Pide el Congreso un informe detallado sobre la estrategia de seguridad/
Aunado a esto darán cuenta del contenido de las sentencias que la Corte Iberoamericana de Derechos Humanos ha condenado al Estado mexicano por violación de éstos y específicamente reportar el número de miembros castrenses sentenciados en el país.
Lo legisladores señalan que México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez más incontrolable y que e los últimos cuatro años se han presentado aproximadamente 23 homicidios diarios.
Previo a la aprobación del dictamen, el senador por el PT Ricardo Monreal Ávila, se pronunció a favor por considerar como una violación grave a la Constitución que el secretario de Seguridad Pública haya brindado información de inteligencia nacional a un gobierno extranjero.
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 11 de mayo de 2011, los senadores Rubén Fernando Velázquez López, José Luis García Zalvidea, Rosalinda López Hernández y José Guadarrama Márquez, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática , presentaron ante el Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión la proposición de mérito.
2.- En esa misma fecha la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión , dispuso que dicha solicitud de Punto de Acuerdo se turnara para su estudio y dictamen correspondiente a la Primera Comisión , de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente, de conformidad con las siguientes:
CONSIDERACIONES
I. En la proposición en referencia, los proponentes destacan que:
I.1. La realidad mexicana es desoladora. Más allá de la creciente ola de violencia, México vive un drama cuyos ingredientes principales son la delincuencia cotidiana cada vez mas incontrolable, los múltiples secuestros perpetrados con violencia extrema, sangrientas guerras de los distintos cárteles de la droga, grupos paramilitares, encono político, debilidad de las instituciones, hartazgo de la sociedad y marginalidad componen un rompecabezas complejo al que no se le ve salida.
I.2. Es imposible entender esta actividad sin conocer exactamente el papel que ha desempeñado el Estado en su evolución. Pero también es difícil de entender su poder y alcance sin protección de ciertos agentes del Estado al desarrollo del crimen organizado. Es obvio, que nos estamos refiriendo a una alianza perniciosa que tiene como base de entendimiento la corrupción misma. Y sin duda, es una relación que ha venido fortaleciéndose cada vez más en la medida en que este negocio tiene mejores dividendos y expande su mercado. Sin duda, esta relación perversa se gestó desde regímenes anteriores; pero es cierto que durante estos últimos años la guerra entre los cárteles de la droga no tiene precedentes, y es cierto también que tampoco tiene precedentes la incapacidad del Estado para contener al crimen organizado.
I.3. Cabe señalar que e el año 2010 se registraron en México 15 mil 273 homicidios, 42 por día, y en los más de cuatro años transcurridos de los seis de mandato de Calderón suman 34.612 las víctimas mortales de la violencia, lo que significa más de 23 muertes diarias.
I.4. Hoy prevalece la percepción de que en la guerra contra el crimen organizado, es el Estado quien va perdiendo. Y en el ascenso de violencia y criminalidad donde el mismo Gobierno se ve incapacitado siquiera para hacer efectiva la aplicación de la ley y mantener preservación de la paz pública.
I.5. Por tanto, es necesario evaluar la eficacia de la estrategia y el desarrollo de políticas públicas relacionadas con el aparato de seguridad-inteligencia, así como la incursión de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.
Igualmente, es urgente también, la necesidad de fortalecer a las instituciones civiles y a los cuerpos policíacos para que trabajen con integridad y profesionalismo y recuperen la confianza de los ciudadanos, que se encuentran en el hartazgo por el ineficiente desempeño institucional.
II.1. Los miembros de esta Comisión comparten la preocupación de los legisladores. En este sentido, y siendo que el rubro de seguridad pública es una de las principales preocupaciones ciudadanas, resulta procedente hacer un examen adecuado de la materia contenida en la proposición en estudio.
II.2. Esta Comisión debe resaltar que la garantía de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos son actividades complementarias y armónicas. Los derechos humanos hacen posible la vigencia de la seguridad pública. La seguridad pública hace viable el respeto a los derechos humanos. Ambos objetivos se refuerzan y nutren recíprocamente en un Estado auténticamente democrático.
