La reforma laboral y la responsabilidad social del estado/Juan Eduardo Martínez Leyva

La reforma laboral y la responsabilidad social del estado/Juan Eduardo Martínez Leyva
La reforma laboral que aprobará el Congreso de la Unión tendrá algunos efectos que impactarán no sólo en uno de los factores más importantes de la competitividad de la economía mexicana, sino también --y esto es lo más importante-- sobre las condiciones de seguridad social de los trabajadores.
     El objetivo económico y final de la reforma es abaratar los costos de contratación y despido para las empresas. La supuesta transparencia y democratización sindical no interesaba genuinamente ni al gobierno --que la propuso-- ni a los empresarios, que en secreto sintieron temor ante esa posibilidad. Al poner estas cuestiones políticas en la iniciativa, junto con los otros cambios de fondo, lo que se buscaba era tirar un anzuelo, poner en la mesa una moneda de cambio para la negociación con los grandes sindicatos priistas.
     La posibilidad de emplear por hora, o a tiempo parcial, hacerlo a través de terceros, introducir la figura del aprendiz para los que reciben un empleo por primera vez, limitar los periodos de litigio por despido, flexibilizar el concepto de “despido injustificado”, entre otros, harán que los empleadores destinen, en el futuro, menores recursos para cubrir los costos de mano de obra. Las características del nuevo régimen laboral, si bien existen ahora de manera extralegal en la práctica, al formalizarse con la nueva ley, darán mayor certeza jurídica y disminuirán los riesgos legales para las empresas. Todo esto es lo que significa hacer más flexible y competitivo el mercado laboral.
     El impacto inmediato que tendrá entre los trabajadores que se incorporen al mercado de trabajo mediante contratos individuales, es que lo harán con una percepción monetaria absoluta menor. Es la lógica contrapartida de la disminución del costo en las empresas. Si bien aquellos empleados que ya laboran o que se incorporen en sectores que tienen contratos colectivos o condiciones generales de trabajo, no verán afectados de manera directa e inmediata su situación; en el largo plazo, la nueva ley también presionará a la baja sus prerrogativas económicas. Estos regímenes laborales irán entrando, paulatinamente, en desuso.
     Otra consecuencia de la reforma está relacionada con el acceso de los trabajadores a los sistemas de seguridad social. Actualmente, a través del empleo formal, los trabajadores y sus familias, pueden usar los servicios médicos, guarderías, créditos para la vivienda; se tiene derecho a pensiones de retiro, entre otras prestaciones. En la realidad, muchas de estas prestaciones no se hacen efectivas por problemas de acceso o porque se requiere cubrir un mínimo de antigüedad que, en la mayoría de los casos no se logra. Sin embargo, son derechos o expectativas de derecho, que serán más difíciles de lograr mediante el nuevo régimen laboral.
     Es cierto que la mayoría de los trabajadores están ubicados en el empleo informal y en el auto empleo; y, ahora mismo, no tienen las prestaciones de que gozan los trabajadores formales. Incluso existe un gran número de personas con contratos de trabajo, pero sin derechos a la seguridad social. Se piensa que con las nuevas reglas, las empresas tendrán incentivos para incorporarlos a la formalidad. Esto no está del todo claro, porque el seguro social sigue representando un alto costo en la nómina de las empresas, las cuales buscan con frecuencia la forma de evadirlo; pero, en el caso de que lo hicieran, los nuevos empleos formales, bajo las condiciones flexibles, no tendrían grandes posibilidades de acceder, de manera integral, a los beneficios sociales.
     Se tiene la expectativa de que los cambios legales en materia de trabajo incrementarán las inversiones y, en consecuencia, habrá mayores puestos disponibles. Ello podrá incorporar al trabajo a un mayor número de mexicanos, sobre a todo jóvenes y mujeres desempleados. Las decisiones de inversión, particularmente las del capital extranjero, no sólo consideran las relativas a la competitividad de la mano de obra; también toman en cuenta la seguridad que tienen sus inversiones, el entramado institucional del país que las acoge, el nivel monopólico o de competencia del sector al que se dirigen, el marco jurídico, el estado de la administración de justicia, la formalidad en el cumplimiento de los contratos, entre otros. Por ello, se peca de optimismo al atribuirle a la sola reforma laboral el incremento del crecimiento económico. Se requiere algo más que eso.
