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal que realizara “una visita especial al juzgado para que haga una revisión minuciosa y me puedan dar detalle del expediente”.

La inspección dio resultados en menos de 24 horas. El 27 de abril, Elías Azar aclaró que “no se observó absolutamente nada” irregular y que “la actuación de la juez ha sido dentro de los parámetros normales”.

De acuerdo con la normatividad, el Consejo de la Judicatura no era la instancia adecuada para revisar fallas procesales, ya que sólo puede revisar faltas administrativas.

Desistimiento

Desde las primeras horas del mediodía del 25 de abril, en las instalaciones del penal femenil de Santa Martha Acatitla, el representante jurídico de Televisa, Alejandro Bustos Olivares, realizó negociaciones informales con los abogados de Cusi y dejó en claro que la viuda de Azcárraga Milmo podía quedar en libertad si se desistía del reclamo del pago de 4% del valor total de la empresa.

Para ese momento Ernesto Canales había considerado que la actuación de la procuraduría en la detención de Cusi era “una vergüenza”. Desde su reclusión, Cusi hizo una llamada a sus familiares y consideró su aprehensión como un “secuestro”.

El 27 de abril, la defensa de Cusi se desistió ante la juez Nelly Ivonne Cortés Silva de solicitar la duplicidad del término de 72 horas para presentar pruebas y testigos a favor de la detenida. Ninguno de los testigos de descargo acudió a la diligencia.

Estaban citados Ignacio Armida Graham, exapoderado legal de Cusi, quien supuestamente recibió el informe fiscal de los auditores Chávez, Ruiz y Zamarripa, así como Ricardo Aguirre Marín, apoderado de Grupo Acal, S. A. de C. V., filial de Televisa que emprendió la acusación penal.

El día 28, al cumplirse el plazo constitucional de 72 horas, la juez 69 resolvió liberar a Cusi al considerar que no había elementos suficientes para procesarla. César García Méndez y Alonso Aguilar Zinser confirmaron que la liberación de Cusi fue resultado de una negociación. Ella se desistió de la denuncia 27/2007.

Poco después, el procurador Mancera anunció que la dependencia a su cargo no apelará la decisión de la juez y expresó su acuerdo en la liberación de la viuda de Azcárraga Milmo.

Pasadas las cinco de la tarde, con el rostro cubierto por una chamarra negra, Cusi abandonó las instalaciones de Santa Martha Acatitla en un Tsuru color rojo. No hizo declaraciones a la prensa. No se dejó fotografiar.

El episodio judicial entre Azcárraga Jean y su madrastra parece concluir con un arreglo después de 72 horas de presión moral y física en contra de la demandante.