Conferencia de Prensa del Dr. Poiré, 12 de julio

Conferencia de prensa que ofreció el Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré; México, D.F., 12/07/2012

Qué tal, muy buenos días a todas y a todos.
Les agradezco mucho que nos acompañen en esta mañana para comentarles que el Gobierno del Presidente Calderón ha estado plenamente comprometido con la promoción y la defensa de los derechos humanos.
En la presente Administración la protección y la promoción, la defensa de los derechos humanos se han convertido en una auténtica política de Estado, la cual debe de ser compartida por los tres órdenes de Gobierno y por los Poderes de la Unión.
En esta medida y por estas razones se han implementado las siguientes medidas que, desde luego, conocen ustedes pero quisiera recordarlas brevemente.

El Poder Ejecutivo publicó la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos el 10 de junio de 2011. Esta Reforma es, sin duda, sin lugar a dudas, uno de los pasos más importantes que se ha dado en este siglo y representa la mayor ampliación de libertades en la historia del país desde la perspectiva de los derechos humanos.

 Estamos promoviendo todos los cambios legales derivados de esa Reforma para poder armonizar el resto de las leyes, el resto del marco normativo a los preceptos de esta Reforma Constitucional.

También en abril pasado se actualizaron y se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los protocolos, las directivas de participación de las Fuerzas Federales en tareas de seguridad pública como es el Protocolo del Uso Legítimo de la Fuerza, de la detención, de la puesta a disposición de las personas así como la cadena de custodia y las medidas necesarias para preservar las pruebas y las evidencias del delito.

 Con esta medida se garantiza que la actuación de las Fuerzas Federales se mantenga plenamente apegada a la legalidad y con respeto absoluto a los derechos humanos.

También el Gobierno Federal ha asumido el compromiso de ofrecer la mejor atención a las víctimas de la violencia criminal.

Para dar respuesta efectiva a las víctimas se ha creado la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos y de la Violencia, cuyo objetivo es coordinar y unificar, en una ventanilla única, el esfuerzo fragmentado que se realizaba en diversas dependencias.

 Asimismo, estamos trabajando de manera de coordinada con las autoridades locales en la búsqueda de personas desaparecidas y el 17 de abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y se han fortalecido los trabajos en esa materia.

Asimismo, se ha fortalecido nuestra política de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de apertura con los organismos internacionales en la materia, que es una apertura sin precedentes.

En lo que va del año, vale la pena mencionar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya ha concluido el análisis de 4 mil 608 expedientes de queja y estas quejas han derivado en 23 recomendaciones, de las cuales tan sólo 17 han sido dirigidas a autoridades de la Administración Pública Federal.

Esto representa un muy pequeño porcentaje del total de quejas que se han presentado y, por supuesto, que el Gobierno Federal dará la atención debida a cada uno de estos expedientes de recomendación.

Por otra parte, también les quisiera compartir que me he estado reuniendo con los Gobernadores de Michoacán y de Durango en fechas pasadas, recientes, y en los próximos días lo haré también con los de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tabasco, de manera muy específica con el objetivo de redoblar los esfuerzos para asegurar el avance de las investigaciones pendientes de diversos casos relacionados con el informe que presentó Human Rights Watch en noviembre pasado y que incluyen expedientes del fuero común de esas entidades.

Es decir, en el informe de Human Rights Watch se nos señalan algunos casos cuyas investigaciones corresponden a las procuradurías o fiscalías de estos estados y muy puntualmente me he estado reuniendo con cada uno de los titulares de estas entidades federativas, para poder estar seguros que las investigaciones que les corresponden a sus entidades están avanzando y tenemos resultados en la materia.

El Gobierno Federal tiene el compromiso y la cabal convicción de cumplir plenamente con las sentencias y las resoluciones de la Comisión y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y así lo hemos realizado en los casos del señor Rosendo Radilla, de la señora Valentina Rosendo Cantú, de Paloma Angélica Escobar Ledezma así como de Inés Fernández Ortega, entre otros.

Quiero reiterar, como ya lo he dicho, que nuestro país ha estado y seguirá estando enteramente abierto al escrutinio internacional y será plenamente respetuoso de las consideraciones que las organizaciones internacionales hagan al respecto.

