Reunión Conatrib, Ags

Francisco Blake Mora, Secretario de Gobernación, durante la Primera Reunión Nacional de Jueces, Consejeros de la Judicatura, Órganos Administrativos y Escuelas Judiciales, de CONATRIB, celbrada en  Aguscalientes.

Esta reunión, concentró -por primera vez en los casi 35 años de historia de la CONATRIB- a los jueces, a los Consejos de la Judicatura y Órganos Administrativos, y a las Escuelas Judiciales en un solo escenario, para desarrollar temas de interés común que redunden en el perfeccionamiento de la impartición de justicia en México.

Participaron 28 presidentes de tribunales de justicia; asitieron cerca de  300 participantes.

Discurso del Secretario de Goibernación:

Aguascalientes, Ags., 24/06/2011

 Muy buenos días.

Como siempre saludo con aprecio al ingeniero Carlos Lozano de la Torre, Gobernador Constitucional del estado de Aguascalientes.

También saludo con aprecio al licenciado Fernando González de Luna, Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Aguascalientes. Muchas gracias, licenciado Fernando.

Al Doctor Rodolfo Campos Montejo, Magistrado Presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos,  del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tabasco. De nueva cuenta muchas gracias, doctor Rodolfo.

Al licenciado Miguel Ángel Juárez Frías, Presidente Diputado de la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Diputados. Muchas gracias, señor Diputado.

A la licenciada Lorena Martínez Rodríguez, Alcalde del Municipio de Aguascalientes. Muchas gracias por su hospitalidad. Presidenta Municipal.

Saludo también con aprecio a los Presidentes de los distintos Tribunales en nuestras entidades federativas, Presidentes de los Consejos de la Judicatura, los miembros de los Consejos de la Judicatura, por supuesto, al Ministro retirado, Góngora. Muchas gracias por estar aquí.

A los funcionarios federales, municipales.

Quiero también hacer un reconocimiento a los representantes de las Fuerzas Armadas. Muchas gracias por colaborar, por cooperar. Les pido por favor le manden también un saludo a la tropa por el esfuerzo que hacen en favor de la seguridad, de la paz y de la tranquilidad en nuestro país.

Me siento, por supuesto, muy distinguido de estar con ustedes esta mañana. También Aguascalientes fue sede histórica de la Convención del 14, en dónde las Fuerzas Revolucionarias se reunieron en la Asamblea, precisamente, para construir, para  establecer acuerdos, para definir programas, para transitar de los ideales a la práctica real y al establecimiento de la norma en el orden, prácticamente también constitucional.

Por esa razón, señor Gobernador, me siento muy distinguido y sé que tenemos retos y desafíos fundamentales de nuestro país. El México del Siglo XXI no impone, pero también sé de la fortaleza que tenemos; sé de las propias crisis, también en los fenómenos de la naturaleza.

Ya nos cayó un poquito más de agua, las pencas de los nopales están recuperando, así es que hay muchas cosas por hacer, muchos retos y desafíos que atender.

Por eso, agradezco la invitación que me han hecho para compartir algunas reflexiones, con quienes tienen la gran responsabilidad de lograr que miles de personas encuentren en la justicia la solución a sus demandas, a sus problemas y el resarcimiento de los daños que les son causados por la inobservancia de la ley.

Nuestro país se encuentra en un proceso de trasformación profunda en diversos ámbitos y el Poder Judicial no es la excepción.

Estamos, precisamente, en el tránsito de fortalecer nuestras instituciones, nuestras instituciones democráticas que se aboque, precisamente a la libertad, a la justicia, a la administración de la misma, al imperio del Estado de Derechos.

Ayer justamente, en el diálogo que sostuvimos con el Movimiento por un México en Paz con Justicia y Dignidad, escuchamos, una vez más, los reclamos de familiares de víctimas de la violencia por los criminales, y ha sido una voz que clama justicia de forma inaplazable.

Y es esa voz de una sociedad lacerada, lastimada y ofendida por la impunidad y muchas veces por la omisión de algunos, la que me obliga a insistir en la urgencia de transformar, de fortalecer y, en algunos, casos rediseñar nuestras instituciones responsables de procurar y de administrar justicia.

Desde el Acuerdo Nacional por la Justicia y la Legalidad, los tres poderes del Estado mexicano y el Gobierno en sus tres órdenes, hemos emprendido una serie de mecanismos y acciones para responder con mayor eficacia a la sociedad que clama seguridad y justicia. Debemos reconocer que lo que hemos logrado hasta ahora no ha sido aún suficiente.

