Lo sórdido del caso Wallace/

Lo sórdido del caso Wallace/

JORGE CARRASCO ARAIZAGA, reportero.

Revista Proceso # 1842, 19 de febrero de 2012

Documentos oficiales y testimonios de los presuntos implicados en el secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda acusan a la virtual candidata del PAN al gobierno capitalino, Isabel Miranda de Wallace, de haber incurrido en ilegalidades, incluyendo actos de tortura, al seguir el caso de su hijo. Los relatos de madres, hermanos y hasta tíos de las personas encarceladas por estos hechos coinciden en los señalamientos: la señora Wallace está utilizando el poder que le da su “amistad” con el presidente Calderón y con el ahora exprocurador capitalino Miguel Mancera…

Un día después de la desaparición de su hijo Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace ya tenía localizado el lugar donde asegura que lo mataron cuando intentaron secuestrarlo. En menos de 24 horas ubicó su camioneta, dio con el departamento que denunció como escenario de los hechos que la convirtieron en figura pública y ya tenía referencias de dos de los señalados como responsables.

La madrugada del martes 12 de julio de 2005 ya había puesto una denuncia por la desaparición de Hugo Alberto. Ya sabía que una joven atractiva conocida como Claudia era una de las implicadas, lo mismo que un policía judicial. Más todavía, le dio una pista al Ministerio Público: había que localizar a Jacobo Tagle Dobin. Proporcionó su dirección.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/146/2005, abierta por la desaparición de Hugo Alberto Wallace Miranda, gracias a la declaración de un vecino curioso, al dicho de un niño que estaba en el edificio y por un sobre que le envió a su casa un anónimo con varios correos electrónicos, empezó a reconstruir las circunstancias de lo ocurrido en el departamento 4 del número 6 de la calle Perugino, en el sur de la Ciudad de México.

En poco más de dos meses ya sabía quiénes integraban –y cómo operaba– “la banda de secuestradores”: el exjudicial del estado de Morelos César Freyre Morales; la bailarina Juana Hilda González Lomelí, Claudia; el comerciante Jacobo Tagle; su novia Brenda Quevedo Cruz, y los hermanos Alberto y Tony Castillo Cruz.

Durante medio año la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) careció de elementos para consignar a los señalados. No fue sino hasta el 8 de febrero de 2006 cuando pudo enderezar los cargos de secuestro y asesinato a partir de una ampliación de declaración de Juana Hilda, en la que detalló la supuesta participación de cada uno.

Esa declaración contradijo dos previas en las que negaba los cargos. Pero no la ha ratificado porque fue tomada sin asesoría legal, fuera del lugar de arraigo y bajo coacción de los agentes del Ministerio Público Fermín Ubaldo Cruz y Braulio Robles Zúñiga, según el expediente 180/2010 abierto por el Instituto Federal de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federal.

Los ministeriales la amenazaron con hacerle daño a su familia, como ya lo habían hecho con la mamá y la hermana de César Freyre, a quienes encarcelaron por supuesta extorsión. Según se lee en el expediente, en esa declaración se incluyó un careo, no solicitado por Juana Hilda, en el que ésta supuestamente le pidió perdón a Isabel Miranda.

Fermín Ubaldo y Braulio Robles también son identificados por Enriqueta Cruz Gómez, madre de Brenda Quevedo Cruz: “A mediados de 2006 me citaron en la SIEDO. Braulio me presentó a su jefe, Fermín Ubaldo Cruz, quien me empezó a atender amablemente, pidiéndome que le dijera dónde estaba mi hija”, dice Enriqueta en entrevista con este semanario.

Brenda había huido a Estados Unidos. Se escondió cuando Isabel Miranda colocó varios anuncios espectaculares –ella es empresaria del ramo– con su fotografía, acusándola del secuestro y desaparición de Hugo Alberto.

Sigue Enriqueta Cruz: “Obviamente no le dije nada hasta que el hombre se desesperó y empezó a golpear la mesa. ‘¡Hable, con una chingada!’, le soltó.