También hemos realizado el esfuerzo institucional de capacitación a los elementos de las Fuerzas Federales en materia de derechos humanos más amplio de la historia de nuestro país.

Se ha hecho no solamente para prevenir posibles violaciones en materia de derechos humanos, sino para instituir en las Fuerzas Federales una auténtica cultura de defensa y de protección de los derechos humanos.

El Gobierno Federal ha colaborado estrechamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y con otras instancias de defensa y promoción de los derechos humanos de distintas entidades del país en el cumplimiento de este objetivo y gracias a ello, hemos logrado que a la fecha más de 340 mil servidores públicos hayan sido debidamente capacitados.

Por otra parte, quiero también informar que el 13 de junio el Presidente Calderón promulgó la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

En este mismo sentido, el pasado 25 de junio el Presidente de la República emitió y promulgó la Reforma al Artículo 73 Constitucional, que le permite a las autoridades federales conocer y atraer los delitos cometidos en contra de la libertad de expresión, para ser investigados en el orden federal.

También promulgó la Ley para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga al Gobierno Federal y a los gobiernos locales a la implementación de mecanismos de protección que garanticen la vida, la integridad y la seguridad de los profesionales del ejercicio de la libertad de expresión y de la defensa de los derechos humanos.

 A este respecto, particularmente en lo que se refiere a la Ley para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y para la Protección de Periodistas, este martes reciente ya se instaló formalmente la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Periodistas previsto en la ley.

 ¿De qué se trata este mecanismo?

 De que cuando exista una persona, un periodista o una persona defensora de los derechos humanos que se sienta amenazado, pueda recurrir a este mecanismo y que ese mecanismo instruya y dictamine las medidas necesarias para la protección en todo el ámbito nacional.

Precisamente por eso es muy importante en esta tarea el contar con la colaboración, con el compromiso de los gobiernos de los estados, así lo instruye la ley. La ley establece que los estados de la República se deberán de coordinar con la Federación para poder atender los dictámenes y las recomendaciones de este mecanismo.

En la reunión plenaria del día de mañana, de la Conferencia Nacional de Gobernadores, le haré un llamado a todos los gobiernos estatales y al Gobierno del Distrito Federal para que a la brevedad, como lo manda la ley, se sumen a este mecanismo firmando los convenios correspondientes y que podamos garantizar que sea eficaz la protección a los defensores de derechos humanos y a los periodistas en todo el país.

 Estoy convencido de que contaremos con el apoyo firme de todos los mandatarios locales, para que el Estado Mexicano cumpla con su responsabilidad de proteger a los periodistas y a los defensores de los derechos humanos y de esta forma puedan realizar su trabajo en condiciones de mayor libertad, de mayor certidumbre y de mayor seguridad.

Amigas y amigos de los medios de comunicación, los derechos humanos han sido una prioridad para el Gobierno Federal y son el pilar de una democracia auténtica, tal como lo he mencionado anteriormente.

En el México democrático no existe dilema entre seguridad y derechos humanos, por el contrario, ambos son estrictamente y plenamente complementarios.

Seguiremos trabajando hasta el último día de la Administración del Presidente Calderón y lo haremos porque estamos convencidos de que es el mejor camino para seguir construyendo una seguridad auténtica y duradera, en la cual exista una plena protección, promoción y defensa de los derechos humanos de todos y cada uno de los mexicanos.

Muchas gracias.

Estoy atento a sus preguntas.

-Buenos días, Secretario. Preguntarle, en esta defensa de los derechos humanos que usted señala traen atorada ahora la Ley General de Víctimas que ya el Congreso incluso la regresó nuevamente al Ejecutivo.

 Quiero saber cómo la van a trabajar, el tiempo se agota, evidentemente las organizaciones civiles están inconformes y qué tan complicado, sé que son cuestiones legales, es y resulta el publicar el decreto y hacer las modificaciones correspondientes que el Ejecutivo ha señalado, hacer las modificaciones en el camino, ya una vez publicado, que es lo que las organizaciones, las víctimas principalmente, exigen.

Por otro lado, ayer el virtual candidato Electo Presidente Enrique Peña Nieto presentó un equipo de trabajo, que no de transición. Asimismo, también presentó tres puntos sobre los cuales ya estará trabajando, para que en caso de que se le califique Presidente hacer las iniciativas correspondientes y presentarlas en su momento.

