Margen para próximas negociaciones/Rosalia Vergara
Revista
Proceso # 1878, 28 de octubre de 2012
En la minuta de reforma laboral que acaban de regresar a la Cámara de Diputados, los senadores de todas las fracciones aprobaron por unanimidad modificaciones a cuatro artículos de la Ley Federal del Trabajo (364 Bis, 365 Bis, 391 Bis y 424), pero los priistas rechazaron la inclusión de cambios en los artículos 371, 373, 388 bis y 390 impulsados por la senadora perredista Alejandra Barrales, con el aval de los panistas.
De acuerdo con el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, la minuta podría entrar en “la congeladora” y permitir más adelante la defensa de los trabajadores en aspectos como el pago por hora, los contratos a prueba o temporales, las jornadas discontinuas, la limitación de los pagos por despido injustificado y otros aspectos.
En entrevista con Proceso, Alcalde Justiniani, quien asesoró a los legisladores del Frente Progresista en la Cámara de Senadores, explica la importancia de algunos cambios propuestos en beneficio de los trabajadores:
“Son cuatro aspectos importantes: Uno, el tema de la transparencia, que abarca cuatro artículos; el primero, el 364 bis, tiene un carácter declarativo y se relaciona con las reglas de transparencia e inmediatez y gratuidad de los registros sindicales.
“Los otros tres se refieren al acceso público a los documentos que obran en los registros, tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federal como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos hablando de los contratos colectivos, reglamentos interiores y documentos del registro sindical, incluyendo la toma de nota.
“Esto –continúa– es muy importante porque la opacidad sindical es un elemento clave del sistema de control y corrupción, que ha llegado en nuestro país a un extremo, a tal grado que sólo un trabajador de cada 100 está en un sindicato democrático.”
Puntualiza que dentro de ese modelo son excepciones las organizaciones sindicales de la Universidad Iberoamericana, el Frente Auténtico del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, los sindicatos de la UNAM de la UAM, ASPA y ASSA, entre otras.
En esos sindicatos, precisa, hay corrientes democratizadoras que eligen a sus representantes con estándares democráticos. “Pasan lo que la senadora perredista Alejandra Barrales denominó ‘la prueba del ácido’: poder elegir a sus representantes; rendir cuentas del dinero de las cuotas y de lo que reciben del patrón, así como consultar a los trabajadores en la contratación colectiva”.
Para Alcalde Justiniani es muy importante resaltar los artículos 388 bis y 390 propuestos por Barrales para que los contratos colectivos de trabajo sean conocidos y aprobados por los empleados porque, añade, con excepción del Distrito Federal y del gobierno federal, en todos los estados son secretos los registros sindicales.
Respecto a los cambios al artículo 371 para que la elección de líderes sindicales sea mediante voto libre y secreto, el litigante expone que sólo en México esto no sucede. Por eso, comenta, esta propuesta es “de trascendencia histórica”.
Otro artículo aprobado sin el voto priista es el 373, que prevé la rendición de cuentas efectiva de líderes sindicales a sus agremiados.
En el tema de rendición de cuentas, que está contenido en el artículo 371 fracción XIII de la LFT, externa, se ha dado un avance en la minuta con proyecto de decreto; sin embargo, sería conveniente instrumentar este elemento fundamental garantizando el derecho de cualquier trabajador a solicitar información a la directiva sobre la administración del sindicato, así como su derecho a acudir a las instancias internas previstas en los estatutos, o, en su defecto, a la autoridad laboral.
Alcalde Justiniani subraya la necesidad de recuperar el valor de la contratación colectiva como instrumento privilegiado de concertación, lo que sucede en todo el mundo.
