Veracruz, zona de terror

Veracruz, zona de terror

Jorge Carrasco Arraizaga y Regina Martínez, reporteros

Proceso # 1821, 25 de septiembre de 2011

Rota la tranquilidad en territorio veracruzano por los reacomodos de los cárteles de la droga –no obstante la presencia masiva de elementos de la Marina en todo el estado-, la violencia se ha recrudecido en el último año, lo que convierte a Veracruz en la entidad más inestable por las balaceras y las constantes ejecuciones, sobre todo de zetas, quienes dominaron el entorno en la administración de Fidel Herrera. Hoy el cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció su llegada, es el que comienza a tomar posición. A ellos se les atribuye el medio centenar de violentas ejecuciones de la semana pasada en Boca del Río y el puerto jarocho.

XALAPA, VER.- La búsqueda de nuevos liderazgos entre la delincuencia organizada ha hecho de 2011 –el de la llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno estatal– uno de los peores años en la historia del estado de Veracruz, donde suman cientos los muertos y desaparecidos y el temor crece entre la población por las balaceras indiscriminadas en los principales centros urbanos y aun en esta capital.

La tortura y ejecución de 35 personas cuyos cuerpos fueron arrojados la tarde del martes 20 al pie del Monumento a los Voladores de Papantla y frente a una de las principales áreas comerciales de Boca del Río –la zona conurbada del puerto de Veracruz– constituye el hecho más sangriento de la violencia que escaló alarmantemente desde el anterior gobierno, el de Fidel Herrera Beltrán.

A pesar de la conmoción causada por esa demostración de fuerza y del despliegue de un millar de efectivos del Ejército, la Marina y la policía estatal para proteger el Decimoprimer Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores y Procuradores Generales de Justicia el jueves 22 y viernes 23 en el hotel Fiesta Americana de Boca del Río, el día 22 aparecieron 14 cadáveres más en distintos puntos de esta ciudad y en barrios del puerto jarocho.

La tarde del martes 20, apenas tres horas después de que fueron tirados los primeros 35 cuerpos en Boca del Río, el procurador estatal, Reynaldo Escobar Pérez, declaró que varios de ellos eran miembros de la delincuencia organizada recién evadidos de tres penales locales.

Testigo de la penetración del narco en el estado desde los cargos públicos que ha ocupado durante una década, Escobar dijo haber echado mano de Plataforma México –la base de datos del gobierno federal sobre la actividad delictiva en el país– para determinar que entre las víctimas había delincuentes dedicados al secuestro, extorsión, homicidio, narcomenudeo y otros ilícitos.

Con ello dio por válidos los mensajes inscritos en las mantas dejadas junto con los cadáveres y el “comunicado de prensa” enviado en forma anónima a las redacciones de los medios locales, que sólo publicó el periódico porteño Notiver, especializado en nota roja.

Aunque ninguna organización reivindicó la autoría, los escritos indicaban que los asesinados pertenecían a Los Zetas, el cártel que durante el gobierno de Herrera comenzó a tener el control delictivo en el estado a través de la organización conocida como La Compañía.

Según esa versión, el propósito es “sacar a Los Zetas” de territorio veracruzano, por lo que las autoridades temen más ejecuciones entre sicarios, colaboradores y aun agentes ministeriales y policías municipales y estatales.

Las primeras informaciones extraoficiales adjudicaron los crímenes a los matazetas, al cártel Jalisco Nueva Generación, que el pasado 27 de julio anunció, en el portal de internet YouTube, su “llegada” a la entidad, luego de que, según el procurador, Los Zetas asesinaron en el puerto jarocho a los periodistas de Notiver Miguel Ángel López Velasco (en julio) y Yolanda Ordaz de la Cruz (en agosto).

El grupo, que en el video mostró a una treintena de paramilitares, es una escisión del cártel de Sinaloa y mantiene una disputa con La Resistencia, organización escindida de La Familia Michoacana y que durante la administración de Herrera se asentó en el sur de Veracruz.

Hoy, ante cada hecho relevante de violencia, el gobierno de Duarte suele enviar mensajes antizetas desde su cuenta de Twitter para asegurar que “en Veracruz no hay cabida para la delincuencia”; incluso elude hablar de los reacomodos de Los Zetas provocados por el surgimiento de nuevos liderazgos de la propia organización en el estado, todo ello pese a que el cártel domina las actividades de delincuencia organizada en territorio veracruzano.

