Más control a jueces y magistrados.
El viernes 4 de noviembre el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) firmó un convenio de colaboración con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a través del cual se estableció un procedimiento eficiente para la petición y entrega de información y documentación relacionada con las cuentas bancarias, contratos de inversiones y operaciones financieras de los más de 1100 jueces de Distrito y magistrados de Circuito, en su carácter de clientes y usuarios de las instituciones de crédito.
La medida, que también abarca a los casi 30 mil servidores públicos adscritos a órganos jurisdiccionales y administrativos del propio CJF tiene la finalidad de que la CNBV agilice el proceso de atención de los requerimientos de información que se le hagan en este rubro, con pleno respeto al secreto bancario.
En el convenio, dice un comunicado (No. 54 del CJF) se establecieron los requisitos y formalidades que tiene que cubrir el Consejo para solicitar y obtener información bancaria de alguno de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, para contar con un procedimiento eficiente en la formulación de los requerimientos de información bancaria.
Firmaron el convenio Jorge Moreno Collado, presidente de la Comisión de Vigilancia, Información y Evaluación del CJF; por parte del contralor del Poder Judicial de la Federación, Jaime Contreras Jaramillo, y el presidente de la CNBV, Guillermo Enrique Babatz Torres.
La firma de este instrumento forma parte de una serie de medidas que ha puesto en marcha el Consejo de la Judicatura para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del Poder Judicial de la Federación. En particular, a partir de la aprobación del Acuerdo General 10/2011 en el que se establecieron una serie de lineamientos con base en los cuales se busca detectar, prevenir y denunciar a tiempo conductas irregulares.
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Pactan supervisión a cuentas de jueces
Firman un convenio los presidentes del Consejo de la Judicatura y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
REFORMA/ Redacción (on line)
Ciudad de México (7 noviembre 2011).- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) firmaron un convenio para facilitar el acceso a la información de las cuentas, contratos de inversiones y operaciones financieras de más de mil 100 jueces y magistrados, así como de unos 30 mil empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF).
"En el convenio se establecieron los requisitos y formalidades que tiene que cubrir el CJF para solicitar y obtener información bancaria de alguno de los servidores públicos del PJF, para contar con un procedimiento eficiente en la formulación de los requerimientos de información bancaria", afirmó el CJF en un comunicado.
"La firma de este instrumento forma parte de una serie de medidas más rigurosas que ha puesto en marcha el CJF para la fiscalización del patrimonio de los funcionarios del PJF".
El convenio derivó del Acuerdo General 10/2011 aprobado el 2 de junio por el Pleno del CJF, que estableció una serie de medidas para detectar a tiempo las conductas irregulares del personal judicial, incluidos los propios integrantes del Consejo.
"Las dependencias y entidades públicas, así como las instituciones financieras, están obligadas a proporcionar la información y datos que el CJF les solicite, relacionada con los registros, operaciones y datos bancarios de los servidores públicos del PJF, por conducto de la CNBV", se establece en el acuerdo 10/2011.
Guillermo Babatz, presidente de la CNBV, firmó el convenio el viernes pasado con el consejero Jorge Moreno Collado, presidente de la Comisión de Información, Evaluación y Vigilancia del CJF, y con el contralor del PJF, Jaime Contreras Jaramillo, quien es el encargado de instruir los procedimientos de responsabilidad.
El Ministro Juan Silva Meza, presidente del CJF desde enero pasado, ha tenido una actitud mucho más agresiva que sus antecesores para perseguir posibles ilícitos de los jueces.
El caso más delicado hasta ahora es el de Esiquio Martínez Hernández, ex secretario del juzgado noveno de distrito en materia administrativa del DF, quien está preso por enriquecimiento ilícito debido a que recibió más de 50 millones de pesos en sus cuentas en depósitos "hormiga" durante un periodo de siete años.
Álvaro Tovilla, titular de ese Juzgado, está suspendido mientras se le investiga, mismo caso que los jueces de distrito Hiram Barbosa, de Monterrey, y Luis Armando Jerezano, de Coahuila, de quienes existen sospechas por amparos que beneficiaron a casinos.
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