“Somos el único país en que esta institución está viciada de origen al permitir la firma de contratos colectivos al margen de la voluntad de los trabajadores. En todo el mundo los contratos colectivos se votan antes de ser firmados. Es un clamor neutralizar los emplazamientos de huelga fantasma, los chantajes a personas físicas y pequeños empresarios, pero también impedir los contratos de protección que se firman sin emplazamiento a huelga y que son la mayoría. En nuestro país 92% de los centros de trabajo operan los contratos de protección, efectivamente, por diversos motivos que urge discutir para recuperar la legitimidad de quizás la más valiosa de las instituciones de derecho del trabajo. Hoy, dicho con sinceridad, somos motivo de vergüenza internacional.”
Señala que las centrales sindicales más importantes del mundo han denunciado que el modelo laboral mexicano es intrínsecamente contrario a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de contratación colectiva. Ello “ha dado motivo a la queja 26/94, presentada en 2009 y que aún está pendiente de desahogar”,expone.
A rendir cuentas
De acuerdo con lo aprobado por el Senado y que podría quedar “congelado” en la Cámara de Diputados, como lo advirtió también el priista Manlio Fabio Beltrones, cualquier trabajador tendría derecho a pedir cuentas a su sindicato.
Inclusive, los trabajadores deberían ser consultados antes de que los contratos colectivos se firmen, con o sin emplazamiento a huelga, lo cual no ocurre, además de que en diversas ocasiones los líderes negocian prebendas a costa de los asalariados, dice Alcalde.
“Esta es una buena noticia para los trabajadores porque los empodera para decidir si quieren un sindicato o ninguno, pues se incluye a los contratos de protección, que abarcan más de 90% de los contratos colectivos del país.
“Es una forma de atemperar los efectos de la reforma y, a futuro, mejorar las condiciones de trabajo y el diálogo productivo con los empleadores, ya que rescata la democratización de los sindicatos y la posibilidad de una negociación colectiva decente. Además, permite que nuestro país deje de ser el patito feo en la comunidad internacional, al superar el modelo de control, sumisión y corrupción en el sector laboral”, destaca.
“Un trabajador de cada 100 –calcula– está afiliado a un sindicato democrático. Ahora, las empresas ya tienen colocados en sus oficinas dos departamentos: el de outsourcing y el de contratos colectivos de protección. Incluso, los líderes sindicales son sus abogados.”
Y es que, remata, “es un negocio redondo vender carne humana barata”.
De acuerdo con el abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, la minuta podría entrar en “la congeladora” y permitir más adelante la defensa de los trabajadores en aspectos como el pago por hora, los contratos a prueba o temporales, las jornadas discontinuas, la limitación de los pagos por despido injustificado y otros aspectos.
En entrevista con Proceso, Alcalde Justiniani, quien asesoró a los legisladores del Frente Progresista en la Cámara de Senadores, explica la importancia de algunos cambios propuestos en beneficio de los trabajadores:
“Son cuatro aspectos importantes: Uno, el tema de la transparencia, que abarca cuatro artículos; el primero, el 364 bis, tiene un carácter declarativo y se relaciona con las reglas de transparencia e inmediatez y gratuidad de los registros sindicales.
“Los otros tres se refieren al acceso público a los documentos que obran en los registros, tanto de las Juntas de Conciliación y Arbitraje locales y federal como de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Estamos hablando de los contratos colectivos, reglamentos interiores y documentos del registro sindical, incluyendo la toma de nota.
“Esto –continúa– es muy importante porque la opacidad sindical es un elemento clave del sistema de control y corrupción, que ha llegado en nuestro país a un extremo, a tal grado que sólo un trabajador de cada 100 está en un sindicato democrático.”
Puntualiza que dentro de ese modelo son excepciones las organizaciones sindicales de la Universidad Iberoamericana, el Frente Auténtico del Trabajo, la Unión Nacional de Trabajadores, los sindicatos de la UNAM de la UAM, ASPA y ASSA, entre otras.
En esos sindicatos, precisa, hay corrientes democratizadoras que eligen a sus representantes con estándares democráticos. “Pasan lo que la senadora perredista Alejandra Barrales denominó ‘la prueba del ácido’: poder elegir a sus representantes; rendir cuentas del dinero de las cuotas y de lo que reciben del patrón, así como consultar a los trabajadores en la contratación colectiva”.