“Así como usted está aquí sentada, así han estado la mamá y la hermana de César Freyre y las metí a la cárcel”, le dijo. Enriqueta Cruz preguntó: “¿Y por qué las encerró?”. El ministerial se desesperó tanto que ordenó que le quitaran unos cabellos y le sacaran sangre. “¿Para qué?”, se defendió la mujer. “Para cuando encontremos muerta a su hija, porque la vamos a encontrar muerta”, le gritó el funcionario.

Brenda Quevedo

Brenda fue extraditada de Estados Unidos en septiembre de 2009. Llegó en un avión de la PGR en el que también viajaba Braulio Robles. Miranda la esperó en el aeropuerto con una pancarta que preguntaba: “¿Dónde dejaste a mi hijo?”. Antes de que fuera presentada ante los medios le ofreció “beneficios jurídicos”.

Brenda la encaró. Fue traslada al Centro de Readaptación Social de Santiaguito, en Almoloya, Estado de México. Según su testimonio, narrado en una carta fechada el 29 de noviembre de ese año, alrededor de las siete de la mañana del día 27 una custodia fue por ella para una supuesta audiencia. Con el consentimiento del director del penal la llevaron a una sala.

Dice que cuando entró vio a tres personas volteadas hacia la pared. Vestían de traje. Se pusieron pasamontañas. Tenían las manos enguantadas. Desesperada, Brenda comenzó a gritar. Afirma que la sujetaron. “Ya sabes por parte de quién venimos, hija de tu pinche madre”. Llorando respondió: “Sí. De la señora Isabel Miranda de Wallace”.

“Ahora sí vas a sentir lo que sintió Hugo el día que lo secuestraron”, sostiene que le dijeron. Enseguida, asegura, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza, la tiraron al piso, la patearon en el estómago y le golpearon la cabeza.

De un maletín sacaron un juego de esposas, vendas, jeringas, grabadora, papel, pluma y “una maquinita plateada que yo asumo era de toques eléctricos”, escribió Brenda. Le taparon los ojos. Asegura que la jalaban del cabello y le acercaron la grabadora.

Uno de los hombres le dijo: “A ver si ahora sí nos vas a decir dónde está el cuerpo de Hugo. Nos vas a dar una dirección y te vamos a sacar del penal. Y si nos das un dato en falso, te vamos a torturar hasta que te dejemos irreconocible y vamos a ir con cada uno de tu familia. Tu hermano está en Canadá, ¿no?”. Brenda sostiene que la agredieron sexualmente.

Según narra, sacaron una jeringa con una sustancia roja. Le dijeron que era sangre infectada con VIH. Que se la iban a inyectar si no firmaba la confesión de que ella había sido la responsable del secuestro. Le ponían la pluma en la mano. Al cabo de un rato, tras una llamada a la puerta, recogieron sus cosas y se fueron.

Un año después, en otra carta, fechada en noviembre de 2010, refiere la supuesta tortura que sufrió el 13 de octubre anterior, cinco días después de ser trasladada a la colonia penal federal de las Islas Marías. Con el pretexto de que le encontraron unas pastillas en su cama la llevaron a “la borracha”, una celda de castigo.

Hacia las tres de la mañana ya del día 14, dos custodias la sacaron de la celda y la subieron a una pick up blanca conducida por un hombre. Media hora o 40 minutos después del oscuro trayecto, en el que escuchó y vio el mar, pararon en un lugar con vegetación. Bajaron y la dejaron en una pequeña casa en construcción.

No había luz. Sólo una cobija vieja en el piso. Se quedó dormida sobre ella. Como a la una de la tarde, por la ventana vio llegar una camioneta tipo Van blanca, con vidrios polarizados. Se abrió la puerta y entraron cinco o seis hombres encapuchados, pantalón de mezclilla, playeras blancas de tirantes y zapatos negros. El primero que se acercó a ella le dijo: “Ora sí ya chingaste a tu madre. ¿Te acuerdas de nosotros? Ahora sí nadie te va a oír”.

Siempre según su relato, le vendaron los ojos y la envolvieron en la cobija con cinta canela. La mojaron. Le quitaron los zapatos y los calcetines. La acostaron y al mismo tiempo le empezaron a echar agua en la nariz y la boca. Le dijeron que si no le daba lástima que su mamá pagara “por sus chingaderas”. “La íbamos a matar el día que se operó de los ojos o a dejarla ciega, pero luego pensamos que ella no tiene la culpa”.

