Respuesta de los diputados...

Legisladores del PRI; PAN y PRD coincidieron en realizar un periodo extraordinario para discutir y votar el dictamen del Código luego del llamado que recibieron por parte de la SCJN, de la organizaciones sociales del y del mismo Presidente Calderón.
I)  Arturo Zamora Jiménez (PRI). integrante de la Comisión de Justicia, comentó que los diputados estarán en la espera de un periodo extraordinario para votar el Código Federal de Procedimientos Penales, ya que éste está listo para ser sometido a votación del Pleno. “La Cámara de Diputados ya tiene concluido la labor y el trabajo en la Comisión de Justicia, estaremos en espera de que si la Permanente determina establecer un periodo extraordinario para votar esto, con mucho gusto lo haríamos pero también sabemos que no pasa nada si este Código lo dictamina la siguiente Legislatura”, dijo.

Destacó que el Código permitiría agilizar los procedimientos de naturaleza penal y podría tutelar de manera más efectiva los derechos de las víctimas.
ii) En tanto, el secretario de la Comisión de Justicia, Ezequiel Rétiz Gutiérrez (PAN), señaló que su bancada estaría a favor de realizar un periodo extraordinario para aprobar el Código  procesal penal. Enfatizó que hay una deuda con los ciudadanos en la agenda de justica, sin embargo, dijo: “el avance que ya hay en el dictamen va a permitir que en un extraordinario o en el inicio de la próxima Legislatura sea aprobada ya una reforma de la materia que le permita contar a los ciudadanos contar con un sistema de impartición de justicia más ágil y más eficiente”, señaló.
Agregó  “estaremos al pendiente si la Junta de Coordinación Política llama a un periodo extraordinario para éste y otros temas pendientes como agenda de la Cámara, ante el llamado de la Corte y estamos en la mejor disposición de sumarnos a este llamado”.
iii) Enoé Uranga Muñoz (PRD), también integrante de la Comisión de Justicia, se pronunció a favor de un periodo extraordinario, luego de que las comisiones que dictaminarán el Código presenten una propuesta. Explicó que hay reservas de fondo en materia de derechos humanos. “Lo que a la Cámara le toca es hacer un llamado a las comisiones encargadas de la dictaminación, en particular a la Comisión de Justicia para intentar tener un producto que permita que la Junta valore la viabilidad de un periodo extraordinario”, señaló.}
Consideró que el llamado de la SCJN es entendible, ya que se debe de garantizar a los ciudadanos el acceso a la justicia y las herramientas legislativas para trabajar con el nuevo sistema penal acusatorio. “Necesitamos un Código que a todos nos dé las garantías del cumplimiento con la Constitución en materia de derechos humanos y es lamentable que no lo hayamos podido concretar”, dijo.
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·         Sobre la Controversia a la Ley de Geolocalización
El presidente de la Comisión de Comunicaciones, José Adán Rubí Salaza (PRI), comentó que la SCJN le dará la razón a la Cámara de Diputados respecto a la ley de “geolocalización”, la cual no vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, y por el contrario, brinda elementos para castigar las amenazas, la extorsión telefónica y el secuestro.
 “Tenemos dos extremos de riesgo, uno que afecte la privacidad de las personas y otro que se deje en la impunidad a estos maleantes que llevan a cabo estos delitos. La ley establece un punto medio que garantiza que la privacidad no sea vulnerada y que se combatan los delitos de amenazas, extorsión y secuestro”, dijo.
Recordemos que la CNDH interpusó hace unos días una controversia constitucional ante la SCJN, al considerar que la reforma aprobada por el Congreso vulnera los derechos humanos de los ciudadanos, el diputado priista precisó en entrevista cuáles son los alcances reales de la normatividad y en qué casos se podrá autorizar su aplicación.
“Yo no coincido con esa percepción que particularmente tiene la CNDH sobre la reforma, estoy convencido de las bondades porque la conozco a detalle. El hecho que se pueda localizar a una persona de la cual se tengan elementos que está llevando a cabo la comisión de un delito está totalmente justificado”, subrayó.
Afirmó que la ley no es arbitraria, ya que se establece expresamente un requerimiento que tiene que hacer una autoridad competente, en este caso, un Ministerio Público, para que los permisionarios y concesionarios, coadyuven a la localización de la persona, a través de su equipo de telefonía móvil.  “Esta solicitud debe ser registrada, si efectivamente esta acción que se lleva a cabo a través de la autoridad competente no tiene autorización, quien lleve a cabo la solicitud está cometiendo un delito y cualquier particular podrá proceder en contra de esa autoridad por afectar sus derechos de privacidad”, subrayó el diputado.
Rubí Salazar enfatizó que lo más probable es que del análisis que haga la SCJN, se resuelva a favor de la reforma, ya que su contenido está completamente apegado a derecho, a favor de las víctimas de los delitos antes mencionados.