Quiero saber si entrarán ustedes en contacto con este equipo de trabajo para estos intentos de iniciativas que van a hacer.

 - Secretario Poiré: Muchas gracias.

 Como lo he dicho en muchas ocasiones, es tarea del Secretario de Gobernación y de la Secretaría de Gobernación el contacto político con todas las fuerzas políticas, con todas sus expresiones, nosotros nos mantendremos en ese sentido.

 Y respecto a esta pregunta en lo particular, en el momento en que se tenga algo que informar específicamente lo podremos señalar.

 Es muy importante su pregunta respecto a la Ley de Víctimas.

 ¿Cuál es el propósito central del Gobierno Federal?

El poder garantizar que a las víctimas se les atienda eficazmente, así lo hicimos con Províctima. Hoy día Províctima ya ha atendido a más de 15 mil personas en distintas instancias, de manera directa, de manera telefónica, ayudándolos con sus trámites, empujando las investigaciones, garantizando que se haga la reparación del daño, que se les den algunos apoyos, becas, acceso a salud, etcétera.

Y eso lo tenemos que mantener, por un lado.

Por otro lado, respecto a la ley, en la forma en la que fue aprobada se corre el riesgo de que en lugar de que demos mayor atención más rápidamente, desde el momento en que se publicara la ley ya estaríamos obligados a tomar una serie de determinaciones y a implementar una serie de acciones que significarían, por ejemplo, el riesgo de que si bien el 90 por ciento de los delitos se cometen a nivel estatal, los estados posiblemente pudieran no cumplir la Ley de Víctimas.

 El resultado sería peor, porque lo que tendríamos es, en efecto, una instancia para atención a las víctimas que le dictara a los estados medidas, que los estados podrían no cumplir. ¿Por qué? Porque el precepto constitucional no está sólido de esa ley.

 Ese es el problema central de esa ley.

No es tan sencillo como publicar una ley y luego la corregimos. Si publicamos la ley, incluso corremos el riesgo que la atención que ya se les está dando ahorita a las víctimas se perdiese.

 El objetivo del Gobierno Federal es darle una atención a las víctimas como se lo merecen y para eso tenemos que tener una buena ley.

 Y por eso nosotros hemos reiterado el llamado sistemático a todas las organizaciones de la sociedad civil y a los propios legisladores a que nos sentemos a trabajar en una ley que verdaderamente nos dé el resultado.

 Tan es relevante ese punto de que el precepto constitucional no está sólido, que el propio Senado de la República ya emitió una Reforma Constitucional que da la base constitucional para que el Congreso pueda legislar.

 Y en esa medida, los estados sí estén obligados a dar la atención a las víctimas.

Creo que lo que corresponde es avanzar en esa Reforma Constitucional lo antes posible y, al mismo tiempo, ya tener una ley que verdaderamente nos garantice que todas y cada una de las víctimas del delito y la violencia van a tener por parte del Estado la atención que merecen; en el seguimiento a las investigaciones, para evitar que sean revictimizados, para que no se les pongan trámites exagerados una vez que ya ocurrió el evento lamentable de ser víctimas de un delito o de ser víctimas de la violencia y que se les dé la atención en materia de salud, de educación y de reparación del daño de la manera más eficaz posible.

Esa es la tarea en la que nosotros seguiremos comprometidos.

- Pregunta: Entonces, nada más saber, recientemente el Subsecretario de Enlace Legislativo nos comentaba que estarían instalando una mesa de diálogo, y usted lo señala ahora, se ha hecho el llamado a las organizaciones y a los legisladores a sentarse.

¿Quiere decir que no se han sentado?

- Secretario Alejandro Poiré: Ya hemos tenido reuniones en la materia y, ciertamente, estábamos esperando a ver cuáles eran las determinaciones del Senado de la República.

 Estaremos recibiendo su comunicación formal pero, independientemente de los pasos formales que se den con respecto a la ley, estamos trabajando para poder contar con un instrumento adecuado y poder contar con el consenso debido en materia constitucional y en materia legal.

 - Pregunta: Buenos días, Secretario.

 Insistir un poco sobre la Ley de Víctimas.