Los reacomodos

Durante el gobierno anterior La Compañía se organizó en la entidad como “consejo de gobierno” o “triunvirato”. Lo integraban Antonio Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta; Jorge Eduardo Costilla Sánchez, El Coss o el Doble X, y Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca o El Licenciado, según una investigación judicial abierta en Estados Unidos en noviembre de 2007, a la mitad del gobierno de Herrera Beltrán.

De acuerdo con la DEA (la agencia antidrogas de Estados Unidos), La Compañía operó en todos los estados mexicanos que lindan con el Golfo entre 2006 y 2008 para traficar droga a Estados Unidos. En Veracruz se pudo establecer gracias al apoyo y control de autoridades municipales y estatales (Proceso 1736).

La Compañía fue integrada por los jefes del cártel del Golfo y su entonces brazo armado, Los Zetas, que estaba formado por desertores del Ejército. Pero tras su separación, a finales de 2008, la organización de exmilitares comenzó a dominar Veracruz, aun cuando había presencia de células del cártel del Golfo.

Varios de los integrantes de La Compañía ya han sido detenidos. Uno de ellos, Aurelio Cano Flores, incluso fue entregado el mes pasado en extradición a Estados Unidos, donde es juzgado en la corte federal para el distrito de Columbia por tráfico de cocaína y mariguana, junto con otros 18 miembros de esa organización.

La crisis de inseguridad se desató desde marzo de 2007, con una balacera en una carrera de caballos en el rancho Villarín, propiedad de Marciano Nayen Arrioja, en la congregación Santa Fe, municipio de Veracruz. Nayen se dedica a la actividad hotelera y restaurantera precisamente en Boca del Río.

La prensa local informó que el objetivo había sido Efraín Teodoro Torres, Z-14, aunque refirió también la presencia no confirmada de Tony Tormenta en la carrera donde se cruzaban apuestas millonarias. La violencia no se detiene desde entonces.

El Informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública de 2009, dado a conocer en febrero de este año, detalla que la incidencia delictiva en Veracruz se incrementó 39.1% entre 2008 y 2009, al pasar de 4 mil 400 delitos por cada 100 mil habitantes a 6 mil 120.

Al realizar una auditoría de desempeño de la Policía Federal (PF), la Auditoría Superior de la Federación encontró que esas cifras colocaron a la entidad entre una de las más violentas en las que esa fuerza federal coordinó operativos conjuntos.

El control inicial de La Compañía y el posterior dominio de Los Zetas se trastocó con el cambio de gobierno. La llegada de Duarte, el 1 de diciembre pasado, agudizó la crisis de inseguridad. A finales de la administración de Herrera Beltrán la violencia se concentraba en los municipios del norte de la entidad, limítrofes con Tamaulipas, como Pánuco y Poza Rica. A inicios de 2011 el crimen organizado avanzó hacia plazas de mayor importancia, como la zona conurbada Veracruz-Boca del Río y la propia capital estatal.

Psicosis

El primer año de gobierno de Duarte ya quedó marcado como el más violento en el estado. Tan sólo en agosto y septiembre se registraron más de 200 muertos en trifulcas protagonizadas por sicarios y entre éstos y fuerzas federales, principalmente en zonas urbanas y a cualquier hora del día. Las balaceras han provocado psicosis entre la población. Cifras conservadoras mencionan que han caído 300 personas en esos encuentros.

A diferencia de su antecesor, Duarte se plegó a la estrategia del gobierno de Felipe Calderón “contra el narcotráfico” y permitió que la Infantería de Marina sustituyera al Ejército en los principales operativos.

La confrontación política entre Herrera y Calderón limitó la presencia del gobierno federal en Veracruz en la política contra la delincuencia organizada entre 2007 y 2010, si bien Herrera dejó que la Secretaría de la Defensa designara a los secretarios de Seguridad Pública y entregó a la Marina el control del C-4 (Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando).

Durante la gestión de Herrera los operativos del Ejército se concentraron en zonas rurales, mientras que la PF sólo participó en acciones conjuntas, sin que éstas tuvieran mayor incidencia en los ataques a la delincuencia organizada.