Es cierto que la modificación constitucional al Sistema de Justicia Penal del 2008, es una respuesta visible a las exigencias de la sociedad mexicana y en algunas voces de la comunidad internacional, por eliminar las estructuras anacrónicas que habían permanecido intocadas en el ámbito de la justicia penal, a pesar del movimiento democratizador que se inició en México desde hace ya varios años y que nos conlleva, precisamente, a la construcción de acuerdos y de consensos, como se alcanzó la Reforma Constitucional en 2008.

Con muchas voces, algunas opinando en sentidos diferentes, pero prácticamente la construcción de los acuerdos y de los consensos que hoy nos dominan como Estado mexicano, a definir de nueva cuenta nuestras instituciones.

Hemos logrado traducir esa importante Reforma y necesitamos alcanzar resultados con ella, concretar los beneficios que la población nos está demandando.

El Sistema tradicional de Justicia Penal ha demostrado su anquilosamiento frente a la obligación fundamental del Estado de garantizar seguridad y la justicia a sus habitantes; así mismo, generó, en algunos casos, y en otros perpetuó incentivos que prácticamente empañan con la corrupción en su acción y en su actuar. 

Estas lamentables circunstancias, por supuesto, propician que la impunidad en nuestro país se convirtiera, a veces, ya en una regla y no en la excepción, y con ello creció la desconfianza el desánimo de los ciudadanos en muchas de sus instituciones encargadas de procurar, de administra o de brindar la seguridad.

Y ese es el reto, es el desafío, además de recuperar la institucionalidad en nuestro país tenemos el gran esfuerzo, el reto y el desafío de recuperar la confianza, y eso se hace con acciones específicas, concretas que vuelvan a darle a la ciudadanía una mejora percepción respecto del actuar de sus funcionarios y de sus instituciones.

Esto no puede continuar así y estoy convencido de que las innovadoras figuras contempladas en el nuevo Sistema de Justicia Penal, así como los principios que lo sustentan, ayudarán, precisamente, a consolidar este proceso y partir de la profesionalización de sus operadores, el mejoramiento de la investigación de los delitos, la depuración de los cuerpos policiales y una adecuada administración de  justicia en lo que va a ser recuperar, precisamente la confianza y hacer efectivo el Sistema de Procuración y Administración de Justicia.

La necesidad de contar con un Marco Jurídico garante de los derechos humanos fundamentales, ha promovido consensos importantes para la realización de reformas constitucionales de gran trascendencia como la de Derechos Humanos, recientemente promulgada por el Presidente de la República y que alcanzó un gran acuerdo también, tanto en la Cámara de Diputados.

La Reforma en Materia, por ejemplo, en Materia  de Amparo que fue también, recientemente promulgada, es una reforma estructural fundamental, que conjuntamente con la de derechos humanos trasciende, precisamente, a esa fortaleza institucional, a la que estamos llamados como Estado mexicano.

La propia Reforma de Justicia Penal y muchas otras orientadas a institucionalizar un dinámico núcleo de derechos y de garantías, a favor del bien y del progreso de los mexicanos.

Pero como lo decía, tenemos que lograr que los beneficios de estas reformas alcancen, lleguen a todos los mexicanos.

La Reforma Constitucional al Sistema de Justicia Penal representa para las mexicanas y los mexicanos el anhelo y la esperanza de que la justicia de nuestro país sea rápida, sea transparente, sea expedita, sea finalmente un medio confiable y accesible para la solución de controversias y la reparación de los daños sufridos.

Estos deseos o expectativas que la nación mantiene respecto de la transformación al modelo acusatorio, solo podrán materializarse por la acción corresponsable de las diversas autoridades involucradas de los tres órdenes de Gobierno y de los tres poderes del Estado, así como la participación activa y entusiasta de la sociedad, misma. Y por eso me congratulo de estar aquí con ustedes, porque hoy, como bien aquí se ha comentado, este desafío y este reto debe ser un esfuerzo en la corresponsabilidad y en la colaboración.

Sería ingenuo pensar que un solo poder, que un solo hombre, o que un solo nivel de gobierno pudiera atender el desafío como hoy lo exigen y lo reclaman particularmente las víctimas y los justiciables.

Tenemos que trabajar juntos, tenemos que hacer esfuerzos comunes juntos y el cambio requerido es de grandes dimensiones y los motores que asegurarán el éxito de esta tarea son la voluntad firme, el trabajo constante y la perseverancia de todos los actores que ternemos la principal tarea de hacer valer el Estado de Derecho.