 Preguntarle por qué las observaciones que el Movimiento por la Paz tomó como un veto. ¿Por qué se hicieron cuando se hicieron y no antes? Es algo de lo que ellos observaban.

Otra pregunta: ¿Se van a reunir con Osorio Chong? Parece que va a ser el interlocutor de Peña.

Y la última. Otros tres ataques contra medios de comunicación, preguntarle su postura sobre estos hechos y si sabe si hay algún avance en las investigaciones de los asesinatos, que ya está por cumplirse un mes del último.

- Secretario Alejandro Poiré: Con respecto a las investigaciones, no sé específicamente a cuáles te refieres, pero son investigaciones, no sé si quisieras precisarlo nada más para no tener dudas al respecto.

  Pregunta: Si tiene conocimiento sobre las investigaciones que se hacen en los estados sobre los asesinatos de periodistas, porque hay coadyuvancia de la PGR.

 - Secretario Alejandro Poiré: Las investigaciones de todos los delitos se llevan a cabo con la debida reserva de ley. En su momento cuando se tengan informes que dar los dará la propia Procuraduría General de la República, pero éste es un punto muy importante el que señalas.

Por un lado tenemos que reforzar y ser más eficaces en la coordinación de las instancias estatales y federal para poder llevar ante la justicia a los responsables de estos distintos ataques y delitos.

Así lo estamos haciendo y hemos trabajando de manera sistemática con los gobiernos de las entidades donde se han presentado estos ataques, desde el punto de vista de un componente de seguridad.

Y como ustedes han visto, en ocasiones anteriores, los responsables de algunos de estos delitos han sido llevados ante la justicia y están hoy en su proceso penal.

Ciertamente, hay algunos casos que todavía no se ha logrado ese objetivo, pero se tiene que hacer la investigación policiaca, vamos a decirlo así, para poder avanzar en ese objetivo.

También se necesita el poder contar con elementos preventivos adecuados. Por eso es tan importante esta nueva Ley para la Protección de los Periodistas y de los Defensores de Derechos Humanos, porque esa ley nos da justamente el mecanismo para que cualquier profesional del ejercicio de la libertad de expresión que se sienta o se vea amenazado apele al mecanismo y se le pueda dar, conforme a un dictamen técnico, serio, adecuado, la protección que corresponda.

Y precisamente por eso es indispensable que los gobiernos de los estados se sumen. Aquí la ley nos da precisamente con toda claridad el instrumento para ello.

Ya el día de mañana estaremos justamente llevando a cabo algunos de estos convenios y esperamos concluirlos lo antes posible; pero ya se instaló la Junta de Gobierno de ese mecanismo, ya se están determinando los perfiles de los responsables técnicos de las tareas y cada uno de los protocolos que se van a poder lograr para poder garantizar, de manera preventiva,  que si hay una persona que verdaderamente está siendo sometida a una amenaza en el ejercicio de su profesión de defensor de derechos humanos o de periodista, que contemos, como Estado, con los instrumentos adecuados para ello.

Y tenemos que acelerar el paso en esa medida. Y yo, desde luego, estaré trabajando con todos los actores políticos y con todos sus representantes para poder llevar a buen puerto la política interior de este país.

- Pregunta: Sobre este asunto de la Ley de Víctimas, señor Secretario, ¿Concretamente va a haber una controversia después de que estarían ustedes obligados a publicar esta ley?

El hecho es que se las está regresando el Congreso para publicarla, ¿Si ustedes están obligados a publicarla?, ¿Va a haber entonces una controversia?

Sobre el tema de la Elección Presidencial y la petición que le hizo al Presidente Calderón el líder priista Pedro Joaquín Coldwell, para que se mantuviera como un Jefe de Estado, usted habló de legitimidad del proceso o, incluso, del triunfador.

¿No se equivocó el Presidente Calderón al hablar la noche del 1° de julio de un candidato vencedor, después de lo que habla él de la compra de votos y también cuando el segundo lugar está pidiendo la invalidez de la Elección Presidencial?

 - Secretario Alejandro Poiré: Me recuerdas, además, que no le contesté a Rodrigo el tema de las fechas, que creo que es muy importante, respecto a la Ley de Víctimas.