Desbordado por la violencia, desde el inicio de su gestión, Duarte prácticamente dejó la seguridad del estado en manos de las Fuerzas Armadas, en especial de la Marina, aunque el Ejército sigue participando en operativos tanto en zonas urbanas como rurales.

Apenas se dio el cambio de gobierno, el jefe de la Armada, el almirante Francisco Saynez Mendoza, oriundo de la entidad, acudió el 19 de enero de este año a la Heroica Escuela Naval Militar, en Antón Lizardo, para advertir: “Veracruz es mi tierra, se va a limpiar”.

La Marina hizo entonces del puerto de Veracruz su principal centro de operaciones contra el narcotráfico, con más de 2 mil efectivos de Infantería y Fuerzas Especiales, desplegadas al inicio de agosto pasado, según reveló el diario La Jornada el 23 de ese mes.

El objetivo militar son Los Zetas, por lo que la fuerza naval especializada en operaciones continentales se envió directamente al propio puerto y a Xalapa, pues según la explicación oficial los integrantes de ese cártel se trasladaron de Tamaulipas hacia el sur en abril pasado, como reacción a los operativos militares en ese estado tras el descubrimiento de las fosas clandestinas en el municipio de San Fernando.

El despliegue ha incrementado los enfrentamientos en la entidad y ha tenido severos costos en ambos bandos. La Marina ha sufrido el secuestro, tortura y desaparición de algunos de sus miembros, lo que ha obligado a los marinos a cambiar de rutinas cuando están francos, lo mismo que las actividades de sus familiares. Los mandos les han sugerido incluso que modifiquen su apariencia y modo de caminar.

La Marina ha presentado a varios zetas como supuestos responsables de los agravios sufridos. Además, apenas el 9 de septiembre pasado, en una demostración de que ha trasladado su principal centro de operaciones al puerto, allí anunció el desmantelamiento de una red de “comunicación táctica” de Los Zetas en el estado.

Informó también que en operativos realizados entre el 10 de agosto y el 4 de septiembre aseguró antenas, radios y unidades de telecomunicaciones en Poza Rica, Cofre de Perote, Naranjos, Tepetzintla, Veracruz, Orizaba, Tantoyuca y Xalapa. Además, dio cuenta de la detención de 80 personas, de las cuales 30% son mujeres.

Según el vocero de la Secretaría de Marina, el contralmirante José Luis Vergara, el cártel de origen castrense controlaba la información sobre los operativos de las Fuerzas Armadas, los puestos de control vehicular y la llegada de convoyes de organizaciones enemigas.

Las demostraciones de la semana pasada, avaladas por el gobierno de Duarte como acciones antizetas, coinciden con los operativos del gobierno federal contra la organización delictiva que dirige El Lazca, pero también demuestran la facilidad con la que operan los grupos delictivos que junto con las acciones militares han aterrorizado al estado.

Cuota roja

Los 35 cadáveres fueron arrojados el martes 20 a plena luz del día sobre el bulevar Adolfo Ruiz Cortines en Boca del Río, abajo del paso a desnivel Los Voladores de Papantla, frente al centro comercial Plaza Américas, una de las zonas comerciales más importantes de esa conurbación.

Pese a que se trataba de una hora hábil, las autoridades no se percataron cuando al lugar llegaron dos camiones de redilas para arrojar sobre el pavimento los cadáveres de hombres y mujeres semidesnudos, maniatados y con huellas de tortura.

Ante el cerco informativo impuesto por el gobierno y los propios grupos delictivos, la noticia empezó a difundirse de inmediato en las redes sociales, perseguidas penalmente por las propias autoridades estatales. El hecho pronto se volvió noticia internacional y el procurador quiso salir al paso, pero a tropezones. Pronto resolvió que se trataba de delincuentes.

Dos horas después de que se conociera lo que hasta ahora ha sido la principal ostentación de la violencia en el estado, el procurador Reynaldo Escobar Pérez, quien en el gobierno de Herrera fue secretario general de Gobierno –cargo al que llegó luego de pasar por la presidencia municipal de Xalapa–, ya había abierto la averiguación previa 843/2011.

El hecho ocurrió un día después de la fuga simultánea de 32 reos de los penales Duport Ostión en Coatzacoalcos, La Toma en Amatlán de los Reyes y el de Cosamaloapan, que provocó la renuncia del director general de Prevención y Readaptación Social, Víctor Hernández, y la detención de seis directivos de esos reclusorios.