Con la humedad la venda se le corría y distinguió los ojos café claro de uno de sus agresores, reconoció a uno de complexión robusta y velludo que a veces se ponía encima en ella.

Seguían los golpes en el cuerpo. Sangraba. “¿Ahora sí sabes por qué estamos aquí?”. “Por el secuestro de Hugo”, respondió. Uno de ellos la golpeó tan fuerte que la dejó medio sorda y le dijo: “Del señor Hugo, para ti”. Le amarraron un alambre al dedo gordo del pie derecho y le echaron más agua. Le dieron toques.

Sacaron una grabadora. “Tienes que decir que llevaron el cuerpo de Hugo al departamento de Perugino, que sacaron su cuerpo en bolsas y usaron tu coche para botarlo. Di que tú tomaste las fotos del cuerpo”. Prendían la grabadora cuando Brenda repetía: “Lo dejamos en un acueducto y en unas maletas en un terreno”.

Uno de ellos le dijo: “Más te vale no ir de nuevo a tus pinches desmadres de derechos humanos. Date cuenta del poder que tenemos para venir hasta este lugar. Tenemos mucho poder. Te metiste con la persona que no debías. Esto te pasa por molestar a la señora, a su esposo y a su familia”.

Uno de los hombres le dijo: “Vas a pedir hablar con el juez y le vas a decir que te arrepientes de todo el mal que has hecho, que es cierto todo lo que dijo Hilda y le vas a pedir perdón a la señora Wallace”.

El personal que la había llevado un día antes la regresó a “la borracha”. Salió el día siguiente, pero la mantuvieron aislada. Pasó casi un mes para que la dejaran hablar por teléfono y contarle a su mamá lo sucedido.

Alberto y Tony Castillo

El 12 de octubre de 2010, un día antes de la presunta tortura de Brenda, habría sido el turno de Alberto Castillo Cruz, acusado junto con su hermano, Tony, de mutilar el cuerpo de Hugo Alberto. Ocurrió en el penal de Puente Grande, que junto con el de las Islas Marías y demás penales federales dependen del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Alberto ya había sido golpeado el 8 de marzo de 2006, cuando fue detenido cerca del Monumento a la Revolución –a un paso de la SIEDO– por personas vestidas de negro y cubiertas con pasamontañas que acompañaban a Isabel Miranda.

El relato de las presuntas torturas infligidas a Alberto y las amenazas a sus familiares es hecho por la madre de ambos, María Elena Cruz Bustamante, quien sostiene que desde la fecha citada la amenazaron con matarla a ella y a su tío, Luis Carrillo Bustamante, si no decía que él y los señalados por Miranda eran los culpables de la desaparición. “Más te valía haber matado al hijo del presidente. Vas a temer el poder que tiene la señora Wallace”.

Le preguntaban por su hermano y su “prima”, Brenda Quevedo Cruz. “No es mi prima. La he visto en alguna ocasión, pero no es una amistad”, contestó Alberto, refiere María Elena Cruz en entrevista. “Le cortaron cartucho y siguieron las amenazas. Dos horas y media después lo entregaron a la AFI”, entonces al mando de García Luna.

El 22 de marzo de 2006 Tony se presentó en la SIEDO. Ahí lo detuvieron. Cuando declararon ante Braulio Robles, Alberto y Tony le dijeron que eran ciudadanos estadunidenses y trabajaban en México para empresas de ese país. “Aquí están en México y aquí se chingan”, les respondió.

Fueron arraigados y después de dos meses, enviados al Reclusorio Norte (Reno), donde los extorsionaron por ser “secuestradores y asesinos”. Año y medio antes de ser sentenciados, y sin aviso a la familia, los enviaron a penales federales. Alberto a Puente Grande. Tony a Matamoros. Estuvieron segregados nueve meses.

Desde mediados de 2006, cuando fueron enviados al Reno, comenzaron las amenazas telefónicas a sus familiares: Si daban aviso a la embajada estadunidense iban a matar a sus hijos en el reclusorio. A ellos les decían lo mismo. Ya saben de parte de quién. “Como tres o cuatro veces me llamó una voz de mujer”, cuenta la madre de los hermanos Castillo.