El Congreso de la Unión nos envió para revisión del Ejecutivo la Ley de Víctimas, el 1º de junio; el 10 de mayo nos la envía y nos dice “no, regrésamela”, por petición del propio Congreso de la Unión, del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; y el 1º de junio, entonces sí, ya estamos en posibilidad de someterla a consideración del Ejecutivo.

A partir de ese momento corre el plazo para presentar observaciones y, precisamente, el día en que vence ese plazo es que se presentan las observaciones. No cabe duda entonces de que estamos en el plazo para hacerlo.

Estaremos atentos a la comunicación del Senado de la República para proceder en consecuencia. Pero lo importante y lo sustantivo es que encontremos un mecanismo que verdaderamente le dé la atención a las víctimas que se merecen y que todos estamos buscando.

Y ese creo debe de ser el objetivo de todos los involucrados: El poder contar con un instrumento que no interrumpa, que no vaya a ser mayor obstáculo, que por el contrario, garantice que vamos a tener la atención debida a las víctimas. Creo que vamos a poder encontrarlo si tenemos un diálogo abierto, un diálogo franco.

Nosotros hemos rechazado esas declaraciones porque el Presidente de la República, en todo momento, se ha comportado como un Jefe de Estado a la altura de las exigencias de nuestro país, desde el primer momento de su mandato, haciendo guardar y guardando la Ley.

Ese ha sido el comportamiento, es la instrucción precisa que han tenido todos y cada uno de los servidores públicos de este Gobierno en todos los ámbitos y, particularmente, a lo largo de todo el Proceso Electoral, el día de la Jornada Electoral y los días subsecuentes.

El Presidente de la República dijo con toda claridad que hay un triunfador de las elecciones conforme al conteo de los votos y que corresponde a las instancias electorales el calificar la elección. Lo dijo el mismo 1º de julio.

También ha señalado, con toda claridad, que la calificación de esa elección y las investigaciones correspondientes tienen que ser exhaustivas.

Y esa es la obligación de un Jefe de Estado. Y eso es justamente lo que nosotros estamos planteando: Que existe un entramado constitucional, legal para que absolutamente todas las inconformidades se lleven ante la ley y que sean verdaderamente dilucidadas. Esa es la responsabilidad de un Jefe de Estado y no estamos pidiendo absolutamente nada más.

Sí les pedimos a los representantes de las distintas fuerzas políticas que pongan atención precisamente a eso, al comportamiento sistemático del Gobierno Federal y particularmente del Presidente de la República, en la exigencia de que se cumpla la ley.

La legitimidad de la elección, por supuesto, que está en el cumplimiento de la ley, y en que todos estemos actuando dentro del marco de la ley y claramente respetuosos de las determinaciones de las instancias correspondientes. No es otra cosa.

- Pregunta: Ayer el IFE y la FEPADE señalaron, sus titulares, que no pueden sancionar la compra de votos; el IFE por declararse incompetente y la FEPADE por no tener los testimonios necesarios para proceder.

¿Qué tiene que decir entonces el Gobierno Federal?

Usted dice que existe todo un entramado legal, pero parece ser que nuestra democracia no puede sancionar esa compra-venta de votos y que puede ocurrir sin que pase absolutamente nada. Eso, por una parte.

Por otro lado, los partidos políticos, el PRD, el PAN han documentado algunas irregularidades. Esto no nada más está en los partidos políticos, hay cierto sector de la sociedad que también lo siente así.

¿Esto pudiera afectar la transición de Gobierno a Gobierno, es decir, para el  próximo diciembre?

La tercera pregunta: Las agresiones al periódico El Norte, nos gustaría tener una postura al respecto, no es la primera agresión que se tiene contra el Grupo Reforma en lo que va del año. Entonces, también alguna postura.

- Secretario Alejandro Poiré: Por supuesto quiero iniciar con la condena a las agresiones de esa naturaleza, nos parece sumamente delicado.

 Hemos estado en contacto no solamente con los responsables del medio de comunicación, sino particularmente con las autoridades competentes para poder llevar a cabo las investigaciones lo antes posible y llevar a los responsables ante la justicia.

 Y, por supuesto, nos parece sumamente delicada ésta, como cualquier otra agresión a medios de comunicación o a sus instalaciones.