     México compite en la atracción de inversión extranjera con otros países, que también están haciendo lo suyo para obtener sus favores. Estos países hacen lo que pueden para ofertarles mejores condiciones y tratan incidir en las decisiones de inversión de las empresas globales. La gran presión para el mercado laboral mundial la están poniendo, desde hace tiempo, China y la India, que cuentan con gigantescas reservas de trabajadores con bajos salarios. Los estadounidenses no escapan a dicha presión. Algunos economistas calculan que la tasa natural de desempleo de ese país se ha movido del tradicional cinco por ciento, considerado por la Reserva Federal como la frontera para ajustar las tasas de interés, a un siete por ciento. Existen otras economías muy competitivas, cercanas a nuestro país, que han sido más exitosos que México. Las “reformas necesarias” de las que tanto se habla aquí --la laboral es una de ellas--, están en la lógica de ganar el terreno perdido en la economía global.
     Si el país lograra atraer nuevas inversiones, efectivamente, al haber más empleos, la masa salarial en su conjunto aumentará, a pesar de que los trabajadores, en lo personal, vean disminuir sus ingresos. Muchas personas que ahora no tienen empleo se contratarán a tiempo parcial o por horas, con ingresos y condiciones sociales precarias: es mejor eso que nada. Al continuar con el optimista razonamiento,  el pay del producto nacional será más grande y la riqueza del país habrá aumentado.  Lógicamente el consumo también será mayor en la suma global, pero puede verse disminuido por persona o por familia.
     Independientemente de que se logren o no, los objetivos de mayor crecimiento económico, el estado mexicano está obligado a actuar en otros frentes de la política económica y social para evitar que la flexibilización del mercado laboral aumente la  desigualdad social. Uno de los temas que se tendrá que resolver en el corto plazo es el de la seguridad social universal. No importa en qué régimen laboral se encuentren las personas, aún si están desempleados, los mexicanos, por el simple hecho de serlo, deberán contar con servicios médicos, educación, vivienda, pensiones para las personas mayores, seguro de desempleo, entre otros. Si los mecanismos de distribución del ingreso a través del mercado de trabajo son insuficientes para asegurar un piso mínimo de bienestar, las personas y las familias no pueden quedar a la deriva, esperando la caridad filantrópica, la ayuda ocasional del gobierno con los programas asistencialistas, o aferrarse a la ilusoria y peregrina idea de que los pobres dejarán de serlo cuando se atrevan a emprender, con éxito, un negocio propio. Ya vimos que la brillante idea de changarrizar al país era una vacilada.
     Particularmente, son necesarios los cambios en la política educativa, que hagan posible que los jóvenes tengan acceso a la educación técnica y superior, para que cuando se incorporen a la fuerza de trabajo, obtengan un empleo de calidad. Si los trabajadores mexicanos tienen niveles elevados de educación, capacitación y adiestramiento, seguro tendrán la posibilidad de obtener mejores salarios, en cualquier régimen laboral Se ha dicho con insistencia que la educación es el mejor camino para igualar las oportunidades y reducir la desigualdad social.
     Si el estado no se hiciese cargo de los efectos  sociales que tendría la adecuación del país a la competencia mundial, estaríamos profundizando el modelo del capitalismo salvaje, que no conviene a nadie: ni a la estabilidad del estado nacional, ni siquiera a la viabilidad de la propia economía de mercado.
     Economía de mercado con estado socialmente responsable es el paradigma que hoy se debate en muchos países. En la campaña electoral estadounidense, en España y otros países europeos, la discusión está viva. El problema que tiene este modelo, el cual no es del todo comprendido por sus defensores, es que no puede haber amplias políticas sociales sin un estado fiscalmente sólido. El esquema de recurrir al déficit público para apalancar los gastos sociales no es sostenible. España está padeciendo las consecuencias de haber cometido ese error.
     El gobierno necesita recaudar los suficientes recursos que hagan posible financiar los programas de gasto sin recurrir a los volátiles y caprichosos mercados de deuda. Por lo anterior, la reforma hacendaría es la otra pieza que falta en el rompecabezas. La transparencia y eficiencia en el ejercicio del gasto, la revisión de la distribución de los subsidios, así como de los regímenes fiscales especiales, la simplificación de los trámites para el pago y cobro de impuestos, son todos componentes  de dicha reforma.
     La reforma laboral que aprobará el Congreso de la Unión, durante los próximos días, tiene que ser acompañada por cambios de fondo que garanticen la responsabilidad social del estado mexicano. De no existir este acompañamiento, las nuevas reglas del juego en el mercado de trabajo, podrían ser altamente desestabilizadoras, dañar aún más la cohesión social y profundizar los desequilibrios en la distribución del ingreso.
Coyoacán, D.F. septiembre 28 de 2012