“Fueron las mismas amenazas durante años. Ellos callados por su lado, y yo por el mío. Por el miedo de que nos iban a matar”. Alberto, quien está por cumplir 39 años, fue enviado al penal de Puente Grande. Allí, asegura la madre, el 12 de octubre de 2010 fue torturado para que firmara su culpa. A cambio sería “testigo protegido de la señora Wallace”. “Prefiero morirme”, retó.

Como en el caso de Brenda, afirma la señora Cruz, hombres encapuchados fueron los que actuaron. Fue en un cuarto del Centro de Observación y Clasificación (COC) de Puente Grande. Los embozados lo esposaron de manos y pies. Lo envolvieron en una sábana y lo empezaron a golpear. Para asfixiarlo usaron agua y bolsas de plástico.

Un hombre le apretaba el cuello con una toalla y le tapaba la cabeza con una bolsa, mientras que otro, uno chaparro, lo golpeaba. A uno más lo describe como “un hombre peludo, corpulento, moreno”. Fue delante de Robles Zúñiga, le dijo a su familia.

“Tienes que decir que participaste. Y lo vas a hacer ante el juez”, le dijeron. Al día siguiente lo llevaron al juzgado. Ahí –afirma la señora Cruz– estaban Braulio Robles, Isabel Miranda y su hermano Roberto, a quien identificó como una de las personas que, pistola en mano, lo detuvo en marzo de 2006.

En la audiencia Alberto denunció la tortura. Al siguiente día le pasó lo mismo. De nuevo en el COC. “¿Con que te pasaste de pendejo ayer?”.

Sigue el relato de María Elena Cruz:

Uno de sus torturadores no dejaba de mirar hacia la puerta y hacia arriba. Fue como se dio cuenta de que Isabel Miranda y el director de Puente Grande, Francisco Javier Gómez Meza, presenciaban la tortura. Una semana después Gómez Meza fue destituido, acusado de narcotráfico. Para comprobar ese señalamiento Alberto pidió los videos de las cámaras del penal, incluido del COC. No se los dieron. Le dijeron que los borraban cada tres días.

Alberto decidió entonces que su familia avisara a la embajada estadunidense, que desde entonces los asiste. A Alberto también, primero a través del consulado de Guadalajara y ahora mediante el de Hermosillo, pues a finales del año pasado fue trasladado al penal de Guasave, Sinaloa.

Jacobo Tagle

Dos meses después de las presuntas torturas a Brenda y a Alberto, Jacobo Tagle Dobin fue detenido en el Estado de México. Fue el último de los seis señalados por Miranda. Lo presentaron a la prensa el 4 de diciembre de 2010.

En una carta, fechada un día antes en Cuautitlán Izcalli, narra lo que, afirma, fueron las circunstancias de su detención: hombres encapuchados, vestidos de negro que circulaban en autos particulares lo esposaron y lo subieron a una camioneta panel blanca donde iban otros encapuchados. Le cubrieron la cabeza y al cabo de 40 minutos de trayecto, según calcula, uno de los hombres le dijo a una mujer: “Ya tengo su paquete. ¿Qué quiere que hagamos, señora?”. Según Tagle la respuesta fue: “Tortúrenlo hasta que diga dónde está mi hijo”.

La camioneta avanzó unos 15 minutos más. Cuando se detuvo le vendaron los ojos y le quitaron los zapatos y los calcetines. Le pusieron una bolsa en la cabeza. Sintió que se subieron en sus piernas y otro lo apretaba. Estaba con el torso desnudo, vendados los tobillos y los brazos. Repitieron la operación.

Le echaron agua en la cara. Se asfixiaba. “Si se le empiezan a poner moradas las uñas, me avisan”, escuchó. De nuevo, a taparle la nariz y la boca, a echarle agua, a golpearlo en los oídos, a apretarle el estómago.

Volvieron a poner la camioneta en marcha. “Ahora sí, vamos a la Procu. Tienes que aceptar todo”.

