Señor licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; señor Ministro Juan Silva Meza, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , y a través del cual saludo a los señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia.
Saludo especialmente, también, a mis compañeros Senadores que hoy están aquí presentes y en justicia son quienes desde el primer momento reciben un documento de la Suprema Corte de Justicia, que es el Libro Blanco, y trabajan con enorme esmero, hasta construir esta nueva Reforma Constitucional.
No podría omitir el trabajo, porque sería injusto, tanto del Senador Pedro Joaquín Coldwell, como del Senador Santiago Creel Miranda, como del Senador Jesús Murillo, como del Senador Alejandro Zapata, como del Senador Tomás Torres Mercado, quienes hicieron un excelente trabajo como Cámara que inició esta Reforma Constitucional.
Señoras, señores:
Hoy es un día señalado para las instituciones de la República y el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, y esto porque concluye y se concluye un proceso legislativo de gran trascendencia, como es la modernización de una figura jurídica, de la cual fuimos precursores en América Latina, y que distingue al ordenamiento legal mexicano. Es el Juicio de Amparo.
Esta Reforma Constitucional nos demuestra, con claridad meridiana, que el esquema de división y equilibrio de poderes nos ha permitido adaptar las instituciones y el régimen jurídico, atendiendo el deseo ciudadano de vivir en un país de libertades y derechos plenos.
Por ello, desde el Senado de la República ratificamos nuestra vocación por el cambio pacífico y la reforma institucional, convencidos de que la gobernabilidad democrática atraviesa, a un mismo tiempo, por la actualización de las leyes y la construcción de las nuevas instituciones.
En esta ocasión podemos congratularnos de haber concluido una Reforma Constitucional que, a la par de la Reforma en materia de Derechos Humanos y la de Acciones Colectivas, representa un hito en la transformación del sistema jurídico y sus instituciones.
Estas reformas aseguran más derechos y más libertades a la sociedad. Abren en forma considerable el acceso a los ciudadanos a las instancias de justicia; protegen y hacen valer los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Y, a nuestro juicio, consolidan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un Tribunal de Control Constitucional.
Por ello, nuestro reconocimiento a esta Iniciativa de Reforma Constitucional al Amparo, que se propuso, como mencioné hace un momento, en el Libro Blanco de la Reforma Judicial en 2006 y que el Senado de la República incorporó al proceso de debate y los trabajos de la Reforma del Estado en el año 2007, para llegar después, después de diversos esfuerzos legislativos, a la reforma en aplicación y aprobación en esta reforma constitucional en diciembre del año pasado; y proceder, posteriormente, a su ratificación por la mayoría absoluta de las legislaturas estatales, hasta la promulgación, que hoy concluye y a la que convoca en esta ceremonia solemne el Ejecutivo Federal.
Merecen especial observación las recomendaciones y el trabajo que alrededor de esta Reforma constitucional llevaron a cabo los ministros de la Suprema Corte de Justicia; también magistrados y jueces que se mostraron interesados en opinar en la materia, académicos, profesionales y legisladores especializados en el estudio de nuestra Ley Fundamental y en la acción de Amparo, cuyas aportaciones técnicas hicieron posible esta Reforma constitucional. Y habrán de ser igualmente indispensables, ellos, para llevar a cabo ahora las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria, con la finalidad de concretar los grandes objetivos trazados en la Reforma y facilitar su ejercicio por los ciudadanos y los interesados colectivos.
Con la Promulgación de la Reforma Constitucional en Materia de Amparo, se demuestra, y es importante señalarlo, que la vocación reformadora de los Poderes Públicos es fundamental para mejorar y preservar las instituciones y el marco jurídico que los mexicanos hemos construido.
Se demuestra, también, que no hay rezago que no sea posible vencer cuando los encargados de servir a las Instituciones entienden la necesidad de restituir su utilidad, ampliar la procedencia de sus figuras jurídicas, y hacer expeditos sus procedimientos, con el fin último de garantizar que la justicia impere, que se ordenen los diversos aspectos de la vida pública, que se mejore la calidad de la convivencia social y se garantice el derecho de las personas a vivir en paz, libertad y plenitud.
Por eso, entre los muchos méritos de esta Reforma Constitucional está el establecer que los Tribunales Federales resolverán toda controversia que se suscite por la aplicación de normas generales, de actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución , en el marco de una noción amplia, que reconoce como parte agraviada al titular de un derecho o de un interés legitimo de carácter individual y colectivo.
Señoras, señores:
Frente a los enormes retos que aún enfrentamos en materia de impartición de justicia, impunidad, desigualdad social e inseguridad pública, recordemos que la figura jurídica, cuya modernización celebramos, fue introducida en dos momentos cruciales de la historia nacional: 1841, como respuesta liberal y de origen local, a la dictadura de Santa Anna; y 1847, cuando la integridad de la Nación estaba en riesgo.
Es que el régimen de derechos, libertades y, también, de responsabilidades, ha sido resguardado a lo largo de nuestra historia, aún en las horas más difíciles. Y resguardo por la convicción inquebrantable que tenemos, de que el reconocimiento jurídico de la dignidad de las personas, el apego irrestricto a la ley y los derechos humanos, así como la continuidad de los procesos institucionales, aseguran la capacidad del Estado para hacer frente a cualquier exceso de la autoridad, o amenaza contra la integridad de la Nación.
Ceder en cualquiera de estos aspectos básicos de la vida institucional, o en los procesos de renovación periódica de los mandatos de autoridad, así sea de manera excepcional, sería conceder y abdicar ante quienes desprecian la voluntad popular, y tienen todo que perder en un país de leyes y de justicia, que es la aspiración más preciada de los mexicanos y sus Poderes públicos.
El nuevo Juicio de Amparo es uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, y por eso nos congratulamos de una reforma constitucional que fortalece su vigencia y contribuye a consolidar nuestra vida democrática.
Por eso, y para terminar, no sería honesto ni justo dejar de mencionar que el Congreso y su pluralidad, no obstante las naturales y legítimas diferencias, han acompañado la firme decisión de este Gobierno, y en especial de su Titular, el Presidente de la República , de avanzar, combatiendo el flagelo lamentable y agraviante de la delincuencia con toda la fuerza del Estado, dándole nuevos instrumentos jurídicos al Gobierno Federal, y asumiendo ambos los riesgos que ya aparecen en un inevitable debate. Pero todo ello sin descuidar, también, los dos, tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo, el constante fortalecimiento de las instituciones que garanticen un régimen de libertades y un país que asegure el respeto a los derechos fundamentales del ser humano.
Con esta Reforma en Materia de Amparo, y las que sobre Derechos Humanos y Acciones Colectivas hemos construido, plasmamos en la Constitución el fortalecimiento de los derechos fundamentales de las personas, cuya trascendencia revela el significado del Constituyente Permanente de la Constitución de 1917.
Esto es, sin duda, motivo de alegría para todos en este día memorable y de satisfacción, estoy seguro, para aquellos que en este tiempo han tenido el privilegio y la responsabilidad de estar al frente de las instituciones de la República.
Enhorabuena, entonces, señor Presidente de la República. Enhorabuena , señores Ministros de la Suprema Corte de Justicia. En buena hora para todos nosotros.
Muchas gracias.
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