Veracruz Seguro marcha lento

Veracruz Seguro marcha lento

Patricia Dávila

Revista Proceso # 1825, 23 de octubre de 2011;

VERACRUZ, VER.- Las metas del programa Veracruz Seguro –puesto en marcha el pasado 5 de octubre– difícilmente se concretarán en el corto o mediano plazo: la capacitación de las policías estatales se está dando a marchas forzadas mientras la violencia criminal no cesa en la entidad y las autoridades todavía no terminan de ponerse de acuerdo sobre el supuesto mando único que coordinará el combate a la delincuencia organizada.

El plan fue presentado como un instrumento para profundizar “la coordinación” entre los tres niveles de gobierno para “afrontar juntos” y en corresponsabilidad la lucha contra el crimen organizado, dijo la vocera de la Presidencia, Alejandra Sota, el 4 de octubre en la Ciudad de México.

Ese día los secretarios de Gobernación, de la Defensa Nacional, de Marina, de Seguridad Pública federal, la procuradora general de la República y el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, anunciaron la firma de este plan.

Entre los acuerdos, los gobiernos federal y estatal decidieron iniciar el programa de evaluación y depuración de las policías locales, “ya que actualmente Veracruz cuenta con 21 mil 35 policías estatales, ministeriales y municipales, de los que sólo 2 mil 235 han sido sometidos a evaluación de control de confianza”, señaló el secretario de Gobernación, Francisco Blake.

Abundó en la necesidad de actuar con mayor sentido de “urgencia” en las evaluaciones de control de confianza, “para que se cuente con autoridades más confiables” e iniciar un proceso de reclutamiento para incrementar la fuerza local en Veracruz y Boca del Río, principalmente, “e integrar una policía estatal acreditable”.

La federación se comprometió a destinar más presupuesto, pero Blake pidió que “Veracruz presente un avance cualitativo y cuantitativo en sus corporaciones policiacas e instituciones de seguridad y procuración de justicia, incrementando los niveles de certificación de sus policías”.

Ese mismo día, la Marina dio a conocer la recaptura de nueve de los 35 reos fugados el 19 de septiembre de tres penales de la entidad y la desarticulación de “una importante red de corrupción” de uniformados municipales que prestaban servicios de protección y vigilancia a Los Zetas.

La Armada detalló que en un operativo efectuado días antes había detenido a 18 policías de diferentes municipios de Veracruz presuntamente vinculados con Los Zetas; los uniformados recibían de 2 mil a 10 mil pesos mensuales, según su rango y las funciones que cumplían.

Uno de los detenidos fue Víctor Osorio Santacruz, segundo comandante de la Policía Municipal en Ciudad Mendoza, que además vigilaba los movimientos de las fuerzas federales en las vialidades próximas a la región y era enlace entre varias corporaciones policiacas municipales y los sicarios.

Reprobados

Las policías de Veracruz están en los últimos lugares en materia de confiabilidad. De acuerdo con el reporte de septiembre del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de los 21 mil 35 policías estatales, ministeriales y municipales, sólo 2 mil 234 han sido sometidos a evaluación de control de confianza.

Esto es que menos de 10% han sido capacitados y certificados para el desempeño de sus funciones, explicó el presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, el panista Francisco Lara Arano, quien cuestionó la “enorme” lentitud con la que avanza la acreditación de los centros de evaluación y control de confianza en la entidad.

Con base en los mismos datos, el panista explicó que al corte del mes de septiembre se reportó que sólo 4.85% de los 534 mandos medios y superiores estatales y municipales habían sido evaluados.

Consideró importante verificar el cumplimiento de obligaciones de las autoridades municipales y estatales en la adopción del Sistema Integral de Desarrollo Policial, que prevé un esquema de homologación salarial, ya que hay policías municipales cuyos agentes ganan menos de 5 mil pesos mensuales.

En México, refirió, un policía estatal percibe en promedio 9 mil 250 pesos mensuales, aunque hay puntos extremos: un agente en Aguascalientes gana 18 mil 173 pesos, y en Tamaulipas, 3 mil 618 pesos. Los contrastes se reflejan también en el ámbito municipal, pues mientras en Tijuana un uniformado percibe 14 mil 949 pesos, en Tizimín, Yucatán, sólo gana 4 mil 603.

