Audiencias públicas Ley de Seguridad Nacional

Audiencias públicas en San Lázaro para analizar la minuta de reforma de la Ley Federal de Seguridad Nacional.

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Martes 7 de junio inició de las audiencias, participarron Lorenzo,

Durante el desarrollo de las ponencias, Javier Corral, del grupo parlamentario del PAN, manifestó su desacuerdo en torno a una virtual inconstitucionalidad de la reforma por la incorporación del concepto de “estado de afectación a la seguridad interior” y facultades adicionales al Ejecutivo.  “¿Cómo interpretar entonces si en el 89 constitucional se le otorga al Presidente de la República facultades y obligaciones para preservar la seguridad nacional en los términos de la ley respectiva y disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente para la seguridad interior y exterior? ¿No es éste el asidero constitucional de la Ley de Seguridad Nacional?”, cuestionó.

Rechazó además que se pretenda vulnerar la libertad de las protestas o movimientos sociales y criminalizarlos.

En tanto, los diputados Lorena Corona Valdés y Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, pidieron a Córdova Vianello su opinión en torno a las facultades del Ejecutivo en una virtual declaratoria de afectación a la seguridad interior, los controles constitucionales y sobre el fuero militar.  El legislador Luciano Cornejo Barrera, del grupo parlamentario del PRD, cuestionó sobre las diferencias de seguridad nacional y seguridad pública, además de las atribuciones que se otorgarían a la SCJN  para revisar la constitucionalidad del decreto de suspensión de garantías y las facultades para revisar el decreto de afectación a la seguridad interior.

La diputada Claudia Ruiz Massieu, del grupo parlamentario del PRI, preguntó cuál sería el papel de los órganos de inteligencia en la construcción de la seguridad interior.

Lorenzo Córdova, indicó que la reforma debe repensar el papel del Ejército en materia de seguridad y eliminar el fuero militar.  Manifestó además que el concepto de “estado de afectación a la seguridad interior” y las facultades adicionales al Ejecutivo que se busca incorporar en la Ley de Seguridad Nacional, no tienen un asidero constitucional.

“Aún cuando supone atribuciones para los otros poderes públicos, es potencialmente vulnerador de los derechos. Es cierto que la declaratoria del Presidente está sujeta a controles de constitucionalidad ordinarios, pero el procedimiento para determinar la situación de afectación a la seguridad interior queda en manos del Consejo, una instancia deliberativa que en su integración está circunscrita a funcionarios del mismo Poder Ejecutivo.”, dijo.

Agregó que la delimitación de los tiempos de guerra y de paz también es ambigua y hasta contradictoria y crea una zona gris, indefinida e indefinible. Hizo énfasis en evitar criminalizar la protesta social, situación que dijo, “al parecer ya fue eliminada de la minuta”.

En su exposición, Córdova Vianello consideró que las reflexiones respecto a la minuta que reforma la Ley Federal de Seguridad Nacional parten de una premisa específica y clara que es la de proteger a las fuerzas armadas, toda vez que un ejército expuesto al descrédito lo hace vulnerable y a nadie conviene, ya que resulta disfuncional para la recreación de la convivencia democrática.

Añadió que la propuesta de modificaciones a la minuta tiende a subsanar un problema normativo que trajo consigo el uso abierto de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y habría sido deseable que la discusión de estos cambios fuera previo a la salida de las fuerzas armadas de sus cuarteles y no ahora que ya ocurrió.

Refirió que el problema del narcotráfico y el crimen organizado son preocupantes, ya que representan grandes desafíos internos y externos que ponen en riesgo la paz, la estabilidad y la soberanía nacionales, por lo que el tema de la seguridad también es una premisa, sin embargo, no se debe renunciar a los derechos.

“Pretender que cualquier actuación es lícita para combatir la inseguridad es simple y sencillamente inaceptable. Tampoco el llamado Estado de excepción admite cualquier acto de violencia por parte del poder público para enfrentar sus causas. Hay ciertas reglas que deben seguirse y ciertos derechos que no pueden suprimirse, vulnerarse o restringirse”.

