Hacia una ley de atención a víctimas de la violencia.

Y las víctimas siguen sin ley

Marcela Turati, reportera

Revista Proceso, 1826,  30 de octubre de 2011-

Ni la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito –creada al vapor por el gobierno calderonista– ni la falta de discusión abierta sobre la violencia que ha provocado más de 50 mil muertos, 120 mil desplazados, 50 mil huérfanos y 10 mil desaparecidos arredran a las organizaciones sociales; tampoco a los partidos políticos que pugnan por que en la LXII Legislatura se discutan y aprueben las iniciativas para la creación de una ley sobre el rubro. Su temor, dicen, es que el proceso electoral empantane los debates o que se apruebe una ley exprés.

Partidos políticos, expertos, académicos y el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad afinan sus proyectos para entregarlos el próximo mes ante el Congreso a fin de que los legisladores tengan elementos para discutir y aprobar en los próximos meses una ley de atención a víctimas de la violencia que se vive en México.

Es el miedo el que los impulsa en esta carrera: temen que el sexenio calderonista, que ha fabricado decenas de miles de víctimas, termine sin una ley que defienda a los agraviados, una norma que especifique quiénes son y a qué tienen derecho. La ciudadanía también tiene derecho a saber quién debe atenderlos y cómo debe hacerlo.

Se afanan para que sus propuestas, así como las que presentaron hace varios meses los tres principales partidos –PRI, PAN y PRD– se incluyan en las discusiones legislativas en las próximas semanas y el calendario electoral de 2012 no las empantane.

Hasta ahora por lo menos son seis los proyectos: la propuesta ciudadana, que elaboran de manera conjunta la UNAM y el Movimiento por la Paz; el PAN y el PRI impulsan cada cual dos iniciativas, mientras que el PRD enarbola una.

Además, personal del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y expertos independientes contratados ex profeso elaboran otro documento que, de obtener el consenso de los participantes, sería presentado por la Procuraduría General de la República o la Presidencia de la República la segunda semana de noviembre.

Cada propuesta tiene sello propio y parte de un diagnóstico diferente: algunas se derivan de los testimonios de las víctimas y de escuchar a quienes las atienden; otras, de revisar leyes de otros países o de diagnósticos nacionales sobre los impactos de la violencia. Cada una, también, pone énfasis en delitos específicos.

Entrevistados por Proceso, varios de los participantes en la elaboración de los documentos difieren en algunos puntos sustantivos, como el de quién se encargará de atender a las víctimas:

Algunos sugieren dar más atribuciones al trabajo de la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas de Delitos (Províctima) –creada sorpresivamente por decreto de Felipe Calderón, tal como lo publicó el Diario Oficial de la Federación el 6 de septiembre último–, otras piden dar nuevas atribuciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o bien abrir una ventanilla que canalice las quejas ciudadanas de quienes han sido objeto de actos delictivos o violaciones a sus garantías individuales.

Y aun cuando organizaciones y familiares de víctimas del secuestro, como Isabel Miranda de Wallace, llevan años exigiendo leyes que protejan a quienes han padecido la delincuencia, no fue sino a partir de la irrupción del Movimiento por la Paz que encabeza Javier Sicilia cuando comenzaron a ser escuchados.

 Ebullición social

 Las propuestas son muestra del nivel de la indignación de amplios sectores sociales que sufren los embates derivados de la estrategia calderonista de combate a la delincuencia y de las sangrientas disputas territoriales de los cárteles de la droga.

Una de ellas, la del Movimiento por la Paz y la UNAM, viene cocinándose desde agosto. La abogada Paulina Vega, experta en derechos humanos y coordinadora de los trabajos, sostiene que el documento retoma iniciativas de la sociedad civil, aportaciones de expertos en atención a menores, mujeres, pueblos indígenas, así como testimonios de víctimas del secuestro y defensores de derechos humanos que han participado en los encuentros convocados por el movimiento.

“Este esfuerzo se traduce en tener una iniciativa ciudadana con la visión del movimiento y de la UNAM de cómo deben coordinarse las dependencias para dar la atención integral a todas las víctimas, aunque no participen en el proceso penal.

