"Cabe destacar que los exhortos de los legisladores no tienen ningún efecto vinculatorio para el Consejo de la Judicatura Federal....CJF
Revira Judicatura exhorto del Congreso
El CJF manifestó que no está obligado a cumplir con el exhorto del Legislativo, pero está dispuesto a explicar su combate a la corrupción interna
Nota de Abel Barajas (y comunicado completo).
Reforma on line; 13 julio 2011.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) señaló que las acciones que ha adoptado para fiscalizar a jueces y magistrados rebasan al exhorto aprobado hoy por el Congreso de la Unión para que la Secretaría de Hacienda revise el patrimonio de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.
En un comunicado, el CJF manifestó que si bien no está obligado a cumplir con lo exhortado por el Poder Legislativo, está dispuesto a explicar las actividades que lleva a cabo en el combate a la corrupción interna.
"Las acciones adoptadas rebasan, incluso, el contenido del exhorto que aprobó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en la sesión de hoy, con relación a los mecanismos de supervisión de los integrantes del Poder Judicial.
"Cabe destacar que los exhortos de los legisladores no tienen ningún efecto vinculatorio para el Consejo de la Judicatura Federal. Pero pese a ello el Consejo se muestra abierto a explicar las actividades que desarrolla en la materia por ser de interés de la sociedad el que se conozca, de manera transparente, cómo opera la institución en este rubro", dijo la Judicatura.
El Congreso sugirió este miércoles al CJF establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para intercambiar información y verificar la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial.
Sobre este punto, la Judicatura indicó que desde el 19 de enero aprobó el Acuerdo 10/2011, donde establece una serie de medidas para monitorear la situación financiera de jueces, magistrados y ministros, así como para detectar cualquier indicio de enriquecimiento ilícito y cualquier conducta irregular.
"En los lineamientos del acuerdo antes citado se estableció que las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que el CJF les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del PJF", agregó.
Explicó que si el CJF o el contralor interno advierten que un funcionario presenta una presunta responsabilidad administrativa o penal, derivado de documentos e información bancaria, instruirán al área administrativa para que proceda contra ellos.
En el caso de la responsabilidad aseguró que si existen elementos contra un servidor público, la Judicatura dará vista a la PGR por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Función Pública.
"En relación con el punto dos del exhorto en el que se invita a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México, el Consejo de la Judicatura refrenda su compromiso de colaborar y trabajar de manera coordinada con los Poderes de la Unión en el mejoramiento del sistema de impartición de justicia.
"Además de que también reitera que el Poder Judicial de la Federación es el primer interesado en que la sociedad en general, y no sólo los legisladores, conozca el trabajo que se desarrolla en los juzgados y tribunales federales, y las herramientas que ha desarrollado el Consejo de la Judicatura para evaluar su desempeño", concluye.
México, Distrito Federal, a 13 de julio de 2011
Comunicado No. 35
EL CJF IMPLEMENTÓ MEDIDAS RIGUROSAS PARA FISCALIZAR PATRIMONIO DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL
Las acciones puestas en marcha van más allá de las sugerencias emitidas por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los consejeros de la Judicatura reiteran su compromiso de colaborar con los Poderes de la Unión en el mejoramiento del sistema de justicia.
El Consejo de la Judicatura Federal reitera que ha implementado medidas más rigurosas para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación, a fin de dar seguimiento puntual a la situación financiera de todos los servidores públicos que forman parte de la institución, así como de los juzgados y tribunales federales del país, a fin de prevenir y detectar conductas irregulares.
Las acciones adoptadas rebasan, incluso, el contenido del exhorto que aprobó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, en la sesión de hoy, con relación a los mecanismos de supervisión de los integrantes del Poder Judicial.
En dicho exhorto, en el punto número uno, los legisladores le sugieren al Consejo de la Judicatura Federal establecer un convenio de coordinación permanente con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que permita intercambiar información a efecto de verificar con oportunidad la situación patrimonial de los integrantes del Poder Judicial.
Cabe destacar que los exhortos de los legisladores no tienen ningún efecto vinculatorio para el Consejo de la Judicatura Federal. Pero pese a ello el Consejo se muestra abierto a explicar las actividades que desarrolla en la materia por ser de interés de la sociedad el que se conozca, de manera transparente, cómo opera la institución en este rubro.
Es por ello que se precisa que a través del Acuerdo General 10/2011, aprobado por el Pleno del CJF desde el 19 de enero de 2011, se establecieron una serie de medidas con base en las cuales se busca prevenir, detectar y denunciar a tiempo conductas irregulares de funcionarios del Poder Judicial de la Federación.
La finalidad de estas acciones es garantizar que los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación cuenten con una situación financiera que corresponda al nivel de sus ingresos; además de detectar cualquier evidencia o indicio de un enriquecimiento ilícito o de ingresos cuyo origen no puedan comprobar.
El nuevo acuerdo permite la revisión del patrimonio del funcionario de menor rango hasta el de los propios consejeros de la Judicatura y del ministro presidente del Consejo de la Judicatura Federal y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Consejo de la Judicatura considera que la información bancaria constituye un indicador objetivo, certero y seguro de la actuación de los servidores públicos y un medio de verificación para preservar el desempeño honesto de los magistrados, jueces, y del personal en general adscrito a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio Consejo.
En los lineamientos del acuerdo antes citado se estableció que las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que el Consejo de la Judicatura Federal les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación.
Cuando de los datos, documentación e información bancaria proporcionada en relación con algún servidor público, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal o el Contralor adviertan la existencia de una probable causa de responsabilidad administrativa o de tipo penal, instruirán al área administrativa que corresponda, para que proceda en el ámbito de su competencia.
En su caso, el Pleno del Consejo ordenará dar vista al Ministerio Público de la Federación, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, así como para que se informe a la autoridad fiscal, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Secretaría de la Función Pública, según corresponda.
En relación con el punto dos del exhorto en el que se invita a llevar a cabo con el Congreso de la Unión un diagnóstico de la justicia en México, el Consejo de la Judicatura refrenda su compromiso de colaborar y trabajar de manera coordinada con los Poderes de la Unión en el mejoramiento del sistema de impartición de justicia.
Además de que también reitera que el Poder Judicial de la Federación es el primer interesado en que la sociedad en general, y no sólo los legisladores, conozca el trabajo que se desarrolla en los juzgados y tribunales federales, y las herramientas que ha desarrollado el Consejo de la Judicatura para evaluar su desempeño.
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