Urge homologar los programas de estudio en las facultades de derecho

URGENTE LA HOMOLOGACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIO DE LAS FACULTADES Y ESCUELAS DE DERECHO.

El magistrado don Óscar Vázquez Marín, titular de la Unidad de Implementación de las Reformas Penal, de Juicio de Amparo y Derechos Humanos en el Poder Judicial de la Federación, aseguró que es urgente promover e impulsar la homologación de los planes y programas de estudio de las Facultades y Escuelas de Derecho del país para que estudiantes, docentes y el foro jurídico en general, conozca de manera integral las etapas del proceso penal acusatorio, sus objetivos y los principios procesales que las rigen.

Durante la inauguración del Taller de Análisis del Procedimiento Penal Acusatorio, a la luz de la reforma constitucional, el magistrado Vázquez Marín, quien asistió en representación del ministro Juan N. Silva Meza, presidente de la Corte y del CJF, afirmó que esta reforma constituye un cambio sustancial en la justicia penal, que para hacerse efectivo, requiere, de un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales y demás leyes aplicables.

Así como de la construcción de salas de audiencia de juzgados de Control, de Juicio Oral y de Ejecución de Penas; del diseño y operación de un Sistema de Gestión del Despacho Judicial; de reorganización administrativa, capacitación y difusión, y de mayores recursos presupuestales para concretar estos cambios.

De ahí que, añadió, su implementación va más allá de un simple cambio jurídico; “necesita la suma de diversos cambios normativos, culturales, organizacionales, tecnológicos y administrativos”.

En el Auditorio del Instituto de la Judicatura Federal (IJF) y ante la presencia de la procuradoras Marisela Morales Ibañez; de Felipe Borrego Estrada, secretario técnico del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal; y del magistrado Leonel Castillo González, director general del IJF, Vázquez Marín señaló que el reto que representa mayor complejidad es el cambio cultural de todos los operadores jurídicos que habrán de intervenir en el nuevo proceso penal acusatorio y oral.

Esto es: “policías, peritos, agentes del Ministerio Público, jueces, defensores púbicos y privados, docentes y estudiantes de derecho”.

Expuso que para superar ese reto es necesario promover el conocimiento de los nuevos valores, principios, conceptos e instituciones jurídicas del sistema acusatorio, vía la capacitación en los institutos de formación policial, ministerial y judicial, que les permita el adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para desempeñar adecuadamente el rol que les corresponda.

Detalló que en el caso de las facultades y escuelas de derecho este impulso debe hacerse ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Asociación Nacional de Facultades, Escuelas de Derecho, Departamentos de Derecho e Institutos de Investigación Jurídica, A.C., (ANFADE).

Destacó que es importante prestar atención a lo que él considera la base del sistema de justicia penal acusatorio y de cuyo trabajo dependerá en gran medida su buen funcionamiento, es decir: los fiscales, policías investigadores, peritos, jueces de Control, de Juicios Oral y Ejecución de Penas.

Finamente Vázquez Marín ratificó el compromiso del Poder Judicial de la Federación con la implementación del nuevo sistema de justicia penal. En su participación, la procuradora Marisela Morales destacó que la implementación del nuevo sistema de corte acusatorio en los estados no ha sido nada fácil. Esto, señaló, porque las nuevas figuras jurídicas, su interpretación en concreto, han representado una problemática importante al momento de resolver los asuntos que se generan en la opinión pública.

Morales Ibañez refrendó su reconocimiento a los integrantes de la SCJN y del CJF por el apoyo brindado para la realización de este taller, pero, sobre todo, “valoro y aprecio su compromiso para que la reforma al sistema de justicia penal en México se haga cada día una realidad”.

Al coincidir con la Procuradora en la necesidad de implementar un código procesal penal único en México, Felipe Borrego Estrada apuntó que en la mayoría de los estados, que ya implementaron el sistema acusatorio, no hay una real transformación de las instituciones, lo cual es objetivo final de la reforma.

“El proceso penal es una parte de lo que es la reforma constitucional. La refundación de las instituciones y la culturización al interior de éstas y al exterior, o sea con la sociedad, es lo que nos dará realmente el éxito de la reforma constitucional”, concluyó.