“En este proceso nos enfrentamos a la creación de Províctima, esta maquinaria amorfa, poco clara, que ha ocasionado suspicacia y temor entre la ciudadanía; aun así pretendemos fortalecerla”, explica la consultora independiente.

Vega confía en que los tiempos legislativos, aun con la discusión del presupuesto y la competencia electoral de 2012, permitan una discusión razonada para impulsar una ley de atención a víctimas de la violencia, aunque lamenta que el tema tenga que abordarse a marchas forzadas.

“Lo ideal hubiera sido realizar una consulta nacional para saber qué piensan las víctimas del sur, del norte y del centro. Habíamos planteado un proceso de consulta de más largo plazo y más incluyente, y que mientras se creara un fondo para atender las emergencias, como los huérfanos o los familiares de desaparecidos o levantados, pero no fue posible.

“El Ejecutivo unilateralmente creó la Procuraduría Social y con esa desventaja estamos sujetos a calendarios de la agenda legislativa y esperando que los partidos y el Congreso se abran al diálogo”, señala.

Sobre las iniciativas presentadas por diputados del PAN y del PRI, la abogada las considera limitadas, con fuerte carga hacia las víctimas de la delincuencia organizada y no a las que fueron agredidas por funcionarios, por lo que no obligan a la federación y a los gobiernos estatales a atender a las personas.

“Veremos si la cantidad de iniciativas realmente es una muestra de voluntad política”, comenta Vega.

Por parte del PRD, el senador Tomás Torres explica que para la redacción de su propuesta el partido consultó a expertos y a organizaciones que trabajan con víctimas, incluido el Movimiento por la Paz. En los encuentros, coordinados por la diputada Teresa Incháustegui, se planteó que el Estado debe asumir la responsabilidad de los “daños colaterales” de la guerra contra la delincuencia organizada que emprendió.

El senador insiste en que se requiere una ley que faculte a una instancia autónoma que se encargue del registro de los daños causados. Comenta que sus compañeros aún discuten si la CNDH debe encargarse de ese aspecto, así como de establecer los mecanismos para que el Estado repare a las víctimas de una manera directa, no subsidiaria.

“El Estado mexicano tiene el deber superior como depositario de la paz, de la seguridad, de la vida, de salvaguardarla. En eso se funda la acción de responsabilidad política y patrimonial del Estado mexicano que no ha cuidado ni garantizado el entorno y la tranquilidad, lo que le da sentido a su existencia”, señala Torres.

La propuesta perredista incluye garantías para los desplazados por la violencia; el propósito es que puedan regresar a sus hogares o establecerse en otros si su vida corre riesgo.

“Tenemos dos semanas como máximo para darle viabilidad legislativa, el proceso de debate va disminuyendo; así como la llama y el interés. Esa es la realidad. El año que entra será muy complejo, por la disputa político-electoral”, admite el senador perredista.

Por parte del gobierno federal, el Inacipe contrató a un grupo de expertos para, junto con sus analistas, elaborar una propuesta de ley general de protección a víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, para presentarla a académicos y a los medios. El propósito: generar una discusión.

La abogada Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia, asegura que la propuesta se basa en tres ejes: reconocer los derechos de las víctimas para que sean exigibles; aclarar los mecanismos y las rutas para que puedan ser efectivos, y coordinar los servicios existentes para que los afectados no tengan que tocar muchas puertas ni sean revictimizados.

Juan Carlos Gutiérrez, presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien también fue invitado por el Inacipe, comenta: “En cuanto se presente el documento, lo ideal sería poner sobre la mesa las diferentes perspectivas de las leyes y abrir un grupo de consulta con la sociedad, organizaciones de derechos humanos que trabajan con víctimas, académicos y los propios partidos políticos, para tomar acuerdos conjuntos sobre cuál sería la ideal”.