En su edición del miércoles 21, Notiver difundió un mensaje que, asegura, fue colocado junto a los cadáveres y donde se habla de 50 ejecutados y no de 35, como sostienen el procurador y el gobernador. La cifra, sin embargo, llegó el jueves 22 por la noche a 49, con los 14 cuerpos encontrados ese día en distintos puntos de la zona conurbada del puerto y en la capital estatal, en condiciones similares a las primeras víctimas.

Según el rotativo, el comunicado fue enviado a todas las redacciones de periódicos, televisoras y estaciones de radio del estado. Sin embargo, sólo fue publicado en Notiver, cuyos directivos no explicaron cómo llegó a su redacción, aunque aseguran que el mensaje “lo vieron muchas personas que pasaban caminando y otras que iban en sus vehículos”.

El contenido dice: “Este día 20 de septiembre, aproximadamente a la 5 PM, aparecieron cincuenta cadáveres de hombres y mujeres ejecutados, pertenecientes a integrantes del cartel de Los ZETAZ (sic), tirados en el bulevar Ruiz Cortines, abajo del puente de Los Voladores de Papantla, frente a la Plaza Américas, todos con huellas de tortura.

“Estaban amarrados de manos y pies con cinchos, tenían pintadas unas Zetas en la espalda y con la leyenda ‘Por Z’, unos cuerpos estaban tirados en el suelo y tapaban la circulación de los autos que circulaban de Mocambo a Veracruz y otros estaban dentro de las redilas de dos camionetas Nissan.

“Fueron dejados con dos mantas con mensajes que alcanzaban a leerse: ‘No más extorsiones, no más muertes de gente inocente. Fuera ZETAZ (sic) del estado de Veracruz, aun faltan más ministerios públicos. Comandante Marcelo Castillo Torres. Zetas así acabaron o como los que hemos matado’.”

Al final, hacen un llamado: “Al pueblo veracruzano, no se dejen extorsionar, no paguen más cuotas, si lo hace es porque quieren”.

La violencia se ha incrementado en casi todo el territorio veracruzano. Incluso se han registrado sucesos jamás vistos en la entidad, como la explosión de bombas en lugares públicos como los ocurridos en el puerto de Tuxpan, donde la mañana del 2 de agosto un comando lanzó un artefacto que explotó en la plaza cívica, muy cerca del Palacio Municipal, dejando a tres personas heridas.

Otro hecho que causó estupor e indignación, el mayor atentado perpetrado hasta ahora contra la sociedad veracruzana, fue la explosión de un artefacto lanzado por desconocidos en el bulevar Manuel Ávila Camacho del puerto de Veracruz, cerca del Acuario, donde murió una persona y tres resultaron gravemente heridas, entre ellas dos menores de edad de una familia del Estado de México que se encontraba de vacaciones.

Al comienzo del gobierno de Duarte, el 15 de enero pasado, la sociedad jalapeña se escandalizó por una balacera en la colonia Lomas de Casa Blanca, una de las más populares de la zona, entre tropas del Ejército y un supuesto grupo criminal. El enfrentamiento duró más de 12 horas y dejó 14 muertos, entre ellos dos militares. “No hubo víctimas de civiles”, según el reporte oficial.

Después de la balacera los familiares de las víctimas reclamaron los cuerpos de Lorenzo García, ingeniero en sistemas de 44 años, y de Miguel Ángel Sánchez Torres, un empleado de seguridad. Ambos eran originarios de Nuevo León y habían sido reportados como desaparecidos.

Sus deudos aseguraron que no eran delincuentes sino víctimas del grupo criminal que se enfrentó con las fuerzas federales, ya que los habían secuestrado cuando llegaron a esta ciudad el 10 de enero en misión de trabajo, para luego exigir un rescate. Sin embargo, “nos los entregaron muertos”, acusó la esposa de una de las víctimas.

Hoy la tranquilidad que caracterizaba a esta ciudad, famosa por su actividad cultural y artística, ha sido rota por las constantes balaceras, enfrentamientos y presencia de las fuerzas castrenses. Hoy, es cotidiano ver a efectivos encapuchados y fuertemente armados rondando las calles de esta capital en unidades artilladas