 Creo que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, una vez que concluya las investigaciones correspondientes, podrá hacer la estimación de si existieron o no evidencias suficientes para dar una debida conclusión de las investigaciones.

 Creo que eso corresponde, dependiendo de las pruebas que se presenten, la evidencia que en su momento le corresponde al Ministerio Público investigar. Y creo que tenemos que esperar justamente a la conclusión de esas investigaciones.

 También es cierto, yo lo he dicho aquí, que conforme avanzan los procesos electorales quedan lecciones y que de esas lecciones y de ese aprendizaje tenemos que encontrar las formas de ir perfeccionando nuestro marco electoral, y  que esos son perfeccionamientos que tenemos que ver centrados en lo que va a significar una verdadera contribución a nuestra democracia.

 Creo que es una tarea que en su momento se tendrá que dar. Ahorita es el momento de ser exhaustivos en la revisión de todos los expedientes y que, precisamente, cualquier expresión de posible irregularidad se lleve ante las autoridades, porque para eso están las autoridades.

 Las autoridades electorales, en el marco de sus atribuciones, la Fiscalía Especializada, en el marco de sus atribuciones y que nos ciñamos todos estrictamente al mandato de la ley.

 En el momento en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación califique la elección, se dará inicio al programa de transición, a los trabajos formales de transición, que están determinados incluso por la ley, para poder tener una transición de Gobierno ejemplar, transparente y que sea no solamente una expresión del buen orden de la Administración Pública que guarda el Presidente de la República, Felipe Calderón, sino de un entorno propicio para el avance de nuestro país en los meses por venir.

 - Pregunta: Nada más para volverle a insistir en si me podría dar su opinión sobre la posible controversia a la Ley de Víctimas, su opinión, no sé qué piense sobre esto.

 Aparte, ¿Qué opinión tiene sobre la situación de la Nueva Jerusalén? Ya ve que ayer los habitantes están siendo emplazados, están deshabitando ese lugar por el fanatismo que hay sobre una supuesta virgen que les dice qué tienen que hacer, por ejemplo, como quemar las escuelas el pasado viernes.

 - Secretario Alejandro Poiré: Éste, como otros eventos que se dan en el orden local, lo que requiere es de mucha atención por parte de las autoridades locales.

 Nosotros hemos estado en contacto buscando una coadyuvancia y poder garantizar la seguridad de la población en la región y estaremos muy atentos y en contacto con las autoridades correspondientes.

 Ya he dicho y quiero subrayar respecto a la Ley de Víctimas.

 Primero. Las observaciones fueron entregadas en tiempo y forma.

 Segundo. Lo sustantivo es evitar la publicación de una ley que vaya en detrimento de las víctimas.

 Tercero. Lo indispensable es que cuando antes estemos trabajando en la consecución de una ley que garantice que todos y cada uno de los delitos que se cometan en nuestro país, las víctimas estén debidamente protegidas, y nueve de cada diez delitos se dan en el fuero común, es decir, son responsabilidad primordial de los estados el atenderlos.

 Si no contamos con un instrumento que garantice verdaderamente que los estados van a contar con la obligación y con los elementos para darles atención a esas víctimas, no va a servir una ley.  Y precisamente por eso tenemos que sentarnos a trabajar.

- Pregunta: Reiterarle un poco con relación a lo de la Ley de Víctimas. Usted acaba de decir, digamos, que hay que evitar su publicación, sin embargo, ayer el propio Senado de la República y todas las fuerzas políticas determinaron, en cierta forma una orden hacia la Secretaría de Gobernación para que se publique.

Quiero saber directamente si se va a publicar o no.

Y la otra, reiterarle también lo de la controversia constitucional.

¿Una vez que se publique ustedes están pensando o tienen en mente promover una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia?

Otra. Usted dice que el Presidente Felipe Calderón ha actuado conforme a derecho como Jefe de Estado, sin embargo, su comentario de la compra de votos generó cierta tormenta.

Lo que le quiero preguntar es:

¿El Presidente de la República seguirá en este tema de seguir criticando o seguir poniendo el tema de la compra de votos?

Porque desde la noche del 1º de julio él avaló en cierta forma la legalidad de la elección hacia Peña Nieto.

Esa es mi pregunta.