En su opinión, deben ser considerados para el análisis y formulación del dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional varios de sus artículos, entre otros, el 1º, 3º, 5º, 7º y 13º, además de que dicha ley debe ser reglamentaria del artículo 26 constitucional, que establece explícitamente el compromiso del Ejecutivo para encaminar todas las políticas del Estado.

“Aplaudimos el esfuerzo de nuestros legisladores para la elaboración de la minuta que reforma la Ley de Seguridad Nacional, ya que sienta un precedente histórico muy importante a nivel nacional, desafortunadamente, como lo hemos comentado, consideramos que se queda corta, ya que no abarca la totalidad de factores reales de poder que deben ser considerados en la planeación estratégica para la Seguridad Nacional”, concluyó.

Por su parte, Martín Gabriel Barrón Cruz, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, señaló que existe un gran problema respecto a los términos seguridad nacional e interior o defensa exterior e interior, los cuales atañen al quehacer nacional y, peor aún, cómo se llevan a la práctica. Dijo que no sería una exageración ver cómo estos dos términos son aplicados, invocados, manipulados y acomodados a las ideologías, retorcidos o a veces hasta ignorados, según las conveniencias e intereses abiertos o encubiertos”.

Agregó que el papel y las funciones que desempeñan las Fuerzas Armadas son una de las tantas características de su atipicidad, la cual va más allá de su origen, composición y tradicional subordinación al sistema político. “La naturaleza de sus misiones también marca una diferencia con los ejércitos de otros países de América Latina”.

El experto refirió que el aparato militar de México se ha orientado al enfrentamiento de amenazas y problemas de carácter interno ante la descomposición de los cuerpos de seguridad pública y de justicia, lo que ha generado una expansión de las Fuerzas Armadas que, paradójicamente, “alcanza su máxima expresión desde 2000, con el primer gobierno de era post-priísta”.

Destacó que para garantizar la no intervención de los militares, el sistema político ha tenido que otorgarles una serie de concesiones, comenzando por el control y la autonomía del propio sistema de defensa, lo que ha provocado que los temas de seguridad nacional se mezclen con los de seguridad interior o seguridad pública.

En su oportunidad, Clara Jusidma,n señaló que la Ley de Seguridad Nacional que se discute busca otorgar un marco legal a las intervenciones de las fuerzas armadas en seguridad pública.  Tales intervenciones, abundó, son ordenadas por el Presidente de la República ante la evidente incapacidad de las autoridades civiles, de todos los niveles, para contener al crimen organizado.

Destacó que, al parecer, todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión han llegado a la conclusión de que la escalada de violencia en el país justifica la intervención de las fuerzas armadas, porque consideran que está en riesgo la seguridad del Estado.

Bajo estos supuestos, dijo, nos preocupan tres aspectos respecto de la participación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública: son contrarios a convenios internacionales; no están capacitados para ello. Asimismo, se ha venido colocando al Ejército en una situación de mayor riesgo de corrupción e incorporación al crimen organizado; se requiere por tanto, dijo, de otra estrategia.

Agenda

El miércoles 8 de junio participarán representantes del Inacipe, con una exposición del doctor José Francisco Gallardo, profesor de la UNAM; el Centro de Análisis e Investigación (Fundar); el Instituto Tecnológico Autónomo de México;

El jueves 9 de junio, la Organización de Litigio Estratégico, el Centro de Derechos Humanos Francisco Vitoria, la comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos”.

Miércoles 15, reunión con el CISEN y con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal;

Martes  21 de junio efectuarán el foro nacional sobre democracia, seguridad nacional y derechos humanos; se celebrará en el auditorio del edificio E.

El martes 14 de junio se reunirán con representantes de las Secretarías de Gobernación, de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República.

del Instituto de Estudios para la Transición Democrática; Martín Gabriel Barrón Cruz, del Inacipey Clara Jusidman Rapoport, de la Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social. (Incide).