Todos tenemos la obligación de actuar en favor del cambio, de la innovación, para que juntos consolidemos nuestras instituciones.

Al Gobierno Federal le corresponde un papel preponderante de cara a la adecuada instrumentación del nuevo sistema de enjuiciamiento criminal y estamos conscientes de la gran labor que esto implica.

Por ello, en cumplimiento del texto constitucional, la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, que por cierto me corresponde presidir y en la cual también los tribunales de los estados tienen un lugar, como también la Conferencia de Procuradores, de Secretarios de Seguridad, es decir ahí están reunidos precisamente los poderes y sus representantes para construir la implementación de este sistema.

Se ha constituido como un órgano que está en constante coordinación y que brinda apoyo y coadyuvancia en los procesos de implementación de la reforma a las entidades, por supuesto también federativas.

Así es que es ahí en donde habremos de establecer los compromisos concretos que hoy aquí se han expresado en este espacio para poder trabajar juntos y darle viabilidad (inaudible) informado el Secretario de Gobernación y presidente de este Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de los avances que muchos tribunales locales ya han realizado en sus entidades federativas y entiendo que habrá otros que son incipientes en su desarrollo.

Estamos comprometidos desde el Consejo para colaborar y aportar lo que sea necesario de acuerdo a las condiciones y a las capacidades particularmente en esto que generalmente sale a relucir que son los recursos para que de alguna manera no sean precisamente los recursos los que impidan las transformaciones de fondo que hoy nos reclaman y nos exigen los ciudadanos.

No obstante, no podemos vislumbrar el éxito de la Reforma sin el compromiso con el cambio y la voluntad política que deben asumir, como así lo he señalado.

El Gobierno del Presidente Felipe Calderón, a través de la Secretaría Técnica del Consejo reafirma antes ustedes este compromiso.

Ustedes son cedizos... del derecho y tienen la vocación de juzgar; hoy, junto con el Ejecutivo y el Legislativo, tenemos la responsabilidad para reflexionar sobre la relevancia de la reforma constitucional al sistema de justicia penal, sus bondades, características y los desafíos que implica su instrumentación.

Desde este espacio, también los invito a todos los integrantes del Poder Judicial en los estados para que nos sigamos involucrando de manera decidida, con la convicción de ser factor determinante en el proceso de renovación y cambio de justicia penal en México.

Los mexicanos que reclaman justicia ya no quieren escuchar respuestas ni explicaciones sobre el por qué no es posible que se alcance la justicia. Nuestra sociedad tiene derecho a que el Estado le haga justica y por eso tenemos que acelerar el paso para concretar esta histórica evolución que propicia la propia Reforma Constitucional en materia de Justicia Penal.

Por eso, amigas y amigos, señoras y señores, tenemos el gran reto de concretar en todo el país el Sistema de Justicia Penal que los mexicanos necesitan y que por supuesto merecen.

Hay un largo sendero por recorrer aún, pero tengo la convicción de que a pesar de las diferentes visiones sobre el problema de la criminalidad y de sus causas, nada será más fuerte que nuestra esperanza de construir un México más próspero, más justo, más seguro, con una justicia más transparente, más cercana a la gente.

Tengo la certeza de que México puede contar con el Poder Judicial de la Federación, con los Tribunales Superiores de Justicia en los estados y desde luego con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia y con la propia Corte de nuestro país, para materializar el nuevo modelo de justicia contenido en la reforma constitucional, con el propósito de que sus operaciones fundamentales se integren, sean congruentes y eficaces en todo el país y de esta forma, logremos responder con mayor eficacia a los mexicanos que exigen y que reclaman mejores niveles de justicia y de equidad.

Les pido entonces que se pongan de pie para hacer la declaratoria inaugural.

Siendo las 11:20 del día 24 de junio del año 2011, declaro formalmente inaugurado los trabajos de la Primera Reunión Nacional de jueces, consejeros de la Judicatura, órganos administrativos y escuelas judiciales en las que habrán de ocuparse en el análisis de las propuestas que permitirán avanzar en el anhelo de la sociedad nacional y estatal, por acceder a un sistema de justicia pronta, completa, imparcial, por lo que los invito a aplicarse en todas sus capacidades, en el esfuerzo de obtener el mejor de los resultados.

La sociedad a la que sirven y a la que se deben se los agradecerá.

Enhorabuena y mucho éxito.

 Fuente; Dirección General de Comunición Social-SG