Ahí “un señor canoso, creo que era el jefe, me dijo que iba a entrar la señora Wallace y que si no cooperaba con ella me iban a dar otra chinga… Entró un chaparro que venía de jeans y camisa a cuadros. Sacaron una pistola, cortaron cartucho y me apuntaron a la cabeza”.

Siguieron las amenazas: “Más vale que cooperes o te mueres. Te he estado buscando por todos lados y me las vas a pagar. Tengo bien ubicada a tu mamá Raquel y a tu hermana Judith, y tenemos clavado a tu hermano Salomón”.

Relata Jacobo: “Se salió el chaparro y regresó con la señora Wallace, su hija, su sobrino y dos señores más. La señora se puso del otro lado del escritorio y me dijo que me iba a morir, que iban a lastimar a mi familia y a refundir a mi hermano (también acusado de secuestro) en la cárcel”.

Le pidió que le ayudara a refundir en la cárcel a César Freyre, Hilda, Brenda y los hermanos Castillo “porque ella era amiga del presidente Calderón, del procurador general de la República, de Miguel Mancera (procurador del DF) y de muchos políticos.

Le pidieron que repitiera lo que le decían. Cuenta que el sobrino de la señora, que no identifica, grabó la declaración, mientras que su hija escribía en una laptop. “No me dejaron hacer ni una llamada y me hicieron firmar unos documentos que no me dejaron leer. Nos dirigimos a Cuemanco y la señora me dijo que ella me iba a señalar un lugar donde supuestamente se tiró el cuerpo de su hijo.

“Me llevaban en una camioneta tipo Van y ella iba en una Cherokee, con muchos escoltas y policía. En Cuemanco me pasaron a la Cherokee y la señora me dijo: ‘Nos vamos a detener y vas a caminar. Donde veas una entrada de casa, dices que ahí es. Entras y vas a ver unos montones de arena movidos y vas a decir que ahí tiraron el cuerpo de mi hijo’.

“De ahí me llevaron a la Procu y en la mañana me llevaron a Toluca”. Ahí el 4 de diciembre lo presentaron a la prensa. En esa ocasión, Isabel Miranda pidió que se levantara la playera para constatar que no estaba golpeado.

En su declaración ministerial del 14 de diciembre de ese año en el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales con sede en el penal de alta seguridad del Noroeste, en Nayarit, ratificó que fue torturado.

En esa declaración también se lee que Jacobo Tagle “igualmente desea agregar que la señora Isabel Miranda también le dejó en claro que no le convenía ponerse en su contra o negarse a declarar, porque dentro de poco iba a tener un cargo político y con más poder podría acabar con su familia”.

Tagle, de 32 años, está recluido desde octubre pasado en el penal de alta seguridad de Villa Aldama, en Perote, Veracruz.

César Freyre

César Freyre Morales, expolicía judicial de Morelos y señalado por Miranda como jefe de la banda, también fue torturado para declararse culpable, asegura su madre, María Rosa Morales Ibarra, quien fue encarcelada acusada de extorsión por Luis Saucedo, a quien ésta identifica como chofer y asistente de Miranda.

Pasó un año y medio en la cárcel. Lo mismo que su hija Julieta, coacusada por Saucedo. Las detuvieron el 8 de junio de 2006, cuando fueron a la SIEDO a ver a Freyre, detenido tres meses antes. Morales asegura que el entonces titular de la Subprocuraduría, José Luis Santiago Vasconcelos, la presionaba para que le dijera dónde estaban las casas de seguridad y las cuentas bancarias de su hijo.

Los tres fueron arraigados. César fue trasladado a La Palma y ellas a Santa Martha. Allí pasaron un año nueve meses sin que se les comprobara el cargo. Salieron libres bajo fianza cuando reclasificaron el delito del fuero federal al común. Julieta, de 40 años, murió el 2 de octubre de 2009 de un derrame cerebral poco después de salir de la cárcel.

Dice Morales: “Después de cinco años, tuvo que firmar una declaración. Lo presionaron mucho. Casi lo matan. Recién le sacaron unos coágulos porque lo metieron muchas veces a bolsas con agua. Un testículo se le hizo más pequeño, producto de toques eléctricos. Pero le insisten en que entregue el cuerpo”. Freyre contesta: “¿Cómo les voy a entregar una cosa que ni siquiera sé que existe?”