Presencia de la Marina

A raíz de que el titular de la Secretaría de Marina, Francisco Saynez Mendoza, se reunió con el gobernador Duarte para evaluar el programa Veracruz Seguro, la Secretaría de Seguridad Pública estatal empezó a difundir sus proyectos de capacitación y evaluación.

El 17 de octubre, Saynez estuvo en el puerto de Veracruz junto con el gobernador Duarte para tratar asuntos relacionados con la operación del plan, “orientado a desarticular a las organizaciones criminales, sus redes de logística, operativas y financieras”, subrayó la dependencia en un comunicado.

En esa reunión, en la que estuvieron autoridades de los tres niveles de gobierno, detalló la Marina en su comunicado dos semanas después de haber iniciado el programa, “se trataron proyectos necesarios para mejorar la cooperación” entre la Semar y las diversas dependencias que participan en el acuerdo.

Saynez resaltó el desmantelamiento de la infraestructura de comunicaciones de Los Zetas en diversos municipios veracruzanos. Esto, dijo, “conllevó a la pérdida de la línea de mando y conducción táctica” de los criminales. También subrayó la captura de ocho presuntos miembros del cártel de Jalisco Nueva Generación, los llamados Matazetas, quienes presumiblemente están vinculados con la muerte de 67 personas en el puerto de Veracruz.

Un día después, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Arturo Bermúdez Zurita, declaró ante los medios que se estaban reforzando los procesos de control y confianza “para depurar” a sus corporaciones y renovar a sus integrantes.

Aseguró que “existen 379 nuevos policías, 425 aspirantes ingresaron a la Academia de Policía para su adiestramiento y otros 500 están en proceso de reclutamiento”, además de que “980 elementos fueron dados de baja porque no aprobaron las evaluaciones”.

No aclaró que en esta cifra están los más de 800 despedidos luego de que el gobernador Duarte decreto la extinción de la Policía Intermunicipal Xalapa-Banderilla-Tlalnehuayocan, el 25 de mayo pasado.

“Se trabaja para lograr cumplir con el programa de evaluación que plantea el gobierno federal”; sin embargo, “esta situación se complica ante el número de efectivos”, ya que son más de 21 mil elementos estatales, municipales, ministeriales y auxiliares, agregó.

Sobre la participación del estado en el programa Veracruz Seguro, aclaró que no es una operación conjunta, sino coordinada, “en la que cada quien realiza una función específica, en donde todos tienen el mando de su corporación, no se pierde el mando y estamos sumando factores y ejes de seguridad para mantener un estado protegido y seguro”.

Entre otras cosas adelantó que el gobierno estatal busca un incremento presupuestal de 12% y14% en el área de seguridad, ya que este año se destinaron 300 millones de pesos, y hay otros 23 millones de 2010 “que no se ejercieron pero ya se encuentran comprometidos”.

Lo cierto es que casi tres semanas después de la firma del convenio la Secretaría de Marina y el gobierno veracruzano emitieron por primera vez un comunicado conjunto para informar sobre la detención de dos presuntos zetas relacionados con la desaparición de tres marinos.

Los presuntos delincuentes detenidos son Raúl Rodríguez Moctezuma, El Rulo, presunto jefe de plaza en Cardel, y Luis García Aguilera, La Gringa o La Güera, presuntamente jefe de célula de la zona limítrofe entre Veracruz y Puebla.

Según el comunicado 336 de la Semar, del 20 de octubre, Rodríguez Moctezuma está relacionado con la desaparición de tres oficiales de la Marina en agosto pasado y es probable responsable de secuestro, mientras que García Aguilera estaba al mando del grupo de sicarios que operaba en la zona de Maltrata, además de estar involucrado en delitos de homicidio y violación.

Con todo y operativo, el jueves 20 un grupo armado asesinó a 11 personas, presuntos parientes del alcalde de Paso de Ovejas, Adolfo Jesús Ramírez Arana.