Para Alcalde Justiniani es muy importante resaltar los artículos 388 bis y 390 propuestos por Barrales para que los contratos colectivos de trabajo sean conocidos y aprobados por los empleados porque, añade, con excepción del Distrito Federal y del gobierno federal, en todos los estados son secretos los registros sindicales.
Respecto a los cambios al artículo 371 para que la elección de líderes sindicales sea mediante voto libre y secreto, el litigante expone que sólo en México esto no sucede. Por eso, comenta, esta propuesta es “de trascendencia histórica”.
Otro artículo aprobado sin el voto priista es el 373, que prevé la rendición de cuentas efectiva de líderes sindicales a sus agremiados.
En el tema de rendición de cuentas, que está contenido en el artículo 371 fracción XIII de la LFT, externa, se ha dado un avance en la minuta con proyecto de decreto; sin embargo, sería conveniente instrumentar este elemento fundamental garantizando el derecho de cualquier trabajador a solicitar información a la directiva sobre la administración del sindicato, así como su derecho a acudir a las instancias internas previstas en los estatutos, o, en su defecto, a la autoridad laboral.
Alcalde Justiniani subraya la necesidad de recuperar el valor de la contratación colectiva como instrumento privilegiado de concertación, lo que sucede en todo el mundo.
“Somos el único país en que esta institución está viciada de origen al permitir la firma de contratos colectivos al margen de la voluntad de los trabajadores. En todo el mundo los contratos colectivos se votan antes de ser firmados. Es un clamor neutralizar los emplazamientos de huelga fantasma, los chantajes a personas físicas y pequeños empresarios, pero también impedir los contratos de protección que se firman sin emplazamiento a huelga y que son la mayoría. En nuestro país 92% de los centros de trabajo operan los contratos de protección, efectivamente, por diversos motivos que urge discutir para recuperar la legitimidad de quizás la más valiosa de las instituciones de derecho del trabajo. Hoy, dicho con sinceridad, somos motivo de vergüenza internacional.”
Señala que las centrales sindicales más importantes del mundo han denunciado que el modelo laboral mexicano es intrínsecamente contrario a los convenios internacionales en materia de libertad sindical y de contratación colectiva. Ello “ha dado motivo a la queja 26/94, presentada en 2009 y que aún está pendiente de desahogar”,expone.
A rendir cuentas
De acuerdo con lo aprobado por el Senado y que podría quedar “congelado” en la Cámara de Diputados, como lo advirtió también el priista Manlio Fabio Beltrones, cualquier trabajador tendría derecho a pedir cuentas a su sindicato.
Inclusive, los trabajadores deberían ser consultados antes de que los contratos colectivos se firmen, con o sin emplazamiento a huelga, lo cual no ocurre, además de que en diversas ocasiones los líderes negocian prebendas a costa de los asalariados, dice Alcalde.
“Esta es una buena noticia para los trabajadores porque los empodera para decidir si quieren un sindicato o ninguno, pues se incluye a los contratos de protección, que abarcan más de 90% de los contratos colectivos del país.
“Es una forma de atemperar los efectos de la reforma y, a futuro, mejorar las condiciones de trabajo y el diálogo productivo con los empleadores, ya que rescata la democratización de los sindicatos y la posibilidad de una negociación colectiva decente. Además, permite que nuestro país deje de ser el patito feo en la comunidad internacional, al superar el modelo de control, sumisión y corrupción en el sector laboral”, destaca.
“Un trabajador de cada 100 –calcula– está afiliado a un sindicato democrático. Ahora, las empresas ya tienen colocados en sus oficinas dos departamentos: el de outsourcing y el de contratos colectivos de protección. Incluso, los líderes sindicales son sus abogados.”
Y es que, remata, “es un negocio redondo vender carne humana barata”.
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