El precandidato único presidencial por el PRI, Enrique Peña Nieto, acusó ligereza por parte de la PGR y de otros actores políticos, por las investigaciones en contra de tres ex gobernadores de Tamaulipas, y la acusación de que los 25 millones de pesos decomisados al Gobierno de Veracruz, eran para financiar su campaña. "Niego categóricamente que nada tiene que ver este recurso decomisado con la campaña, parecen poco serias estas imputaciones, pareciera que a todo lo que ocurre en el diario acontecer, la única responsabilidad y al que hay que atribuirle lo que está pasando, es a un servidor y al partido", acusó.
"Parece que ha habido ligereza, porque no hay el mayor sustento a este tipo de afirmaciones, ni a esta, ni a otra".
Insistió en que si no hay pruebas de que los 25 millones de pesos confiscados al Gobierno priista veracruzano tenían un destino electoral, tampoco es posible sostener la acusación en contra de los ex Gobernadores de Tamaulipas emanados del PRI.
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Comunicado 040 – 2012/ PRI
México, D.F., martes, 31 de enero de 2012
BASTA YA DEL USO PARTIDISTA DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA.
El Partido Revolucionario Institucional reitera su respeto irrestricto a la ley y seguirá defendiendo la vigencia del estado de derecho en nuestro país.
Por ello, el PRI rechaza cualquier intento de persecución política y el uso partidista de la procuración de justicia en contra de adversarios políticos. En una democracia estas conductas son inadmisibles.
La difamación y la filtración mal intencionada de posibles investigaciones son ilegales y corresponden a prácticas de un gobierno autoritario.
En los últimos años existen claros ejemplos de esta práctica:
• El caso del estado de Jalisco, donde Arturo Zamora, candidato del PRI al gobierno, fue acusado falsamente ante la opinión pública, pocos días antes de la elección, y cuando encabezaba ampliamente las preferencias en las encuestas, de tener vínculos con el narcotráfico y negocios ilícitos, los cuales nunca se comprobaron y terminaron en una disculpa pública pocos días después de los comicios.
• El vergonzoso “michoacanazo”, en el que al final todos los alcaldes inculpados quedaron en libertad, sin que se les haya acreditado la comisión de delito alguno.
• En Guerrero, días antes de la elección, se acusó de vínculos con el crimen organizado a Manuel Añorve, candidato del PRI al gobierno del estado. Una vez más no se comprobó ilícito alguno.
El PRI no defenderá a nadie que haya cometido un delito, pero tampoco acepta el manejo faccioso de la justicia.
En ese contexto se inscribe también la imputación dolosa y temeraria de que los recursos asegurados al gobierno del estado de Veracruz iban destinados a apoyar campañas del PRI. Esto es absolutamente falso. Exigimos a quienes acusan que presenten las pruebas respectivas. Nos reservamos el derecho de recurrir a instancias legales.
Las imputaciones falsas enrarecen el clima electoral y minan la confianza de los mexicanos en sus instituciones.
En una democracia no se puede fingir que se impone la ley, violando la ley.
Basta ya de usar los instrumentos de la justicia con fines electorales.
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