 Las iniciativas panistas

 El PAN tiene dos propuestas para atender lo que Calderón ha llamado “las víctimas colaterales de su guerra”. La primera de ellas, presentada el 12 de abril de 2010 por los senadores Felipe González, Jaime Rafael Díaz Ochoa y Ramón Galindo, considera que se “debe transformar el sistema de ataque directo al crimen a través de la fuerza del Estado, para que esté acompañada de la reconstrucción del tejido social y que tome en cuenta la desigualdad que hay en nuestra sociedad”.

“Lo que buscamos es unirnos al compromiso del presidente para enfrentar a los problemas del país”, explica González al tiempo que señala que su análisis parte de que las leyes mexicanas se inclinan más a la forma en que debe tratarse al delincuente e ignoran a la víctima.

El legislador aclara que su propuesta incluye la atención a quienes sufrieron violaciones a sus derechos humanos por funcionarios públicos, aunque no entra en detalles.

“Pedimos un comité técnico que se encargue de determinar las medidas para atender a las víctimas; que maneje un fondo de apoyo a través de un fideicomiso en el que el gobierno federal aporte parte del dinero… Las víctimas pagan impuestos y, si son atacados por la delincuencia, tenemos que buscar cómo rehacerles la vida.

“Y en caso de que la pierdan, evitar que se dé por cerrado el caso, a sus herederos deberá ayudárseles para resarcir el daño. Y en caso de los secuestros, si se logra rescatar el dinero, que se le regrese de inmediato a los afectados, que no lo guarden las autoridades”, expone.

Para elaborar el documento, dice, se revisaron leyes “que nos llevan muchísimos años de avance”, como la de Nueva Zelanda (1963), Budapest (1974), la del Consejo de Europa sobre Compensaciones (1977), Estrasburgo (1983), Naciones Unidas (1985), España (1995) y Puerto Rico (1998).

“Desde el año pasado la tienen (en el Congreso), no la han querido discutir. Actualmente está en las comisiones de Gobernación y de Justicia; dicen que siempre hay una urgencia anterior; que le pregunten a las víctimas para que vean qué es lo más urgente”, se queja el panista.

La otra iniciativa panista, impulsada por José Luis Ovando, presidente de la Comisión de Seguridad, y su correligionario Bonifacio Herrera, quien fue supervisor externo de los Centros de Atención a Víctimas de la PGR, plantea los qués y cómos:

De acuerdo con Herrera “se modificarían la Ley Orgánica de la procuraduría y la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes decomisados puedan constituir un fondo y asegurarle a las víctimas el resarcimiento del daño, porque lo que se ha llamado ‘daños colaterales’ –cuando se da una persecución a un grupo delictivo por parte de las autoridades y un civil sale dañado en su persona o en sus bienes– no hay cómo repararlos.

“¿A quién reclamo si chocaron mi auto, balacearon mi casa o me hirieron?”, se pregunta el legislador de Durango. “Que de ese fondo se le resarzan (los daños a los afectados)”.

Señala que el objetivo último es garantizar a las víctimas del secuestro que se les reintegren sus bienes cuando el delincuente sea atrapado: “Las consideraciones para atender a las víctimas están en la Constitución y en convenios internacionales desde hace varios años. En la medida en que el problema del combate a la delincuencia se incrementó, también se incrementaron las víctimas; hoy atender este sector es prioritario, por eso el interés (en presentar la iniciativa)”.

Por parte del PRI, el diputado Humberto Benítez Treviño presentó una propuesta el 4 de febrero de 2010, que aún espera su turno en las comisiones de Justicia, Derechos Humanos y Seguridad Pública.

La diputada priista Yolanda de la Torre Valdez, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables en la LXII Legislatura federal, prepara otra iniciativa sobre el tema.

Ésta obligaría al Estado a crear una Comisión Especial de Atención a Víctimas del sexenio para que lleve un registro de quiénes y cuántos son los afectados y dónde están, y que tendría que indemnizar, reparar y reubicar a las “víctimas colaterales” de la violencia.

“El Estado debe reparar los daños porque a causa de su estrategia las personas han sido víctimas del crimen organizado. Tiene una responsabilidad patrimonial hacia todos los ‘daños colaterales’, especialmente las familias de civiles y uniformados”, explica la diputada.