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Prevé Corte acotar el fuero militar

Prevé Corte acotar el fuero militar
Incluye agenda a acusados de narcotráfico y otros delitos
Nota Víctor Fuentes
Reforma, 28 de julio 2012.
La Suprema Corte de Justicia se alista para resolver, en definitiva y de manera obligatoria, que los militares acusados por delitos contra civiles deben ser juzgados por tribunales ordinarios y no por el fuero de guerra.
El pleno de la Corte agendó para la segunda semana de agosto un paquete de 28 amparos promovidos por militares, así como dos conflictos competenciales entre tribunales, que le permitirán sentar jurisprudencia con base en el criterio fijado en julio 2011 a partir del caso Rosendo Radilla, mismo que sólo fue un pronunciamiento que no obliga a las demás autoridades.
El paquete incluye cinco amparos de subordinados del General Manuel Moreno Aviña, acusado de abusos sistemáticos en Ojinaga durante 2008, así como seis derivados de las ejecuciones de civiles presuntamente ordenadas por un Coronel y un Teniente Coronel en Nuevo Casas Grandes en 2009 y 2010.

Además, la Corte discutirá seis amparos de soldados acusados en 2011 por trasladar 928 kilos de cristal y 30 kilos de cocaína del Distrito Federal a Tijuana.
En este caso no hay víctimas civiles, pero el ministro Arturo
Zaldívar explicó que la Corte buscará definir si delitos relacionados con el narcotráfico y otros deben ser considerados como "faltas contra la disciplina militar" o si también deben ser procesados por tribunales federales.
Un fallo en este sentido restringiría notablemente el ámbito de acción de los juzgados adscritos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
La agenda de la Corte incluye además el caso de Otilio Cantú, el joven asesinado en abril de 2011 por militares comisionados al servicio de la Policía de Nuevo León.
Los ministros discutirán el amparo de Carlos Fidel Ábrego, acusado de alterar la escena de ese crimen y, al igual que los demás involucrados, sujeto a proceso en el ámbito castrense por orden de un tribunal colegiado de Monterrey.
También se analizará un amparo presentado por José Rubio Villegas, un indígena cuyo hermano, Bonfilio Rubio, fue asesinado por un soldado en 2009, y quien pide que el caso salga de la justicia militar.
Otros casos, hasta ahora no difundidos, incluyen el de un Teniente acusado de dos homicidios en Lechivía, Oaxaca, en agosto de 2008; un Sargento Segundo procesado por robo a casa habitación y homicidio calificado en La Paz, Baja California Sur, que el año pasado ganó un amparo para sacar su juicio del fuero civil y mandarlo al castrense, y el de un Capitán Segundo que, desde Cancún, habría operado vía Nextel para ordenar la liberación de tres secuestradores del Cartel del Golfo detenidos en Allende, Nuevo León.
Incluso se revisará el amparo de José Félix Flores Camacho, un Sargento acusado de homicidio culposo luego de un accidente en el que un camión de la Sedena mató a tres personas en el Estado de México en 2007, y el de Silvia Hernández Tamarí, una enfermera militar acusada de abuso sexual contra un menor, cuyo caso fue investigado por la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal pero luego fue asignado a la Sedena.
La Corte se limitará a aclarar qué fuero es competente para llevar los procesos, hecho lo cual devolverá los expedientes a tribunales inferiores para que se dicten las sentencias respectivas sobre la responsabilidad de los acusados.
'Pelotean' expediente de Cantú
Los sistemas de justicia civil y militar suman un año tres meses "aventándose la pelota" en el caso de Otilio Cantú, asesinado por elementos del Ejército en abril de 2011.
El joven murió a manos militares que se desempeñaban como policías estatales en Monterrey. Los responsables alteraron la escena del crimen para hacer pasar al joven como un integrante del crimen organizado.
El caso llegó a la Procuraduría estatal, que se declaró incompetente al señalar que los responsables eran miembros del Ejército. La Procuraduría Militar rechazó investigar el caso bajo el argumento de que los involucrados se encontraban en funciones de autoridades civiles.
Un tribunal colegiado resolvió el 30 de junio de 2011 el conflicto competencial y envió el caso a la justicia militar, que lo tuvo en sus manos durante un año.
El doctor Otilio Cantú González, padre de la víctima, recibió el pasado lunes un escrito de la Procuraduría General de Justicia Militar en el cual se le informa que el pasado 6 de julio trasladó la causa penal a la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León.
En un documento previo, fechado el 14 de mayo, la Procuraduría Militar detalla los motivos de su declaración de incompetencia.
Apela, entre otros argumentos, a la resolución de la Suprema Corte de Justicia respecto a la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenan trasladar al fuero ordinario los casos de abusos contra civiles.
"Esta representación social militar solicita a la autoridad judicial militar que, sin trámite alguno, decline la competencia constitucional de la causa penal 239-211 que se instruye en contra del subteniente intendente Roberto Guadalupe Rodríguez Aldama y 6 elementos más por el delito homicidio calificado y delitos cometidos en la administración y procuración de justicia a favor del Juzgado de Distrito en materia penal en turno en el estado de Nuevo León", señala el texto firmado por el Mayor de Justicia Militar José Juan Zubarán Rivera, quien funge como fiscal del caso.
El doctor Cantú acudió ayer con el Juez Sexto de Distrito, Rafael Rodrigo Cruz Ovalle, quien le informó que devolvió de nuevo el expediente a la justicia militar con base en la resolución del tribunal colegiado.
Con información de Daniela Rea

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