II.3. Sin duda, una de las enormes preocupaciones en la materia, es el referente a la violencia generada a causa de la inseguridad pública. Por ello, es conveniente recordar que en enero de 2011, el gobierno mexicano cifró este miércoles en 15 mil 273, el número de homicidios relacionados con el crimen organizado durante 2010, el más elevado desde 2006.[1]La mitad de estos homicidios relacionados con el narcotráfico se concentraron en 2010 en tres estados del país: Chihuahua, 30 por ciento; Tamaulipas, 12 por ciento y Sinaloa, 8 por ciento.[2]
En total, los crímenes relacionados con el narcotráfico se concentraron el año pasado en 73 de los 2 mil 430 municipios del país, según el Gobierno.
La cifra de homicidios en 2010 corresponde casi a la mitad de las ocurridas en México desde que el presidente Felipe Calderón inició en diciembre de 2006 una ofensiva contra los cárteles, con la participación de unos 50 mil militares.
Cabe resaltar que, la Procuraduría General de la República presentó anteriormente un balance de 30 mil 200 muertos desde el comienzo de la ofensiva contra el narcotráfico en 2006, de ellos, 12 mil 500 entre enero y noviembre de 2010.
Según las cifras oficiales, casi 9 de cada 10 homicidios registrados corresponden a ajustes de cuentas entre organizaciones mafiosas o enfrentamientos internos. Esto es, el 89 por ciento de los casos registrados en esta base de datos corresponde a ejecuciones, definidas como homicidios violentos cometidos presumiblemente para amedrentar a sus rivales o disciplinar a sus socios.
El resto de porcentaje, corresponderían a la muertes de militares, policías y autoridades asesinadas por los delincuentes y, en menor número, a civiles víctimas del fuego cruzado o confundidos por las fuerzas armadas con criminales.
II.4. La actividad delictiva y su evolución en el tiempo no pueden ser entendidas y explicadas si no se analizan y miden los niveles de castigo y de impunidad reinantes en una sociedad. Es claro, que si un crimen no se sanciona, se estará invitando a más individuos a delinquir.
Detectar y detener al presunto responsable de un delito; sujetarse a un proceso justo donde se respeten sus garantías individuales y derechos humanos; imponerle castigo si se comprueba su culpabilidad, e integrarlo al sistema de readaptación social son cuestiones que el Estado mexicanos de preservar y garantizar. Mientras eso no suceda, las políticas en materia de la seguridad pública serán insuficientes e ineficientes.
II.5. La inseguridad nos cuesta a todos los mexicanos y nos cuesta mucho. El crimen inflige un costo para la sociedad no solo en términos términos de dinero, de lo que el gobierno gasta en su combate. Por lo tanto, es necesario conocer cuántos recursos públicos se destinan a este rubro y qué resultados se obtienen a cambio.
Además de conocer el monto del gasto, también es importante conocer la forma en que éste se ejerce, distribuye y el efecto que genera.
No olvidemos que en nuestro país destina cuantiosos recursos a la seguridad pública. Las entidades federativas asignan cerca del 10% de su gasto directo en temas de seguridad, y una parte importante del presupuesto se gasta en este rubro. De 1999 a 2009, el gasto en seguridad se ha incrementado en 9 veces, al pasar de 10,990 a 91,153 millones de pesos corrientes.[3]
En ese orden de ideas, los legisladores integrantes de la Primera Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión , someten a esa Honorable Asamblea el siguiente:
PUNTO DE ACUERDO
Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de la República que presenten, en un plazo de cinco días hábiles, un informe detallado con relación a los siguientes temas, dejando a la posterior consideración de la Primera Comisión su eventual comparecencia, una vez analizado el informe:
a) Descripción, avances y los resultados de la estrategia de seguridad pública en el periodo 2006-2011;
b) Estado de las recomendaciones que en materia de derechos humanos se les han hecho a las referidas instituciones;
c) El número de víctimas, el cálculo de los daños materiales y las pérdidas económicas por la estrategia de seguridad pública 2006-2011;
d) Estado de los programas de atención a víctimas del delito; y
e) Balance de la procuración de justicia en el combate a la delincuencia, así como el estado de las investigaciones ministeriales y las cifras de delincuentes presos y condenados.
Sala de Comisiones de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión , a los 07 días del mes de mayo de 2011.
[2] Ibídem
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