- Secretario Alejandro Poiré: Quiero reiterar que nosotros tenemos que revisar los términos específicos de la comunicación del Senado de la República para actuar en consecuencia, y que lo importante de la Ley de Víctimas es que se actuó y se observó los problemas que tiene la ley en tiempo y forma.

 Lo central es contar con un instrumento que verdaderamente garantice la protección a las víctimas. Tenemos que ver exactamente en qué términos, para ver jurídicamente cuál es la respuesta que corresponde, para poder garantizar un instrumento verdaderamente productivo a favor de las víctimas.

Lo que ha dicho el Presidente de la República creo que es incontrovertible, la compra de votos, sea uno, diez o los que sean, es inaceptable y existen los mecanismos dentro de nuestra ley para investigar esos alegatos. Esa es la responsabilidad de cualquier persona que considere que está contribuyendo al entorno democrático.

Y creo que esa ha sido la expresión mayoritaria de todos los actores políticos de decir: Si hay irregularidades, que se presenten los alegatos y que valoren las instancias correspondientes si se está presentando la evidencia adecuada o no.

 Y en la medida de que se presente la evidencia adecuada y se hagan las investigaciones y las indagatorias correspondientes, pues que se sancione si es que existieron esas irregularidades conforme a nuestro entramado constitucional y legal.

Esa es la responsabilidad de un Jefe de Estado, el poder garantizar y el poder instar a todas las instancias a que hagan su trabajo, y no es otra cosa la que ha hecho el Presidente de la República, como lo hizo el propio 1º de julio; señalando que en caso de que el resultado, que es patente en las urnas, de un triunfador de la suma de los votos se confirme en la calificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, habrá un próximo Presidente de la República con quien estaremos trabajando en el marco constitucional y legal para tener una transición adecuada.

Y creo que cada uno de esos momentos son irreprochables, desde el punto de vista constitucional, legal y, por supuesto, político.

Pregunta: ¿Lo de la controversia constitucional no está descartado?

Secretario Alejandro Poiré: No está descartado, por supuesto, tenemos que ver en qué términos viene la comunicación específica por parte del Senado de la República.

- Pregunta: ¿El Senado no podría ordenar la publicación si usted dice que las observaciones se hicieron en tiempo y forma? Quisiera que me aclarara esto.

También me gustaría insistir. Entonces, tras las declaraciones del Presidente de la República mi pregunta es: ¿Si para el Gobierno Federal la elección fue limpia o no, si amerita o no amerita una impugnación general como la está preparando o lo están preparando los partidos de izquierda?

Y también me gustaría preguntarle: ¿En el asunto de Cherán qué va a hacer el Gobierno Federal, va a enviar al Ejército o, como lo dijo hace un momento, es un asunto local?

- Secretario Alejandro Poiré: Como dije bien en el asunto de Cherán estamos coordinados con el Gobierno del Estado de Michoacán para reforzar la presencia federal, en caso de que sea la forma en la que vamos a poder garantizar mayor seguridad.

Ya tenemos mayor vigilancia y estamos coadyuvando con el gobierno del estado para que las investigaciones sean exitosas; es decir, como otros temas es un tema que se tiene que ver desde el punto de vista de la responsabilidad compartida.

Evidentemente que el delito de homicidio en principio es un delito del fuero común y corresponde al gobierno del estado y a la fiscalía del estado hacer la investigación, buscar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

Estoy diciendo que van a contar, precisamente, con nuestro respaldo y nuestro apoyo para poder garantizar eso, y si eso también implica aún una mayor presencia federal, por supuesto que lo haremos.

El Gobierno Federal no está para opinar respecto de las estrategias políticas de los distintos actores, y lo que nosotros hemos dicho en todo momento es: Agótense las instancias jurídicas para que sean las autoridades responsables las que dictaminen lo procedente.

- Pregunta: ¿En el caso de la Ley de Víctimas, se puede o no se puede publicar?

- Secretario Alejandro Poiré: Vamos a ver cuál es el término de lo que nos envía el Senado de la República y actuaremos en consecuencia.

Existe un mandato constitucional respecto a los tiempos y las formas en los que se pueden presentar observaciones y cuáles son las implicaciones de ellos.

Y nosotros seremos muy respetuosos de lo que marca la Constitución al respecto y actuaremos en consecuencia.

Fuente. DGCS SEGOB