El Gobierno federal alista presentar una nueva iniciativa
Nota de Silvia Garduño y Víctor Fuentes
Reforma, 13 julio 2012.- La promulgación de la Ley General de Víctimas provocó un encontronazo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, al grado de que la pelea llegará hasta la Suprema Corte de Justicia.
La nueva legislación, aprobada el pasado 10 mayo, contempla la atención jurídica, médica y emocional de víctimas de la violencia y la creación de un Registro Nacional de Víctimas.
Sin embargo, la semana pasada dicha ley fue vetada y frenada por el Presidente Felipe Calderón argumentando fallas en su redacción por no precisar las responsabilidades de los gobiernos estatales.
El miércoles pasado, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión consideró extemporáneas las observaciones que hizo el Ejecutivo federal y ordenó su promulgación inmediata en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Pero el Gobierno federal contempla interponer una controversia constitucional para frenarla y, por otro lado, alista presentar una nueva iniciativa.
El Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aseguró que el Gobierno actuó en tiempo y forma al emitir sus observaciones.
Afirmó, además, que con la Ley General de Víctimas tal y como fue aprobada y promulgada se corre el riesgo de que las entidades no la cumplan.
"Los estados posiblemente pudieran no cumplir la ley; entonces, el resultado sería peor porque lo que tendríamos es, en efecto, una instancia para atención a las víctimas que le dictara a los estados medidas que los estados podrían no cumplir porque el precepto constitucional no está sólido en esa ley. Ése es el problema central", explicó Poiré.
Por
tal motivo, el Presidente Felipe Calderón presentará la próxima semana la
iniciativa para una nueva Ley de Víctimas ante la perspectiva de un litigio que
mantendría congelada por tiempo indefinido la publicación de la ley que ya fue
aprobada por el Congreso.
Fuentes
del Gobierno federal confirmaron ayer a REFORMA que se presentará una
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para
impugnar la orden del Congreso de publicar la Ley General de Víctimas, misma
que conllevará la solicitud al Ministro respectivo para que suspenda dicha
orden.
"En la Corte sólo se va a estar discutiendo si las
observaciones a la ley se presentaron dentro del plazo de 30 días que señala la
Constitución, pero no se va a estar discutiendo nada sobre el contenido de la
ley. La Corte no resolvería este año, así que la forma más práctica de
enfrentar el problema es que se discuta una nueva iniciativa, ya sea en un
periodo extraordinario o en la nueva legislatura, en septiembre", afirmó la fuente.
Insisten
legisladores en publicarla
Legisladores de PAN, PRI y PRD aceptaron que la Ley
General de Víctimas puede ser perfectible y tener modificaciones, pero insistieron
en que ésta debe publicarse de manera inmediata, porque las observaciones del
Ejecutivo se hicieron fuera de tiempo.
El vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado,
Carlos Sotelo, aseguró que la Ley tiene por base el Artículo 1 de la Constitución
en donde dice que el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las
violaciones a los derechos humanos y que es producto de la reforma
constitucional en esa materia.
El coordinador de los diputados del PRI, Francisco Rojas,
señaló que las que las observaciones del Ejecutivo federal pueden integrarse al
recordar que existe un periodo de 180 días antes de que entre en vigor, mismo
que vencería en diciembre.
Ayer, la Comisión Permanente pidió al Presidente del
Senado, José González Morfín, regresar al Ejecutivo sus observaciones y ordenar
la publicación inmediata de la Ley, luego de que se estableciera que el plazo
para las observaciones había vencido el 9 de junio.
El senador del PAN Rubén Camarillo señaló que debido a que
la discusión ahora está en las fechas que llegó la ley al Ejecutivo, las
observaciones no han sido tomadas en cuenta aunque muchas de ellas pueden ser
atendibles.
Advierten 'necedad' de Calderón
La posible decisión del Gobierno federal de emitir una
controversia constitucional por la Ley General de Víctimas sólo puede
explicarse en necedad del Presidente Felipe Calderón o en una desinformación
sobre su contenido y el anclaje que tiene en la Carta Magna, consideró el
abogado Julio Hernández.
El también académico del Instituto Nacional de Ciencias
Penales y uno de los autores del documento consideró que el veto a la ley y la
intención de emitir una controversia o una ley que la modifique demuestran que
el Jefe del Ejecutivo tiene algo personal contra la legislación.
"Veo que lo está tomando como algo personal porque la
ley hace un reconocimiento explícito a las violaciones de los derechos humanos
por parte de Estado y por lo tanto el Estado se debe responsabilizar de ello.
Eso no les ha gustado, no les gustó nunca.
"Desde que hicieron Províctima demostraron la
resistencia a reconocer a las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Reconocer que el Estado ha violentado derechos humanos es la parte dolorosa
para el Presidente", dijo en entrevista.
Ximena Antillón, investigadora de Fundar que acompañó el
proceso de la ley, reclamó al Presidente voluntad política y reconocimiento de
las víctimas de una política de Estado.
"Pensamos que hay un mensaje político que es no
querer reconocer la magnitud del fenómeno de las víctimas, relacionado con la
estrategia de la delincuencia organizada. En su momento valoramos que pasó de
un discurso de daños colaterales a uno de reconocer las necesidades de las
víctimas. Ahora vemos un retroceso en ese avance", cuestionó.
Ambos coincidieron en que toda ley es perfectible e
hicieron un llamado a que el Ejecutivo presente las mejoras que considera, una
vez que se publique la ley.
El camino legal que hay delante aún es largo.
Juan López, asesor de la organización Familias Unidas por
Nuestros Desaparecidos de México, detalló que ante el empantanamiento al que
han llegado los dos poderes de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, el
orden republicano contempla que sea el tercer poder, la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, quien establezca dónde está la razón.
Desde su perspectiva, el Ejecutivo puede interponer una
controversia constitucional para que la Corte decida quién tiene razón en los
tiempos de la promulgación de la ley. Si le da la razón al Ejecutivo, la ley
entra en una especie de "pausa"; si la da al Legislativo, se publica
la ley.
Una vez publicada, el Presidente aún tiene dos opciones:
emitir una iniciativa de ley para modificar la ley en los puntos que considere,
o emitir una acción de inconstitucionalidad argumentando, como lo consideró en
sus observaciones, que el Congreso no tiene capacidad para legislar sobre
víctimas.
Leer el debate en La comisión Permanente
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